Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131772
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales de los doctores Pedro Antonio D'Attoli y Martín Miguel D'Attoli en … (…) jus, para cada uno, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Negri , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.772, "Torrez, Andrés Damián s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 81.867 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de noviembre de 2017, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de Andrés Damián Torrez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, que lo condenó a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio criminis causae en grado de tentativa y robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, y autor del delito de portación ilegal de arma de guerra (arts. 40, 41, 42, 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo párrafo y 189 bis inc. 2 cuarto párrafo, Cód. Penal; v. fs. 93/102 vta. con relación a fs. 23/46 vta.).
Los defensores particulares, doctores Pedro Antonio D'Attoli y Martín Miguel D'Attoli, dedujeron los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 106/116), siendo concedido sólo el segundo (v. auto de fs. 120/123 vta.). Deducida queja contra la inadmisibilidad del recurso de nulidad, esta Corte la desestimó mediante resolución del 13 de marzo de 2019 (v. fs. 137/139).
Oído el señor Procurador General a fs. 142/144, quien se pronunció por su rechazo, dictada la providencia de autos a fs. 145 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Los defensores de confianza de Torrez cuestionaron la calificación legal adoptada por el sentenciante de origen confirmada a su vez por el a quo , y adujeron que los hechos no debieron encuadrarse como un homicidio criminis causae en grado de tentativa (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), sino que debió aplicarse la figura del homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. cit.; v. fs. 113 y vta.).
Alegaron una construcción fáctica parcial con el fin de adecuar la tipicidad en la calificación legal más gravosa; en tanto -sostuvieron- no se tuvo en cuenta la circunstancia de que "...fue la víctima quien sorprend[ió] a los atacantes y repel[ió] la agresión con un arma de fuego, generándose un tiroteo que concluy[ó] con las lesiones de Cazes"; circunstancia que -según esa defensa- habría sido corroborada por la pericia balística (v. fs. 114).
Con relación a ello refieren que se trató de un enfrentamiento armado entre los asaltantes y la víctima, quien luego de advertir la presencia de tres sujetos masculinos en las inmediaciones de su casa, por seguridad bajó del vehículo con su arma empuñada y, al ser abordado por estas personas, repelió la agresión disparando en ejercicio de su legítima defensa (v. fs. 114 y vta.).
Sostuvieron que en el art. 165 del Código Penal quedan incluidas todas las conductas ocasionales o incidentales, pero nunca preordenadas, en las cuales el actuar es siempre a título doloso; quedando en el art. 80 inc. 7 del Código Penal todos aquellos homicidios preordenados, ya sea en forma premeditada, reflexiva o simplemente resuelta, con dolo directo únicamente; donde el autor mata para o por algunos de los motivos que establece la ley, acreditándose un elemento subjetivo específico -no comprendido en la figura del art. 165 del Código Penal-, incompatible con el dolo eventual (v. fs. 114 vta.).
Por todo ello, consideraron que la sentencia es arbitraria pues efectuó una interpretación irrazonable, violando el principio de culpabilidad, generando una desproporción manifiesta en materia punitiva (v. fs. cit.).
Finalmente negaron que se den en el caso los requisitos de la figura del homicidio criminis causae , toda vez que "...los delincuentes se vieron sorprendidos ante el accionar de la víctima, quien portaba un arma de fuego, y al intentar frustrar el accionar de los delincuentes, se generó un tiroteo recíproco" (fs. 115).
II. Como se adelantó, la Procuración General aconsejó desestimar la impugnación en trato (v. fs. 142/144), postura con la que coincido.
III. Dentro de los límites de la admisibilidad decretada (v. la resolución que concede el recurso de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 120/123 vta.), abordaré el agravio propuesto por la defensa vinculado con la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 80 inc. 7, Cód. Penal).
IV.1. El hecho acreditado por el tribunal de la instancia que arriba firme a esta Sede da cuenta que "...el 01 de julio de 2015, siendo aproximadamente las 23:00 hs., en circunstancias que Roberto Oscar Cazes se encontraba ingresando su vehículo marca Renault, modelo Sandero, dominio colocado KLD-674 en el garaje de la finca ubicada en Caaguazú nro. 2349 de la localidad bonaerense de Villa Celina, partido de La Matanza, fue interceptado por al menos dos sujetos del sexo masculino, y mediante intimidación con un arma de fuego del tipo pistola calibre 9 mm, con numeración suprimida, cargada, la que portaba sin la debida autorización legal, intentaron apoderarse ilegítimamente de las pertenencias de aquél, no logrando su cometido, siendo que Torrez disparó contra la humanidad de la víctima con claras intenciones de darle muerte a fin de lograr la impunidad para sí y para sus compañeros, generándose un enfrentamiento armado entre víctima y victimario, resultando Cazes herido de gravedad, en el tórax, corriendo riesgo de vida, sin lograr tampoco éste cometido en razón de haber sido trasladado a un nosocomio. Asimismo, en su huida los imputados ascendieron al vehículo Peugeot 504 -conducido por otro sujeto aún no identificado-, siendo perseguidos por personal policial quien logró darle alcance a uno de ellos en Larrazabal al 4400 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al momento en que descendió del rodado en cuestión con el arma utilizada en el evento" (fs. 24 y vta., sent. de condena).
El fallo tuvo por probado el suceso a través de diversos elementos de prueba (acta de procedimiento, croquis ilustrativo, imágenes digitalizadas, informe policial y del hospital que asistió a la víctima, acta de levantamiento de rastros, anexo fotográfico, informe del Registro Nacional de Armas, pericias balísticas, placas fotográficas), como también a partir de los testimonios brindados por Roberto Oscar Cazes, Matías Duarte, Andrés Galeano, Guillermo Olea, Damián Meza, Selva Caren Vargas y Antonio Da Luz (v. fs. 24 vta. y 25).
El hecho fue calificado como homicidio criminis causae en grado de tentativa, robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, en concurso real (v. fs. 42).
El tribunal de condena dio por acreditado que la intención de los disparos efectuados por el imputado fue para procurar la impunidad, y recordó que la víctima había relatado que al bajar del vehículo escuchó "...dame el auto" (fs. 42 y vta.).
Hizo notar las circunstancias recreadas en la audiencia de debate por parte de Cazes quien dijo que en un primer momento le pidieron el auto, y que los disparos se produjeron inmediatamente después, cuando tenía el arma a la vista de los sujetos, lo cual denota que Torrez, al advertir la existencia del arma, le efectuó los disparos, impactando el primero de ellos en el tórax de la víctima (v. fs. cit.).
En cuanto a la petición de la defensa de encuadrar los hechos en los términos del art. 165 del Código Penal, el juzgador de origen entendió que Torrez presentó un dolo específico característico de la figura del homicidio calificado, debido a que el intento de matar a Cazes se produjo con el fin de procurar la impunidad del delito contra la propiedad que se había iniciado momentos antes; no albergando dudas que la intención era la de darle muerte pues los disparos fueron dirigidos a zonas vitales de su cuerpo que le provocaron una herida que le perforó el pulmón izquierdo y el estómago, a la vez que perdió el bazo y un riñón (v. fs. 42 vta. y 43).
Consideró que "...si Torrez utilizó un arma de fuego, con ésta apuntó a la víctima en dirección a su tórax, y en tal posición le efectuó un disparo a escasa distancia, previo exigirle la entrega del auto, la única conclusión razonable y lógica resulta ser la existencia del dolo de matar" (fs. 43).
A su vez descartó la necesidad de una premeditación o preordenación para la aplicación del homicidio criminis causae , y destacó que en el caso existió una división de funciones entre los distintos intervinientes en el hecho (v. fs. 43/44).
IV.2. Ante análogo planteo llevado en el recurso de casación con similares argumentos a los aquí traídos (v. en particular fs. 60 vta./63), el tribunal intermedio señaló con relación al delito en cuestión que es necesario como elemento subjetivo específico el designio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, asegurar sus resultados o la impunidad (v. fs. 100 y vta.).
En ese sentido refirió que la conexión ideológica, como causa final, se relaciona de la siguiente forma: "En primer lugar, el homicidio se realiza con el fin de cometer otro delito, que tanto puede serlo por quien mata como por otra persona. De esta forma, el homicidio se tipifica tanto para preparar, facilitar como directamente consumar otro delito. En segundo lugar, el homicidio se comete con el fin de ocultar otro delito, como ser la muerte de una persona para que no delate al autor o evitar que el hecho sea descubierto; en el ejemplo de Núñez, matar al policía que está investigando el hecho. En tercer lugar, se puede cometer el homicidio con el fin de asegurar los resultados de otro delito. Por último se comete el homicidio con el fin de asegurar la impunidad, tanto para sí como para otra persona" (fs. 100 vta.).
Seguidamente, señaló que en el caso concreto Torrez exigió la entrega del rodado, cuando la víctima de autos se encontraba descendiendo del mismo y al advertir la existencia de un arma de fuego en poder de aquella y a los efectos de procurar la impunidad, le disparó, provocándole serias lesiones para luego darse a la fuga. Indicó que de allí surge claramente el intento de homicidio con el fin de cometer otro delito, toda vez que al exigirle a la víctima que le diera el vehículo y al disparar con el arma preparada, para luego fugarse del lugar, se acreditó el nexo psicológico y la existencia en el ánimo del autor de las finalidades que contempla el tipo penal en trato (v. fs. 100 vta. y 101).
Destacó que si durante la ejecución de un delito el sujeto activo toma la decisión de valerse del homicidio como medio para prepararlo, facilitarlo, consumarlo u ocultarlo, o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro, o bien, por no haber logrado el fin propuesto, se configura el especial elemento subjetivo de la figura penal en cuestión, que sólo requiere la presencia de esa ultrafinalidad al momento en que se ejecuta la acción homicida; por lo tanto, por más que no hubiera tenido lugar una planificación previa del homicidio -tentado en el caso-, como móvil para el robo, la aparición de esa particular finalidad durante la ejecución de este último delito igualmente perfecciona la tipicidad del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 101 y vta.).
Por todo lo expuesto, el a quo confirmó en el caso la presencia de los especiales elementos del homicidio criminis causae , descartando la aplicación de la figura prevista en el art. 165 del Código Penal solicitada por la defensa (v. fs. 101 vta.).
IV.3. De este modo, la Casación confirmó el pronunciamiento de origen que estableció que Torrez exigió la entrega del vehículo a la víctima cuando ésta descendía del mismo y que al advertir la presencia de un arma de fuego en su poder, a los efectos de procurar su impunidad, le disparó a zonas vitales de su cuerpo provocándole heridas que culminaron con la perforación del pulmón izquierdo y el estómago, a la vez que perdió el bazo y un riñón, para luego darse a la fuga (v. fs. 42 vta. y 43, sent. de condena). Con fundamento en estos hechos el tribunal a quo consideró que el intento de homicidio se realizó con el fin de cometer otro delito, acreditándose el nexo psicológico y la existencia en el ánimo del autor de las finalidades que contempla el tipo penal en trato (v. fs. 100 vta. y 101).
A contrario de lo que sostienen los recurrentes, quedó acreditada la conexión ideológica de la muerte con la comisión del otro delito -robo-, advirtiéndose una explicación razonable que permitió sostener la calificación legal aplicada en origen y rechazar la pretensión de Torrez de recalificar el suceso bajo el argumento de que habría sido la víctima quien sorprendió a los atacantes y repelió la agresión con un arma de fuego, y en esa circunstancia se generó un tiroteo que culminó con las lesiones recibidas (v. fs. 114 y vta. del recurso extraordinario).
Por consiguiente, la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva resulta infundada ya que la parte, mediante consideraciones particulares y desatendidas de las argumentaciones del tribunal de origen y del revisor, no replicó adecuadamente la conclusión de que la decisión de matar fue conexa con el delito contra la propiedad y Torrez disparó con su arma para lograr su impunidad al advertir que la víctima también tenía un arma de fuego (doctr. art. 495, CPP).
IV.4. Cabe recordar que es doctrina de esta Corte que para que resulte aplicable dicha figura "...debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. causa P. 47.611, sent. de 4-V-1993), siendo además que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 34.495, sent. de 6-II-1987; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 121.171, sent. de 10-V-2017; P. 127.696, sent. de 14-VI-2017; P. 126.435, sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
A todo evento puede añadirse -en contra de lo argumentado por los recurrentes en cuanto a que la víctima fue la que sorprendió a los atacantes y repelió una agresión con un arma de fuego-, que esta Suprema Corte ha descartado la inaplicabilidad de la figura del art. 80 inc. 7 del Código Penal si la muerte se hubiera producido a consecuencia de la resistencia (o intervención) de la víctima (o terceros), pues esa circunstancia no obsta a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada (conf. causas P. 121.266, sent. de 17-V-2017 y P. 117.199, sent. de 4-XI-2015).
Conforme lo expuesto, el requisito típico quedó debidamente acreditado, sin que la parte logre conmover los sólidos argumentos brindados, aunque adversos a su pretensión (art. 495, CPP).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Pettigiani y Negri , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales de los doctores Pedro Antonio D'Attoli y Martín Miguel D'Attoli en … (…) jus, para cada uno, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia