Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132190
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Miguel Eduardo Acuña y Andrés René Gómez, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 23 de octubre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria , Kogan, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 132.190, "Acuña, Miguel Eduardo y Gómez, Andrés René s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 82.435 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 1 de marzo de 2018, rechazó sendos recursos interpuestos contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Martín, que condenó a Miguel Eduardo Acuña a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por ser autor responsable de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (hecho I, víctima Rafael Daniel Gerez) y coautor del de robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y criminis causae (hecho II, víctima Juan José Ávila), todos en concurso real; a Andrés René Gómez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y criminis causae (ya indicado como hecho II), y autor penalmente responsable del de portación ilegal de arma de fuego de uso civil (hecho III); y a Hugo Gerardo Tombolini a la pena de tres años y seis meses de prisión, multa de mil pesos, accesorias legales y costas, por resultar autor de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, en concurso real (hecho IV) y, en definitiva a la pena única de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena anterior y de la de tres años de prisión en suspenso y reglas de conductas aplicada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes (arts. 40, 41, 41 bis, 45, 50, 55, 58, 79, 80 inc. 7, 166 inc. 2 primer párrafo y 189 bis inc. 2, primer, segundo y tercer párrafos, Cód. Penal; v. fs. 114/134 vta. con relación a fs. 15/52 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia intermedia, doctor José María Hernández, articuló en favor de Miguel Eduardo Acuña y Andrés René Gómez recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 144/149), que fue concedido por la Sala interviniente a los efectos de abordar el agravio vinculado con la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal e inobservancia del art. 165 del mismo cuerpo legal (v. fs. 164/166 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 177/182), dictada la providencia de autos (v. fs. 183) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el escrito bajo estudio, la defensa de los encartados Acuña y Gómez atribuye arbitrariedad a la sentencia de casación en el entendimiento de que convalidó erróneamente la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, en contradicción con las constancias de la causa al afirmar "falsamente" la existencia de dolo directo dirigido a cometer un homicidio cuando -según esa defensa-, la acción de sus pupilos de disparar a la pierna de la víctima no tuvo como finalidad la de causar su muerte (v. fs. 147 y vta.).
Sostiene que el disparo realizado contra Ávila quien se encontraba en el interior de su vehículo, fue dirigido a la rodilla y no hay ningún elemento probatorio que indique que el impacto en aquella zona -no vital- del cuerpo haya sido casual o fortuita como sí interpretó el tribunal (v. fs. 147 vta.).
Afirma que Casación se equivocó al reemplazar la exigencia de un conocimiento efectivo por uno potencial, pues para imputar un delito a título doloso no basta que el sujeto haya debido conocer la producción del resultado mortal por la posibilidad "...('infrecuente' dado que se trató de un disparo en la rodilla) de que tal acontezca, sino que se exige que el agente se haya efectivamente representado la posibilidad de producir el resultado, pues es esa representación la que permite que el sujeto incluya en sus cálculos el efecto de su conducta y obre en consecuencia" (fs. 148).
Seguidamente, alega que la insuficiente revisión de la sentencia estuvo orientada a comprobar los extremos específicos y autónomos de la agravante -que la acción tenía como fin mediato lograr la impunidad- y omitió constatar que la conducta tuviera la finalidad inmediata de causar la muerte de la víctima (v. fs. 148 vta.).
Concluyó que el disparo dirigido al policía Ávila tuvo por objeto demorarlo para así poder escapar, y que el fallecimiento de aquel, 23 días después de producido el hecho por complicaciones subsiguientes a las lesiones recibidas como consecuencia del disparo efectuado a la rodilla -zona no vital del cuerpo-, no permite considerar que en el caso hubo dolo directo de matar (v. fs. 148 vta.).
Por todo ello, solicitó que se declare erróneamente aplicado el art. 80 inc. 7 del Código Penal y se recalifique en los términos del art. 165 del mismo cuerpo legal.
II. El dictamen de la Procuración aconsejó el rechazo del recurso, temperamento que comparto en virtud de la notoria insuficiencia con que la defensa articuló sus objeciones ceñidas al encuadre legal establecido en las previsiones del art. 80 inc. 7 del Código Penal.
II.1. Las instancias anteriores tuvieron por demostrado que "...el día 30 de marzo de 2014, siendo aproximadamente las 2:45, en momentos que Juan José Ávila, quien resulta[ba] ser personal de la comisaría de Los Polvorines, se detuvo con su automóvil marca Volkswagen Gol dominio MRZ-929 en la Av. Sesquicentenario, a unos diez metros de la calle Copayo de la localidad de Pablo Nogues, Partido de Malvinas Argentinas, fue sorprendido por dos sujetos [...] Andrés René Gómez y Miguel Eduardo Acuña, quienes lo intimidaron con armas de fuego para sustraer sus pertenencias -las llaves de su rodado en el que se encontraba, un teléfono Nextel radio 550*1409 y la billetera con documentación-, accionar que fue resistido por [el damnificado el que] alcanzó a efectuar un disparo que hirió a Gómez en el muslo de su pierna derecha, tras lo cual le dieron muerte a la víctima, para facilitar, consumar y asegurar el resultado o procurar su impunidad, efectuando al menos un disparo contra Ávila hiriéndolo en la pierna derecha, lo cual le ocasionó su deceso veintitrés días después" -hecho II- (v. fs. 119 y vta. con relación a fs. 16 vta.).
Para el Tribunal de Casación, contrariamente a lo afirmado por la defensa, en la parcela correspondiente a que en el caso no habría quedado probado el dolo homicida debido a que la dirección del disparo habría sido "...a zonas no vitales de la víctima", como fue en la pierna, a la altura de la rodilla, "...herida que en la mayoría de los casos no es apta para producir la muerte de una persona" (argumento de la defensa en el recurso de casación, v. fs. 72 vta.), aquél se hallaba verificado. Así, sostuvo que "...el destinatario del proyectil se encontraba dentro de un vehículo automotor, en el sector de los asientos delanteros, movilizando su cuerpo buscando en el piso del rodado su aparato de telefonía móvil y luego para accionar su arma reglamentaria al ser sorprendido con fines de robo por dos agresores, que desde el exterior del rodado le ejecutaron al menos un disparo apuntando hacia donde se ubicaba, lanzando un proyectil que atravesando el vehículo impactó en el blanco, result[ó] meramente casual en el marco de dicho escenario que la bala diera en la rodilla de Ávila" (fs. 125), pues al disparar en ese contexto al bulto, el impacto en una zona vital era altamente probable.
Agregó que "...el riesgo no permitido creado por los encausados Gómez y Acuña al proceder de esa manera fue el que se concretara en la muerte del efectivo policial veintitrés días después, no resultando dicho desenlace una consecuencia imprevisible sino 'frecuente'". En referencia a ello señaló que el médico que llevó a cabo la autopsia afirmó que "...el resultado muerte fue producto de la herida [...], que requirió cirugía, fue grave, consistió en una fractura expuesta, con sesión de la arteria que produce sangrado abundante [...] [y] que se trataba de una 'herida sucia', que la víctima 'sufrió amputación', que tuvieron que operar el abdomen, porque generó un síndrome producto del hecho resultando ello 'una complicación frecuente'" (fs. 125 vta. con relación a fs. 34 vta.).
Según el tribunal revisor para confirmar el dolo el sujeto ha de conocer que ha creado un peligro no permitido para el bien jurídico y pretendido la producción del resultado, extremos que en el caso alcanzaban a Gómez y a Acuña, pues el plan de los encartados era desapoderar a Ávila de sus pertenencias -billetera, teléfono y llaves del auto- para a partir de la reacción de la víctima asegurar el ilícito y la impunidad mediante el disparo con el arma de fuego (v. fs. 126).
Consideró que el comportamiento que desplegaron los encartados excedió la figura del homicidio con arma de fuego (arts. 79 y 41 bis), como también la pretendida en los términos del art. 165 del Código Penal, en tanto el disparo fue ejecutado luego que la víctima en el afán de resistir el robo había herido con su pistola reglamentaria a uno de los atacantes, secuencia que deja de manifiesto la ultraintención que acompañó el designio letal de los encausados, de asegurar los resultados del robo y procurar su impunidad (v. fs. cit.).
