Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131608
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.608, "Díaz, Gorgonio Alcides s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 71.766 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 31 de mayo de 2018, casó parcialmente el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro que había condenado a Gorgonio Alcides Díaz o Alcides Díaz Gorgonio a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego, por efracción y por haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas de seguridad. En consecuencia, rechazó por extemporáneos los nuevos motivos de agravio introducidos por el imputado a fs. 246/248; 333/334; 376/380 y 399/400; modificó la calificación legal asignada al hecho juzgado excluyendo la aplicación de la agravante relativa al uso de arma de fuego prevista en el art. 166 inc. 2 párrafo segundo del Código Penal; y redujo la pena impuesta, fijándola en once años de prisión, accesorias legales y costas; rechazándolo en lo restante (v. fs. 438/455).
La defensora de confianza del imputado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 468/489 vta.), el que fue declarado admisible por el tribunal recurrido por contener planteos de pretensa índole federal (v. fs. 495/500).
El señor Procurador General en su dictamen aconseja el rechazo del referido recurso (v. fs. 513/523 vta.). La recurrente presentó escrito a fs. 536/538, en el que invocó como hechos nuevos que su defendido fue tenido como particular damnificado en la IPP 14-02-7060-18 y que el juez Martín Ordoqui, integrante de la aludida Sala Segunda, fue suspendido de su cargo. Dictada la providencia de autos a fs. 542, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, la defensa particular de Gorgonio Alcides Díaz esgrime los siguientes agravios.
I.1. Denuncia, en primer lugar, la afectación a la garantía de imparcialidad del tribunal revisor, con especial referencia a la actuación del magistrado doctor Fernando Luis Mancini, quien había sido recusado por su asistido con base en la relación de amistad que a su entender- lo unía con el señor Massa, víctima de estas actuaciones (conf. art. 47 incs. 11 y 13, CPP). Siempre según su apreciación, la aparición de una nota publicada en un diario digital con fecha 4 de enero de 2017, junto a otras que aportó, en la que se informaba que el por entonces referido diputado nacional había postulado al citado juez para ocupar un cargo vacante en esta Suprema Corte, demostraba ese especial vínculo, susceptible de comprometer la independencia, imparcialidad y objetividad del juzgador, a tenor de la doctrina del fallo "Llerena" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 470 vta. y 471); y que aquel rechazara, negando relación alguna con el damnificado, así como la existencia de circunstancias que pudieran afectar su neutralidad en el caso.
I.2. En segundo término, sostiene que la resolución recurrida incurrió en un exceso de rigor formal (v. fs. 472 vta.), al rechazar el Tribunal de Casación por extemporáneas las presentaciones in pauperis del imputado que lucen a fs. 246/248; 333/334; 376/380 y 399/400 (v. fs. 473), y descartar la presencia de lo que considera era una situación de excepción a la regla del art. 451 del Código Procesal Penal (v. fs. 473 y vta.).
Solicita, por ende, la nulidad del punto dispositivo "I" de la sentencia dictada el 31 de mayo de 2018, y de todo el fallo, con la correcta aplicación de la ley de fondo (v. fs. 474 vta.).
I.3. Plantea también la nulidad del debate y de la sentencia dictada luego, por violación al principio de congruencia, al sistema acusatorio y el derecho de defensa en juicio (v. fs. cit.).
I.3.a. La primera infracción habría tenido lugar porque tras el debate, y sin que se ampliara la acusación fiscal, el tribunal de juicio decidió modificar en perjuicio de su defendido la descripción del hecho y la calificación legal, incorporando a las intimadas la relativa al uso de arma de fuego (art. 166 inc. 2, Cód. Penal). Invoca, entre otros, los precedentes "Fariña Duarte" y "Sircovich" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 475/476).
I.3.b. También alega indefensión y falta de imparcialidad en el juzgador por haber convalidado las irregularidades denunciadas en la etapa del juicio, habida cuenta de que i] no hicieron lugar a pruebas ofrecidas por la defensa la incorporación de las constancias de la IPP 13.625, el peritaje caligráfico respecto de las actas de allanamiento, la declaración de los testigos Diego A. Rojas y Rubén Pereyra y del fiscal doctor Palacios-; ii] la antedicha afectación al principio de congruencia; iii] la aplicación de una pena que valora como desmedida, desproporcionada y exorbitante; iv] y la utilización de prueba que no fue incorporada por lectura y que arguye- su parte no pudo controlar (constancias de fs. 221/228 de la IPP 1.654-13), en transgresión a las reglas del juicio oral (art. 366, CPP) y los principios de bilateralidad y contradicción. Solicita por ello se declare la nulidad del juicio oral y de la sentencia que condenó a su defendido (v. fs. 477 vta./478 vta.).
I.4. Desde otra perspectiva, la recurrente reclama la nulidad de la investigación (v. fs. 478 vta.).
Con base en las tantas veces aludidas presentaciones in pauperis del imputado denuncia la falsedad de la orden de allanamiento de fs. 192/193, por considerar que "...fue fundada, redactada y firmada luego de realizados los allanamientos" (fs. 479 y vta.) así como que hubo inserciones irregulares en ellas, que indica (v. fs. 479 vta.). De ello infiere la vulneración de la garantía de inviolabilidad del domicilio, la invalidez de la orden de allanamiento de fs. 192/193 y de todo lo obrado en consecuencia (v. fs. cit.).
También critica el obrar desplegado en la causa en cuanto, según alega, el acta de allanamiento de fs. 194/196 no habría sido firmada por varios de los intervinientes identificados, sin que hubiese explicación sobre tal omisión, y que tres de las cuatro firmas existentes en la última hoja del acta habrían sido adulteradas (v. fs. 480). Afirma que el tribunal incurrió en absurdo y arbitrariedad al sostener que eventualmente se trataba de una nulidad relativa, pues en su parecer- para así concluir prescindió de prueba relevante sobre el punto, con gravamen para las garantías que amparan al imputado (v. fs. 480 y vta.). Reclama la nulidad absoluta del acta cuestionada (v. fs. 480 vta.).
También alega que, en relación con el testimonio de la damnificada señora Galmarini, ha mediado una declaración antedatada, agregada al expediente como si hubiera sido prestada con anterioridad a los allanamientos, lo que habría tendido a coincidir el monto del dinero sustraído denunciado con lo insertado en la última hoja del acta de allanamiento (v. fs. 480 vta.).
En suma, estima vulnerada la garantía de inviolabilidad de domicilio, así como el derecho a la intimidad de su asistido, con invocación del precedente de esta Suprema Corte en P. 66.982, sentencia de 14-IX-2005 (v. fs. 481 y vta.).
Culmina este tramo de la queja cuestionando la incautación de una "vaina servida" cuatro días después del hecho. En su entendimiento, no puede reputársela debidamente incorporada al proceso, dado que inmediatamente de acaecido el suceso (el 20 de julio de 2013), ponderando el momento traumático que tuvo pasar la familia por el suceso, no se produjo el ingreso del personal de Policía Científica. Recién luego de realizados los allanamientos el día siguiente (21 de julio de 2013) y secuestrado la pistola Bersa calibre 22, el día 25 de ese mes y año a fs. 231 consta una nota en la que el fiscal Mariano Magaz dice haber recibido un llamado telefónico por parte de los damnificados avisando sobre el hallazgo de la referida vaina servida (v. fs. 481 vta. y 482). Extrae de esa secuencia el perjuicio a su asistido ante la hipótesis de haberse efectuado un cotejo balístico cuyo resultado se encontraba asegurado (v. fs. 482).
Invoca la doctrina emergente de los fallos "Montenegro" y "Fiorentino" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y concluye que la irregular investigación practicada en el caso compromete "la buena administración de justicia" (fs. 482 vta.).
I.5. A continuación, la recurrente plantea la absurda y arbitraria determinación de la autoría (v. fs. 483), con sustento en que la sentencia objetada parte de "...una valoración parcializada y subjetiva de la prueba obrante en la causa", lo cual impide considerarla una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas del caso (v. fs. 483 vta.).
Sostiene que el tribunal revisor arbitrariamente le restó valor probatorio al estudio de imágenes realizado por Policía Científica, prueba de la que dice- se derivaba que no eran aptas para el cotejo porque mostraban a un sujeto con el rostro cubierto, por lo que considera arbitrario sostener que la observación de las filmaciones permite identificar al imputado como autor del hecho (v. fs. cit.).
Luego señala que los policías intervinientes Borge y Pérez Arroy mintieron en el debate cuando reconocieron como propias las firmas obrantes en el acta de allanamiento de fs. 194/196 y que el policía Natiello dijo haberse "olvidado" de firmar la última hoja del acta de allanamiento. En torno a esto argumenta que "...se trata de una excusa pueril y mendaz", y que respecto de tales irregularidades tramita en la UFI n° 4 de Pilar la IPP 14-02-7.060-18 (v. fs. 484 y vta.). Por eso sostiene que tampoco pueden merecer credibilidad sus dichos "...en cuanto a que las filmaciones del hecho les permitieron individualizar al imputado..." (fs. 484 vta.).
Además de reiterar la crítica a los allanamientos practicados, cuestiona la obtención de la información que brindara el imputado respecto del dinero sustraído, pues surgiría a través de los nombrados policías Natiello y Borge quienes carecen de facultades para obtener información "útil".
Impugna a la vez la valoración de la campera rompevientos secuestrada y la consideración de que se correspondía con la contextura del imputado y con la revelada en la filmación del hecho, pues, señala ello "...no es más que una impresión subjetiva del juzgador, carente de rigor científico" (fs. 485).
Alega que la supuesta lesión en el dedo de la mano izquierda del imputado, la que fue relacionada por los jueces con la rotura de una ventana en el hecho y la aparición de un guante de látex roto en el lugar, se refuta con el resultado del examen médico practicado a Gorgonio Díaz inmediatamente después de su aprehensión, en tanto que no se habría acreditado lesión alguna en las manos de aquel (v. fs. 485 vta.).
En orden a la presencia del imputado en el lugar del hecho, antes y después de cometido, aduce que su defendido justificó que concurría habitualmente al barrio donde ocurrieron los hechos para visitar a los empleados de seguridad que conocía y para ver a un vecino del lugar (v. fs. 486).
En definitiva, puntualiza que la sentencia de primera instancia como en la que aquí se impugna realizaron una absurda determinación de la autoría de Díaz Gorgonio en el hecho y solicita su absolución por aplicación del principio constitucional de inocencia y favor rei. En su defecto pide que se declare la nulidad de la sentencia puesta en crisis (v. fs. 486 vta.).
I.6. Por último, denuncia arbitrariedad en la determinación de la pena (v. fs. cit.).
Cuestiona que el tribunal revisor al casar parcialmente el fallo recurrido y modificar la calificación legal asignada al hecho excluyendo la aplicación de la agravante uso de arma de fuego, fijó una pena "...sensiblemente superior al mínimo legal y cercana al máximo legal, sin expresar fundamento o razón alguna que permita conocer los motivos de la selección de una pena tan elevada dentro de la escala punitiva aplicable" (fs. 487). En subsidio, solicita que se aplique la ley de fondo (arts. 40 y 41, Cód. Penal), fijándose la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, en razón de la calificación legal del hecho, las circunstancias atenuantes falta de antecedentes y buen concepto-, las características concretas del hecho presunta sustracción de objetos ajenos y muebles, con fuerza en las cosas- (v. fs. 488).
I.7. Culmina su presentación, acompañando copia de la denuncia que da inicio a la IPP 14-02-7.060-18 que tramita por ante la UFI n° 4 de Pilar (Departamento Judicial de San Isidro), acumulada por conexidad a la IPP 15-00-55.797-16 de trámite en la UFI n° 8 del Departamento Judicial de San Martín, y del estudio caligráfico relativo a la falsificación de las firmas de los policías Arroy, Borge y Suárez (v. fs. 488).
II. Comparto el rechazo del recurso que propicia el dictamen de la Procuración General (v. fs. 513/523 vta.), a tenor del estricto marco en que resultó abierta la competencia extraordinaria de este Tribunal en lo que concierne al tratamiento de las cuestiones federales que se dicen involucradas (conf. resol. fs. 495/500).
III.1.a. El agravio fundado en la violación a la garantía de imparcialidad del tribunal no es de recibo.
Si bien esa temática reviste un claro contenido procesal (art. 47 incs. 11 y 13, CPP), y, entonces, por vía de principio es ajena a la competencia de esta Corte (doctr. art. 494, CPP; causas Ac. 75.431; Ac. 74.440; Ac. 77.046; e.o.), en cuanto pudiere imbricarse directamente en la especie con la aludida garantía constitucional, corresponde abordarla en la forma que sigue.
III.1.b. Preliminarmente cabe señalar que la recusación invocada por el imputado fue tratada y rechazada por la instancia intermedia de acuerdo al trámite que establece el Código procesal, llegando firme a esta instancia.
Así, luego de la interposición del recurso de casación deducido por la defensa oficial a favor de Gorgonio Alcides Díaz (v. fs. 87/100), el nombrado, por derecho propio y sin asistencia letrada en lo que aquí interesa destacar- recusó al juez de casación doctor Mancini sobre la base de una supuesta relación de amistad entre éste y una de las víctimas de autos (v. fs. 246/248).
A raíz de esa presentación, el 8 de marzo de 2017, la instancia intermedia dispuso la suspensión del trámite recursivo hasta tanto finalice la incidencia recusatoria y quede definitivamente integrada la Sala, así como la remisión de los obrados a la Defensoría de Casación en tanto que la presentación aludida había sido interpuesta sin asistencia letrada (v. fs. 286). La señora defensora oficial, doctora Ana Julia Biasotti, tomó conocimiento de ese contenido y solicitó que se provea lo allí peticionado por el procesado (v. fs. 287). Luego, éste presentó un nuevo escrito en el que otra vez criticó por indefensión a la aludida defensora oficial (v. fs. 376/380 vta., punto "B").
El 21 de diciembre de 2017, el juez Mancini rechazó los motivos de la mentada recusación, en el entendimiento de que el sustento normativo de aquella "...no halla cabida en la situación objetiva que se vislumbra en estos actuados ni tiene asidero cierto en las circunstancias publicadas en el medio de comunicación que cita" (fs. 389 vta.). Desconoció que lo uniera a la víctima de autos "...relación alguna de las establecidas en el inc. 11 del artículo 47 del CPP", ni tampoco "...circunstancias que, en este caso, permitan la operatividad de la doctrina citada" (fs. cit.). Con relación al inc. 13 de la norma también invocada, sostuvo que objetivamente "...no media circunstancia alguna que, por su gravedad, afecte la independencia e imparcialidad de [ese] magistrado" (fs. 390). En suma, descartó la pertinencia de la recusación planteada a fs. 246; remitió las actuaciones a la señora defensora oficial para conocimiento y decisión de la solicitud de su apartamiento efectuada por el imputado; y, finalmente, dio inicio al trámite correspondiente una vez que se encuentre cumplido lo anterior, definido el representante del Ministerio Público que habría de intervenir en la defensa de Díaz y notificada que sea dicha circunstancia (v. fs. 390 y vta.).
La aludida defensora oficial contestó el traslado conferido. Allí destacó que su actuación se había ajustado a lo establecido en el art. 31 de la ley 14.442 en su remisión al art. 30- y que los incumplimientos que se le adjudicaron en los términos de los arts. 33 y 35 de la ley citada, en rigor reflejaban el cumplimiento de deberes impuestos por la ley. Por último, con fundamento en la desaparición del mínimo de confianza con su defendido, requirió que se le confiera intervención al defensor de casación siguiente en orden respectivo (v. fs. 395 y vta.), lo que se cumplimentó a fs. 396.
El 17 de mayo de 2018, los magistrados integrantes de la aludida Sala II del Tribunal de Casación, resolvieron que los fundamentos brindados por el juez Mancini abastecían sobradamente la motivación que reclama el Código Procesal Penal y rechazaron la recusación efectuada por el imputado (v. fs. 436). En la misma fecha, el órgano referido tuvo por finalizado el trámite de recusación y "...el cese de la suspensión articulada a fs. 286" (fs. 437). Y, a continuación, el 31 de mayo del mismo año, dictó la sentencia que ahora se impugna (v. fs. 438/455).
III.1.c. Frente a ese derrotero, esta Suprema Corte tiene dicho que "...habiéndose resuelto la recusación deducida por el recurrente con anterioridad al fallo impugnado, y encontrándose firme dicha decisión, no existe agravio de la parte atendible mediante el recurso extraordinario deducido, desde que se intenta traer en el mismo cuestiones procesales anteriores a la sentencia que han quedado precluidas" (causa Ac. 85.638, sent. de 4-IX-2002); puesto que esta vía tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (conf., entre muchos otros, P. 77.838, sent. de 18-XI-2009).
III.1.d. El recurrente tampoco evidencia que se encuentre directamente comprometida la garantía constitucional invocada, en tanto el planteo respecto del cual el magistrado involucrado ha desconocido mantener "relaciones indebidas" con una de las partes-, remite a cuestiones de hecho y prueba y de derecho procesal, ajenos por su naturaleza al recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48. Y si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho excepción a este principio cuando en estas cuestiones pudiere estar en juego la inteligencia del art. 18 de la Constitución nacional, de los tratados internacionales incorporados a ésta en su relación con el instituto de la recusación en tanto se vincula con la mejor administración de justicia, cuyo ejercicio imparcial es uno de los elementos de la defensa en juicio (conf., entre muchos, doctr. CSJN Fallos: 329:2631), lo cierto es que el impugnante no ha demostrado que el tópico de autos encaje en alguno de esos casos particulares (conf. doctr. arts. 495, CPP y 15, ley 48; doctr. causa P. 106.620, sent. de 19-XII-2012; entre muchas otras).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.