Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129720
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.720, "Concha, Matías Alfredo y Molina, Ángel Jesús s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 71.619 y su acumulada n° 71.621 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de agosto de 2016, rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Matías Alfredo Concha e hizo lugar parcialmente al deducido en beneficio de Ángel Jesús Molina, ambos articulados contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul que los había condenado a la pena de doce y veinte años de prisión, accesorias legales y costas, respectivamente, por resultar coautores responsables del delito de homicidio simple. En consecuencia, casó el fallo respecto del acusado Molina, eliminó la pauta agravante basada en la conducta observada por el nombrado "...en el tramo final del homicidio de Maciel, aplicando puñaladas con su cuchillo sobre la espalda del cuerpo inerte [...] de la víctima", y redujo la pena a diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 385/417, con rel. a fs. 212/298 vta., legajo casatorio n° 71.619).
Contra ello, la señora defensora oficial adjunta ante la instancia intermedia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Ángel Jesús Molina (v. fs. 438/447). Lo propio hizo el señor defensor adjunto ante la citada instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, con relación a Matías Alfredo Concha (v. fs. 453/472).
La citada sala admitió ambos recursos, aunque en forma parcial el incoado respecto de Molina (v. fs. 473/482). Presentada la queja pertinente (v. fs. 225/229, causa P. 129.608-RQ), esta Corte le hizo lugar, concediendo la impugnación también por la parcela declarada inadmisible (v. fs. 233/237).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 501/509), dictada la providencia de autos (v. fs. 510) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto respecto de Ángel Jesús Molina?
2ª) ¿Lo es el presentado en favor de Matías Alfredo Concha?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
La defensa del imputado Ángel Jesús Molina formuló los agravios que siguen contra la sentencia de casación que convalidó el pronunciamiento de condena originario con el alcance señalado en la reseña de antecedentes.
I. En primer lugar, denunció la errónea aplicación del art. 79 y la inobservancia del art. 95, ambos del Código Penal, por entender que, contrariamente a lo razonado por el revisor, en el caso concurren los parámetros necesarios para tener por configurado el tipo delictivo del homicidio en riña, cuyas notas características precisó con cita de autor (v. fs. 440/441).
Sostuvo que la circunstancia de hallarse probada "...la existencia de una gresca de carácter súbito y con plurales intervinientes de uno y otro bando, como así la violencia desatada mediante el empleo de golpes de puño, patadas, cintazos y armas blancas"; como "...que las heridas causadas por el uso de estas últimas [...] provocaron el deceso de la víctima", no alcanza para aseverar que, a fin que "...la figura del art. 95 de paso a la del homicidio en los términos del art. 79 del C.P., se encuentre determinado que el autor de la muerte haya sido [su] asistido -que portaba uno de los cuchillos-, pues [...] la pluralidad de sujetos que acometieron a Maciel y [...] la diversidad de heridas constatadas, admite como variable la autoría en cabeza de un tercero" (fs. 441).
Luego, con cita de los arts. 18 de la Constitución nacional; 15 de su símil provincial; 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, afirmó que el tribunal intermedio incurrió en la violación del debido proceso y la doble instancia, al asumir competencia positiva con motivo de haber excluido una pauta agravante, fijando la pena en diecinueve años de prisión, sin reenvío a la instancia de origen (v. fs. 441/442 vta.).
Expresó que de esa manera la defensa no pudo discutir la cuantía determinada, especialmente ante la perspectiva de considerar circunstancias atenuantes sobrevinientes con eventual repercusión en el proceso de mensura punitiva. Solicitó que se case la sentencia y las actuaciones sean remitidas al tribunal de mérito para que, debidamente integrado, y con un debate amplio de la cuestión, establezca la pena que corresponda a su asistido (v. fs. 442 vta.).
En forma subsidiaria, denunció conculcado el derecho del condenado a ser oído, por no haberse realizado la audiencia de visu prevista por el art. 41 inc. 2 del Código Penal; invocó lo dicho por la Corte federal en los fallos "Pin" y "Maldonado", y por este Tribunal en las causas P. 73.366 y P. 85.467, no obstante admitir la disimilitud de las situaciones allí verificadas con la examinada en estos autos (v. fs. 443 vta.).
Por último, adujo que la decisión del órgano casatorio de rechazar el planteo llevado en el memorial presentado ante esa sede -referido a la violación del principio de culpabilidad que derivaría del cómputo de la condena anterior de Molina como agravante de la pena-, afecta "...la utilidad de la defensa en juicio en el contexto de la obligación a la revisión amplia y con esfuerzo del fallo condenatorio" (arts. 18, Const. nac.; 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; fs. 444).
Apoyándose en los fallos "Casal", "Martínez Caballero" y "González Arroyo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las causas P. 92.143 y P. 117.659 de este Tribunal, argumentó que ese proceder importó desconsiderar la reforma introducida en el cuarto párrafo del art. 451 del Código Procesal Penal, en desmedro del derecho al recurso y del servicio de la defensa pública estatal. Pidió que se dicte un nuevo fallo que trate el agravio declarado extemporáneo (v. fs. 444 vta./446 vta.).
II. Las instancias anteriores consideraron acreditado que "...el día 3 de marzo de 2013, poco antes de las 06:30 horas en las inmediaciones del local bailable 'Sol Disco' ubicado en el Pasaje Murature y Av. Del Valle de la ciudad de Tandil, dos sujetos de sexo masculino que pertenecían a un grupo de al menos siete integrantes provocaron de manera verbal y física a otro grupo de cuatro personas que salían de bailar de la disco mencionada, compuesto por el cuñado de la víctima Esteban Ismael López, quien fue el destinatario inicial de la provocación, el padre de la víctima Mario Eugenio Maciel, Julio César Arocha y finalmente quien resultara muerto Mario Eugenio Matías Maciel. Que rápidamente se sumaron a las dos personas que iniciaron la provocación los restantes integrantes del grupo incitador, todas conocidas entre sí y comenzaron a aplicarles golpes de puños y puntapiés a los Maciel -padre e hijo- formándose dos grupos de atacantes que actuaban contra cada uno de los mencionados que solo atinaban a defenderse, mientras López se dirigió al interior del vehículo que se encontraba estacionado para evitar su participación frente a la superioridad numérica de agresores y otro tanto hizo Arocha que se perdió entre la gente.
Que cuando estas personas se encontraban arremetiendo a los Maciel, un sujeto de sexo masculino mayor de edad (el coimputado Concha) que estaba con el grupo que golpeaba a Maciel hijo [...] que solo atinaba a cubrirse de los golpes, extrajo de entre sus ropas un cuchillo con cabo de madera color marrón y hoja sin marca visible de más de 14 cm. de largo, con vaina de cuero color marrón que poseía el número 16, y con la intención de quitarle la vida al nombrado Mario Eugenio Matías Maciel le aplicó al menos dos puñaladas que le produjeron una herida punzo cortante de tres centímetros de longitud en cara latero posterior de hemitórax izquierdo en línea axila posterior y a diez centímetros por debajo de la axila izquierda, siendo penetrante en tórax, y otra herida cortante de cuatro centímetros de largo en capas superficiales de piel en cara externa del brazo izquierdo, en su tercio medio, ocasionando con su conducta que Maciel diera unos pocos pasos más y luego cayera al piso herido; mientras que esto ocurría, y aún de pie la víctima que solo se cubría el rostro y la cabeza con ambos brazos, otros cuatro sujetos de sexo masculino comenzaron a aplicarle golpes de puño y puntapiés en distintas partes del cuerpo mientras que uno de ellos (el coimputado Ángel Jesús Molina), una vez caído en el piso Maciel, gravemente herido y sin reacción alguna, mientras los demás seguían aplicándole puntapiés, también con un cuchillo que portaba en una de sus manos y con la intención de quitarle la vida le aplicó al menos dos cuchilladas con aptitud para causarle la muerte en la parte posterior del hemitórax izquierdo, una de ellas le ocasionó una herida punzo cortante de tres centímetros y medio de longitud de bordes separados y regulares con ángulos agudos, localizada en la espalda en región supraescapular izquierda en dirección oblicua respecto del eje mayor del cuerpo, penetrante en tórax, y la otra le produjo una herida punzo cortante similar en la espalda en la zona del hemitórax izquierdo, de tres centímetros de longitud en dirección oblicua respecto del eje mayor del cuerpo, además de otra herida punzo cortante localizada en la espalda en zona de hemitórax izquierdo próxima a la línea vertebral media y por debajo de la anterior, heridas, menos este última, todas perforantes de pulmón izquierdo de su cara posterolateral y vasos intercostales; como así también una de ellas perforante de hemidiafragma izquierdo con penetración en cavidad abdominal, las que junto a la primera arriba mencionada provocaron hemorragia aguda severa y shock hipovolémico con paro cardiorespiratorio que produjeron la muerte de Mario Eugenio Matías Maciel" (fs. 213/214, del pronunc. orig.).
El Tribunal de Casación examinó y desestimó las objeciones formuladas por la defensa de Molina a la valoración de la prueba, convalidando la reconstrucción histórica de lo sucedido y su coautoría responsable según quedaron establecidas en la condena originaria, por no advertir en tales conclusiones la existencia de arbitrariedad ni desvío lógico alguno, merced a las razones y motivaciones que desarrolló a fs. 406 vta./414 de su decisorio; sin que tal agravio haya sido mantenido en esta instancia.
Con un repaso de esas determinaciones, distinguió la que hacía referencia a lo informado por el médico forense respecto de la herida principal que admitió haber aplicado Concha, que "...describió como una de las tres que de manera integral provocaron el deceso de Maciel, mencionando que las tres fueron las que provocaron una profusa hemorragia y el consecuente shock hipovolémico que generó la muerte, y [...] que cada una de ellas de manera individual también tenía la aptitud para generar esas consecuencias, aunque no fue categórico"; a ello el a quo aditó que "...las otras dos heridas letales fueron infligidas por el coimputado Molina"; de modo que "...la acción de cada uno de los imputados tuvo entidad ejecutante e individualmente cada uno confluyó en el obrar matador, de lo que se sigue que resulta correcta la aplicación al caso del art. 45 del C.P." (fs. 403).
Descartada la hipótesis de que los autores de la muerte no hubiesen sido individualizados, el tribunal revisor juzgó acertadamente rehusada la petición subsidiaria de ambas defensas para que el ilícito fuese considerado constitutivo del delito de homicidio en riña, a tenor de lo normado por el art. 95 del Código Penal. En función del mérito confirmado de la prueba ponderada, resaltó en particular, que "...no hubo en el caso falta de certeza en la autoría como así tampoco en el nexo causal entre la actividad desplegada por cada uno de los imputados, los medios empleados y el resultado final [...] Sin perjuicio de haber sido un grupo numeroso el que actuó y ejerció violencia sobre Maciel, los únicos dos sujetos que fueron vistos utilizando un arma blanca contra su organismo fueron Concha y Molina. Maciel no murió a golpes, sino que su deceso se produjo como consecuencia del shock hipovolémico causado por múltiples heridas punzocortantes y ello cierra inexorablemente el nexo de causalidad en cabeza de los aquí imputados"; lo dicho sin perjuicio de hacer notar la ausencia de otros aspectos típicos precisados en el pronunciamiento de juicio (v. fs. 403 vta.).
III. Conforme dictamina el señor Subprocurador General, el agravio sobre el derecho de fondo resulta marcadamente insuficiente para revertir lo resuelto (art. 495, CPP).
La recurrente, que no discute el contexto en que se desarrollaron los sucesos, ni el comportamiento concreto atribuido al coprocesado Molina de haber causado las dos heridas de arma blanca sufridas por Mario Eugenio Matías Maciel, nada más conjetura que su muerte pudo deberse al accionar lesivo de alguna otra de las personas intervinientes en la agresión; sin que la decisión en contrario establecida en las instancias anteriores sobre el afirmado nexo causal entre la conducta del acusado, el medio empleado y el resultado mortal acaecido, le haya merecido reparo alguno capaz de habilitar el conocimiento por vía de excepción de esta Corte en cuestiones probatorias (art. 494, CPP). De tal forma queda sin sostén el desacuerdo de la parte con la calificación legal actuada, en tanto lo hizo depender del planteo antes desestimado.
IV. En el ámbito de la determinación de la pena, el Tribunal de Casación rechazó, por extemporáneos, con fundamento legal en los arts. 434 y 451 del Código Procesal Penal, los cuestionamientos centrados en la falta de valoración de circunstancias a las que la parte atribuía calidad de atenuantes, como al cómputo de pautas agravantes; explicó que durante los alegatos la defensa no expuso ninguna de esas peticiones a fin de obtener una respuesta del tribunal de juicio, por lo que al respecto no había decisión cuya motivación pudiera ser motivo de revisión ante esa sede (v. fs. 413 vta.).
No obstante, censuró el fallo en cuanto a la ponderación de la severizante basada en "...la conducta observada por Molina en el tramo final del homicidio de Maciel, aplicando puñaladas con su cuchillo sobre la espalda del cuerpo inerte [...] de la víctima"; pues al no haber sido solicitada por la fiscalía, para el a quo su cómputo vulnera la manda del art. 371 del Código Procesal Penal -tal como fuese postulado a fs. 367 del memorial presentado por la defensa- (v. fs. 414/415).
Más allá de la necesaria disminución de pena que conllevaba la antedicha decisión, el sentenciante señaló que la refutación de la defensa al monto impuesto a Molina por estimarlo excesivo frente al determinado para el coprocesado Concha, no superaba el plano de una particular apreciación carente de toda relación con las normas que regulan la individualización punitiva (v. fs. 415 vta.).
Asimismo tuvo por inadmisible, en razón de su extemporaneidad, el novedoso motivo de agravio que dijo desarrollado por la señora defensora de casación, indicando que a tal fin no era óbice la alegada presencia de una cuestión federal, pues ella también exige un oportuno planteamiento (v. fs. cit.).
En virtud de lo resuelto, el tribunal intermedio casó la sentencia condenatoria de Molina en el nivel de las circunstancias agravantes de la pena, y en el marco de la competencia ejercida con sustento en lo normado por el art. 460 del Código Procesal Penal, estimó justo y adecuado disminuir la cuantía fijada al nombrado en diecinueve años de prisión, con arreglo al valor que le merecieron las restantes pautas computadas por los magistrados de juicio en el ámbito de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 416).
V. En igual dirección a la sustentada por el señor Subprocurador General, considero que la impugnación se devela inidónea para evidenciar en las referidas decisiones adoptadas en la instancia anterior el compromiso de los principios y garantías constitucionales invocados.
Acerca de la objeción formulada a la competencia asumida por la casación, el dictamen de la Procuración propuso su rechazo al amparo de la insuficiencia decretada por esta Corte respecto de planteos similares; pues en tanto nuestro Código adjetivo, en sus arts. 460 y 461, regula puntualmente en qué casos el tribunal revisor, luego de casar una sentencia, debe disponer el reenvío a la instancia de origen o en su defecto, puede readecuar el pronunciamiento recurrido, asumiendo competencia positiva, el recurrente no se ocupaba de asignar alguna otra inteligencia a la normativa que gobierna ese trámite (v. P. 120.231, sent. de 7-III-2018 y sents. allí cits.).
Tal lo que aquí acontece, siendo además que el planteo de la señora defensora, que no ha puesto en jaque la validez constitucional del precepto -el citado art. 460- invocado para regir el caso, se asienta en una mera elucubración sobre la imposibilidad de exponer circunstancias sobrevinientes -que no identifica- con eventual interés para atenuar la pena, prescindiendo de concretar agravio específico alguno para su examen en esta sede.
También impróspera es la censura expresada por la falta de la audiencia que habilita el art. 41 inc. 2 del Código Penal en el marco de discrecionalidad judicial, conforme lo expuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 504/505 de su dictamen, mediante remisión a las respuestas dadas por este Tribunal para desestimar un reclamo semejante en oportunidad de pronunciarse en la causa P. 120.231 antes mencionada; fundamentos que doy aquí por reproducidos por resultar plenamente aplicables al presente, no habiéndose por tanto demostrado los menoscabos constitucionales denunciados. Tampoco se hace cargo la recurrente de los presupuestos fácticos y jurídicos que distinguen la situación bajo estudio de la examinada en los precedentes federales "Maldonado" y "Pin", y de esta Corte P. 73.366 y P. 85.467, de la misma manera que se concluyó en el fallo precitado P. 120.231 cuyas consideraciones son trasladables a este caso.
Finalmente, la pretensión de descalificar la extemporaneidad declarada de la denuncia que la parte fundó en el memorial de fs. 164/166 vta. sobre la violación del principio de culpabilidad que habría importado el cómputo de la condena que registra el acusado para agravar la pena, no puede ser atendida.
Más allá de que con esos lindes, la queja dejó fuera de toda controversia el razonamiento en función del cual el Tribunal de Casación se consideró imposibilitado de pronunciarse sobre las reclamaciones efectuadas en el recurso con relación a lo resuelto por el órgano de grado específicamente en materia de agravantes, decisión que por consiguiente deviene inmutable en esta sede; la argumentación de la impugnante versa sobre una postura general contraria al diseño procesal vigente en los procedimientos impugnativos en orden a la formulación tempestiva de los agravios, además de procurar por su condición de defensa oficial un tratamiento diferencial que la ley no contempla. En ese estricto marco, el planteamiento resulta insuficiente para evidenciar el compromiso directo de la garantía de la revisión amplia de la sentencia de condena ni la interpretación fijada sobre sus alcances, de consuno con las razones dadas en reiterados precedentes de esta Corte que transcribe el señor Subprocurador a fs. 505/506 de su dictamen que se tienen aquí por reproducidas.
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y
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