Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131905
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto ante la instancia casatoria en favor de Juan Pablo Panizza y de Carlos Dario Montoya, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.905, "Montoya, Carlos Dario y Panizza, Juan Pablo s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 83.923 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de marzo de 2018, rechazó -en lo que importa destacar- el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, que -en lo que también importa destacar-, condenó a Juan Pablo Panizza a la pena única de catorce años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, impuesta en la presente causa, por resultar coautor responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego reiterado -dos hechos; víctimas Natalia Soledad y Bruno David González y Matías N. Acevedo y Juliana E. Ortíz- y robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa -víctima Renzo Benjamín Osorio-, todos en concurso material entre sí (arts. 40, 41, 42, 45, 55 y 166 inc. 2 segundo párrafo, Cód. Penal), y de la de dos años de prisión de ejecución condicional -la cual se revoca-, y costas, aplicada en causa n° 8642/12 por el Juzgado de Garantías n° 3 departamental por resultar autor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil; y a Carlos Dario Montoya a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego -víctimas Matías N. Acevedo y Juliana E. Ortíz-, robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa -víctima Renzo Benjamín Osorio- y resistencia a la autoridad en concurso ideal con abuso de arma criminis causae , este último en calidad de autor y todos ellos en concurso material entre sí (arts. 40, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 105 en función del 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo párrafo y 239, Cód. Penal; v. fs. 143/159 vta. con relación a fs. 18/52).
El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de ambos imputados (v. fs. 167/176 vta.), el cual fue admitido por la citada Sala (v. fs. 192/193).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 208/210), dictada la providencia de autos (v. fs. 211) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor adjunto ante el tribunal intermedio denuncia que hubo sólo una revisión aparente de la sentencia de condena en lo relativo a la determinación del monto de pena, en violación a los arts. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y una interpretación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y 106 y 210 del Código Procesal Penal violatoria de la doctrina legal de esta Corte (v. fs. 168/169).
Refiere que ante la instancia intermedia cuestionó las pautas agravantes ponderadas en la sentencia de mérito, y solicitó que se reputara como atenuante la circunstancia de que ninguna de las víctimas hubiera sufrido lesiones físicas, lo que debía finalmente reflejarse en la imposición del mínimo de pena correspondiente a la escala penal para ambos imputados. Aduce que frente a ello el tribunal revisor realizó un estudio "superficial y aparente", mediante la simple homologación de las pautas de mensura aplicadas, sin brindar una respuesta acabada a los argumentos esbozados por esa defensa.
En sustento de su postura cita los estándares establecidos en el precedente "Ruiz" de este Tribunal, y en los fallos "Miara", "Squilario" y "Casal" de la Corte federal (v. fs. 169 vta./173 vta.).
Puntualmente, señala que los cuestionamientos realizados en torno a las agravantes "nocturnidad", "pluralidad delictiva" y las "condenas anteriores"; como también la solicitud de incorporar una atenuante, tuvieron una respuesta dogmática que no abastece el estándar que emerge del último de los fallos mencionados que torna al pronunciamiento en arbitrario y apartado de las constancias de la causa (v. fs. 170 vta./172).
II. Habré de acompañar lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 208/210), pues considero que el recurso debe ser rechazado.
III.1. En la sentencia de mérito no se ponderaron atenuantes en favor de los encartados Panizza y Montoya; por otra parte, en la misma cuestión quinta se descartó el pedido de la defensa de valorar como tal la circunstancia de que "...ninguna de las victimas haya sufrido lesiones físicas", ello en tanto a juicio de los magistrados de origen "...la amenaza armada, por sí sola, constituye uno de los mecanismos comisivos previstos por las figuras en trato", y que "...de haber existido efectiva violencia física, eventualmente, esa circunstancia debería ser parte del encuadre jurídico, lo que demuestra la inconsistencia de computar su falta como diminuente de la pena, máxime que las víctimas ninguna resistencia opusieron a los ilícitos designios del grupo activo" (fs. 39 y vta., sent. de condena).
En el mismo pronunciamiento se ponderaron como pautas aumentativas de la pena a la "nocturnidad", la "pluralidad autoral" y "los antecedentes condenatorios" con relación a Panizza y Montoya (v. fs. 40 y vta.).
