Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132452
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 495, 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Pettigiani, Negri, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 132.452, "R., W. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 84.424 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 24 de abril de 2018, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial contra la decisión del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, que declaró a W. E. R. autor responsable del delito de tentativa de homicidio simple, difiriendo la eventual aplicación de pena al cumplimiento de los plazos fijados en el art. 4 incs. 2 y 3 de la ley 22.278 (arts. 42, 45 y 79, Cód. Penal; v. fs. 106/113 vta. con relación a fs. 7/23 vta.).
La señora defensora oficial adjunta en la instancia intermedia, doctora Susana Edith De Seta, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 127/128 vta.), que fue concedido por el tribunal a quo para el tratamiento de la cuestión federal planteada (v. fs. 129/131).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 142/144), dictada la providencia de autos (v. fs. 145) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La señora defensora oficial sostiene que el Tribunal de Casación aplicó erróneamente los arts. 42 y 79, ambos del Código Penal, violando la garantía del debido proceso legal y los principios de inocencia y de legalidad (art. 18, Const. nac.), al tener por comprobado el elemento subjetivo del ilícito tentado contra la vida (v. fs. 128 y vta.).
Argumenta que ese aspecto del fallo carece de debida fundamentación en razón de no haberse establecido "...el grado de probabilidad de alcanzar el supuesto resultado dañoso", y porque tampoco estaría verificada la puesta en riesgo de la vida del damnificado (v. fs. 128).
A su entender, los hechos descriptos no permiten más que afirmar que "...la finalidad de la agresión era provocar un daño físico, por lo cual el dolo ha sido presumido, sin contar con debido respaldo probatorio" (fs. íd.), por lo que estima arbitraria la decisión de confirmar los términos de la condena originaria y lesiva del principio de legalidad; aunque finalmente señala que "Corresponde adecuar la conducta dentro de las previsiones legales de los arts. 42 y 79 del C.P." (fs. 128 vta.).
II. El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes juzgó acreditado que en circunstancias de hallarse M. F. C., su hermano S. N. C., L. E. F. y T. F., caminando en horas de la tarde sobre las vías del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento, el primero de los nombrados fue interceptado por W. E. R. -que se encontraba acompañado de otro joven- "...con el que había protagonizado una gresca en la vía pública dos días antes, quien mediante el empleo de un cuchillo tipo carnicero con mango de plástico color blanco, le infligió una herida punzo-cortante a nivel de la región lumbar izquierda, que le produjo hematuria y colección sanguínea peri renal derecha, lesiones que fueron calificadas por el médico legista como de carácter graves -conforme surge de los informes obrantes a fs. 3, 5 y 35-, tras lo cual la víctima alcanzó a dirigirse hasta las inmediaciones de su domicilio [...], siendo posteriormente trasladado en el automóvil de una vecina hasta el Hospital Zonal General de Agudos Blas L. Dubarry, ubicado a dos cuadras del teatro de los hechos, mientras que el autor de la salvaje agresión junto al otro sujeto masculino se retiraron raudamente del lugar" (fs. 9 y vta., auto de responsabilidad).
En cuanto a la calificación legal, fundó su postura coincidente con la sustentada por la fiscalía de que la conducta descripta quedaba enmarcada en el delito de homicidio simple en grado de tentativa (v. fs. 19/20).
La defensa recurrió ante Casación a través del escrito que luce a fs. 51/54 vta., ciñendo su crítica al modo arbitrario en que a su parecer había sido valorada la prueba a fin de tener por demostrado el dolo directo que según dijo requiere el tipo penal actuado. Sin que en esa oportunidad hubiese aducido la afectación del debido proceso y el principio de legalidad, denuncias que aparecen novedosamente en el remedio extraordinario bajo estudio, ni tampoco discutido como hace ahora que la herida ocasionada pusiera en peligro la vida del ofendido, conforme lo declarado por el perito médico -ver fs. 53 vta.-, reclamó el encuadre del hecho en la figura de lesiones graves (art. 90, Cód. Penal; v. fs. 54).
Por su parte, el Tribunal de Casación, en el estricto marco del agravio sometido a su consideración, ratificó lo resuelto por el órgano de origen, advirtiendo en primer lugar sobre el carácter dogmático del planteo, que no refutaba el conjunto de elementos tenidos en mira por su antecesor para apuntalar la calificación jurídica criticada (v. fs. 109).
Más allá de esa falencia, tuvo presente que los dichos de la víctima, su hermano S. N. C., y L. E. F., testigos presenciales de lo sucedido, como así la propia declaración de R. en la ocasión prevista en el art. 308 del Código Procesal Penal, daban cuenta de la agresión sufrida por M. F. C. con un objeto altamente lesivo -un cuchillo de tipo carnicero-; que el nombrado imputado le clavó por la espalda en una zona vital de su humanidad, más precisamente a la altura del riñón, cuando la víctima intentó salir corriendo; contexto que "...permite sostener que el encausado efectivamente se representó que con la conducta resultaba probable que se produzca la muerte [...] y no obstante tuvo la voluntad de llevarla a cabo, configurándose de este modo el dolo homicida requerido" (fs. cit. vta.).
A lo dicho sumó el informe del médico de policía, según el cual el joven damnificado presentó una herida de arma blanca con ingreso a la altura de la región lumbar izquierda, que ocasionó hematuria y colección sanguínea peri renal derecha, lesiones que calificó de carácter graves; copias de la historia clínica del paciente con motivo de su intervención quirúrgica en el nosocomio local y demás probanzas mencionadas por el juzgador de grado al tratar la cuestión de la calificación legal (v. fs. 110 vta.).
En función de lo expuesto, el órgano revisor desestimó la pretensión de la defensa de modificar la significación jurídica del hecho, haciendo notar además que la parte disentía con el valor asignado a las manifestaciones de los testigos, sin efectuar un señalamiento claro de cuáles quiebres cabría achacar a la tarea de ponderación del plexo probatorio.
III. Al igual que dictamina el señor Procurador General, la impugnación se revela inidónea a los fines pretendidos (art. 495, CPP).
Cierto es que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal; empero, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XII-2016; e.o.).
En el caso, la defensa no se hace cargo del contenido resolutorio que demuestra el abordaje que el tribunal intermedio efectuó sin reparo formal alguno del ceñido agravio llevado ante su sede; nada más expresa una particular interpretación sobre la realidad de lo acontecido y en ello asienta su postura sobre la falta de acreditación del dolo homicida, y de esa forma incurre en la insuficiencia de no refutar las determinaciones probatorias efectuadas en sentido contrario por el sentenciante, mediante alguna crítica seria y razonada que justifique su revisión extraordinaria.
La invocación de la garantía de presunción de inocencia carece de fundamentación autónoma por lo que ha perdido todo sustento, al igual que la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva que estaba supeditada al éxito no alcanzado del agravio antes desechado.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani , Negri y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia