Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 124745
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido (art. 486, CPP), dejar sin efecto la sentencia recurrida, y reenviar la causa al Tribunal de Casación para que, por donde corresponda, se dicte un nuevo fallo de conformidad con la presente (art. 496, Cód. cit.; art. 31 bis de la ley 5827 -conf. texto según ley 13.812-).
La Plata, 14 de marzo de 2018.
La presente causa P. 124.745, caratulada: "Segura, Luis Alejandro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 63.744 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, merced al pronunciamiento dictado el 21 de agosto de 2014, rechazó -por inadmisible- el recurso homónimo interpuesto contra la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata que, haciendo lugar al recurso impetrado por la señora Fiscal de Ejecución departamental, revocó el auto por el cual el Juzgado de Ejecución n° 1 (Incidente de ejecución n° 3699) dispuso el cese de la medida de seguridad impuesta a Luis Alejandro Segura por el ex Juzgado en lo Criminal n° 7 consistente en su internación en un establecimiento especializado acorde a su patología hasta que desaparezca su peligrosidad para sí o para terceros -art. 34 inc. 1 del Cód. Penal- (v. fs. 33/35 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, se alzó el señor defensor ante la aludida instancia -doctor Mario Luis Coriolano- merced a la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley que luce a fs. 62/71.
Invocó la doctrina sentada a partir de los fallos "Strada", "Christou" y "Di Mascio" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y expuso que el pronunciamiento que recurre resulta equiparable a definitivo debido a que el gravamen que provoca a partir de la convalidación de la revocatoria del cese de la medida de seguridad de Segura es de imposible reparación ulterior (v. fs. 62 vta./63 vta.).
En cuanto al fondo, sostuvo que el fallo en crisis aplicó erróneamente el art. 450 del Código Procesal Penal, realizando una interpretación que desnaturaliza la garantía de la revisión amplia de la sentencia, conforme los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 65 vta./66).
Expuso que en tanto la medida de seguridad impuesta a su pupilo constituye una privación de la libertad, es evidente que la resolución que revoca el cese de la misma resulta un acto de denegación de la libertad personal que se origina en la Cámara, por lo que la garantía del doble conforme exige la intervención del órgano superior (v. fs. 66 y vta.).
Adunó que el fallo afecta el debido proceso y la defensa en juicio y que, a la par, resulta arbitrario por apartarse de la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Kutko" (v. fs. 67 vta.).
Asimismo, y de modo subsidiario, afirmó que la sentencia deviene arbitraria en tanto los jueces del tribunal casatorio se abstrajeron de resolver una cuestión propia de su competencia a partir de una revisión integral de la cuestión federal invocada por el recurrente (v. fs. 68 y vta.) resolviendo con total desapego a las circunstancias concretas de la causa y utilizando afirmaciones genéricas que sostienen la falta de demostración de la afectación constitucional denunciada. Enfatizó que tal modo de resolver constituye una motivación aparente, violatoria de la defensa en juicio y el debido proceso -arts. 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos- y de la doctrina de este Tribunal establecida en los precedentes P. 80.280, P. 103.411 y P. 115.369 (v. fs. 68 vta./69 vta.).
III. En tren de analizar la admisibilidad del recurso, cabe señalar que en el caso de autos, la decisión por la cual se confirma la revocatoria del cese de la medida de seguridad impuesta a Segura, en tanto restringe su libertad ambulatoria, ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior, razón por la cual ha de considerarse equiparable a sentencia definitiva por afectar un derecho que requiere tutela judicial inmediata tutela inmediata (conf. Fallos: 314:791; 316:1934 y sus citas; 317:1833 y sus citas; y 320:2326).
Así, ante la situación configurada en el caso, corresponde tener por satisfecho el recaudo vinculado con la definitividad de la resolución impugnada (art. 482, CPP).
IV. Sentado ello y en lo que atañe a los demás recaudos exigidos por el art. 494 del Código Procesal Penal, en atención a que la cuestión traída versa sobre una materia de carácter procesal -art. 450 del citado Código adjetivo, conf. ley 13.812-, cabe analizar si media algún planteo federal a los fines de sortear el valladar de la norma en cuestión y -en su caso- si éste ha sido formulado con suficiencia pues sólo así esos reclamos son aptos para previamente ser resueltos por esta Corte en su carácter de Superior Tribunal de la causa (conforme la doctrina de los fallos de la Corte nacional "Strada" y "Di Mascio").
En el caso, como se reseñó, se desarrollaron cuestiones federales (arbitrariedad, debido proceso, doble conforme, defensa en juicio) lo cual, en principio, habilita su tratamiento (arts. 482, 494, 486 del CPP cit.).
V. El recurso es procedente (art. 31 bis de la ley 5827 -conf. texto según ley 13.812-).
1. De la lectura del pronunciamiento en crisis se advierte que el a quo, mediante el voto del juez Mancini -al cual adhirió el juez Mahiques, expresó que en el caso resulta impugnado un auto interlocutorio de la Cámara de Apelación y Garantías que revoca uno anterior y que el mismo, dada su naturaleza no integra el catálogo de supuestos contemplados por el art. 450 del Código Procesal Penal "y por ende no detenta vocación recursiva a través de este medio de ataque. Ello toda vez que la resolución que revocó el cese de la medida de seguridad […] no es de aquellas que impiden la prosecución de la causa, o de alguna equiparable por sus efectos […] careciendo, de ese modo, de la definitividad exigida para habilitar esta instancia" (fs. 33 vta./34).
Sin embargo, y "sin perjuicio de las elucubraciones que podrían llegar a formularse en orden a la necesidad de dejar de lado, en ciertos casos de excepción, aquellos límites impuestos en la ley adjetiva a los carriles de impugnación, lo cierto es que las falencias argumentales de la queja federal no resultan aptas para demostrar que la decisión controvertida […] importe la afectación constitucional que se pregona" por cuanto la parte más allá de denunciar la conculcación al principio de legalidad, igualdad ante la ley, proporcionalidad, dignidad humana y mínima intervención del derecho penal "no ha realizado un análisis detallado, preciso y circunscripto al caso concreto en el que se invoquen cuestiones como de índole federal, con indicación del momento en que se presentaron por primera vez, como así también de cuándo y cómo introdujo el planteo respectivo, y en su caso, cómo lo mantuvo con posterioridad" (fs. 34 y vta.).
En definitiva, declaró inadmisible el recurso casatorio por no encuadrar el caso en ninguna de las previsiones de los arts. 450 y 454 del CPP.
2. De la reseña efectuada surge en forma palmaria que la casación no abordó las cuestiones propuestas por la defensa -prima facie- de índole federal, limitándose a dar respuesta al planteo mediante la afirmación dogmática referida a que "las falencias argumentales de la queja federal no resulta[ban] aptas para demostrar que la decisión controvertida […] importe la afectación constitucional que se pregona". Por consiguiente, el fundamento dado impide vislumbrar cuales fueron las razones que llevaron a los magistrados a adoptar dicha decisión más allá de la voluntad de los jueces que la emitieron, con lo que la sentencia cuenta sólo -en ese punto- con una fundamentación aparente, lo que importa un supuesto de arbitrariedad que permite invalidar lo resuelto como acto jurisdiccional válido.
Por lo expuesto, debe dejarse sin efecto la sentencia impugnada y reenviar los autos al tribunal intermedio para que, integrado el órgano jurisdiccional con jueces habilitados, dicte un pronunciamiento de conformidad con lo aquí resuelto, oportunidad en la que necesariamente deberá expedirse -con la debida circunstanciación al caso en concreto- respecto de todas y cada una de las cuestiones federales que pudiera contener el recurso de casación, analizando al respecto su admisibilidad, suficiencia y procedencia según lo considere pertinente, de acuerdo a los criterios que rigen en asuntos de esa índole (art. 496, Cód. Procesal Penal cit.; conf. doc. Ac. 103.202, res. del 21-V-2008; entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido (art. 486, CPP), dejar sin efecto la sentencia recurrida, y reenviar la causa al Tribunal de Casación para que, por donde corresponda, se dicte un nuevo fallo de conformidad con la presente (art. 496, Cód. cit.; art. 31 bis de la ley 5827 -conf. texto según ley 13.812-).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia