Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131058
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.058, "Zunino, Jorge Alberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 78.521 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 1 de agosto de 2017, hizo lugar al recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Jorge Alberto Zunino contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 de Tandil, que lo había condenado a la pena de dos años y diez meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública en concurso ideal con omisión de los deberes de funcionario público, hechos cometidos desde el 31 de enero de 1994 y el 19 de abril de 2001. En consecuencia, decretó la prescripción de la acción penal en orden al delito de omisión de los deberes de funcionario público y fijó la pena impuesta al imputado en dos años de prisión de ejecución condicional, costas e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos, como autor responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública (arts. 2, 59, 62 inc. 2, 67 y 249, Cód. Penal; 451, 454, 530 y 531, CPP.; v. fs. 344/362).
La señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal casatorio interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 379/395), el que fue admitido por el tribunal intermedio a fs. 396/399 vta.
Oído el señor Procurador General, a fs. 411/418 vta., dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora defensora de Casación adjunta, doctora Ana Julia Biasotti formuló dos planteos:
I.1. En el primero sostuvo que en este proceso se violó el derecho del imputado Jorge Alberto Zunino a ser juzgado en un plazo razonable, el que se encuentra garantizado en los arts. 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 75 inc. 22 de la Constitución nacional y con él los derechos de defensa en juicio, debido proceso y presunción de inocencia (arts. 1, 18 y 33, Const. nac.; v. fs. 386 y vta.).
I.2. En segundo término -y en subsidio-, denunció la arbitrariedad de la sentencia impugnada por no haber dado respuesta a los planteos de atipicidad de la figura de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública, -arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del Código Penal-; ello con sustento en que -a entender de la defensa- no se acreditó el tipo subjetivo requerido, que describió como el dolo específico de procurar un lucro indebido para el autor o terceros o para causar daño, de lo que concluyó la vulneración al derecho de defensa, debido proceso y principio de inocencia (v. fs. 391 vta./394 vta.).
II. A fs. 411/418 vta. obra el dictamen presentado por el señor Procurador General doctor Julio Conte-Grand.
III. Comenzaré este punto repasando algunos hitos procesales que estimo que son ilustrativos del recorrido que presentó este expediente.
La causa tuvo su inicio el 4 de septiembre de 2002 a raíz de una denuncia formulada por el apoderado del Banco Provincia -doctor Jorge Diego Salsamendi- direccionada contra Jorge Alberto Zunino, quien en ese momento ocupaba el cargo de gerente de la sucursal Tandil de dicha entidad, en razón de que una auditoría interna del banco había objetado ciertos tratamientos crediticios otorgados durante un período de la gestión del nombrado, específicamente entre el 31 de enero de 1994 y el 19 de abril de 2001 (v. fs. 2/4).
Como consecuencia de ello Zunino fue cesanteado el día 5 de diciembre de 2002 (v. fs. 190 de la ppal.).
El señor agente fiscal actuante -doctor Gustavo Agustín Echevarría- dispuso el 18 de noviembre de 2002 (v. fs. 15) una serie de medidas investigativas en cabeza de la policía (DDI de Tandil).
En junio de 2003 (v. fs. 78), bajo el fundamento de evitar dilaciones y en virtud de que había un único perito contador en el Departamento Judicial de Azul, el señor agente fiscal intentó -sin respuesta favorable- que docentes contadores de la Universidad Nacional del Centro "colaboraran" con la investigación y formularan ad honorem una experticia (v. fs. 86).
El 25 de agosto de 2003 designó al Perito Oficial Contador Público de la Dirección de Asesorías Periciales del Departamento Judicial de Azul, contador Román Ros, circunstancia que se le notificara a Jorge Alberto Zunino en carácter de imputado (v. fs. 95), dándose comienzo a las tareas periciales el día 12 de septiembre de 2003 (v. fs. 98).
El 19 de marzo de 2004, la Procuración General, a pedido del señor agente fiscal, designó como investigadoras especiales a los instructores contadores Valeria Galati y Yolanda Marcatilli (v. fs. 104). La investigación pasó a estar dirigida -interinamente- por la señora agente fiscal Virginia Pearson.
El 18 de agosto de 2005 las mencionadas investigadoras presentaron su informe a la señora agente fiscal en el cual concluyeron que "...si bien podemos decir que hemos detectado ciertas irregularidades, la falta de documentación no nos permitió corroborar las objeciones presentadas..." en razón de lo cual aconsejaron la realización de una pericia contable (v. fs. 167/180).
En vista de dicho informe el entonces señor agente fiscal a cargo de la investigación, doctor Luis Humberto Piotti ordenó -casi dos años después, el 13 de marzo de 2007- la realización de una nueva pericia contable.
Designado el perito contador Pablo Luis Farías (el 16 de marzo de 2007, v. fs. 203), dio inicio a la tarea pericial que culminó con su informe del día 28 de febrero de 2008 (v. fs. 217/229 vta.).
El experto prestó luego declaración ante el propio fiscal Piotti y entre otras cuestiones, expresamente concluyó que, si bien a raíz de las maniobras investigadas los créditos otorgados por Zunino se habían hecho más riesgosos de cobrar que lo normal, no se había constatado una merma efectiva del capital del banco anterior al otorgamiento de dichos créditos (v. fs. 230/235).
No obstante ello, el 30 de junio de 2008, con base en los demás elementos recolectados en la investigación el señor agente fiscal llamó al imputado Zunino a prestar declaración para el día 11 de agosto de 2008 (v. fs. 239/240), y finalmente, el 6 de julio de 2009, a más de seis años de formulada la denuncia , requirió la elevación a juicio (v. fs. 350/354), a la que se opuso la defensa, efectuando -entre otros planteos- el pedido de extinción de la acción penal por considerar que se había vulnerado el plazo razonable de duración del proceso (v. fs. 360, 29 de agosto de 2009).
El señor juez de garantías rechazó la pretensión extintiva, decisión que fuera apelada por la defensa (v. fs. 402/415 vta.). La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del mismo Departamento Judicial -el 13 de abril de 2011- por el contrario, declaró prima facie prescripta la acción penal del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública (v. fs. 438/440).
Ante ello, el señor fiscal general departamental interpuso un recurso de casación que fue atendido por la Sala Segunda del Tribunal de Casación, que con fecha 25 de octubre de 2011, hizo lugar al planteo del acusador, casó la decisión dictada por la Cámara y ordenó la prosecución del trámite contra Zunino (v. fs. 461/467 vta.).
El 19 de diciembre de 2013 la Cámara de Apelación y Garantías revocó el auto de elevación a juicio y dispuso la extinción de la acción penal, esta vez como solución ante la violación del plazo razonable de duración del proceso. El señor fiscal general interpuso un recurso de casación y la Sala II de ese Tribunal, el 13 de noviembre de 2014, hizo lugar al reclamo del acusador, dejando sin efecto la resolución extintiva dictada por la Cámara departamental y dispuso la elevación a juicio (v. fs. 490/494).
El 16 de diciembre de 2015 se resolvieron las cuestiones preliminares al juicio (conf. art. 338, CPP) y el 1 de marzo de 2016 se fijó fecha de debate para el día 17 de mayo de 2016 (V. fs. 540 vta.).
Luego de celebrado el juicio se dictó sentencia el 3 de junio de 2016 por la cual el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Tandil -integrado en forma unipersonal-, condenó a Jorge Alberto Zunino a la pena de dos años y diez meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con omisión de los deberes de funcionario público (v. fs. 579/601 vta.).
Contra ese pronunciamiento la defensa interpuso recurso de casación y el 1 de agosto de 2017, la Sala II de dicho Tribunal hizo lugar parcialmente al recurso y decretó la prescripción de la acción penal del delito de omisión de los deberes de funcionario público fijando la pena impuesta al imputado en dos años de prisión de ejecución condicional, costas e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos, como autor responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública, rechazando a su vez, la pretendida extinción de la acción penal por vulneración del plazo razonable (v. fs. 611/628 vta.).
IV. Como se puede advertir, el proceso lleva insumidos diecisiete años de tramitación. Y si bien se ha arribado a una sentencia de condena que fue parcialmente confirmada, el mismo todavía no ha finalizado puesto que la decisión definitiva no ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
La defensa insiste en que, en el contexto procesal descripto, se ha constatado una vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Y mi respuesta coincide con dicha afirmación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a delinear la interpretación de ese derecho en el caso "Mattei" (Fallos: 272:188), donde consideró incluido en la garantía de la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.) "el derecho de todo imputado a obtener -luego de un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal" (Cons. 14°).
Idéntico criterio siguió en "Mozzatti" (Fallos: 300:1102), en el que se reafirmó que el principio conforme al cual la defensa en juicio y el debido proceso "se integran por una rápida y eficaz decisión judicial".
Ambos precedentes fueron citados por la minoría en "Kipperband" (Fallos: 322:360) caso éste en el que los jueces Petracchi y Boggiano afirmaron además que "el derecho del imputado a que se ponga fin a la situación de indefinición que supone el enjuiciamiento penal puede encontrar tutela en la prescripción de la acción" (Cons. 9°), considerándose al derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable como garantía autónoma .
Es que, ante la ausencia de una regulación específica de la duración máxima del proceso penal se presentan dificultades para determinar cuál es el plazo razonable de duración de un proceso. Por ello se ha impuesto -no exenta de críticas (tal como ha afirmado el doctor Soria en causa P. 76.357, sent. de 30-IV-2004)- la llamada "teoría de la ponderación". Esta es la solución que ha seguido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo también recogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (para ver toda su evolución en Pastor, Daniel, El plazo razonable en el proceso del Estado de Derecho , Buenos Aires, Ad Hoc, 2002; pág. 99 y sigs. citado por el Juez Soria en el precedente de mención).
Esa línea es la que finalmente adoptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación de acuerdo con los votos disidentes en causa "Kipperband" citada, postura según la cual no es posible fijar el plazo razonable en abstracto ni establecerlo en un número preciso de días, semanas, meses o años, sino que los jueces deben evaluar, caso a caso, si la prolongación de un proceso ha sido o no razonable, teniendo en cuenta la magnitud del retraso, sus motivaciones, el perjuicio ocasionado, el comportamiento del imputado, el de las autoridades, entre otros criterios a ponderar.
Entonces, ante la falta de una regulación expresa de la duración máxima del proceso penal, el instituto de la prescripción ha sido utilizado en ocasiones excepcionales, para hacer efectivo el derecho a un proceso penal rápido. De tal forma, que en casos que presenten las suficientes particularidades que permitan constatar la vulneración de ese derecho, se ha resuelto que la declaración de extinción de la acción penal por prescripción constituye la vía jurídica idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo y salvaguardar de este modo el derecho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (conf. Maier, Julio B.J.; Derecho Procesal Penal , Tomo I/Fundamentos, Buenos Aires: Editores del Puerto, 2ª Edición, 1996, pág. 160; Pastor, Daniel; Prescripción de la persecución y Código Procesal Penal ; Buenos Aires: Editores del Puerto, 1993, pág. 39; Carrió, Alejandro, Garantías constitucionales en el proceso penal , Buenos Aires, Hammurabi, 4ª Edición, 2000. págs. 521/3, citados en mi voto de causa P. 79.797, sent. de 28-V-2003).
Puede afirmarse entonces que hoy en día la vinculación entre el instituto de la prescripción de la acción penal y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable resulta innegable para el más Alto Tribunal (conf. "Amadeo de Roth", Fallos: 323:982; "Barra", Fallos 327:327 cit.; "Egea", Fallos 327:4815; CSJ 2625/2004 (40-C) /CS1 "Cabaña Blanca S.A. s/ infracción a la ley 23.771 -causa n° 7621-", sent. de 7-VIII-2007; "Podestá", Fallos: 329:445; "Acerbo", Fallos: 330:3640; "Cuatrín", Fallos: 331:600, entre otros y, más recientemente, en lo que a la violación de la garantía en etapas recursivas se refiere, in re "Santander", Fallos: 331:2319; CSJ 159/2008 "Ibáñez, Ángel Clemente s/ robo calificado por el uso de armas", sent. de 11-VIII-2009; "Salgado", Fallos: 332:1512; "Barroso", Fallos: 333:1639; CSJ 161/2012, "Vilche, José Luis s/ causa n° 93.249", sent. de 11-XII-2012 y CSJ 1.022/2011, "Salazar, Ramón de Jesús s/ causa n°105.373", -disidencia del juez Maqueda y disidencia del juez Rosatti-, sent. de 6-II-2018), a contrario de lo decidido por el a quo al restarle esa virtualidad (v. fs. 614 y vta.).
VII. Ahora bien, determinar la razonabilidad de la duración de un procedimiento dado, o, por el contrario, declarar que en él ha mediado una dilación exorbitante, comporta una labor que exige examinar ciertos parámetros relevantes merced a los cuales el juzgador puede valorar las diversas circunstancias que rodean el caso, tal como enseña la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; entre otros: la complejidad del asunto, el comportamiento de los demandantes y el de las autoridades judiciales (TEDH Casos Eckle c. Alemania , n° 1982/4, 15-VII-1982; Kemmache c. Francia , serie A núm. 218, pág. 27, apdo. 60, 27-XI-1991; Pélissier y Sassi c. Francia, n° 25444/94, apdo. 67, CEDH 1999-II, [10]; Jetzen c. Luxemburgo , n° 2008/16, 4-III-2008; entre muchos).
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha fijado estándares que resultan no solo pautas interpretativas sino también un deber de garantía a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino (conf. Fallos: 327:3312). En tal sentido, para la determinación de la razonabilidad del plazo insumido señala que deben considerarse cuatro elementos, a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales (CIDH Casos Genie Lacayo vs. Nicaragua , párr. 77; Masacre de Santo Domingo vs. Colombia , párr. 164; Kawas Fernández vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas , sent. de 3-IV-2009, Serie C, n° 196, párr. 112; Bayarri vs. Argentina . Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sent. de 30-X-2008, Serie C, n° 187, párr. 107; Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, sent. de 4-VII-2007, Serie C, n° 165, párr. 26 y Heliodoro Portugal vs. Panamá , párr. 149), y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada (Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia , párr. 155 y Masacre de Santo Domingo vs. Colombia , párr. 164).
VIII. Estimo que estos factores están presentes en el caso. Veamos.
La prolongación excesiva de la investigación penal preparatoria contrasta con la escasa complejidad del objeto investigado, que el propio Ministerio Público Fiscal circunscribió desde un inicio a determinar si las irregularidades en el otorgamiento de once (11) créditos durante la gestión de Zunino al frente de la sucursal Tandil del Banco Provincia y que fueran objetadas por la entidad bancaria luego de la auditoría y sumario administrativo interno del banco, tenían relevancia jurídico penal para sustentar un reproche de ese tenor.
Al recorte fáctico antes indicado cabe sumar, que la fase práctica de la actividad investigativa demandaba la recolección de evidencia sumamente accesible, consistente básicamente en obtener las piezas documentales ya identificadas en la denuncia, algunas pocas declaraciones testimoniales y el sometimiento y cotejo de la documental al estudio y dictamen de un experto.
En otras palabras, actividades que, por su simple reproducción en el debate y la ausencia de perjuicio para los derechos individuales de las personas, son fácilmente realizables por el agente fiscal en forma autónoma sin requerir ningún tipo de autorización judicial (la recepción de la denuncia -arts. 285 y concs., CPP-, los interrogatorios a testigos -art. 232, CPP-, la presentación y cotejo de documentos -art. 252, CPP-, entre otras).
En definitiva, se trató de una investigación que no exigió la realización de actividades rodeadas de especiales formalidades más allá de garantizarse el control de las pericias por la defensa y el imputado (art. 247, CPP), es decir, no hubo obstrucciones que impidieran la realización de una investigación ágil y veloz.
A su vez el eventual -e identificado como único- responsable, el nombrado Zunino, estuvo a derecho desde el momento mismo en que se presentó la denuncia del abogado apoderado del Banco Provincia de Buenos Aires -doctor Salsamendi-.
De otro lado, no es dable endilgarle morosidad a la defensa, la que no propuso diligencias o actividad instructoria de descargo, ni tuvo visos ni actitudes procesales tendientes a dilatar la investigación. Por el contrario, se limitó a ejercer los actos esenciales de su ministerio, tarea que no puede ser merecedora de reproche alguno a los fines de atribuirle responsabilidad por la dilación de la ca
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