Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129040
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 1/11 (arts. 486 -t.o según ley 14.647-, 494 y concs. del CPP).
La Plata, 14 de marzo de 2018.
La presente causa P. 129.040-RC, caratulada: "Pereyra de Esteves, Graciela Haydee; Esteves, Claudia Graciela y Esteves, Juan José -particulares damnificados- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 17.950 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Sala III, seguida a Blanca Alicia Gorrasi",
I.1. De acuerdo a lo que surge de las actuaciones remitidas a esta Corte, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de abril de 2012, hizo lugar a los recursos de la Fiscalía y del particular damnificado y revocó la decisión del Juzgado en lo Correccional N° 1 que había absuelto a Blanca Alicia Gorrasi por la presunta comisión del delito de homicidio culposo. En consecuencia, condenó a la nombrada a la pena consensuada en el acuerdo de juicio abreviado de dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, con más el pago de las costas del proceso, por considerarla autora del delito de homicidio culposo agravado.
I.2. Llegados los autos a esta Corte a raíz del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el defensor particular de la imputada Blanca Gorrasi, este Tribunal, mediante la sentencia dictada el 9 de marzo de 2016, por aplicación del criterio sentado en la causa P. 108.199 (resol. del 24-VI-2015), caratulada: "Carrascosa, Carlos Alberto s/ Recurso de casación. Recurso extraordinario de nulidad contra Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Pcia. de Bs. As.", remitió la causa a la presidencia de la Cámara interviniente para que desinsacule los jueces hábiles que conformen una nueva sala revisora y lleven a cabo el examen integral de la sentencia impugnada.
I.3. La aludida Cámara, el 28 de marzo de 2017 -por mayoría- hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa particular, revocó la sentencia recurrida y absolvió libremente a Blanca Alicia Gorrasi en orden al delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor (v. fs. 13/25 vta.).
II. Frente a lo así decidido, se alzó el apoderado de la particular damnificada -doctor Héctor M. Granillo Fernández- merced al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 1/11.
Allí denunció que la sentencia incurrió en absurdo y arbitrariedad en la interpretación de la prueba, por lo cual -a su juicio- en autos se configura un supuesto de gravedad institucional, en los términos de la doctrina de la Corte federal que se encargó de citar. En ese sentido, explicó que la Cámara, al disponer la absolución de Gorrasi, dejó de lado prueba decisiva que acreditaba su culpabilidad y vulneró el acuerdo de juicio abreviado al que habían arribado las partes (v. fs. 1/3 vta.).
Señaló que la jueza de grado, al absolver a la imputada en lugar de homologar de juicio abreviado, contradijo el resultado de abundante prueba pericial, testimonial y documental que acreditaba: a) que Gorrasi embistió a la víctima Esteves; b) el lugar de producción del hecho; c) que la imputada, previamente a embestir a la víctima dejó huellas de frenada de veinte metros; e) que por la intensidad del tránsito vehicular era su deber circular con mayor prudencia; f) que la conductora no tuvo pleno dominio del vehículo; g) que no puede tenerse por cierto que el semáforo estaba en verde. Afirmó que la nueva intervención de la Sala III de la Cámara dejó de lado toda la prueba resultante del juicio oral y por pura autoridad, absolvió a la imputada (v. fs. 4/5).
De seguido, cuestionó que el fallo en crisis no estuvo precedido del necesario juicio oral, público y contradictorio, sino que se basó en meros elementos de investigación que no constituyen prueba; por ello, denunció que resulta nulo por violación a la garantía de receptada en los arts. 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Alegó también la errónea aplicación del art. 398 inc. 1 del Código Procesal Penal, pues no se ratificó el acuerdo de juicio abreviado, lo que condujo a una "absolución sin juicio previo" (v. fs. 5/7).
Denunció que la jueza correccional decidió la absolución sin que existiese petición de la imputada en tal sentido, por lo cual se "transformó en parte" (v. fs. 7) circunstancia que a su entender vulnera el principio de imparcialidad. Agregó que no era competente para pronunciarse respecto del mérito probatorio pues únicamente se sometió a su conocimiento el juicio abreviado, que implicaba necesariamente una sentencia condenatoria. En ese marco, le atribuyó falta de motivación en los términos de los arts. 168 de la Constitución provincial y 106 del Código Procesal Penal (v. fs. 7/8 vta.).
Reiteró que la sentencia de grado -y la de la Cámara, que la confirma- debió circunscribirse a la homologación del acuerdo de juicio abreviado, y que al excederse al tratamiento de cuestiones no planteadas inobservó el art. 434 del Código Procesal Penal. Además, denunció la violación al art. 337 del Código Procesal Penal pues afirmó que, en caso de no condenar, debió reenviar la causa para la realización del correspondiente juicio oral (v. fs. 9/11).
III. el Tribunal de Alzada admitió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 71/74 vta.).
Para así decidir indicó que el apelante planteó una cuestión federal (art. 8.2. CADH y 14.5 PIDCP) y que el recurso contiene en términos claros y concretos las citas de la ley sustantiva que habrían sido erróneamente aplicadas, con la fundamentación necesaria para bastarse a sí mismo, en tanto planteó una crítica concreta de la valoración atinente a las circunstancias acreditadas de la causa que efectuó esa Alzada, postulando la errónea aplicación de los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 17, 18, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional. Asimismo, puntualizó que la parte postuló la arbitrariedad del decisorio.
Sentado ello -de acuerdo a doctrina de esta Corte que citó- expresó que el carril deducido resulta el idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudiesen hallarse involucradas, a efectos de garantizar el tránsito por el Superior Tribunal de la causa.
Por lo expuesto, precisó que el presentante invocó cuestiones de gravedad institucional, arbitrariedad y de índole federal, como la violación de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, en relación con la garantía de debido proceso, por lo cual, en los términos de la doctrina edificada a partir de los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio", concedió el recurso extraordinario (v. fs. 71/74 vta.).
IV. Preliminarmente, cabe aclarar que si bien el impugnante planteó ante la Cámara los agravios reseñados en el acápite "II" de la presente, el a quo concedió el remedio extraordinario sólo en relación con la denuncia de gravedad institucional, arbitrariedad y vulneración de garantías constitucionales -en los términos de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Const. nac.-.
Respecto de los restantes reclamos no se expidió, y tampoco se advierte en el caso disconformidad alguna por parte del recurrente en torno a lo así decidido (v. informe de fs. 82).
V. Ahora bien, de la reseña efectuada en el punto "III", se observa que la Cámara -al emitir el juicio positivo de admisibilidad- no realizó un análisis circunstanciado de los reclamos con lo efectivamente fallado, y no advirtió que los planteos de pretensa naturaleza constitucional no se formularon con la suficiencia y carga técnica necesarias para que la pretensión sea considerada en esta sede, conforme lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" ("La Ley", 1987-D, 156).
V.1. En primer lugar, se advierte que las exposiciones de la parte trasuntan en cuestiones de hecho y prueba, circunstancia que denota que en el caso no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata, una cuestión de índole federal (Fallos: 325:2192; 310:1542; cfr.. doctr. Ac. 100.508, 5-III-2008; Ac. 105.252, 29-XII-2008; Ac. 101.268, 18-II-2009; e.o.).
Y si bien el recurrente alega arbitrariedad en la valoración de la prueba, debe señalarse que sus alegaciones -en tanto constituyen una visión divergente a la sostenida por el Tribunal de Alzada en punto a la ausencia de certeza sobre los extremos de la imputación, la aplicación del principio de la duda y consecuente absolución de la imputada Gorrasi- no logran demostrar la concurrencia de tal vicio.
En ese sentido, cabe recordar que "el objeto de tal doctrina no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN, Fallos t. 310, pág. 234).
Además, cabe traer a colación que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales -aquí, como se dijo, los agravios remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba- pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (por muchos, CSJN, expte. G. 1999. XL, in re "Gobet, Jorge Aníbal, c/ Telefónica de Argentina. ENTel. Estado Nacional, s/ Accidente de trabajo", sent. de 13-VI-2006, publ.: ED 2-XI-2006, 5-54331).
V.2. El planteo de gravedad institucional esbozado tampoco puede tener acogida favorable, en tanto dicho extremo está íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, sin que la parte haya demostrado que en el caso se configure un supuesto de tales características. En esta línea de pensamiento, se ha resuelto que no cabe hacer lugar a aquélla, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de modo indudable la concurrencia de tal circunstancia (cfr. doctr. Ac. 88.681; Ac. 99.627; Ac.99.994; Ac. 99.008; Ac. 99.007 y Ac. 106.372, 15-IV-2009; P. 105.783, resol. de 9-XII-2009; cfr. CSJN, Fallos: 303:221).
V.3. Por último, la denuncia de afectación de garantías constitucionales (arts. 17, 18, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Const. nac.) -v. fs. 1, 10 vta. y 11- resulta insuficiente en razón de que la fundamentación es genérica y no ha sido vinculada con las concretas circunstancias de esta causa. En definitiva, no logra demostrar la relación directa e inmediata entre los derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 1/11 (arts. 486 -t.o según ley 14.647-, 494 y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia