Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131187
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.187, "Leguiza, Pablo Gastón y otros s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 36.134 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás".
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de febrero de 2018, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 de Zárate Campana que condenó a los encartados como coautores penalmente responsables del delito de coacciones agravadas por el uso de armas, imponiendo a Pablo Gastón Leguiza, Alejandro David Leguiza y Carlos Ezequiel Leguiza la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas; a Diego Fernando Leguiza la de cuatro años y once meses de prisión, accesorias legales y costas; a Rodolfo Hernán Gallardo y Roberto Aníbal Gasparotti la de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas; a Juan Armando Brondino la pena de cuatro años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas; a Ernesto David Pérez y Emilio Darío Retamar la de cuatro años y once meses de prisión, accesorias legales y costas; a Aníbal Ismael Soto la de cuatro años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas; a Ramón Ignacio Leyva la de cuatro años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas; a Ricardo Ariel Jaime, José Gastón Vergara y Mauro Gabriel Bello la de cuatro años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas; y a José Ángel Jaime, Lucas Adrián Gamarra, Carlos Damián Lescano, Luis Miguel Vivas, José Luis Olevera, Marcelo Darío Del Valle, Abel Antonio Ancherma, Oscar Augusto Maldonado, Osmar Adrián Castellano, Isaías Lucas Roberto, Cesar Emilio Benítez, Carlos Alberto Solís, Matías Ezequiel Castex y Elías Ezequiel Carrizo a la pena de tres años y diez meses de prisión a cada uno, accesorias legales y costas. Asimismo, se los declaró reincidentes por primera vez a Aníbal Ismael Soto, a Diego Fernando Leguiza, a Ernesto David Pérez y a Emilio Darío Retamar (v. fs. 192/207).
El señor defensor oficial dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 208/216). La última de estas vías impugnativas fue concedida por el órgano inferior merced a la resolución de fs. 338/341 vta.
Frente a la denegatoria del carril previsto en el art. 491 del Código Procesal Penal, la defensa de los encausados presentó queja en los términos del art. 486 bis del ritual (v. fs. 519/522), la que admitida por este Supremo Tribunal concedió -en consecuencia- el remedio extraordinario de nulidad articulado (v. fs. 526/528).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 532/542 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 544) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Contra la sentencia reseñada en los antecedentes, el señor defensor oficial articuló recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 208/209 vta.), por el que denunció la "Falta de tratamiento y respuesta al planteo de omisión de valoración de atenuantes de las penas impuestas" (fs. 208 vta., el destacado figura en el original).
Recordó que, en la apelación impetrada, el señor defensor oficial interviniente alegó la omisión de manera arbitraria de la valoración de dos circunstancias atenuantes consistentes en la carencia de antecedentes penales de muchos de los enjuiciados, como así también el correcto comportamiento procesal que los mismos -salvo Emilio Retamar- tuvieron durante la sustanciación del proceso.
Con relación a la primera pauta, entendió que debía computarse como atenuante la falta de antecedentes penales de los imputados Pablo Gastón Leguiza, Alejandro David Leguiza, Carlos Ezequiel Leguiza, Rodolfo Hernán Gallardo, Roberto Aníbal Gasparotti, Juan Armando Brondino, Ramón Ignacio Leyva, José Ángel Jaime, Lucas Adrián Gamarra, Carlos Damián Lescano, Luis Miguel Vivas, José Luis Olevera, Marcelo Darío del Valle, Abel Antonio Ancherma, Oscar Augusto Maldonado, Osmar Adrián Castellano, Isaías Lucas Roberto, César Emilio Benítez, Carlos Alberto Solís, Matías Ezequiel Castex y Elías Ezequiel Carrizo. Ello, pues en orden a Diego Fernando Leguiza, Aníbal Ismael Soto, Ernesto David Pérez, Emilio Retamar, Ricardo Ariel Jaime, Gastón José Vergara y Mauro Gabriel Bello se computó como agravante la circunstancia de registrar antecedentes condenatorios (v. fs. 208 vta. y 209).
En el mismo sentido, entendió que debía valorarse en calidad de atenuante el buen comportamiento procesal tenido durante todo el proceso de los enjuiciados Pablo Gastón Leguiza, Alejandro David Leguiza, Carlos Ezequiel Leguiza, Rodolfo Hernán Gallardo, Roberto Aníbal Gasparotti, Juan Armando Brondino, Ramón Ignacio Leyva, Aníbal Ismael Soto, Ernesto David Pérez, Ricardo Ariel Jaime, Gastón José Vergara, Mauro Gabriel Bello, José Ángel Jaime, Lucas Adrián Gamarra, Carlos Damián Lescano, Luis Miguel Vivas, José Luis Olevera, Marcelo Darío del Valle, Abel Antonio Ancherma, Oscar Augusto Maldonado, Osmar Adrián Castellano, Isaías Lucas Roberto, César Emilio Benítez, Carlos Alberto Solís, Matías Ezequiel Castex y Elías Ezequiel Carrizo. Justificó lo expuesto a partir de que al imputado Emilio Retamar se le computó como pauta aumentativa de la sanción el incorrecto comportamiento asumido durante el proceso (v. fs. 209).
Expuso que, sin perjuicio de haberse planteado clara y concretamente estas cuestiones, tal como surgía de la transcripción realizada del recurso de apelación, la Excelentísima Cámara no dio tratamiento ni respuesta a los agravios esgrimidos. De ahí que la omisión en la que se incurrió al no abordarse este específico reclamo "...constituye una violación del art. 168, primer párrafo, de la Constitución Provincial" (fs. 209 vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 533 y vta.) en cuanto debe hacerse lugar al remedio intentado.
III. En efecto, la defensa en el respectivo recurso de apelación, planteó -en lo que aquí es de interés- la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal por haberse omitido arbitrariamente la valoración de circunstancias atenuantes.
En particular, señaló que si para los imputados Diego Fernando Leguiza, Aníbal Ismael Soto, Ernesto David Pérez, Emilio Retamar, Ricardo Ariel Jaime, Gastón José Vergara y Mauro Gabriel Bello se valoró como agravante el hecho de registrar antecedentes condenatorios, como contrapartida para los restantes encausados debía computarse la ausencia de los mismos (v. fs. 40 vta. y 41).
En el mismo sentido, explicó que si para Emilio Retamar se tuvo en cuenta para aumentar la sanción "...el incorrecto comportamiento asumido durante el proceso, por haberse profugado tratando de obstaculizar el trámite del mismo" (fs. 41), con relación a todos los demás imputados debía valorarse el buen comportamiento asumido a lo largo del trámite procesal "...permaneciendo a derecho durante el mismo y permitiendo el normal desarrollo del debate oral y público" (fs. cit.).
Aún más, tal pretensión fue efectivamente reseñada en el relato de antecedentes por el órgano intermedio a fs. 194 vta., último párrafo.
Sin embargo, el tribunal revisor abordó los restantes reclamos vinculados a la violación de las reglas de la sana crítica en lo que hacía a la materialidad del hecho, su encuadre típico y la participación de los imputados en el mismo; la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal en lo atinente a la exclusión como agravantes de la extrema violencia, de la circunstancia de haber sido considerados organizadores del evento delictivo los procesados Rodolfo Hernán Gallardo y Roberto Aníbal Gasparotti y la de haberse computado los antecedentes condenatorios que registraban Diego Fernando Leguiza, Aníbal Ismael Soto, Ernesto David Pérez y Emilio Retamar en tanto fueron tenidos en cuenta -también- para la declaración de reincidencia.
Asimismo, analizó los planteos relativos a la falta de tratamiento de la posible aplicación de una pena de ejecución condicional y -por último- la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia (arts. 50, Cód. Penal) aplicado a los encausados Diego Fernando Leguiza, Aníbal Ismael Soto, Ernesto David Pérez y Emiliano Retamar (v. fs. 195/205 vta.).
Empero, en ninguno de los pasajes que conforman la sentencia impugnada, se dio concreta respuesta al agravio que aludía a la arbitraria manera de valorar las pautas atenuantes de la pena, referidas a la carencia de antecedentes penales de varios de los imputados y al buen comportamiento que muchos de ellos presentaron a lo largo del proceso.
De tal modo el a quo incurrió en transgresión del art. 168 de la carta magna local al omitir el tratamiento de dicha cuestión, en la medida en que el reclamo, de haber progresado, podría haber incidido en el monto de la pena finalmente impuesta (art. 168, Const. prov.; conf. causa P. 122.722, sent. de 25-IV-2018).
Además, el recurrente consiguió demostrar su carácter esencial (conf. causa P. 76.228, sent. de 4-VI-2008), pues a "...los fines del recurso extraordinario de nulidad, resultan esenciales las cuestiones o tópicos propuestos que puedan objetivamente incidir en la solución del litigio, y que omitidos, conllevan a la nulidad del fallo" (conf. causa P. 116.841, resol. de 11-VI-2014).
