Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131690
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
En la ciudad de La Plata, a 23 de octubre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan , Torres , Soria, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.690, "Saubidet, María Elsa s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 85.067 del Tribunal de Casación, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de febrero de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de María Elsa Saubidet contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, que la condenó a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (arts. 12, 41 bis y 79, Cód. Penal; v. fs. 42/51 con relación a fs. 5/8 vta.).
Contra esa decisión el defensor particular, doctor Lucas A. Tornini, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 55/63 vta.), que fue concedido por la Sala interviniente únicamente en lo referente a la denuncia de errónea aplicación del art. 12 del Código Penal (v. fs. 75/77 vta.), decisión que no fue controvertida por la parte (v. fs. 87).
A fs. 89/91 vta. dictaminó el señor Procurador General, quien aconsejó el rechazo del recurso; dictada la providencia de autos (v. fs. 92) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El defensor particular formuló tres agravios.
I.1. En lo que aquí interesa denunció errónea aplicación del art. 12 del Código Penal por imponer "...una pena accesoria de carácter inconstitucional" (fs. 57 vta.).
Luego de extractar fragmentos de lo resuelto por el tribunal revisor sobre las "accesorias legales", destacó que su asistida "...es madre de una niña de tres años", por lo que la aplicación de este tipo de pena además de soportar la privación de la libertad, implica privarla del ejercicio de la patria potestad (v. fs. 58).
Señaló que "...las accesorias legales [...] no solo inciden sobre la vida civil, [sino] también afectan la ejecución de la pena de los encausados, dadas las limitaciones impuestas por la Ley 12.256 para acceder a algunos institutos, tales como las salidas transitorias" (fs. 58 vta.).
Se refirió a lo normado en los arts. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5 apartado sexto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y destacó finalmente que dicha pena resulta "...estigmatizante, indigna, inhumana e infamante, impropia de un Estado de derecho...", por todo ello concluyó en la inconstitucionalidad de la norma (v. fs. 58 vta. y 59).
I.2. Seguidamente, denunció la inobservancia de los arts. 3, 210 y 373 del Código Procesal Penal, y también absurdo en la valoración de la prueba e inobservancia del principio de in dubio pro reo (v. fs. 60/61 vta.), alegando la violación al principio de proporcionalidad y congruencia con relación al monto de pena impuesta a su defendida (arts. 18, Const. nac. y 1, CPP).
II. Coincido con el señor Procurador General y considero que el recurso debe ser rechazado (v. fs. 89/91 vta.).
III.1. Limitada la revisión al agravio vinculado a la errónea aplicación del art. 12 del Código Penal por considerarlo inconstitucional, cabe señalar que -en rigor- dicho planteo constituye una reedición del pedido que fuera rechazado por el Tribunal de Casación Penal (v. en particular fs. 23 vta./26 vta., recurso casatorio).
III.2. Sobre el punto, el a quo señaló que la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe tomarse como una decisión de ultima ratio , en virtud de la presunción de validez de la cual gozan al ser sancionadas y promulgadas por los órganos competentes en cumplimiento de los procedimientos previstos para ello; con lo cual la parte que pretenda dicha tacha deberá efectuar un exhaustivo análisis del caso concreto, explicando circunstanciadamente la porción de la norma que reputa violada así como los efectos que en el caso concreto su aplicación ocasiona, también la incompatibilidad de la regla que cuestiona con la norma con jerarquía constitucional en juego (v. fs. 47 vta.).
Seguidamente, indicó que no advertía que la disposición del art. 12 del Código Penal, en cuanto establece que las penas de prisión o reclusión superiores a tres años importan además la privación de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho a disponer de ellos por actos entre vivos, vulnere los artículos invocados por la parte, ni que la incapacidad civil "parcial" revista el carácter de pena (v. fs. 48).
Agregó que dicha norma regula ciertas consecuencias civiles ocasionadas por el hecho de estar privado de la libertad durante un tiempo prolongado, reflejadas en la imposibilidad de cumplir adecuadamente con las obligaciones inherentes a la patria potestad y de actuar en un plano de igualdad frente a terceros en el mundo jurídico de los negocios, ante lo cual el legislador intentó tutelar los derechos del sujeto pasivo de la patria potestad y del mismo condenado en este segundo supuesto, encomendando únicamente el "ejercicio" de las mencionadas capacidades a quienes el Código Civil contempla en caso de sustitución del titular.
Indicó que si bien podría pensarse que cualquier privación de la libertad daría lugar a la misma consecuencia, y que si solo tuviese la norma carácter tutelar debería también alcanzar a otros supuestos, consideró que tal razonamiento se desvirtuaría frente al argumento de que en estos casos (v.gr. pena privativa de la libertad inferior a tres años, prisión preventiva, detenciones disciplinarias, etc.) los sujetos no se encuentran en las mismas condiciones que los contemplados por la ley, desde que ya el menor tiempo de encierro que tienen como denominador común les ocasionaría proporcionalmente menos inconvenientes, a la vez que les permitiría más prontamente solucionar los conflictos y satisfacer las obligaciones, de manera que, por un lado, esta aislada referencia doctrinaria, además de no alcanzar a comprobar que se trate la disposición de una pena accesoria, permite extraer alguna de las razones por las que estos supuestos no deben estar contemplados por la norma.
Seguidamente, consideró que de las disposiciones del Código sustantivo puede extraerse una clara reticencia a imponer y ejecutar penas cortas (v.gr. condena condicional, suspensión del proceso a prueba, etc.), la falta de aplicación de la inhabilidad civil a esta clase de penas, más que evidenciar el carácter punitivo de la norma, evita caer en el contrasentido de ampliar los supuestos del art. 12 a condenas cuya ejecución -en casos de penas de prisión- podría ser dejada en suspenso y por ende resultar innecesaria la tutela del Estado, así como a casos en que en virtud del beneficio de la libertad condicional el encierro sería demasiado breve (un año de reclusión u ocho meses de prisión según el art. 13, Cód. Penal) como para justificar la aplicación de la medida cautelar contenida en el artículo en crisis.
Refirió -a mayor abundamiento- que tampoco puede dejar de destacarse que esta incapacidad de hecho relativa en modo alguno podría asimilarse a la antiguamente llamada "muerte civil" que sí tenía carácter punitivo, siendo que en nuestro derecho ni se eliminan los derechos civiles, ni se suprime el ejercicio de todos ellos, sino, exclusivamente, el de los taxativamente enumerados en la norma (v. fs. 49 y vta.).
Por todo ello, concluyó en el rechazo al planteo de inconstitucionalidad del art. 12 del Código Penal.
III.3. Frente a esos fundamentos, tal y como se adelantara, el recurrente insiste con los mismos argumentos llevados ante el Tribunal de Casación Penal, déficit que se erige inexorablemente en obstáculo para la atendibilidad del planteo (doctr. art. 495, CPP).
En efecto, la defensa de Saubidet vuelve a reflotar la inconstitucionalidad de la norma por considerarla "...estigmatizante, indigna, inhumana e infamante" en definitiva una "muerte civil", además de destacar que en el caso su pupila al ser madre de una niña de tres años, su aplicación significaría la pérdida de la patria potestad además de soportar la privación de la libertad, todas manifestaciones que en modo alguno resultan útiles para refutar la concreta respuesta que el tribunal a quo brindó al idéntico planteo de inconstitucionalidad del art. 12 del Código Penal llevado ante su instancia.
III.4. De todos modos, debemos recordar que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes solo tiene cabida como ultima ratio del orden jurídico, de allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Así, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental que no exhibe el presente (conf. causas P. 82.601, sent. de 1-VI-2005; P. 105.301, sent. de 9-VI-2010; P. 119.505, sent. de 21-IX-2016; e.o.).
III.5. Por lo demás, en línea con ello la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha revocado -doctrina de la arbitrariedad de sentencias mediante- decisiones que, a remolque de argumentos similares a los que invoca el recurrente, invalidaron la aplicación de las accesorias que establece el art. 12 del Código Penal, señalando que las consecuencias legales impuestas a los condenados a las penas privativas de la libertad superiores a tres años no pueden ser calificadas como "...un trato inhumano o contrario a la dignidad del hombre" (CSJN Fallos: 340:669, cit. en causa P. 130.516, sent. de 19-VI-2019).
Esta postura ha sido consecuentemente reiterada hasta la fecha en muchos otros casos (v.gr.: "Hope Casilla, Ervin s/legajo de casación Fernández, Norma Amalia y otros s/homicidio simple", "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Flores Rodríguez, Gerson s/infracción ley 23.737", "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Méndez, Matías o Méndez, Maximiliano Matías s/homicidio agravado en grado de tentativa", sents. de 26-XII-2017; "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Ribles Rible, Marcos Carmelo s/ abuso sexual - art. 119 2° párrafo", sent. de 23-XI-2017; "Callejas, Viviana y otros s/recurso de casación", sent. de 31-X-2017; "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Migueles, Carlos Darío s/infracción ley 22.415", sent. de 29-V-2018; "Recurso de hecho deducido por la defensa de Ariel Alberto Fernández, en la causa Cubilla Encina, Erme y otro s/infracción ley 23.737 (art. 5 inc. c)" y "Orellano, Félix Alberto y otro s/legajo de casación", sents. de 21-VI-2018; "Gómez, Claudio Fernando s/legajo de casación", sent. de 17-X-2018; "Aranaga Rodríguez, Diego Fernando y otros s/infracción ley 23.737", sent. de 21-XI-2018; "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Albornos, David Raúl y otro s/legajo de casación", sent. de 26-III-2019; "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Antonini Rosetti, Hugo Luis s/secuestro extorsivo", sent. de 7-V-2019; e.o.).
En consecuencia, por las razones expuestas voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia