Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130165
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.165, "Lazarte, Jonathan Javier. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 77.310 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de marzo de 2017, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa oficial y confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, que había condenado a Jonathan Javier Lazarte a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por haber sido hallado coautor responsable de los delitos de homicidio calificado criminis causa y robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso material (arts. 40, 41, 41 bis, 41 quáter , 42, 45, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, párr. segundo, Cód. Penal; fs. 91/100 vta., en relación con la sentencia de grado de fs. 3/32 del presente legajo n° 77.310).
Esa decisión fue impugnada por la señora defensora oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 104/125 vta., el que fue admitido por el Tribunal casatorio a fs. 126/129 vta.
Oído el señor Procurador General a fs. 138/143 vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 144), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La recurrente denuncia la errónea revisión de la sentencia de condena (arts. 8.2. "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 106) en el tramo correspondiente a la acreditación de la coautoría responsable de su asistido en los delitos que se le atribuyen, cometidos en perjuicio de Damián Fernando Riger y Matías Leandro Serrón Paz, al realizar una fiscalización formal, en la que, a su criterio, se limitó a reproducir fragmentos de lo decidido, sin atender debidamente a los planteos de su parte ni a las constancias de la causa, con afectación del debido proceso, la defensa en juicio y el derecho del imputado al doble conforme (v. fs. 106 vta./108).
Sostiene que el a quo acudió a fórmulas genéricas y afirmaciones dogmáticas en cuanto a la potestad del sentenciante en la valoración y selección de las pruebas y su grado de convencimiento (v. fs. 108 y vta.).
En lo particular, cuestiona que la sentencia de condena, y también la de casación en su tarea revisora, privilegiaran el testimonio de Matías Leandro Serrón Paz, hermano de la víctima, de doce años de edad al momento del hecho, en tanto había reconocido por fotografías a uno de los sujetos que le habría disparado a su hermano Damián Riger, en ocasión en que caminaban juntos rumbo a la casa de unos amigos cuando fueron abordados por cuatro sujetos que se desplazaban de a par en dos motos, a efectos de desapoderarlos de sus pertenencias, con el luctuoso resultado conocido, mientras en el debate señaló al aquí procesado como otra de las personas que también efectuara detonaciones en forma previa con el arma que portaba hacia la víctima (v. fs. 109); y que se reputara que ese testimonio fuera en lo sustancial coincidente con el aportado por el padre del testigo, Dayser Serrón Maldonado, y en correlación con lo que parcialmente pudieron apreciar otros tres testigos directos de los hechos, Franco, Acosta y Buenaventura (v. fs. 109 vta. y 110).
La recurrente alude a contradicciones en las declaraciones, contrastando lo expuesto durante la instrucción y lo relatado en el debate (v. fs. 110), con especial foco en la versión del testigo Franco (v. fs. 111 vta. y 112), dado que fue el único que presenció toda la secuencia, habiendo el a quo desatendido las divergencias señaladas (v. fs. 112/113), sobre las que vuelve a insistir a fs. 118 vta. y 119 de la pieza impugnativa.
Analiza, los dichos de Matías Serrón Paz, puntualizando que en la primera declaración depuso acerca de la existencia de una pelea (refiriendo que se habrían tomado a golpes de puño); que las motos eran una de color azul marca Suzuki AX 100 y otra negra tipo Gilera 100; que las armas eran dos -una plateada y otra gris, distintas a las que usan los policías, porque eran chicas y con tambor-; que los otros dos sujetos no portaban armas, solo los que bajaron, uno de cada moto; que cuando estaba en la Unidad de Pronta Atención con su padre quien llevó a su hermano, llegaron con la policía a la guardia dos sujetos del sexo masculino a los que reconoció como los que cometieron el hecho, uno el que conducía la moto azul y el otro el que vestido de buzo azul le disparó a su hermano (v. fs. 113 vta. y 114).
Luego, remarca lo dicho por aquél en el debate oral, en cuanto a que su hermano le pegó un puntapié, lo que motivó la reacción tanto de aquél como del que estaba junto a él, los cuales le dispararon, cayendo su hermano al piso, ante lo cual ambos se subieron a las motos y se fueron (v. fs. 114).
Observa asimismo que ninguna de las vestimentas descriptas por Matías Serrón da cuenta de un sujeto con la camiseta del Club Boca Juniors -o de sus colores- ni la del Club River Plate como refiriera el testigo Franco con una versión en la instrucción y otra diversa en el juicio (v. fs. 114 vta.).
Objeta que el tribunal del recurso no compulsara los elementos reunidos en la investigación penal preparatoria con los del debate a fin de verificar los desajustes alegados, y que minimizara las discordancias entre el levantamiento de tres proyectiles calibre .25 en el cuerpo de la víctima; acerca de las características de las motos que participaran en el evento delictivo (una negra y la otra azul para el testigo Serrón Paz; y una negra y la otra roja para el testigo Franco) y las actas que dan cuenta de su incautación; de las antedichas diferencias de prendas de los autores descriptas por Serrón Paz y el testigo Franco; de la circunstancia que éste último diera cuenta de que sólo uno le efectuó disparos a la víctima -el menor que no podía subirse a la moto negra de la que descendió y en la que quedó el conductor con la moto en marcha, quien lo apuntara a él con un arma -cuando quiso irse del lugar en que estaba parado por un Fiat 147 que le impedía seguir su marcha, justo en momento que regresaba a la moto negra corriendo, el cual, según señaló, vestía una remera gris, siendo de pelo corto, petiso, describiéndolo como "un nene"-; de que sólo hubo cinco disparos seguidos y con el mismo arma según David Franco, aunque Serrón Paz dijo ver dos armas con tambor, chicas, una plateada y otra gris; que la víctima tenía cuatro heridas de arma de fuego, una en el hombro y tres en el tórax y se incautaron tres proyectiles en la operación de autopsia del mismo calibre (.25), sin indicar la sentencia de condena de cuáles de las heridas fueron extraídos (v. fs. 115 vta./118).
Finalmente, sostiene con cita de los arts. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, extractos de los fallos del Máximo Tribunal nacional sobre la materia -"Casal", "Martínez Areco" y "Silva"-; y el precedente de este Tribunal, P. 96.240, sentencia de 11-III-2009, que el pronunciamiento recurrido afectó el debido proceso y la defensa en juicio, en su directa vinculación con el derecho del imputado a obtener un examen integral de la sentencia condenatoria, en el tramo correspondiente a tener a Lazarte como coautor de los delitos atribuidos (v. fs. 120 vta. y 121).
I.2. Luego, cuestiona el acápite referido a la calificación legal, en cuanto a la falta de acreditación en el caso de la ultrafinalidad requerida por el art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 121).
Reproduce fragmentos del fallo cuestionado (v. fs. 121 vta./122 vta.), sosteniendo que el a quo , recurrió a fórmulas genéricas y dogmáticas, desentendiéndose de la compulsa de la totalidad de las actuaciones (v. fs. 122 vta.).
Vuelve a reiterar su disconformidad con la valoración de los testimonios brindados en el debate (v. fs. 123 vta.); que el órgano casatorio se dedicó a reeditar la prueba tenida en cuenta por el sentenciante para fundar la condena de su asistido "...sin realizar el más mínimo examen independiente sobre los concretos planteos esgrimidos por la defensa, que indudablemente lo hubiese llevado mínimamente a recalificar el suceso como homicidio en ocasión de robo, tal lo propuesto por la defensa del imputado Lazarte" (fs. 124).
Dado que a su entender la tarea llevada a cabo en la referida instancia intermedia no satisfizo la revisión exigida por el art. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reclama que se case la sentencia impugnada y se reenvíe al a quo a fin de que -debidamente integrado- dicte una nueva decisión conforme a derecho (art. 496, CPP; v. fs. 125).
II. En el dictamen obrante a fs. 138/143 vta., el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso, con el que concuerdo; pues los planteos se relevan imprósperos para conmover lo decidido.
III. La decisión del a quo respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
III.1. Al interponer el recurso de casación, la defensa del procesado Lazarte denunció la arbitraria valoración probatoria en relación con la determinación de la coautoría de su defendido; denunciando como inobservados los arts. 1, 106, 210, y 373 del Código Procesal Penal, así como la errónea aplicación del art. 45 del Código Penal (v. fs. 39 vta. y 40).
III.2. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, por intermedio del voto inaugural del doctor Mancini, que concitó la adhesión simple del magistrado Ordoqui, consideró improcedente el planteo, en tanto destacó inicialmente que "...ese punto no resultó caprichosamente determinado en el fallo recurrido si se considera que en el debate, el testigo presencial Matías Leandro Serrón Paz, espontáneamente indicó a Lazarte como quien disparó a su hermano durante el desarrollo del hecho bajo juzgamiento". Y juzgó que aun cuando la defensa pretendía restarle entidad acreditante a ese señalamiento en razón de que, al serle exhibidas al referido testigo durante la instrucción las fotografías de fs. 93, había indicado a otro sujeto como quien disparara un arma de fuego, en el juicio éste aclaró suficientemente "...que ello ocurrió sólo de modo posterior a las primeras detonaciones (las que atribuyó indubitablemente al encausado)", por lo cual no se ve afeblecido el reconocimiento de Lazarte "...como quien acometiera primeramente, con un arma de fuego, contra la víctima" (fs. 92 vta. y 93).
Adicionó a ello, la mención que se efectuó en el veredicto, como prueba de autoría, del relato de Dayser Leonardo Serrón Maldonado (padre del anterior testigo), en cuanto corroboró la circunstancia afirmada por su hijo, referida a que éste reconoció al encausado en la comisaría. Si bien la parte también pretendió negarle aptitud acreditante a sus dichos por presuntas discordancias en los relatos de ambos testigos, lo cierto es que no fue éste un punto obviado por el sentenciante, más allá de que haya entendido esa falta de coincidencia en ciertos puntos de escasa entidad, toda vez que el juzgador justipreció que existió una correlación total en cuanto a los ejes centrales del hecho, los que se encargó de señalar meticulosamente en esta cuestión del veredicto, con total apego a lo normado en los arts. 106 y 210 del ordenamiento ritual (v. fs. 93 y vta.).
Sostuvo que la prueba de autoría también se nutrió de los testimonios de tres personas que pudieron percibir una parte de los hechos, refiriéndose a lo declarado por David Emanuel Franco, Juan José Acosta y Javier Alejandro Buenaventura, "...en cuanto corroboraron lo expresado por Matías Serrón respecto de la presencia de cuatro sujetos en dos motos, y del modo en que básicamente se desarrollaron los hechos". Reparó en que el testigo Buenaventura se refirió al sujeto que disparó aportando características físicas que los jueces pudieron corroborar semejantes a las que presentaba Lazarte, según explicaron en el veredicto; lo que examinado junto con el dato de que el encausado "...era titular de una de las motocicletas que fueron vistas en el hecho como utilizada por los atacantes", llevaba a concluir que la intervención coautoral atribuida resultaba acabadamente corroborada; a lo cual añadió "el indicio de fuga". A partir de todos estos elementos de cargo que el a quo consideró serios y concordantes señaló que "...no parec[ía] caprichoso que los jueces no creyeran en la versión aportada por el acusado y los otros testigos de la defensa (sobre la que insuficientemente se pretende hacer píe nuevamente en esta instancia recursiva)", a la luz de las discordancia con el cuadro incriminante que hasta aquí se ha observado, y además porque Lazarte no pudo brindar mayores detalles de la coartada que intentó articular, siendo incluso inexacto en muchas de sus circunstancias, sobre todo respecto del horario de desarrollo del partido de fútbol que dijo estar mirando cuando se produjo el hecho (v. fs. 93 vta. y 94).
En definitiva, estimó que la conclusión del tribunal de grado en cuanto a la coautoría de Lazarte "...fue conseguida a partir de un camino lógico y argumental inobjetable, con total apego a lo normado en los arts. 1, 106, 209, 210 y 373 del ordenamiento ritual, sin que en dicho mecanismo valorativo se adviertan los vicios denunciados por el recurrente", y que, conforme lo plasmado en el veredicto, "...el extremo discutido por el impugnante surgió de la valoración armónica de diversos elementos de prueba que dieron cuenta de aquella circunstancia". Como contrapartida, consideró que la impugnante pretendía pasar por alto el comprometido material probatorio que se erigía contra el imputado, sin apreciarse quebrantamiento de las reglas contenidas en los arts. 210 y 373 del ritual para la valoración de la prueba, por lo que correspondía su convalidación (v. fs. 94).
Destacó que los jueces de mérito "...son libres en la valoración y selección de las pruebas que han de fundar su convencimiento desde que el valor de los medios de prueba no se encuentra fijado o determinado de antemano", sino que les corresponde a ellos "...evaluar y establecer el grado de convencimiento que tales elementos puedan producir". Adicionando que "...es por ello que si no se comprueban situaciones especiales que evidencien arbitrariedades en el raciocinio o posibilidad crítica, la elección de las pruebas que, a la luz del art. 209 del ritual, efectúan los magistrados de grado resulta incensurable en esta instancia revisora" (fs. 94).
Finalmente, y conforme lo explicado, consideró también desechable la invocación del principio de la duda beneficiante "...puesto que ningún pasaje del pronunciamiento permite vislumbrar siquiera mínimamente duda en el ánimo del juzgador, que explicó adecuadamente los válidos motivos considerados a la hora de tomar la decisión que adoptó" (fs. cit. y 95).
III.3. Frente a ello, la impugnante más allá de su insistencia respecto de la insuficiencia de los elementos probatorios ponderados, no ha logrado evidenciar un supuesto de excepción que justifique la intervención de este Tribunal en el terreno probatorio y la eventual descalificación del fallo recurrido como acto jurisdiccional válido. Pues, con fundamento en todo lo antes transcripto, el órgano revisor se pronunció por la desestimación de los planteos articulados ante su sede, confirmando lo decidido por el sentenciante de grado.
De la reseña efectuada se aprecia que la casación desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó el argumento de la parte, lo descartó, y proporcionó las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio. El recurrente no ha logrado evidenciar la restricción cognoscitiva denunciada en función de la doctrina y jurisprudencia que cita.
En consecuencia, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis para arribar a la confirmación del fallo de condena, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal", en tanto incluyó un juicio crítico de las constancias probatorias (conf. doctr. P. 98.459, sent. de 3-IV-2008).
Los argumentos esgrimidos en esa sede casatoria para desestimar los agravios de la defensa, más allá del uso de ciertos giros vinculados a la soberanía del juzgador producto de la inmediación propia del debate oral, la libre selección y apreciación de los medios probatorios, no hicieron pie en el emplazamiento de mallas formales a su progreso, sino que, por el contrario, se examinó el fondo del asunto, no obstante, la disconformidad de la parte con lo resuelto (conf., por muchos, doctr. P. 104.831, sent. de 24-II-2010).
III.4. Ahora bien, en lo que concierne a la arbitrariedad invocada, tampoco se evidencia en lo resuelto la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido.
El tribunal a quo motivó la ponderación de los testimonios que vienen cuestionados, para erigirse en suficiente prueba de cargo respecto de la intervención de Lazarte en el hecho en cuestión, y, en consecuencia, suscitar convicción en quienes, merced a la apreciación propia de la inmediación del juicio, juzgaron razonablemente coherente y firme lo narrado por aquellos, en particular por quienes fueran testigos "privilegiados" del hecho por haberlo presenciado en toda su secuencia (Franco) y, en su caso, vivenciado (Serrón Paz), lo cual además se avalaba con las demás constancias probatorias que fueron examinadas, lo que permitía descartar las objeciones articuladas por la defensa en la apreciación de la prueba, y afirmar que el recurrente no había logrado conmover el complejo de argumentos que el sentenciante había estimado para concluir de ese modo, sin que este razonamiento logre adecuada refutación en el remedio bajo estudio con virtualidad para descalificarlo como acto jurisdiccional válido de la mano de la excepcional doctrina de arbitrariedad de sentencia.
Al respecto, cabe recordar que el objeto de aquella no es corregir en esta etapa extraordinaria fallos equivocados, "...sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234). Y la parte recurrente, más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo que impugna.
IV.1. Con relación al segundo planteo, el tribunal revisor convalidó la calificación legal dispuesta por el órgano de juicio en cuanto condenó al imputado en orden a los delitos de tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso material con homicidio calificado criminis causae (v. fs. 95).
Consideró que el sentenciante entendió correctamente que se trató de dos hechos independientes "...uno que consistió en el ataque intentado contra la propiedad de las víctimas, y el otro constituido por el embate contra la vida de Damián Fernando Riger, como reacción a la resist
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