En tal sentido, esta Corte tiene dicho que "Corresponde anular el fallo que omitió considerar la cuestión relativa a las circunstancias atenuantes y agravantes pues su tratamiento por el a quo resultaba esencial en los términos del art. 168 de la Constitución vigente" (conf. causa P. 56.246, sent. de 20-VIII-1996) y que "Una circunstancia atenuante oportunamente planteada constituye una cuestión pertinente cuyo examen -de resultar exitoso- puede llevar a una disminución de la pena, por lo que la omisión de su tratamiento conlleva la nulidad parcial de la sentencia en lo relativo a la valoración de las circunstancias atenuantes y agravantes" (conf. causa P. 52.189, sent. de 14-V-1996).
Además, cabe recordar que el art. 168 de la Constitución provincial exige que los tribunales de justicia resuelvan todas las cuestiones que les fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales.
Conforme lo expuesto, corresponde declarar la nulidad parcial de la sentencia obrante a fs. 192/207 y devolver los autos a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás para que dé una respuesta al planteo vinculado a la arbitraria valoración de las pautas atenuantes de la sanción referidas a la carencia de antecedentes penales (en orden a los imputados Pablo Gastón Leguiza, Alejandro David Leguiza, Carlos Ezequiel Leguiza, Rodolfo Hernán Gallardo, Roberto Aníbal Gasparotti, Juan Armando Brondino, Ramón Ignacio Leyva, José Ángel Jaime, Lucas Adrián Gamarra, Carlos Damián Lescano, Luis Miguel Vivas, José Luis Olevera, Marcelo Darío del Valle, Abel Antonio Ancherma, Oscar Augusto Maldonado, Osmar Adrián Castellano, Isaías Lucas Roberto, César Emilio Benítez, Carlos Alberto Solís, Matías Ezequiel Castex y Elías Ezequiel Carrizo) y al buen comportamiento que presentaron a lo largo del proceso los encausados Pablo Gastón Leguiza, Alejandro David Leguiza, Carlos Ezequiel Leguiza, Rodolfo Hernán Gallardo, Roberto Aníbal Gasparotti, Juan Armando Brondino, Ramón Ignacio Leyva, Aníbal Ismael Soto, Ernesto David Pérez, Ricardo Ariel Jaime, Gastón José Vergara, Mauro Gabriel Bello, José Ángel Jaime, Lucas Adrián Gamarra, Carlos Damián Lescano, Luis Miguel Vivas, José Luis Olevera, Marcelo Darío del Valle, Abel Antonio Ancherma, Oscar Augusto Maldonado, Osmar Adrián Castellano, Isaías Lucas Roberto, César Emilio Benítez, Carlos Alberto Solís, Matías Ezequiel Castex y Elías Ezequiel Carrizo (arts. 492 y concs., CPP y 168, Const. prov.).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 209 vta./216) por el que formuló cinco motivos de agravio.
I.1. Por el primero, alegó la violación a la doctrina del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues a su entender se incumplió la doctrina emanada de ambos fallos que impone a los Tribunales de Alzada garantizar una revisión integral y lo más amplia posible de la sentencia condenatoria, mediante la máxima capacidad de rendimiento.
Puntualmente, afirmó que resulta improcedente argumentar como lo hace la Cámara "...que '[...] no acreditado un arbitrario y absurdo razonamiento no puede menos el suscripto que remitirse de parte totalmente a él...' " (fs. cit., el destacado figura en el original).
De ahí que solicitó se anule la sentencia en crisis y se disponga que la causa sea nuevamente fallada conforme a los estándares de la doctrina citada.
I.2. Por el segundo, denunció la falta de fundamentación de la aplicación de penas de ejecución condicional (v. fs. 211 vta.).
Sostuvo que el Tribunal de Alzada no abordó correctamente este planteo, sobre todo en lo que hace a la obligación que tienen los jueces de fundamentar por qué motivo no se aplica una pena de ejecución condicional cuando ello es legalmente procedente. Trajo a colación el precedente "Squilario" de la Corte federal.
Indicó que tal deber de fundamentación se encuentra ausente en el caso, por lo que requirió se dejen sin efecto las sanciones impuestas y se disponga que -por medio de jueces hábiles- se fundamente la no aplicación de penas de ejecución condicional (v. fs. 212).
I.3. Por el tercero, tachó de arbitraria la sentencia impugnada por falta de fundamentación en la determinación judicial de la pena (v. fs. cit.).
Indicó que la primera "...inconsistencia aparece entre los enjuiciados Pablo Gastón Leguiza, Alejandro David Leguiza y Carlos Ezequiel Leguiza, quienes han sido condenados a la pena de 4 años y 8 meses de prisión, accesorias legales y costas, respecto de quienes en la sentencia se valoran como agravantes '[...]la extrema violencia ejercida para perpetrar el hecho; la pluralidad de intervinientes y superioridad numérica aprovechada por los encartados que ubicaron a las víctimas de autos en una situación de extrema indefensión, y la circunstancia de haber sido identificados los nombrados como los cabecillas del grupo agresor[...]' , [...] ; y entre los enjuiciados Rodolfo Hernán Gallardo y Roberto Aníbal Gasparotti, quienes han sido condenados a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas, respecto de los cuales se valoró como agravantes '...la extrema violencia ejercida para perpetrar el hecho, la pluralidad de intervinientes y superioridad numérica aprovechada por los encartados que ubicaron a las víctimas de autos en una situación de extrema indefensión, y la circunstancia de haber sido identificados como los organizadores del evento delictivo...' [...]" (fs. cit., el destacado figura en el original).
Aclaró que respecto de todos los nombrados, la fiscalía planteó tres agravantes y solicitó una pena de cinco años de prisión, pero a pesar de que la sentencia computó todas las agravantes, a tres de los procesados les aplicó la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que a otros dos procesados le impuso la de cuatro años y seis meses de prisión.
Consideró así que se presentaba la primera arbitrariedad en la que incurría la sentencia al individualizar la pena.
Agregó que a Juan Armando Brondino, se le impuso una pena de cuatro años y seis meses, a pesar de que se le computó una agravante menos que a Rodolfo Hernán Gallardo y a Roberto Aníbal Gasparotti, pero sin embargo se le impuso el mismo monto de pena, lo cual según interpretó no era razonable (v. fs. 212 vta.).
A lo expuesto, sumó que los enjuiciados José Ángel Jaime, Lucas Adrián Gamarra, Carlos Damián Lescano, Luis Miguel Vivas, José Luis Olevera, Marcelo Darío del Valle, Abel Antonio Ancherma, Oscar Augusto Maldonado, Osmar Adrián Castellano, Isaías Lucas Roberto, César Emilio Benítez, Carlos Alberto Solís, Matías Ezequiel Castex y Elías Ezequiel Carrizo, se encontraban en la misma situación que Brondino, pero a éstos se les impuso una pena seis meses menor que al primero (v. fs. cit.).
Hizo notar que al ya mencionado Brondino se le computaron las mismas dos agravantes que a los nombrados en segundo término, pero mientras a aquel se le aplicó la pena de cuatro años y seis meses de prisión, a estos últimos se les impuso la pena de tres años y diez meses de prisión, sin que la diferencia existente en el monto de la pena encontrara justificación razonable.
Concluyó que en lo relativo al proceso de determinación judicial de la pena, la sentencia en crisis avaló la absurda valoración de la prueba con violación a las reglas de la sana crítica racional (arts. 106, 210 y 373, CPP), tratándose de una sentencia arbitraria, en franca violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, que vulneró las garantías del debido proceso, defensa en juicio, el principio republicano de gobierno y el de razonabilidad, incurriendo en una aplicación incorrecta de los arts. 40 y 41 del Código Penal, lo que implicó una violación al principio de culpabilidad, de raigambre constitucional (v. fs. 212 vta. y 213).
I.4. En cuarto término, planteó la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal por haberse valorado erróneamente circunstancias agravantes.
Por un lado, consideró que debía excluirse la agravante consistente en la extrema violencia ejercida para perpetrar el hecho, que resultaba común a todos los enjuiciados, toda vez que se violó el principio de prohibición de doble valoración. Ello bajo el fundamento de que el encuadre legal de coacción agravada por el uso de armas se basa en el mayor poder intimidante que tiene el empleo del arma, la mayor violencia que se despliega en la comisión del hecho y el mayor peligro real que ello supone para el sujeto pasivo. Por esa razón le estaba vedado a la jueza valorarla nuevamente como agravante de la pena al momento de realizar la individualización de las mismas.
Adujo que la agravante consistente en haber sido identificados como los cabecillas del grupo agresor que se computó respecto de los enjuiciados Pablo Gastón Leguiza, Alejandro David Leguiza, Carlos Ezequiel Leguiza y Diego Fernando Leguiza también debía ser excluida por vulnerar el principio de prohibición de doble valoración, el derecho a la propiedad y el principio de cosa juzgada material, dado que se fundó en un hecho por los cuales los nombrados fueron sobreseídos en la etapa intermedia de este mismo proceso penal. Refirió que "...la primer[a] circunstancia que valora la sentenciante para sostener que los nombrados Leguiza eran cabecillas del grupo agresor consiste en que 'referían a viva voz, que los iban a matar a todos si no abandonaban la sede'. Ello no es otra cosa que la acción descripta por el tipo penal de la coacción, que hace al encuadre jurídico penal del hecho juzgado, razón por la cual [...], no puede ser vuelta a valorar para agravar la pena, puesto que de ser así violaría el principio d
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