Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130831
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Kogan, Genoud se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.831, "Paniagua, Ariel Maximiliano s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 73.572 y su acum. 73.579 del Tribunal de Casación Penal Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de noviembre de 2016, rechazó -con costas-, en lo que interesa, el recurso homónimo interpuesto por el defensor particular de Ariel Maximiliano Paniagua contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que condenó al nombrado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio criminis causa en concurso real con robo calificado por el empleo de arma de fuego (arts. 40, 41, 54, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, Cód. Penal; v. fs. 99/110).
La señora defensora oficial adjunta ante la mencionada instancia -doctora Ana Julia Biasotti-, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 176/202 vta.), el que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 212/217).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 229/233), dictada la providencia de autos (v. fs. 234) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. La señora defensora denuncia, en primer lugar, que la sentencia recurrida es arbitraria por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del Superior Tribunal federal, con afectación a la defensa en juicio -derecho a ser oído- y el debido proceso legal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1. y 8.2.h., CADH y 14.5, PIDCP).
Sostiene que los sentenciantes realizaron una revisión aparente de la sentencia de condena, que frustró el doble conforme respecto de los planteos llevados a su control, relativos a la acreditación de los hechos, la autoría responsable de Paniagua en los mismos y la calificación legal aplicada.
A su juicio, no existen elementos que permitan afirmar, con el grado de certeza indubitable que requiere una sentencia de condena, que su defendido haya participado en el hecho, ni que hubiera efectuado el disparo que le dio muerte a Pécora con su propia pistola Glock, ni que la muerte se haya realizado para lograr la impunidad del hecho de robo cuya conexión ideológica o ultrafinalidad se tuvo por probada (v. fs. 181).
Luego de transcribir lo resuelto por el tribunal intermedio, afirma que más allá de haber rechazado los agravios esgrimidos por considerarlos insuficientemente formulados, debió cumplir de todos modos su tarea revisora con mayor profundidad, aun respecto de los agravios tangenciales; sin embargo, se limitó a reproducir la sentencia de primera instancia.
Expresa que se desentendió de compulsar las pruebas producidas, y en particular, las distintas declaraciones brindadas por María Lorena Bruno (v. fs. 187 vta.), señalando circunstancias que favorecerían a su asistido, así como los testimonios de Caeiro, quien relató la huida de los imputados para luego escuchar un disparo como de arma de fuego (v. fs. cit. y 190), o el de Barrondo quien dio cuenta de la ubicación del impacto de bala, como tampoco la pericia balística (v. fs. cit. y vta.), entre otros elementos que cita.
Tilda de arbitraria la sentencia recurrida, al desentenderse de los agravios llevados a su conocimiento con apartamiento y prescindencia de las constancias de la causa, y hallarse fundada en afirmaciones dogmáticas.
Por lo dicho, considera que se ha infringido el derecho a ser oído -como derivación del derecho de defensa en juicio- y el debido proceso. Cita el precedente "Casal" de la Corte federal y reclama la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido (v. fs. 195 vta.).
I.2. En segundo término, denuncia la desnaturalización de la tarea revisora con afectación a las garantías del debido proceso, defensa en juicio y el principio in dubio pro reo (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h., CADH y 14, PIDCP; v. fs. 195 vta.).
Cuestiona el proceder adoptado por la Sala II del Tribunal de Casación con relación a la materialidad infraccionaria y la coautoría del imputado, por haber realizado, a su juicio, una errónea revisión de la sentencia de condena, mediante una exploración formal de las constancias de la causa, -convalidando con ese accionar- una decisión que no garantizó el doble conforme (v. fs. 196/198).
Reedita el análisis de las pruebas colectadas en autos y de diversas circunstancias que rodearon al suceso, de las que concluye avalarían la inocencia de su defendido (v. fs. 198, cit.).
I.3. En subsidio, denuncia la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, la inobservancia del art. 165 del mismo cuerpo legal y la arbitrariedad de la sentencia.
Sostiene que en el caso no se acreditó la finalidad de lograr la impunidad respecto del intento de robo. Cuestiona los elementos probatorios que se erigieron como premisas de esa conclusión, la declaración de la testigo presencial del hecho y el resultado de la autopsia y alega que un análisis de las constancias de la causa (en relación con la trayectoria del proyectil que ingresó por la espalda de la víctima y la hipótesis del accidente) sólo podría concluirse que el hecho ocurrió con motivo o en ocasión de un robo.
Con cita de un fallo de la Corte de Nación, solicita se califique el hecho en esos términos y se reenvíen las actuaciones al a quo a fin de que se dicte una nueva decisión.
II. Coincido con el dictamen del señor Procurador General: el recurso no prospera.
III. El Tribunal de Casación, al fiscalizar el fallo de la instancia a tenor de los agravios formulados por la parte, en cuanto a la materialidad ilícita y la participación de los imputados, juzgó que se encontraba sustentado en fundadas razones que no habían recibido crítica suficiente por parte de la defensa y convalidó la condena de Paniagua -entre otros elementos- a partir de la imputación formulada por la única testigo presencial del hecho -María L. Bruno, cónyuge de la víctima-, junto con otros que consideró constituían prueba suficiente de los extremos cuestionados: el acta de procedimiento de fs. 16 que documenta la existencia de los dos elementos vinculados con los acusados -un teléfono celular y una gorra-; lo declarado por Zaiwkoski y el informe de fs. 35 del que surge el análisis sobre el celular y se explican las comunicaciones realizadas previas y durante el hecho, con la respectiva identificación de los autores (v. fs. 101 vta./104 vta.).
En cuanto a la calificación legal, luego de transcribir el suceso que el a quo tuvo por acreditado y la prueba evaluada a tal fin (v. fs. 106/107 vta.), descartó que la muerte de Pécora fuera accidental, y expresó que surgía claramente que lo fue para asegurar y lograr la impunidad del robo "...pues cuando los sujetos tomaron conocimiento que éste tenía un arma de fuego en el domicilio decidieron darle muerte, trabándose cada uno de ellos en lucha con las respectivas víctimas, disparando finalmente uno de ellos sobre Pécora, quien fue herido mortalmente, previo requerir a su consorte la entrega de un arma de fuego (pues ya había sido desarmado por Bruno), para lograr de esa forma el apoderamiento emprendido y conseguir la fuga, logrando así la impunidad del delito anterior" (fs. 108).
Así concluyó que "...se probó que el accionar de los imputados se relacionaba con otro delito anterior (robo armado en la vivienda de Pécora y Bruno) y que, en lo que al aspecto subjetivo se refiere, se estableció la conexión entre el homicidio para asegurar el resultado del desapoderamiento y lograr su impunidad, toda vez que al disparar del modo y las condiciones que se hizo contra Pécora, se pone de relieve una conducta querida y dirigida a sabiendas contra la vida del damnificado (la orden de dar muerte impartida por Paniagua a su consorte, el empleo del medio letal -arma de fuego-, la reiteración de los disparos previos, la demanda efectuada por uno de los incusos a su compañero de un arma de fuego cuando una de las víctimas había logrado quitarle la propia, la efectiva entrega del arma solicitada y la dirección que tuvo el disparo mortal hacia una zona vital del cuerpo del occiso) lo cual, sumado al claro fin de lograr la impunidad que condujo este accionar, permite afirmar la existencia del dolo específico que requiere el tipo del art. 80 inc. 7 del Código sustantivo" (fs. 108 y vta.).
Analizando el contenido de lo reseñado se advierte que el órgano casatorio abordó los agravios planteados en oportunidad de interponer el recurso de casación, y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte -ni la recurrente ha logrado evidenciar- la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita (art. 495, CPP).
La afirmación de la defensa en torno a que, en dicho escrutinio, la Casación se limitó a responder mediante afirmaciones que no se condicen con las constancias de la causa, considerando además el tránsito por esa instancia como "aparente", resulta huérfana de todo sustento argumental, y, por tanto, indemostrada.
En rigor, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis -que fueran aquí transcriptas- para arribar a la confirmación del fallo, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal", en tanto incluyó -además de la mención de los presupuestos valorados por el sentenciante para arribar a la sentencia condenatoria- un juicio crítico de esas constancias.
La parte no ha reparado en lo resuelto por el juzgador, oponiendo -en cambio- un criterio discrepante, circunstancia esta que constituye un mecanismo ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
El segundo planteo traído por la defensa, mediante el cual denuncia desnaturalización de la tarea revisora con afectación a las garantías constitucionales y errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidos a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido- y de los elementos de convicción tenidos en cuenta y por ello, escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Por otra parte, tampoco prospera la pretendida aplicación al caso del principio in dubio pro reo , en tanto si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad de los acusados por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio in dubio pro reo , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el juzgador y confirmado con expresa ponderación de las diversas constancias de la causa por el tribunal revisor- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva. Nada de ello la recurrente ha logrado demostrar en el caso (art. 495, cit.).
IV. El último agravio de la recurrente no corre mejor suerte, ya que los argumentos esbozados, si bien se anuncian como dirigidos a evidenciar el error en la aplicación de la norma de fondo, suponen una confrontación con la valoración probatoria tenida en vista en las instancias previas, y ello no resulta materia asequible al acotado ámbito de conocimiento de esta Corte por la vía de inaplicabilidad deducida.
Y si bien una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar a una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal, salvo los casos de absurdo y arbitrariedad -claramente alegados y demostrados- no le corresponde a la Suprema Corte revisar los supuestos errores de hecho alegados por la defensa (causa P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en sentido similar: causas P. 70.932, sent. de 12-XII-2007; P. 91.434, sent. de 1-X-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 104.426, sent. de 22-IV-2009; e.o.).
En el caso, la defensa ha señalado su opinión diversa y sugerido interpretaciones alternativas de la prueba, pero no ha demostrado con ese proceder la concurrencia del vicio que le atribuye a la sentencia ni ha rebatido las concretas respuestas brindadas por el a quo a similares agravios a los aquí traídos (art. 495, CPP).
Voto, pues, por la negativa.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia