Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131302
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Negri, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.302, "Ruiz Santos, Jordán Matías y Sala Varela, Silvio Darío. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 75.682 y su acumulada n° 76.429 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de mayo de 2017, rechazó en lo que importa destacar- sendos recursos casatorios interpuestos por las defensas oficiales contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro que en lo que también importa destacar-, condenó a Silvio Dario Sala Varela y a Jordán Matías Ruiz Santos a la pena de trece años y doce años de prisión respectivamente-, accesorias legales y costas, por resultar autores responsables del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser cometido con acceso carnal y por la pluralidad de intervinientes (arts. 40, 41 y 119 segundo y tercer párrafo, en función del cuarto párrafo inc. "d", Cód. Penal; v. fs. 100/128 con relación a fs. 16/46).
Esa decisión fue impugnada por la señora defensora oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, merced al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado a favor de Jordán Matías Ruiz Santos (v. fs. 149/181 vta.) y por el señor defensor oficial adjunto ante el tribunal intermedio, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, quien interpuso en representación de Silvio Darío Sala Varela igual remedio extraordinario (v. fs. 183/194 vta.); ambos fueron admitidos por la citada Sala (v. fs. 195/202).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 208/217), dictada la providencia de autos (v. fs. 218) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley articulados por las defensas oficiales a favor de Jordán Matías Ruiz Santos y de Silvio Darío Sala Varela?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Cabe aclarar inicialmente que, conforme la resolución de admisibilidad de los recursos extraordinarios que luce a fs. 195/202, los impugnantes han traído a conocimiento de esta Corte similares agravios, y dado que los dos imputados vienen condenados por el mismo hecho ilícito, estimo oportuno, por razones metodológicas y de economía procesal, abordar su tratamiento en forma conjunta, sin perjuicio de que ciertos planteos pudieran tener una respuesta diferenciada.
II. La señora defensora oficial de Jordán Matías Ruiz Santos denunció la desnaturalización de la tarea revisora por apartamiento de las constancias de la causa del fallo de condena en el tramo correspondiente a la participación de su asistido en el hecho, en violación según adujo- a los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; además de vulnerar el debido proceso, la defensa en juicio, los principios de inocencia e in dubio pro reo y el derecho a ser oído (v. fs. 149 vta., 158 y vta.).
Alegó una revisión aparente en detrimento del derecho al doble conforme con relación a: 1) la absurda valoración de la prueba para acreditar la autoría responsable de su asistido; y 2) la determinación de la sanción luego del descarte de una agravante y el cambio de la escala penal a consecuencia de la nueva calificación legal dada en la sentencia de grado (v. fs. 149 vta. y 158 vta.).
II.1. Con relación a la primera cuestión, alegó la ausencia de elementos como para acreditar la participación de su pupilo en el hecho, transcribió las partes pertinentes del pronunciamiento recurrido y destacó que el tribunal revisor "...reeditó las razones del veredicto" a la par que utilizó afirmaciones "dogmáticas" y "fórmulas genéricas" (v. fs. 158 vta./168).
Consideró además que se desentendió de los agravios llevados por las defensas de los imputados Ruiz Santos y Sala Varela, los que si bien estuvieron vinculados al "absurdo valorativo", eran diferentes y por tanto imponían también un tratamiento distinto a través de una "...amplia y exhaustiva compulsa de la totalidad de las actuaciones..." (fs. 168 vta.).
Hizo referencia, a fin de poner de manifiesto su discrepancia con la labor revisora, a las diversas discordancias que surgirían a su modo de ver- de los testimonios brindados por Érica y Agustín Garnica y Juan Alfredo Asselborn (v. fs. 169 vta. y 170) y del acta de procedimiento que se incorporó por lectura al debate oral (v. fs. 170 y vta.), como así también resaltó que el órgano casatorio forzó el valor probatorio de ciertos elementos de prueba verbigracia reconocimiento en el debate de Ruiz Santos por parte de la damnificada H.- sin detenerse en la deficiente instrucción que habría llevado a cabo el fiscal (v. fs. 172 y vta.), ejemplificando tal aserto en la circunstancia de no haberse recabado entre los rastros levantados en el lugar del hecho alguno que probara que el procesado hubiese accedido carnalmente a la víctima, al sostener que "...en las sábanas o en la vivienda [de Paola Ruiz y Silvio Darío Sala Varela] o en los hisopados, debió quedar [el] perfil genético [de su defendido]" como autor responsable del ilícito reprochado (v. fs. 172 vta.), e insistió en su conclusión absolutoria respecto del imputado al amparo de la aplicación del beneficio de la duda (v. fs. 174).
Por último, sostuvo que cuando en una instancia de revisión se prescinde de dar tratamiento adecuado al contenido del recurso, se dice que es una decisión "arbitraria", como aconteció en el caso, a su juicio (v. fs. 174 vta.).
II.2. Por otro lado, se agravió de la labor revisora en torno a la determinación de la pena y denunció la violación al debido proceso y el derecho a ser oído como derivación del derecho de defensa en juicio- (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2. "h", CADH y 14.5, PIDCP), en lo relativo al debido alcance que corresponde otorgar al recurso como garantía del imputado a la revisión integral de la sentencia de condena, y apartamiento del precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Señaló que el acusador público había solicitado respecto de Jordán Matías Ruiz una pena de trece años de prisión por haber considerado al imputado autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas y lesiones, todo en concurso real; además había peticionado como circunstancia atenuante de la pena la ausencia de antecedentes y como agravantes la intensidad de los actos abusivos y la violencia empleada en los actos sexuales (v. fs. 175 vta. y 176). Por su parte, recordó que el tribunal del juicio había descartado una pauta agravante la violencia desplegada en los actos sexuales-, valoró una sola severizante la intensidad de los actos abusivos- y estimó que el encuadre legal debía ser únicamente el de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido con acceso carnal y por la pluralidad de intervinientes. En ese sentido, entendió que, habiendo desaparecido el concurso real y por ende la escala penal correspondiente, el sentenciante del juicio debió justificar una mayor reducción en la sanción aplicada; a la par que el tribunal revisor se limitó a afirmar que el encuadre legal era más benévolo que el que había solicitado el fiscal, convalidando de ese modo el fallo de origen mediante fórmulas genéricas y dogmáticas (v. fs. 175 vta./180 vta.).
En función de los cuestionamientos señalados, la defensa juzgó que el proceso de determinación de la pena resultó arbitrario al haberse transgredido los principios de proporcionalidad y razonabilidad que debieron guiar ese tramo de la decisión (v. fs. 178 vta.).
III. El defensor oficial adjunto de Casación dedujo igual recurso en beneficio de Silvio Darío Sala Varela; denunció arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa y valoración parcial, alegó la violación al principio de inocencia, a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales y al derecho de defensa; refirió un tránsito aparente por el tribunal revisor con relación a la verificación de la prueba con que se fundó la autoría, todo ello en detrimento del derecho al recurso y al doble conforme (arts. 1, 18 y 19, Const. nac.; 8.1, 8.2 y 8.2. "h", CADH y 14 y 14.5, PIDCP; v. fs. 183 vta.).
Concretamente le reprochó al Tribunal de Casación Penal el incumplimiento de la garantía de la revisión amplia (CSJN fallo "Casal"), al ignorar la "abultada" prueba de descargo en beneficio de su asistido (v. fs. 187).
Refirió que los testimonios de los hermanosÉrica Vanesa Garnica y Agustín Andrés Garnica fueron "de oída[s]" limitándose a relatar la versión de los hechos aportada por la víctima; también descartó por inhábil las declaraciones de los efectivos policiales en tanto sólo fueron testigos de la escena en donde la víctima H. corría desnuda por la calle solicitando auxilio, sin haber advertido la presencia de algún masculino persiguiéndola (v. fs. 187 y vta.).
Destacó como piezas claves que conducirían a evidenciar la arbitrariedad probatoria, la prontitud con que se realizó el allanamiento en la vivienda donde habría ocurrido el hecho y la revisión médica efectuada sobre la víctima (v. fs. 188). Con ese norte resaltó el resultado negativo que arrojaron la pericia de levantamiento de rastros en el lugar de los hechos en cuanto al hallazgo de semen y los hisopados tomados de la zona bucal y anal de la denunciante, y el informe paragenital que dio cuenta de la ausencia de lesiones traumáticas externas de reciente data en la víctima (v. fs. cit.).
Alegó un análisis parcializado y contradictorio del material probatorio aportado, que concluyó en la confirmación de la sentencia de condena en detrimento del debido proceso y el derecho de defensa (v. fs. 189 vta.).
En resumen concluyó que: "1. ninguno de los testimonios valorados en autos resulta eficaz para sustentar los dichos de H. por la simple razón de que ninguno percibió por sus sentidos el hecho [...], sino que tomaron conocimiento del mismo a través de la acusación de la denunciante; 2. las pericias médicas [...] aseveran la inexistencia de lesión alguna en zona genital y anal; [y] 3. los hisopados efectuados en el cuerpo de la denunciante y el levantamiento de rastros realizado en el lugar de los hechos arrojaron resultado negativo" (fs. 191); y con base en tales premisas consideró que la atribución de la autoría responsable en el hecho respecto de Sala Varela que efectuó el órgano casatorio se sustentó en un análisis parcial, insuficiente, contradictorio e incongruente del material probatorio reunido, lo que se tradujo en la arbitrariedad del fallo por ausencia de debida motivación, lo cual dejaría subsistente un margen de duda razonable en cuanto a la acreditación de tal extremo, a su criterio (v. fs. cit. vta./194).
IV. El Procurador General dictaminó que los recursos no podían prosperar (v. fs. 208/217), y aclaró que por cuestiones metodológicas abordaría en forma conjunta el primer agravio de Jordán Matías Ruiz y el planteo de la defensa de Silvio Darío Sala Varela; para luego tratar el embate contra el monto punitivo traído por el primero de los nombrados (v. fs. 210 vta.).
Comparto que la crítica común que motoriza ambos recursos extraordinarios no es de recibo.
V. El Tribunal de Casación Penal también abordó conjuntamente los agravios dirigidos contra la materialidad ilícita y la responsabilidad penal de los acusados a fin de evitar según dijo- "...repeticiones tediosas e innecesarias" (fs. 112 vta.).
El suceso que viene inconmovible ante esta instancia da cuenta que "El 29 de noviembre de 2014, minutos previos a las 06:00 horas, cuando N. N. I. H. travesti- aguardaba el arribo de un transporte público, en la intersección de la colectora panamericana sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las localidades de Don Torcuato y San Isidro, abordó voluntariamente el vehículo Renault Kangoo gris en el que circulaban cuatro masculinos. Tras realizar un recorrido la nombrada manifestó su voluntad de descender del rodado, siendo trasladada de todos modos hacia el domicilio de la calle Uruguay n° 1003/1006, del interior del barrio de emergencia Villa Uruguay, de la localidad de Béccar, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires; donde, mediante empujones y violencia fue forzada a ingresar. Allí se encontraba una femenina que, previo desapoderarla de su cartera de cuero negro, que contenía dinero en efectivo y un teléfono celular, se retiró del lugar. Contemporáneamente dos de los individuos aludidos cubrieron sus rostros con remeras y blandiendo cuchillos, el conjunto ingresó a la habitación de la morada, sitio en el que uno obligó a la damnificada a practicarle sexo oral, para seguidamente penetrarla vía anal y a la postre volver a compelerla a reeditar el acto oral eyaculando sobre su semblante y dentro de cavidad bucal. Luego, los restantes tres activos, aplicándole golpes de puño en sus facciones y corporeidad, la penetraron por la misma vía, en forma alternada, siendo conminada a succionar el miembro viril de cada uno; al cabo de lo cual uno de los agentes golpeó su cabeza con un martillo, produciéndole una herida contuso cortante con céfalo hematoma en la región occipital. En esa circunstancia, temiendo por su vida, logró huir por la ventana de la heredad, promediando las 9 horas, siendo auxiliada por efectivos del orden que patrullaban la zona, mientras corría por la vía pública desvestida y golpeada" (fs. 17 y vta., sent. de condena y 113/114, sent. casatoria).
El tribunal revisor sostuvo que, para conformar los extremos relativos a la materialidad ilícita y la autoría, los jueces de mérito tuvieron en cuenta como eje de su construcción el testimonio de la víctima, N. N. I. H., quien relató con detalle lo ocurrido el día del hecho y reconoció a los aquí acusados en la sala de audiencias como protagonistas del evento relatado (v. fs. 112 vta./114 vta.).
Describió al conductor de la camioneta Renault Kangoo como una persona robusta y que el sindicado Sala Varela estaba sentado a su lado; agregó que en la habitación entraron los cuatro sujetos que estaban en el rodado; indicó que la persona que le pegó el mazazo en la cabeza parecía ser un menor de edad, morocho, pelo lacio negro, peinado con raya al medio, flaco y más bajo que ella. Asimismo, en el marco de su declaración, la víctima destacó que el acusado Jordán Matías Ruiz era apodado "Randal", a Silvio Darío Sala Varela lo llamaban "Jaime" o "Jaimito" y a Paola Estefanía Ruiz "Paola" (v. fs. 114 vta.).
El relato de la víctima fue corroborado con prueba testimonial aportada por Érica Vanesa Garnica, Agustín Andrés Garnica, Juan Alfredo Asselborn y Javier Leonardo Mendozaéstos dos últimos efectivos policiales que participaron del procedimiento- (v. fs. 114 vta.).
Érica Vanesa Garnica por ejemplo- recordó que "...el día del hecho, alrededor de las cuatro o cinco de la madrugada, cuando se levantó para darle a su beba una mamadera de leche, escuchó ruidos provenientes de la[] residencia lindera a la propia, interpretando que los mismos se correspondían con los propios de una relación sexual de pareja. Relacionó ello por el sonido de la colisión de una cama contra la pared. Siguió durmiendo, siendo su sueño interrumpido promediando las ocho horas por el grito de una mujer pidiendo auxilio, la repercusión de una caída y el bullicio producto de corridas de varias personas por el pasillo. Al cabo de uno[s] instantes su vecina 'Yoli' golpeó a su puerta, consultándole si había advertido lo sucedido en la vivienda de al lado y al salir vio a una mujer rubia que sangraba en su cabeza, que exhibía moretones en los brazos y piernas, que lloraba y temblaba todo el tiempo, expresando que no sabía dónde estaba, relatando haber sido despojada de sus pertenencias, violada y golpeada por varias personas, habiendo recibido en su cabeza un mazazo"; luego de ser convocada como testigo de actuación expuso que la víctima había manifestado que los autores del hecho se llamaban entre sí como "Randal", "Jaime" y "Yimi", describiendo sus características físicas las cuales se correspondían con las personas que en el barrio eran conocidas con aquellos apodos. También contó que la damnificada describió a un individuo morocho y robusto, que a su entender sería el sindicado "Randal" siendo identificado posteriormente como Jordán Matías Ruiz, y a los dueños de casa como "Paola" y "Jaime" (v. fs. 115 y vta.).
En similares términos expuso Agustín Andrés Garnica, quien recordó que al llegar a su domicilio aquella jornada escuchó las voces de sus vecinos y más tarde gritos pidiendo auxilio; el comentario era que allí habían violado a una persona, primero dijeron que era una mujer pero más tarde determinaron que se trató de una transexual. El testigo también sindicó a la imputada Ruiz en el marco de esta causa- como la apodada "Paola", a Sala como "Jaime" y Jordán Matías Ruiz como "Randal" (v. fs. 115 vta. y 116).
A ese caudal probatorio se lo reforzó con los relatos que brindaron los efectivos policiales Juan Alfredo Asselborn y Javier Leonardo Mendoza (v. desarrollo de fs. 116 y 117). El primero manifestó que "...el día del hecho transitaba en prevención la zona del barrio Uruguay y fue así que en la recorrida por el asentamiento, el Teniente Emilio Laborde, lo alertó sobre la presencia de una mujer desnuda que corría hacia el móvil [-en alusión a la víctima de autos-]. Detuvieron la marcha, informando la persona haber sido víctima de una violación. Indicó que estaba completamente desnuda, tenía golpes en la cabeza refirió que la golpearon con un martillo- y en la pierna tenía un corte. Denotaba un estado de nerviosismo, un estado de shock" (fs. 116 vta.). A su turno, el testigo Javier Leonardo Mendoza miembro de la fuerza de seguridad- narró que "...al llegar al lugar vio a la víctima golpeada, quien relataba haber egresado de un boliche, siendo trasladada por unos sujetos hasta la Villa Uruguay donde la bajaron por la fuerza, la golpearon, [la] abusaron y le robaron el celular. Les detalló que, [al momento de arribar la damnificada H. al lugar del hecho], en el sitio se encontraba una femenina con una niña, la que a la postre se retiró, previo despojarla de sus pertenencias, precisando que la mujer primero le requirió el celular y luego los masculinos se lo exigieron mediante la exhibición de cuchillos. [...] Indicó que en la ocasión se practicó un allanamiento de urgencia en la vivienda sindicada por la víctima y los vecinos, encontrándose presente el Fiscal, [...] procediéndose al secuestro de prendas con sangre y un par de zapatos que la señorita H. reconoció como propios, no siendo habidos el celular y el martillo por ella mencionados" (fs. cit. vta./117).
Se sumó el informe elaborado por la doctora María Florencia Garay, quien constató en la víctima "...excoriaciones lineales en región posterior del hombro izquierdo, en hombro derecho, a nivel de la región deltoidea, en cara interna del antebrazo izquierdo, en cara posterior y tercio medio del brazo derecho, en cara anterior y tercio medio del muslo derecho y excoriaciones lineales paralelas entre sí en la espalda a nivel sacro lumbar en la intersección con la región glútea y herida contuso cortante con céfalo hematoma en región occipital. En el examen anal se verificó hiper pigmentación con engrosamiento de los bordes perianales, sin fisuras ni desgarros, pliegues radiados disminuidos en intensidad, con complacencia del
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