Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131077
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se casa la sentencia impugnada y se remiten los autos al Tribunal de Casación para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.077, "V., C. D.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en la causa 81.525 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 28 de noviembre de 2017, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro que condenó a C. D. V. a la pena de veintisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causae en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal. En consecuencia, casó la decisión impugnada en lo que respecta a la determinación de la pena, quitando como circunstancia agravante "la causa en trámite" y en función de la escala penal que corrigió, readecuó el monto de la sanción impuesta, el que fijó en veintiséis años de prisión, accesorias legales y costas, por ser hallado autor penalmente responsable de los delitos antes mencionados (v. fs. 552/574 vta.).
El señor defensor oficial ante esa instancia -doctor Mario Luis Coriolano- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 585/604), el que fue concedido por el órgano inferior merced a la resolución de fs. 608/610.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 617/622), dictada la providencia de autos a fs. 623 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El señor defensor oficial articuló la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley y denunció -en primer lugar- arbitrariedad de la sentencia del órgano intermedio y falta de revisión integral en cuanto a la decisión de no aplicar la escala reducida de la tentativa. Asimismo, planteó la violación y errónea aplicación de la normativa que establece el régimen penal juvenil (v. fs. 596 vta.).
Cuestionó que el a quo haya entendido que la decisión de la instancia de no aplicar la escala reducida prevista en la ley (art. 4, ley 22.278) fue una elección del tribunal de grado en el marco de su facultad legal y que se encontrara debidamente fundada en la gravedad de los hechos y la insuficiencia del tratamiento tutelar (v. fs. 597). Trajo a colación el fallo "Maldonado" y señaló que la culpabilidad por el hecho del menor no constituye el fundamento de la sanción sino el límite de la misma (v. fs. 598 vta.).
En cuanto al caso, indicó que resultaba evidente que los magistrados del tribunal intermedio realizaron una interpretación ultra restrictiva y sesgada del citado fallo -y del caso "Mendoza" fallado también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- reduciendo la riqueza del precedente a la sola circunstancia de no establecer la obligatoriedad de la aplicación reducida de la pena.
Expuso que, en particular, desatendieron aquella regla que indica que la mera gravedad del hecho no puede fundar la necesidad ni la cuantía de la pena y que la respuesta que se dé al delito debe ser proporcionada no solo a circunstancias y gravedad, sino a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad.
En definitiva, indicó que el a quo analizó genéricamente la normativa específica en la materia, en lo relativo a la posibilidad de aplicar la escala reducida de pena en el Fuero Penal Juvenil, concluyendo en que el plexo normativo no lo prohíbe. Afirmó que ello no abastecía el estándar mínimo de fundamentación requerida para un caso como el presente y que, por lo tanto, hubo solo una revisión aparente (v. fs. 599 vta.).
I.2. En segundo término, alegó la violación del principio de legalidad al establecer el Tribunal de Casación una nueva escala penal (v. fs. 599 vta.).
Sostuvo que la nueva escala que "inventa" el a quo para saltar el escollo constitucional y mantener una pena elevadísima, "...tampoco se encuentra habilitada y/o prevista en la norma penal. Como vemos, la propuesta consistió en ‘partir’ el concurso real y aplicarle la reducción de la tentativa a la pena perpetua y mantener la decisión de no reducir para los otros dos delitos previstos con pena determinada..." (fs. 600).
Citó el fallo "Marsiglio" (causa P. 114.698, sent. de 16-X-2013) y concluyó que la "facultad" prevista en la ley, en un caso como el presente, impone como única salida la utilización de la escala de la tentativa para todo el concurso de delitos, al no poder aplicarse la pena de adultos (pena perpetua). Explicó que esto conllevaba recurrir a la escala penal de la tentativa que resultaría del caso en el marco de las limitaciones que impone la Corte federal. "El marco punitivo debió ser de 10 a 15 años. Allí debió determinarse la pena de mi asistido" (fs. 600 vta.).
De este modo, entendió que tampoco resultaba válido el fallo en crisis, en tanto la pena excedía la escala penal que debió aplicarse por imposición del art. 4 de la ley 22.278, de conformidad con el principio de legalidad.
I.3. De seguido, denunció la falta de fundamentación del monto de pena impuesto y la violación del derecho a ser oído (v. fs. 600 vta.).
Aseguró que se encuentra infundada la determinación de la sanción aplicada, a la que se le dedicó unas pocas líneas para establecer una pena que solo se redujo en un año respecto de la impuesta en la instancia de mérito.
Señaló que el pronunciamiento carece de motivación, desde que se limitó a efectuar afirmaciones dogmáticas y remisiones a la sentencia de primera instancia. Consideró que no se dio ningún fundamento que diera cuenta del razonamiento seguido para fijar una pena once años más elevada del mínimo de la escala penal utilizada (v. fs. 601).
Explicó que lo más grave aún fue que se omitió toda consideración a la audiencia de visu mantenida en la instancia casatoria, pues no se dejó referencia en el fallo ni de la impresión que dejó V. en los sentenciantes, ni de su situación ni de sus necesidades actuales (v. fs. 601 vta.).
De ahí que afirmó que la respuesta dada era insuficiente, toda vez que se basaba en una fundamentación aparente, colocando al pronunciamiento impugnado dentro de la doctrina de las sentencias arbitrarias.
Concluyó que el pronunciamiento cuestionado no abastecía los estándares mínimos de revisión de todo pronunciamiento judicial de condena en los términos de los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero tampoco los específicos que impone el sistema penal juvenil, a la vez que se apartó de la doctrina del precedente "Maldonado".
Señaló que todo lo expuesto derivó en la violación del debido proceso y la defensa en juicio, contrastando la actuación del a quo con lo sostenido por esta Corte en la causa P. 110.354, en materia de revisión de la condena (v. fs. 602 vta. y 603).
II. La Procuración General aconsejó el rechazo de la vía intentada (v. fs. 617/622), no obstante lo cual procede parcialmente.
III. Frente a la impugnación de la defensa contra la sentencia de condena, que impuso a C. V. veintisiete años de prisión por el hecho cometido el día 10 de octubre de 2009, cuando tenía 16 años de edad, la casación indicó que el tribunal del juicio optó fundadamente, entre las opciones legalmente previstas, por la de imponer pena dentro de la escala correspondiente a la calificación legal, desechando las restantes alternativas de no aplicar pena o de reducirla conforme la regla de la tentativa (v. fs. 556 vta.).
Si bien la defensa afirmó ante esta instancia que el a quo no discriminó entre las razones para justificar la necesidad de pena y las relativas a la exclusión de la escala de la tentativa (v. fs. 557), en definitiva, esa parte no discutió lo primero al recurrir en casación, ya que su agravio se dirigió a la fijación de la escala y al monto de la pena, peticionando una reducción de la misma (v. fs. 471).
El tribunal revisor -conforme fuera resuelto por el órgano de grado- sostuvo que "...la modalidad de los hechos, los antecedentes del imputado, el pormenorizado examen del tratamiento tutelar en el que el incuso no ha logrado mantener en el tiempo actitudes que permitan demostrar un avance o evolución en la resocialización, luego de haberlo escuchado a V. [...] justifica la imposición de una pena sin ameritar algunos de los beneficios del art. 4 de la ley 22.278 (absolución o imposición de pena reducida a la forma prevista para la tentativa)" (fs. 560).
En esa tarea, a los fines de determinar la cuantía, repasó que el sentenciante de mérito, tomado nota de lo decidido en el caso "Mendoza y otros vs. Argentina" (donde se decidió la no aplicación de una pena perpetua al menor, pese a haber sido hallado responsable del delito que acarreaba una pena absoluta como era el homicidio criminis causae ), no utilizó -en el presente- la escala de la tentativa, no lo absolvió de la sanción ni tampoco le aplicó la pena que le debía corresponder por ser adulto desde que le tendría que haber impuesto una sanción indeterminada por el homicidio calificado (art. 80 inc. 7, Cód. Penal).
Explicó que sobre esa base en el fuero especial se construyó una escala penal que en esa instancia casatoria debía ser corregida, pues no se había explicado debidamente sobre qué marco penal se elaboró la graduación de la pena, como así también que resultaba indeterminado "...el monto máximo de la nivelación de la sanción". "Lo decidido carece de razones que indiquen qué inteligencia efectuó el tribunal para determinar la escala penal aplicable, por lo que ello debe ser corregido ante esta instancia" (fs. 571).
Partió de la base de que el encartado fue condenado por los delitos de homicidio criminis causae , tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal y robo calificado por el uso de arma de fuego, todos en concurso real. Recordó que el a quo "aplicó" la pena que le correspondería a un adulto en atención a los delitos endilgados, con la sola excepción del homicidio calificado, en el que no "aplicó" una pena indeterminada en estricta observancia del "Caso Mendoza" de la Corte Interamericana, escogiendo una pena temporal.
En consecuencia, entendió que esa pena temporal -desechada la prisión perpetua- debía tener un anclaje legal, siendo ese marco normativo el que establecía el art. 4 de la ley 22.278. "Desde otro lugar, no viene discutido como motivo de agravio el extremo superior de la escala construida mediante el concurso real realizado en los términos de los arts. 55 del C.P." (fs. 571 vta.). Recordó que el pronunciamiento impugnado desechó la reducción de la pena según la regla de la tentativa, por lo que quedaban incólumes los montos máximos para la configuración de la escala penal respecto de los delitos de tenencia de arma de guerra y de robo calificado por el uso de arma de fuego.
De este modo, señaló que "...descartada la aplicación de la pena absoluta por el delito de homicidio criminis causae , queda remanente -dentro del marco legal posible de aplicación para el operador jurídico- la figura de la tentativa contemplada en el art. 44 párrafo tercero del C.P. Pues, lo contrario implicaría efectuar una creación legal que está vedada por el Poder Judicial, desde que al no contar con una herramienta legal en su reemplazo confeccionó una solución que está fuera del marco normativo" (fs. 571 vta. y 572).
Por todo lo expuesto, consideró que la escala penal debió configurarse de la siguiente manera: el mínimo legal debería ser establecido por el mínimo mayor, en el caso, diez (10) años de prisión (considerando el art. 44 párr. tercero del Código Penal en función de la escala de la tentativa para el delito de homicidio criminis causae ) y el máximo legal estaría establecido en cuarenta y un (41) años de prisión (considerando las sumas aritméticas de las penas máximas correspondientes a los arts. 189 bis inc. 2 segundo párr.; 166 inc. 2 segundo párr. y los quince (15) años de prisión teniendo en cuenta el máximo de la escala prevista por la tentativa en el homicidio calificado criminis causae ). Agregó que hipotéticamente, para el caso de que el tribunal hubiese optado por beneficiar al acusado con la escala penal de la tentativa -según la potestad atribuida al juez por el art. 4 de la ley 22.278- esa pena debió fijarse según el marco punitivo resultante de los arts. 42, 44, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 -segundo párrafo- y 189 bis inc. 2 -segundo párrafo- del Código Penal.
Afirmó que conforme quedara establecida la escala penal de los delitos achacados oportunamente, la que difería de la confeccionada por el órgano a quo , sumado a la exclusión de una agravante, el monto de la sanción fijada debía reducirse a veintiséis años de prisión (v. fs. 572 vta.).
IV. De ese modo el Tribunal de Casación modificó la escala penal establecida por el órgano de la instancia (en tanto entendió que no se encontraba fundada porque se desconocía el razonamiento por el cual se había llegado a ella), construyendo una nueva que también carece de apoyatura legal que la sustente. Por esta razón, aunque al límite de la suficiencia, el recurso debe prosperar parcialmente.
En efecto, la judicatura intermedia elaboró -teniendo en cuenta los delitos reprochados al menor: robo calificado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causae en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal- una escala penal en la que exclusivamente en cuanto al delito de homicidio criminis causae , por un estricto apego al fallo "Mendoza" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sustituyó la pena perpetua, por la temporal de prisión de 10 a 15 años prevista en el art. 44 párrafo tercero del Código Penal.
De este modo, los parámetros elaborados por el órgano casatorio, no encuentran apoyatura legal que avale esa solución, pues son contrarios a lo que prescribe el art. 56 del Código Penal que es el que debía regir el caso.
En lo que aquí es de interés, el párrafo segundo de la citada norma establece que "Si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicará ésta únicamente, salvo el caso en que concurrieren la de prisión perpetua y la de reclusión temporal, en que se aplicará reclusión perpetua...".
De acuerdo a lo que se viene sosteniendo en el caso de autos, el menor C. D. V. fue condenado por las figuras contempladas en los arts. 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo párrafo y 189 bis inc. 2 segundo párrafo del Código Penal: concurren -entonces- la prisión o reclusión perpetua para el homicidio criminis causa (pena no divisible), la prisión o reclusión temporal para el robo calificado cometido con arma de fuego y la prisión temporal para la tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal (penas divisibles). Ello determina, conforme el citado art. 56 de la ley sustantiva, que debe aplicarse la reclusión perpetua (conf. causa P. 81.721, sent. de 30-XI-2005).
Especie que, al contrario de lo que sostiene la defensa (v. fs. 469), no ha desaparecido del sistema penal argentino (conf. causas P. 102.332, sent. de 22-IV-2009; P. 103.198, sent. de 28-X-2009; P. 117.108, resol. de 8-VIII-2012; e.o.).
Ahora bien, establecida por los tribunales que han intervenido la premisa de que no puede condenarse a perpetuidad a los jóvenes en conflicto con la ley penal, es sobre dicha pena que debe implementarse un mecanismo por el cual se individualice, para estos casos especiales, una temporal.
En efecto, aun cuando la reducción conforme la regla de la tentativa no es imperativa para todos los casos en los que se juzga a menores (conf. causas P. 128.160, sent. de 6-V-2018 y P. 129.106, sent. de 26-XII-2018), en supuestos como el presente, en los cuales el concurso material conduce a una pena fija -que fue desestimada por el a quo -, el mecanismo del art. 44 del Código Penal permite, con base legal, la sustitución de la pena indeterminada por una temporal.
La decisión del órgano casatorio, so pretexto de dar un cauce normativo a la determinación de la pena no tuvo en cuenta, por un lado, que en el supuesto del art. 56 del digesto sustantivo no es necesario establecer una escala penal, en tanto la pena del concurso real -en su alternatividad- ya fue resuelta por el propio legislador (v., mutatis mutandi , causa P. 99.636, sent. de 3-III-2010).
Por el otro, tampoco consideró que, en el caso de aplicar la reducción de la tentativa, la operación recae sobre el concurso real de delitos y no para uno de los ilícitos que lo integran, en tanto las pautas del art. 44 del Código Penal, en lo pertinente, deben referirse a la pena que corresponde al mismo y no a cada uno de los hechos independientes.
En definitiva, y conforme lo dicho hasta aquí, propongo casar la sentencia impugnada, debiendo volver los autos al Tribunal de Casación para que, debidamente integrado, dicte un nuevo decisorio conforme a derecho.
No corresponde, entonces, abordar otros planteos del recurso.
Con el alcance indicado , voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se casa la sentencia impugnada y se remiten los autos al Tribunal de Casación para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia