Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129933
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y dejar sin efecto la sentencia recurrida de fs. 46/49 vta. (arts. 496 y concs. del CPP, 31 bis de la ley 5827).
"ALTUVE, CARLOS ARTURO -FISCAL ANTE EL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL- S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN CAUSA N° 76.523, DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III, SEGUIDA A QUEMEHUENCHO, EDUARDO MARTIN".
La Plata, 21 de marzo de 2018.
La presente causa P. 129.933-RC, caratulada: "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa N° 76.523 del Tribunal de Casación Penal -Sala III- seguida a Quemehuencho Eduardo Martín",
I. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal mediante pronunciamiento dictado el 16 de mayo de 2017, declaró admisible la queja interpuesta y rechazó -por mayoría- el recurso de la especialidad deducido por el Fiscal General contra la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín que confirmó la resolución del Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental que había concedido el beneficio de la suspensión del juicio a prueba en favor de Eduardo Martín Quemehuencho, en orden al delito de desobediencia (v. fs. 46/49 vta. del legajo casatorio n° 76.523).
En efecto, el Tribunal de Casación con el voto del juez Borinsky -que suscitó la adhesión del juez Carral- consideró que la decisión de Cámara confirmatoria de la de primera instancia, por la que se otorgó la suspensión de juicio a prueba respecto del encartado, es derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa (v. fs. 47 vta.).
Sostuvo que la conducta de Quemehuencho calificada en principio como desobediencia (art. 239 Cód. Penal), en razón de haber incumplido la medida cautelar dispuesta por el juez de Paz, "no puede subsumirse, en el presente caso, dentro de un supuesto de hecho de violencia de género conforme los lineamientos contenidos en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de la mujer -Belém do Pará-, y de la propia legislación interna dictada en consecuencia (ley 26485), como pretende la Fiscalía" (fs. 47 vta./48).
El doctor Carral agregó que el recurrente formuló "una reedición de los agravios esgrimidos en instancias anteriores sin que la argumentación traída ante [esa] sede haya demostrado el absurdo que se proclama así como el yerro en la aplicación de las normas sustantivas y adjetivas involucradas". Argumentó que las reglas pertinentes del art. 76 bis y sigs. del digesto de fondo han sido modificadas con posterioridad a que el estado Argentino hubiera suscripto la Convención citada por el impugnante "no obstante, el legislador no ha incluido, como parte de la reforma introducida en el año 2011 adicionando un último párrafo al art. 76 bis, supuestos como el aquí en trato, y esto no es menor, desde que esa reforma consagró expresamente que delitos, pese a reunir las condiciones objetivas de admisibilidad, no resultan procedentes para ingresar en la suspensión del proceso que se encuentra allí reglada" y juzgó que ese valladar, "puede ser sorteado por el Ministerio Público de la acusación señalando las situaciones de hecho que ameritan oponerse a la procedencia de la suspensión"(fs. 48 vta.). Concluyó que "para considerar si la oposición del M]inisterio [P]úblico [F]iscal no ha incurrido en arbitrariedad, no basta con enunciar afirmaciones dogmáticas sin que puedan ampararse en las probanzas concretas de la causa y este es el déficit determinante que sella la suerte adversa del recurso intentado" (fs. 49).
II. Frente a ello, el señor Fiscal ante aquella instancia dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 51/58 vta.), el que fue concedido por el citado Tribunal -el 5 de octubre del 2017- (v. fs. 73/75).
Para así decidir, recordó que en la vía en trato el señor fiscal denunció la inobservancia de la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Góngora" y la violación al art. 7 de la Convención de Belém do Pará, en tanto la concesión de la suspensión de juicio a prueba en los casos de delitos que involucren violencia de género comprometen la vigencia del bloque constitucional federal y la responsabilidad internacional del Estado Argentino. También señaló el a quo que se tildó -además- de arbitrario el pronunciamiento por incurrir en una fundamentación aparente.
Más adelante, el Tribunal de alzada se refirió a la doctrina de esta Corte que establece que las resoluciones que conceden la suspensión de juicio a prueba deben equipararse a definitivas y señaló que el impugnante "ha explicado en dónde radica, (...) el error en el resolutorio, al resolver con base en la mera calificación del hecho, sin consideración de las circunstancias en las cuales se cometió; asimismo ha señalado las normas de raigambre superior que considera violadas o desaplicadas, y ha explicitado cómo ello redunda en una cuestión federal suficiente, al comprometer la responsabilidad internacional del estado, y ha cita[do] doctrina jurisprudencial que avala su postura".
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es procedente (arts. 31 bis de la ley 5827 y 496 del CPP) de acuerdo a las consideraciones que siguen.
De la reseña efectuada en los puntos I y II se advierte que le asiste razón al recurrente pues, más allá de la excepcionalidad de la doctrina que invoca -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso que se dice conculcado (conf. doctr. de Fallos: 299:17; 331:2077) exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909), lo que no se aprecia en el sub examine.
En efecto, el sentenciante, ha desconsiderado el real alcance de lo acontecido al no percibir en toda su complejidad los actos descriptos por el Ministerio Público Fiscal. En el requerimiento formulado se atribuye a Eduardo Martín Quemehuencho que "el día 23 de febrero del año 2015, siendo aproximadamente las 22:30 horas, el Sr. Martín Eduardo Quemehuencho a sabiendas de la ilegitimidad de su accionar desobedeció la medida cautelar existente por disposición del Sr. Juez de Paz Letrado de Gral. Viamonte, Dr. Javier Sáenz, presentándose en el domicilio de su ex pareja (...) comenzando a insultarla a los gritos y a arrojar piedras en el techo de la vivienda" (fs. 48 de la c. n° 479/2015).
Cabe destacar que de la denuncia de Natalia Verónica Berton se desprende que "mantuvo una relación de concubinato con el Sr. Quemehuencho por el termino de 6 meses, finalizando la misma hace dos meses a la fecha, que (...) no ha dejado de molestarla, que en reiterados días y horarios circula por el domicilio de la dicente, como así también en varias ocasiones la sigue hasta su lugar de trabajo o la espera hasta el horario de salida, que él siempre se encuentra alcoholizado (...) sigue pasando todos los días por mi casa, me grita cosas y me sigue, de noche se pasa en la esquina de mi casa y me grita, me molesta a mí y a mis nenes, vivo sola con mis tres hijos y no puedo salir a ningún lado porque me sigue y me molesta, los nenes le tienen mucho miedo, son todas las noches, nunca desiste..." (v. fs. 49 vta. de la c. n° 479/2015).
En función de ello, al momento del ofrecimiento de prueba de conformidad con lo dispuesto en el art. 338 del Código Procesal Penal, la señora agente fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio -doctora Mirta Claudia Moncla- se opuso a la concesión de la suspensión de juicio a prueba por estimar que los hechos ocurrieron en el marco de una violencia familiar y de género. Concluyó -en consonancia con la normativa contenida en la Convención "Belém do Pará" y por aplicación del fallo "Góngora"- que no resultaba procedente la adopción de alternativas procesales, sino por el contrario devenía necesario dilucidar el caso mediante el juicio abreviado o debate oral (v. fs. 81 vta. de la c. n° 749/2015). Finalmente, en la audiencia preliminar de fecha 23 de noviembre 2015 la misma agente fiscal ratificó su oposición al otorgamiento del aludido instituto (v. fs. 99 vta. de la c. n° 749/2015).
Es claro entonces que, para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la "Convención de Belém do Pará", debió el juzgador analizar y ponderar -necesariamente- el contexto fáctico y jurídico, esto es, circunstancias anteriores y concomitantes, que dio motivo al dictado de la medida restrictiva. Ello así pues teniendo en consideración las obligaciones que surgen de aquélla normativa internacional, en particular la de "actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer" (art. 7.b de la Convención), la administración de justicia no puede permanecer ajena frente al incumplimiento de sus órdenes y medidas -en el caso, se trata de una desobediencia judicial- que justamente tienen como finalidad la prevención de episodios de violencia contra las mujeres, como es el caso de autos (conf. P. 128.468, punto. 4. d. del voto doctor Soria).
En suma, el Tribunal de Casación confirmó el otorgamiento de la suspensión del juicio sin demostrar que la oposición del Fiscal careciera de motivación adecuada y suficiente, lo cual evidencia un severo apartamiento de las constancias comprobadas de la causa. Pues, el antecedente de la desobediencia se encuentra ineludiblemente ligado a la conflictiva de base que remite al referido contexto de violencia de género. Y, como se sabe, es doctrina de la Corte federal ( in re "Góngora") que todo comportamiento portador de un significado de violencia ejercida contra la mujer se encuentra excluido de la posibilidad de aplicación del instituto de suspensión del juicio a prueba.
Por todo lo expuesto, es que corresponde acoger el recurso fiscal y dejar sin efecto el fallo recurrido (conf. P. 128.468, sent. de 12-IV-2017 y P. 128.910, sent. de 16-VIII-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y dejar sin efecto la sentencia recurrida de fs. 46/49 vta. (arts. 496 y concs. del CPP, 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
HILDA KOGAN
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°311
Fin de la sentencia