Según el a quo se trató de un caso de homicidio criminis causae bajo el supuesto de agravación denominado "conexión final", que -según dijo- tiene como nota característica que el agente realiza la acción típica con motivo de otro ilícito; y que no significa que la decisión debe ser anticipada, deliberada, resuelta de antemano, sino que concurra al momento del hecho (v. fs. 126 y vta.).
Estimó que "...los autores al recibir la reacción defensiva de Ávila intentando impedir o resistir el robo del que estaba siendo objeto, le dispararon para poder así asegurar el desapoderamiento ilegítimo y lograr su impunidad, resultando por ende el homicidio el medio utilizado para lograr el fin propuesto" (fs. 127).
II.2. Ahora bien, los desarrollos formulados en la impugnación que aquí se examina, resultan infructuosos a los fines procurados de mutar la calificación establecida en los cánones del art. 80 inc. 7 del Código Penal, como también la de postular la arbitrariedad de la sentencia en función de atribuirle al reproche la ausencia de demostración del dolo homicida, en tanto el fallo con sustento en las circunstancias comprobadas de la causa que fueron reseñadas, consideró acreditado que los imputados actuaron con la intención de matar disparando su arma contra la víctima para así asegurar el desapoderamiento ilegítimo y lograr su impunidad.
La Casación confirmó el pronunciamiento de origen en el cual se estableció que al ser abordada la víctima por dos sujetos con intenciones de robarle sus pertenencias, y al intentar resistirse mediante la utilización de su arma reglamentaria, con el fin de asegurar el resultado y en su caso, procurar su impunidad, los imputados apuntando hacia donde se hallaba aquella lanzaron al menos un proyectil que luego de atravesar el vehículo impactó casualmente en la pierna derecha de Ávila, pero pudo haber sido en cualquier otra zona a priori vital de la víctima al dirigirse a alguien agachado, en movimiento, dentro de un pequeño habitáculo y por la dirección y cercanía con aquél, circunstancia que le ocasionó veintitrés días después su deceso por la gravedad de la herida recibida (v. fs. 119 y vta. con relación a fs. 16 vta.).
Con base en esos hechos quedó claro que los autores del suceso, al recibir la reacción defensiva de la víctima quien intentó impedir o resistir el robo del que estaba siendo objeto, le dispararon desde fuera del vehículo con pleno conocimiento de las particularidades apuntadas y la bala impactó en una de sus piernas, provocando una lesión que por su gravedad le ocasionó la muerte días después. Y siendo que ese accionar letal de los imputados lo fue para asegurar el desapoderamiento ilegítimo que le precedió y lograr su impunidad, frente a ello el recurrente propone hipótesis fácticas fundadas en su particular valoración de la prueba sin desacreditar las razones dadas para confirmar que en el caso se halló justificado el dolo requerido y la ultrafinalidad subjetiva propia del homicidio calificado criminis causae , con lo cual la petición de mutar la calificación legal por la del art. 165 del Código Penal, por insuficiente, no prospera (art. 495, CPP).
Respecto del derecho de fondo invocado, es doctrina de esta Corte que para que resulte aplicable la figura del inc. 7 del art. 80 del Código Penal "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 100.416, sent. de 12-III-2008; P. 101.265, sent. de 30-III-2011; P. 98.240, sent. de 14-XI-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 116.777, sent. de 8-VII-2014; P. 114.997, sent. de 10-XII-2014; P. 120.850, sent. de 9-IX-2015 y P. 116.797, sent. de 14-X-2015; e.o.).
Además, en el caso la intervención que tuvo la víctima a través del intento de defensa mediante la utilización de su arma reglamentaria, conduce al encuadre en dicho precepto del Código Penal, pues ha sido puesta en evidencia la ultrafinalidad típica -asegurar el producto del robo y lograr la impunidad- sin que sean relevantes para descartar tal calificación ni la resistencia de la víctima ni quién disparó los proyectiles que la alcanzaron.
Conforme lo expuesto, el requisito típico quedó debidamente acreditado, sin que la parte logre conmover los sólidos argumentos brindados, aunque adversos a su pretensión (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Miguel Eduardo Acuña y Andrés René Gómez, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia