Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 130150
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa a favor de Rubén Iván Cordisco (art. 486 y concs. del CPP según ley 14.647).
"CORDISCO, RUBÉN IVÁN S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN CAUSA N° 71.445 Y ACUMULADAS DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA V".
La Plata, 14 de marzo de 2018.
La presente causa P. 130.150-RC, caratulada: "Cordisco, Rubén Iván s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 71.445 del Tribunal de Casación Penal, Sala V";
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante la sentencia dictada el 7 de julio de 2016, en lo que aquí resulta relevante, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad deducido por la defensa de Rubén Iván Cordisco contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de San Nicolás que -en el marco de un juicio abreviado- lo había condenado a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.
En consecuencia, casó parcialmente el fallo, lo absolvió respecto del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y redujo la pena en virtud de las circunstancias atenuantes y agravantes confirmadas, fijándola en cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 65/80 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, el doctor José Daniel Aníbal Sureda -Defensor Adjunto ante la instancia casatoria- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 148/152).
Solicitó la inaplicación al caso de las limitaciones previstas en el art. 494 del Código Procesal Penal y, en subsidio, planteó su inconstitucionalidad (v. fs. 148/149).
Denunció la violación al derecho a ser oído (arts. 8.1 de la CADH; 14.1 del PIDCyP y 41 del Cód. Penal) en virtud del que el Tribunal de Casación sin dar traslado a las partes a tenor de lo dispuesto por los arts. 40 y 41 del Código Penal y sin celebrar audiencia de visu con el imputado, asumió competencia positiva y redujo el monto de la pena en tan sólo seis meses (v. fs. 150 vta.).
Por ello solicitó que, en virtud de la irregularidad constatada y lo exiguo de la reducción, con cita de los precedentes "Pin" y "Maldonado" de la Corte federal solicitó se declare la nulidad parcial de la sentencia, reenviando los autos al a quo para emita un nuevo pronunciamiento (v. fs. 150 vta./151).
III. El Tribunal de Casación Penal, el 3 de agosto de 2017, concedió el carril extraordinario (v. fs. 154/156).
Para así decidir sostuvo que pese a hallarse incumplido el requisito relativo al monto de la pena la defensa había planteado la violación al derecho a ser oído, cuestión que por un naturaleza imponía sortear las limitaciones formales y habilitar la vía intentada, pues se había evidenciado su relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Casal" de la CSJN).
IV. El recurso debe ser declarado mal concedido.
Es que, tal cual surge de la reseña efectuada en el acápite precedente, el a quo no efectuó un análisis circunstanciado de las críticas desarrolladas por la defensa con lo efectivamente fallado en el caso, de ahí que no advirtió que los planteos de pretensa naturaleza constitucional no se formularon con la suficiencia y carga técnica necesarias para que la pretensión sea considerada en esta sede, conforme lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" ("La Ley", 1987-D, 156).
En efecto, el agravio fundado en la violación al derecho a ser oído por omitir la audiencia de visu antes de imponer pena, se dirige -en lo esencial- a poner en evidencia un supuesto déficit procedimental anterior a la sentencia del Tribunal de Casación que se vincula con cuestiones típicamente procesales, sin evidenciar el compromiso directo de garantías constitucionales que imponga su abordaje en esta instancia en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que, al respecto, trae a colación (conf. P. 110.459, resol. de 4-IV-2012; P. 109.331, resol. de 9-XII-2010, P. 109.001, resol. de 26-X-2010, P. 109.618, resol. de 2-VII-2010; P. 112.060, resol. de 12-XII-2012; P. 126.061, resol. de 11-XI-2015; P. 122.488, resol. de 6-VI-2016; P. 123.935, resol. de 30-XI-2016; P. 124.797, resol. de 21-XII-2016; P. 124.517, resol. de 29-III-2017; e.o.).
A ello hay que sumar que la ausencia de señalamiento de un concreto gravamen conduce a la ineficacia de la pretensión en tanto no trasciende -en rigor- de un agravio meramente formal, pues no se han indicado los perjuicios que la omisión de haber convocado al procesado ante el órgano intermedio generó a sus derechos.
De otro lado, en el recurso de casación articulado (v. fs. 26/28 vta. del legajo casatorio n° 71.447 que corre por cuerda), no se introdujo un requerimiento con relación a lo establecido en la parte final del segundo apartado del art. 41 del Código Penal que ahora se trae a colación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa a favor de Rubén Iván Cordisco (art. 486 y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia