Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128926
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.926, "Fernández, Norberto Daniel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 73.858 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 1 de noviembre de 2016, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de Norberto Daniel Fernández, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, que lo condenó a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por su comisión mediante acceso carnal (v. fs. 121/133).
La defensa particular doctor Antonio Alberto Ramos- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley v. fs. 137/157-, el que resultó admitido por la Sala interviniente (v. fs. 180/182).
Oído el señor Subprocurador General a fs. 189/191, dictada la providencia de autos (v. fs. 192), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El señor defensor particular, en primer lugar, sostuvo que tanto el tribunal de grado como el a quo, omitieron valorar "...pruebas incluidas por la defensa, que necesariamente debieron ser evaluadas a fin de corroborar el relato de la víctima" (fs. 143), pues, su veracidad depende de que se halle avalado por lo que la doctrina procesal denomina "corroboraciones periféricas" (v. fs. 143 vta.).
Así, denunció la ausencia de pericia psicológica de la víctima de autos, y de un informe médico forense que avale con rigor científico el abuso; sosteniendo que del informe acompañado solo puede deducirse "...la actividad sexual, no el abuso". Además, sostuvo que tampoco existió "pericia del relato" de la víctima y añadió que los testigos en el debate- se limitaron a repetir la versión de aquélla (fs. cit. y 144).
Explicó que "...es el a quo quien reconoce que no ha sido siquiera tenida en cuenta la prueba ofrecida por la defensa respecto de las fotografías aparecidas en las redes sociales y colocadas voluntariamente por la denunciante, y la negativa de la incorporación al debate de las numerosas apariciones públicas realizadas en distintos medios de prensa con anterioridad al debate en las que se contaban versiones distintas" (fs. 144). Concluye reclamando la absolución del imputado Fernández.
I.2. En el apartado II del escrito recursivo, tachó de arbitraria la sentencia por indebido contralor casatorio en lo atinente a la determinación de la pena impuesta, afectando las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, art. 18 de la Constitución nacional (v. fs. cit.).
Remarcó el papel del principio de proporcionalidad de la sanción; cuestionó la valoración de oficio de circunstancias aumentativas de la pena, sin debida fundamentación, y la afectación de la prohibición de la doble valoración (v. fs. 144 vta.).
Denunció la aplicación de una pena superior a la requerida por el Ministerio Publico y la desestimación del agravante solicitado por la querella, todo lo cual afirmó- fue ratificado por el a quo; quien, a su entender, violó el principio de congruencia de la norma, agravando el monto de la pena por las particularidades de su comisión (v. fs. 145 y vta.).
Señaló las circunstancias que consideró implícitamente contempladas por el a quo al describir los dichos de la denunciante, "...la forma de comisión del ilícito que comenzó por inducir al sujeto pasivo a realizar tocamientos en los genitales del imputado para luego practicar felación y luego culminar el acto sexual con penetración por vía vaginal" (fs. cit. y 146).
Entendió, que la pena impuesta lejos de transitar los cánones de la prevención especial positiva; contiene un viso de venganza más que de justicia (v. fs. 146 y vta.).
Alegó que el Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción pública, custodio luego- del interés de la pena estatal; y que en consecuencia-, si el tribunal aplica una consecuencia más gravosa de la pena cuando no es solicitada por el titular de la acción, estará usurpando funciones que no le pertenecen, lo que implica una inevitable pérdida para la vigencia de la garantía de imparcialidad (v. fs. 149 vta. y 150), con seria afectación de las garantías constitucionales de su asistido (v. fs. 150 vta.).
Consideró que la correcta inteligencia acordada a las garantías del debido proceso, defensa en juicio e imparcialidad del juzgador, se encuentra legislada en el nuevo texto del art. 371 conforme ley 13.260- del Código Procesal Penal, al expresar que "Las cuestiones relativas a eximentes, atenuantes o agravantes, sólo se plantearán cuando hubiesen sido discutidas o el Tribunal las encontrare pertinentes, en este último caso siempre que fueran a favor del imputado" (fs. 151 y vta.), y que su planteo importa cuestión federal a los fines de la procedencia del recurso extraordinario federal en virtud de afectarse las garantías citadas (v. fs. 153 y vta.).
En suma, solicitó se case la sentencia impugnada, subsanando las violaciones legales denunciadas y se dicte una nueva decisión que excluya las pautas agravantes solapadamente incluidas por el a quo en la imposición de la pena y en consecuencia se imponga una ajustada a derecho, a entender de la defensa en el mínimo de la escala del art. 119 tercer párrafo del Código Penal (v. fs. 153 vta.).
I.3. Luego denunció que la sentencia impugnada resulta arbitraria por inobservancia de los arts. 40 y 41 del Código Penal, lo que determinó la violación a la prohibición de la doble valoración e implicó una afectación del debido proceso constitucional (v. fs. cit.).
Adujo que el a quo incumplió el debido control de su jurisdicción al confirmar la evaluación de la totalidad de las pautas aumentativas de la pena impuesta, máxime cuando reconoce explícitamente que no tuvo en cuenta la voluntaria sujeción al proceso de Fernández, quien sólo se sustrajo de la justicia el tiempo necesario para procurarse un abogado de confianza debido al total estado de indefensión en el que se encontraba (v. fs. 154 vta.).
Sostuvo, en cuanto a la determinación de la pena- que la simple sindicación de las pautas a valorar y del articulado del Código Penal, no basta para cumplir con la exigencia de debida fundamentación que el Supremo Tribunal federal ha construido a partir de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias (v. fs. 155 y vta.).
Adujo que, la garantía constitucional del ne bis in ídem, "...determina que el extremo que forma parte de la descripción típica en su determinación básica o cualificada, no puede ser utilizado en ocasión de graduar la pena en el caso en concreto, pues aquel ya integra el desvalor del injusto que se reprocha" (fs. 156 y vta.).
En tal entendimiento considera que debe excluirse de la valoración, con ese cariz severizante, la multiplicidad de actos, al igual que la utilización de la supuesta venda o la nocturnidad conforme texto vigente al momento del hecho- (v. fs. 156 vta.), y peticiona que se fije una pena que no supere el mínimo legal de la figura imputada, conforme los agravios desarrollados.
II. El señor Subprocurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 189/191).
III. Coincido con ese dictamen.
III.1. Frente al primer motivo de agravio, relativo a la aducida ausencia de prueba suficiente para sustentar el testimonio de la víctima, el Tribunal revisor por intermedio del voto inaugural del señor juez Mancini, que concitó la adhesión simple del doctor Celesia, reprodujo lo declarado por la víctima.
Así, consideró que "...lo expresado por F. D. no se trató de la única prueba ponderada, sino que además se refirió toda aquella que permitió al a quo tener por corroborada y complementada su versión" (fs. 124).
Añadió que "...se valoraron y se explicitaron sus dichos, dando cuenta de las emociones y gestualidades advertidas en el decurso de su deposición, señalándose que no se detectó interés malicioso de la damnificada hacia el imputado" y que la víctima relató que "...posteriormente a cenar con compañeros de trabajo y al regresar a su casa, abordando diversos colectivos, y caminar las pocas cuadras que le restaban para llegar a destino, sin transeúntes y en la oscuridad de la noche, un automóvil detuvo su marcha, descendiendo un hombre y saliendo a su encuentro con un arma de fuego en sus manos. A dicho sujeto D. lo identificó como al aquí imputado" (fs. cit.).
Luego señaló que aquél "...le apuntó con el arma en la cabeza y le dijo que se trataba de un secuestro para ser entregada a una red de trata de personas, conduciéndola al vehículo, haciéndola sentar en el asiento delantero del acompañante y obligándola a mantenerse agazapada, sin mirarlo ni llorar", que en el trayecto "...le indicó tener un vehículo de apoyo y que él tenía mucho miedo; le preguntó dónde trabajaba, qué hacía allí, su edad, si era virgen y su domicilio; le dijo que la salvaría de ser entregada. El imputado detuvo el automóvil hecho ya un trayecto, reclinó el asiento, le puso una suerte de venda de goma en los ojos, le dijo que nadie podía verlos porque los vidrios eran polarizados y que, para salvarla, ella debía hacerle un favor. La víctima adujo no poder reaccionar por el temor que al momento sufría de perder la vida. Sentimiento que la embargó a partir de ser abordada por el imputado y durante el tiempo que conllevó la comisión del ilícito. Expresó haberse paralizado. Detalló que el imputado tomó su mano y la hizo masturbarle el pene, que le inclinó la cabeza y le hizo practicar sexo oral, para luego volver a ponerla en el asiento, bajarle la ropa, tocarle la vagina y senos, darle besos en la cara, subírsele encima y penetrarla vaginalmente. Destacó que después le subió la ropa, retomó la conducción del automóvil, y le preguntó por las calles y distancia de su casa. La llevó hasta allí y, retrocediendo, abrió su puerta y le dijo que bajara y caminara sin mirar hacia atrás. Indicó [la víctima] que por los nervios que tenía no logró manipular las llaves, pudiendo contarle a su madre que había sido violada. Refirió que su madre no la dejó bañarse ni cambiarse la bombacha y la llevó a efectuar la denuncia y al hospital. Indicó también- haberle preguntado al imputado si utilizaría preservativo, contestándole el imputado que no, por no poseer enfermedad alguna" (fs. 124 vta. y 125).
Asimismo, el a quo refirió que la víctima, a partir de las descripciones que le hicieron, "...pudo caracterizar el arma que empleó el sujeto atacante para intimidarla, sin mayores precisiones, alegando que el imputado le exigió no mirarlo", señalando que a criterio del sentenciante, la testigo se mostró veraz. Además, apuntó los criterios rectores destacados por el Tribunal de la instancia en su análisis, como "...la coherencia y el mantenimiento del discurso en los diversos momentos del proceso y ante diversas personas, desechando la animosidad, habiendo sido todo acompañado de un contexto emotivo a partir de expresiones en su rostro y su lenguaje gestual- y resultando razonables sus respuestas y explicaciones ante preguntas y repreguntas de las partes" (fs. 125).
Entendió, que respecto del testimonio de la víctima, el Tribunal de la instancia "...lo tuvo por creíble, coherente y exento de animadversión, por cuanto [...] en el contexto propio de la naturaleza del hecho, refirió las razones de sus manifestaciones conforme su propia percepción, habiendo sido respaldada con diversos elementos" y, entre ellos, citó "...los testimonios de su madre S. B. y la ex pareja de ésta D. S., quienes destacaron cómo se encontraba anímicamente y qué les dijo F. al arribar a su casa", adunando a ello, las expresiones de sus amigas L. C. y A. A. G. "...en cuanto señalaron lo expuesto como sucedido por F. y cómo percibieron que se sentía"; como también el testimonio de la licenciada en psicología Sandra Colazo, quien expuso lo relatado por su paciente y sostuvo la veracidad de lo rememorado "...en cuanto se apoya en indicadores concordantes con la situación traumática narrada" (fs. 125 vta.).
Además, el órgano intermedio, expresó que la prueba fue complementada con los elementos incorporados por lectura, así citó las declaraciones testimoniales de los agentes policiales intervinientes: Cristina Ceballos y Claudio Orellana "...en punto a individualizar el vehículo y su conductor; croquis referido al trayecto realizado en el vehículo; registro fílmico captado por cámaras de seguridad emplazadas en la vía pública; informes de dominio automotor, su pertenencia a una flota de vehículos de una agencia de remisería, del que Fernández era empleado, desempeñándose como chofer; fotografía; reconocimiento médico efectuado a la víctima; e informe relativo al empleo de la tarjeta SUBE a nombre de la hermana de la víctima, pero empleada por ésta en la ocasión" (fs. cit. y 126).
Con base en todo lo expuesto, el a quo descartó la apreciación efectuada por la defensa, la que consideró genérica e insuficiente para controvertir la credibilidad de la víctima, en tanto que "...sin demostración ni verificación de apartamiento de la imparcialidad por parte del Tribunal sentenciante, corresponde indicar que no se ha apartado de las garantías constitucionales aplicables ni de la exigencia de imparcialidad que debe regir su proceder, por tanto corresponde rechazar el esbozado reclamo nulificante ..." (fs. 126).
De la misma forma, desestimó la denunciada vulneración de las reglas de la sana crítica en el razonamiento del Tribunal de juicio (art. 210, CPP); y en ese sentido, estimó que respecto a la valoración de la prueba testimonial, "...el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada a ellos por la ley, en tanto encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales, por lo que no es posible por la vía casatoria invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano" (fs. cit. y vta.).
La casación sostuvo que la labor impugnativa emprendida por la defensa en materia de fijación de los hechos, no se abastece en principio- con la mera exposición de razonamientos paralelos a los que intentó rebatir.
En ese contexto indicó que el recurrente desinterpretó el resultado postulado por el sentenciante "...sustentado en la valoración del conjunto de los elementos" de cargo.
Al mismo tiempo descartó, la alegación de la parte referida a la ausencia de verificación de determinado tipo de lesiones en el cuerpo de la víctima, lo cual, "...no permite desestimar en el caso la constatación del abuso en trato", donde juzgó que diversos elementos sostienen el relato, como el que proviene de la propia declaración de la damnificada que dio cuenta del modo sumiso como transitó el hecho, como también que "...el informe médico advierte la compatibilidad del estado que presentaba su vagina al momento del examen, con el abuso denunciado" (fs. 126 vta. y 127).
En lo que atañe al mérito de esa declaración consideró que "...oportunamente la parte pudo ofrecer que se le efectuara una pericia psicológica" a efectos de "...examinar si era de su interés- la veracidad con que se pronunciara"; a lo que la casación sumó las conclusiones vertidas por los licenciados en psicología Eduardo Merino quien trataba a la madre de la damnificada y abordó a ésta en cercanías temporales al hecho- y Sandra Colazo quien es su terapeuta, en cuanto a que ambos profesionales "...fueron contestes en la secuencia fáctica que les expresó F.; y en la presencia de indicadores y sintomatología propios del abuso mostrar angustia, evitar el tema, reprimir sentimientos, tener sentimientos de negación, poner distancia, hipervigilancia, entre otros-. Esto es, datos objetivos que junto con lo constatado médicamente, habilitan a destacar la veracidad de su relato" (fs. 127).
Descartó, también, las probanzas aportadas por la defensa referentes a una expresión empleada en un blog por la víctima y una fotografía que ella misma publicara en su cuenta de Facebook con posterioridad al suceso, tanto porque no fueron tenidas en consideración por el Tribunal de mérito; y porque estimó- "...tampoco poseen la utilidad pretendida por la parte, esto es: acompañando la versión del imputado de haber mantenido una relación sexual consentida" (fs. 127 vta.).
El Tribunal de Casación, también desestimó que la inexistencia de pericia psicológica a la víctima abasteciera la credibilidad de lo dicho por el imputado; y más adelante consideró que los elementos apreciados y los extremos fácticos tenidos por acreditados "...aparecen adecuados por tener una relación de pertinencia, sin que los pretensos defectos expuestos por la defensa desvirtúen la conclusión del a quo" (fs. 128 y vta.).
Señaló sobre el punto que el relato diverso del hecho, sostenido en los dichos del imputado, dista del tenido por acreditado y además aparece desprovisto de apoyo en toda la prueba ponderada, añadiendo que "...la parte ejerció contralor sobre la producción en el debate de todos los dichos de los testigos involucrados" (fs. cit. y 129).
Así ponderó que "...sin demostración ni verificación actual de vicio alguno en el razonamiento atacado, las alusiones argumentativas del recurrente no conmueven las conclusiones plasmadas en el pronunciamiento, por cuanto resultan insuficientes y no logran demostrar la incursión en absurdo" (fs. 129).
III.2. Nada de todo lo antes transcripto fue cuestionado eficazmente por el recurrente. En rigor, la defensa además de desentenderse de la decisión del Tribunal recurrido, insiste en su opinión personal discrepante con el criterio sustentado por el a quo, sin refutar la prueba que apuntaló la sentencia condenatoria (arg. doctr. art. 495, CPP).
Tampoco se advierte el supuesto absurdo que denuncia, pues más allá de su discrepancia con el pronunciamiento, no consigue poner en evidencia la existencia de defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado (art. 495, CPP).
Acerca de lo testimoniado por la víctima, el sentenciante apuntó los criterios a los que echó mano para su adecuada valoración. Tales, la ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de un móvil espurio; la verosimilitud del relato con base en corroboraciones periféricas de las cuales dio acabadas razones; y la persistencia en la incriminación, manifestada por su prolongación temporal, por la pluralidad y por la ausencia de ambigüedades y contradicciones, lo cual se compadece con doctrina de esta Corte (conf. P. 113.053, sent. de 18-IX-2013; P. 126.328, sent. de 11-IV-2018; entre otras).
Por lo demás, el recurrente formula otras interpretaciones posibles respecto del valor de convicción de los indicios aislados, pero omite hacer un análisis conjunto de todos ellos, tal como fueron considerados por el tribunal del juicio y convalidado por el revisor- para fundar los extremos de la imputación (conf. doctr. P. 112.623, sent. de 6-VIII-2014 y su cita CSJN Fallos: 326:8, a contrario sensu-; entre muchas otras). Por ello, no encuentro arbitrarias las formulaciones del tribunal casatorio en tanto brindó respuesta a cada una de las defensas de la parte recurrente y expuso los argumen
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