III.2. En el recurso de casación -en lo que importa para el caso-, la defensa de los nombrados había denunciado la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y, puntualmente, criticó la valoración de las aumentativas arriba mencionadas. En último término afirmó que descartadas éstas, como según su criterio debían serlo, correspondía imponer a sus asistidos "...el mínimo de la especie; debiendo computarse, además, como circunstancia diminuente de la pena, la inexistencia de violencia o lesiones físicas de las víctimas" (fs. 68 vta./73 vta.).
III.3. Frente a ello, el tribunal intermedio decidió mantener dichas pautas. Validó la "pluralidad de intervinientes", pues "...no es lo mismo enfrentarse a uno que a varios" atacantes; también la "nocturnidad", debido a que "...los autores buscaron deliberadamente consumar los hechos al amparo de la noche como pauta facilitadora de la comisión de los hechos, y por consiguiente una mayor posibilidad de éxito en la empresa delictiva"; y, finalmente, los "antecedentes condenatorios" que registraban Montoya y Panizza en tanto "...la circunstancia de volver a delinquir, luego de recibir una condena, traduce una contumacia significativa de mayor culpabilidad que, como tal, resulta útil a los fines de la mensura de la pena" (fs. 157 y vta.).
Seguidamente, consideró justas las penas impuestas en función de las escalas aplicables, con fundamento en las circunstancias mensuradas en el veredicto, y todo cuanto resulta de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Finalmente, estimó que los recursos exhibían una insuficiencia al no haber demostrado que las referidas condenas resultasen contrarias a las disposiciones que se alegaron como vulneradas, y que "...la medida de las penas no es un cálculo aritmético de sumas y restas"; concluyendo en que se trató de una mera discrepancia que "...no implica ni significa violación legal alguna que pueda provocar el control en es[a] Sede..." (fs. 157 vta. y 158).
III.4. No se observa en la decisión atacada la revisión aparente del fallo en lo relativo a la dosificación de la sanción penal (conf. arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), ni tampoco demuestra el recurrente el vicio de arbitrariedad que invoca; en tanto el a quo, luego de confirmar expresamente las agravantes ponderadas en la instancia de origen como el quantum punitivo aplicado -en función de las escalas penales aplicables y con fundamento en las circunstancias mensuradas en el veredicto (conf. arts. 40 y 41, Cód. Penal)-, consideró que la crítica formulada por la defensa de Panizza y Montoya se erigió en una "diferente opinión", que no implicó violación legal alguna, dando un amplio tratamiento a los agravios de la parte.
Cabe agregar que, en concordancia, tiene dicho esta Corte que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; e.o.); y que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes -en el caso no se ponderaron- y agravantes computadas (nocturnidad, pluralidad autoral y los antecedentes condenatorios) no implica ni significa violación legal alguna (causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 64.969, sent. de 12-III-2003; P. 73.338, sent. de 25-VI-2003; e.o.). De modo que desde ese andarivel la queja se devela impróspera para conmover lo fallado.
Por otro lado, el recurrente intenta demostrar el equívoco trayendo en sustento de su postura el precedente de esta Corte P. 83.260, "Ruiz", y los fallos "Miara" y "Squilario" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, empero, incurre en la deficiente técnica de transcribir parcelas de dichos pronunciamientos sin relacionarlos -más allá de alguna escueta reflexión- con las particulares circunstancias de esta causa de manera de demostrar por qué resultarían parangonables. Dicho déficit sella la suerte del planteo (art. 495, CPP).
Por último, concuerdo con el señor Procurador General en cuanto a que el no tratamiento por parte del a quo de la queja referida a la no ponderación como atenuante de la inexistencia de lesiones o violencia física respecto de las víctimas, tal y como fue llevado ante esa instancia (v. reseña acápite III.2.), se hallaba supeditado al éxito del planteo principal relativo a la exclusión de las agravantes computadas, lo que no ocurrió en el caso en tanto fueron confirmadas ya que tendía a justificar la imposición del mínimo de la escala penal; con lo cual tampoco se advierte en esta parcela del recurso el vicio que alega o la aparente revisión que pretende endilgarle al fallo recurrido (doctr. art. 495, CPP).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Negri , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto ante la instancia casatoria en favor de Juan Pablo Panizza y de Carlos Dario Montoya, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia