Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131546
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Pettigiani, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.546, "Ivanoff, Lucas Emanuel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 79.829 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de noviembre de 2017, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial de Lucas Emanuel Ivanoff contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, que lo condenó a la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas, comprensiva de la así impuesta en la presente causa por resultar coautor responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego y autor del delito de homicidio calificado criminis causae, en concurso material entre sí; y de la de once años de prisión, accesorias legales y costas, que por el delito de homicidio le aplicó el Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental en causa n° 5.195 (v. fs. 97/115 con relación a fs. 10/30).
El señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Daniel Aníbal Sureda, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 118/129), que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 140/142).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 150/154 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 155) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Contra el fallo de casación que convalidó el pronunciamiento condenatorio de Lucas Emanuel Ivanoff, su asistencia técnica formuló los agravios que siguen (v. fs. 118/129).
Denunció que el tribunal a quo incurrió en arbitrariedad sin haber realizado la revisión amplia e integral de la sentencia de condena, en el marco de los agravios planteados, lesionando el derecho de defensa en juicio, el debido proceso legal y los principios de inocencia e in dubio pro reo (arts. 8.2.h., CADH; 14.5, PIDCP; 18, Const. nac. y 10, 11, 15, 57, 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 120 vta./123).
Con una relación de las críticas llevadas al conocimiento de esa sede revisora sobre la prueba de la autoría del acusado en los hechos reprochados, cuestionó el valor incriminante asignado al reconocimiento de la víctima Andrea Choque, única testigo presencial, y que no se tuviera en cuenta que el revólver presuntamente utilizado no presentó vestigios de deflagración de pólvora. En su parecer, los elementos colectados resultan insuficientes para formar la convicción necesaria que exige un fallo condenatorio, restando idoneidad al reconocimiento por fotografías realizado en los términos del art. 261 del Código Procesal Penal, en la medida que aportaría un indicio de cargo a ponderar junto con otros elementos de mayor entidad probatoria que dijo ausentes en el caso. Pidió por ello la absolución del acusado (v. fs. 122).
A título subsidiario, con invocación de la garantía de la doble instancia y de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, alegó la falta de acreditación de la ultrafinalidad requerida por la figura actuada del art. 80 inc. 7, que habría sido entonces mal aplicado en inobservancia del art. 165, ambos del Código Penal (v. fs. 123/125).
Afirmó que el órgano revisor descartó de modo dogmático la postura de esa parte en cuanto a que el disparo no se produjo para consumar el robo o procurar su impunidad, sino a consecuencia de una reacción defensiva desmedida emprendida en momentos de suma tensión que no permitieron a su defendido actualizar las consecuencias de dicho actuar; siendo que esa conexión subjetiva reclama además la concurrencia de dolo directo, "...que hace no solo a la existencia cierta del elemento cognoscitivo sino asimismo al volitivo" (fs. 124).
En su decir, el delito contra la propiedad estaba en plena etapa de ejecución cuando su consumación resultó frustrada por el accionar del damnificado Jhonny Choque Garnica; con lo cual, la actividad desplegada por el acusado no permite evidenciar el requisito típico aludido, sino el mero "...accionamiento del mecanismo del revólver al momento de producirse la agresión de la víctima" (fs. 124 vta.).
Por ello consideró que Lucas Ivanoff debe responder por su conducta irreflexiva, o a todo evento a título de dolo eventual, solicitando que el hecho se recalifique en las previsiones del art. 165 antes citado (v. fs. cit. y 125).
Por último, abogó por la inconstitucionalidad de la pena perpetua impuesta en los términos del art. 80 inc. 7 del Código citado, para lo cual reprodujo literalmente las consideraciones expuestas a fs. 73/75 vta. del memorial presentado ante casación (v. fs. 125 vta./128).
A partir del análisis del texto del art. 22 del Código Civil y Comercial vigente, proclamó la imposibilidad de imponer penas de carácter perpetuo por constituir un debilitamiento de la capacidad de las personas que lesionan su vida digna; afirmó que la sanción debe ser proporcional a los hechos cometidos y a la culpabilidad del autor, evaluación que es obstaculizada al imponerse una de naturaleza indivisible, que atenta contra la resocialización y rehabilitación de la persona inculpada, conculcando además la garantía de igualdad; citó los arts. 16 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 4.1, 5.1., 5.2., 5.6. y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1, 2, 3, 7, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 126/127).
Consideró contradictorio que las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal fuesen ponderadas para optar entre las especies de reclusión o prisión perpetuas con que dicho Código conmina el delito de homicidio calificado, y que no puedan serlo para individualizar su tiempo de duración; de allí que, a su criterio, la previsión de penas rígidas consagra una irrazonabilidad normativa que no traspasa el tamiz de constitucionalidad (y convencionalidad) y así debe ser declarado (v. fs. 127 y vta.).
En suma, expresó que la sentencia resulta arbitraria por tener una motivación aparente la pena perpetua impuesta a su defendido en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal, solicitando por ello que dicha disposición sea invalidada constitucionalmente, y en función de una interpretación analógica in bonam parte, se mensure la sanción dentro de la escala prevista por el art. 79 del Código referido (v. fs. 128 y vta.).
II. El dictamen de la Procuración aconsejó el rechazo de la impugnación con fundamentos que comparto (v. fs. 150/154 vta.).
III. En efecto. El Tribunal de Casación examinó y desestimó fundadamente los reclamos que con relación a la materia probatoria y el encuadre legal le fueron sometidos a su control a través del recurso de casación, a tenor de la interpretación que sobre ese control delineó la Corte federal a partir del precedente "Casal", en resguardo de la garantía contenida en los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin que las apreciaciones de la defensa tengan aptitud suficiente para evidenciar en esa tarea revisora los defectos y falencias que le atribuye (conf. doctr. art. 495, CPP).
III.1. Refirió que según la sentencia de grado, "...el 1 de mayo de 2014, siendo las 10:30 horas, dos personas del sexo masculino ingresaron al comercio del tipo verdulería sito en la calle Juan Manuel de Rosas [ante esquina] Las Heras, de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, Partido de La Matanza, y mediante intimidación con el menos un arma de fuego sobre Andrea Choque Torano, se apoderaron ilegítimamente de la suma aproximada de mil pesos, siendo que uno de aquellos agresores con el fin de consumar el delito y procurar la impunidad efectuó al menos tres disparos con el arma de fuego que portaba con Jhonny Choque Garnica, provocando su fallecimiento por paro cardiorespiratorio traumático a raíz de la herida de arma de fuego en tórax-abdomen-s[h]ock hipovolémico" (la cursiva figura en el original; fs. 100 vta.).
En lo que hace a la intervención de Ivanoff en los hechos descriptos, juzgó que el extremo encontraba respaldo en la ponderación fundada del conjunto de elementos probatorios reunidos, cuyo valor de cargo la defensa no lograba desvirtuar con la repetición de planteos contestados en la instancia anterior.
Hizo mención al testimonio prestado en el curso del debate por Andrea Choque Torano -una de las víctimas del hecho- quien manifestó que ante la negativa del acusado a formar parte de una rueda de reconocimiento de personas, lo identificó por exhibición fotográfica como aquella que había ingresado armada a la verdulería, robado y matado a su sobrino; y que durante el juicio oral, además de serle exhibidas tales placas fotográficas, señaló que el imputado allí presente fue quien la golpeó con el arma de fuego, tomó el dinero que había arrojado al suelo y fue agredido por su sobrino con un cajón, recibiendo el disparo mortal (v. fs. 101 y vta.).
Estimó que a esa precisa individualización del enjuiciado como autor del hecho, se sumaban los dichos concordantes que en virtud de la inmediación, los magistrados que llevaron adelante el juicio tuvieron por creíbles, espontáneos y fluidos, de Marcos Antonio Choque Garnica, hermano del fallecido que fue coincidente con su tía en la secuencia fáctica y apuntó que los asaltantes huyeron en un auto negro estacionado a pocos metros, circunstancia corroborada por María Teresa Cristaldo; y de los funcionarios policiales Juan José Márquez, Juan Manuel Sánchez; Juan Leandro Ferreyra y Norberto Francisco Díaz que en virtud de los datos aportados por testigos del suceso y de las filmaciones del Centro municipal de Monitoreo divisaron el auto descripto y terminaron con la aprehensión de Ivanoff en virtud de un llamado realizado al sistema 911, conforme lo acreditado por la instrucción suplementaria fiscal; además de las circunstancias tenidas en cuenta de que el nombrado viviera a pocas cuadras del lugar del ilícito, fuese mendaz en los dichos ampliatorios de su primigenia declaración, a tenor de las contradicciones con los testigos de descargo que llevaron a descartar la coartada esgrimida en el debate.
En la inteligencia de que el mentado caudal probatorio aparecía fruto de una valoración razonada con ajuste a las reglas de la experiencia y el sentido común, ajeno a arbitrio alguno, el a quo desechó la postura de la defensa que no superaba el umbral de la mera discrepancia con las evaluaciones efectuadas.
Particularmente, destacó el valor inculpatorio de la declaración de Andrea Choque Torano, que de manera coherente y sin contradicciones había descripto la sucesión de eventos que integró el quehacer delictivo llevado a cabo por el procesado, sin que las críticas recursivas hubiesen demostrado arbitrariedad o absurdo en lo resuelto, ni mereciera objeciones la credibilidad otorgada a los testimonios brindados durante el debate, descartando "...desde el punto de vista objetivo, razón alguna para poner en duda el impacto subjetivo que los testigos produjeron en el magistrado de grado; todo lo contrario, en tanto que ellos, [...] permiten recrear un todo armónico y coherente" (fs. 105).
Sobre la invocación del principio in dubio pro reo, destacó que el sentenciante no había expresado tener ninguna duda ni esta podría surgir del análisis razonado de los elementos probatorios antes mencionados (v. fs. 106 vta.).
De igual forma determinó que sobrados fundamentos respaldaban la aplicación de la figura cuestionada del art. 80 inc. 7 del Código Penal, en tanto estaba probado que la víctima fatal se encontraba en el interior del local y fuera de la vista de los asaltantes, haciendo su aparición en momentos en que el aquí imputado, luego de pegarle "culetazos" a la señora Choque, estaba tomando el dinero sustraído del piso del negocio, golpeándolo a aquél con un cajón, lo que motivó que éste se hiciera a un lado y efectuara el primer disparo y luego otro más ya desde la puerta del comercio (v. fs. 107).
En función de la materialidad acreditada, coincidió con su antecesor en que esa "...aparición imprevista no obstruye el nexo subjetivo que requiere la figura, teniendo en cuenta que ante la sorpresiva aparición de un tercero inesperado, que incluso agrede al ladrón, el aquí encausado empleó un medio más que eficiente para dar muerte, disparando a zonas vitales precisamente a efectos de consumar el hecho y huir del lugar, lo que efectivamente hizo" (fs. 107 y vta.).
Sin que cupiera suponer razonablemente que el acto homicida se debiera a decisiones desvinculadas del robo, el tribunal revisor juzgó razonable tener por evidenciada en la conciencia del encausado, "...la existencia de una conexión final entre el homicidio y el delito contra la propiedad, pues la conducta lógicamente se explica a partir de la finalidad, cuanto menos, de procurar la impunidad respecto del robo y lograr huir del lugar, en tanto durante su ejecución se decidió a matar a una de las víctimas, cuando se advirtió que la inminente intervención de Choque Garnica representaba un peligro cierto de que su plan furtivo sea abortado y ellos aprehendidos" (fs. 107 vta. y 108).
Desechó que esa conclusión pudiera verse alterada por lo afirmado por la defensa en cuanto a que la intención originaria del imputado era sólo la de robar, ya que "...a los fines de la configuración del homicidio criminis causa no es necesaria una preordenación anticipada, deliberada ni una resolución adoptada de antemano, bastando simplemente una resolución voluntaria, que puede darse cuando el autor, aún sin preordenación, se decide durante el curso del robo a matar para o por uno de los motivos señalados por la ley" (fs. 108).
En síntesis, para el a quo la mentada ultrafinalidad resultó establecida de acuerdo con las reglas que rigen la valoración probatoria, siendo la única explicación plausible acerca de las razones que guiaron al imputado a actuar del modo en que lo hizo fin (v. fs. 108 vta.).
III.2. Tal como sostiene el señor Procurador, más allá de la normativa que el señor defensor adujo conculcada, sus planteos remiten a cuestiones de hecho y prueba cuya valoración es -por regla- facultad propia de los jueces de la causa y marginada por tanto de la competencia extraordinaria de esta Corte (doctr. art. 494, CPP), sin que la disconformidad manifestada con la valoración probatoria tenida en vista (o, por el contrario, desconsiderada) en las instancias previas para sustentar el juicio de autoría, consiga justificar la existencia de vicios lógicos graves y manifiestos que pudieran descalificar lo resuelto como acto judicial válido.
Al respecto tengo aquí por reproducidas las razones vertidas especialmente a fs. 152 del dictamen de la Procuración para poner de manifiesto la insuficiencia del recurso que saca de contexto al reconocimiento por fotografías realizado y al resultado negativo de una prueba de pólvora para relativizar el valor del primero e insistir con la relevancia del segundo, prescindiendo de la apreciación conjunta efectuada por el tribunal de juicio -y convalidada por el revisor- de la prueba rendida en el juicio, con el destaque efectuado en el fallo recurrido sobre la falta de invocación de circunstancias que pusieran en jaque la credibilidad de los testimonios ponderados.
En cuanto atañe a la base fáctica acreditada que sirvió para fundar la calificante del homicidio prevista en el art. 80 inc. 7 del Código Penal, las alegaciones de la defensa no trascienden de una divergencia valorativa que excede el acotado marco de revisión que habilita el art. 494 citado; no logrando demostrar que fuese irrazonable concluir que la decisión de matar fue conexa con el delito contra la propiedad, en el marco de las condiciones apreciadas por las judicaturas anteriores.
Además, es doctrina de esta Corte que para la aplicación de dicha figura "...debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. causa P. 47.611, sent. de 4-V-1993); y que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 114.076, sent. de 9-IV-2013 y P. 121.266, sent. de 17-V-2017; e.o.).
Bien recuerda también el señor Procurador que lo aducido por la defensa sobre que dicho encuadre no procede cuando la muerte de la víctima fue resultado de su propia resistencia frente al robo, ha sido descartado por este Tribunal en la consideración de que dicha circunstancia no obsta a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada (conf. causas P. 127.176, sent. de 27-XII-2017 y P. 127.493, sent. de 9-V-2018; e.o.).
A tenor de las reflexiones exteriorizadas, queda sin evidenciar que el razonamiento seguido por el a quo para confirmar la condena haya configurado una grosera interpretación de las pruebas del caso, al punto de llegar a establecer conclusiones insostenibles o claramente contradictorias, a la luz de las circunstancias comprobadas de la causa (conf. causas P. 92.582, sent. de 9-IV-2008; P. 98.524, sent. de 11-III-2009; P. 104.426, sent. de 22-IV-2009 y P. 102.106, sent. de 5-V-2010 y P. 99.250, sent. de 14-IX-2011; entre tantas más). Tampoco que el control llevado a cabo, aunque sin el resultado buscado, no constituya respuesta suficiente a los reclamos formulados, de modo que pueda hallarse menoscabada la garantía contemplada en el art. 8.2.h. Convención Americana sobre Derechos Humanos en el marco de la doctrina elaborada a su respecto por la Corte federal a partir del precedente "Casal" (Fallos: 328:3399; P. 124.735, sent. de 5-XII-2018).
Lo alegado en derredor del principio que establece que en caso de duda debe estarse a aquello que resulte más beneficioso para el imputado carece de un desarrollo argumental autónomo y fue expuesto como consecuencia de los agravios que no tuvieron el éxito pretendido.
IV. El órgano casatorio se ocupó asimismo del planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua esgrimido por la defensa recién en el memorial presentado a fs. 70/77, desestimando que pudiera tener cabida una declaración de la excepcionalidad de la reclamada, entendiendo que la pena impuesta no genera menoscabo a garantía constitucional alguna.
IV.I. Recordó que la determinación de la pena reconoce tres fases: la legislativa, la judicial y la que se produce en la etapa de ejecución de la pena, lo que "...importa la progresión de un único proceso de individualización para el caso concreto en el que el principio resocializador se encuentra siempre presente, resultando especialmente relevante en la última de las etapas mencionadas" (fs. 111 vta. y 112).
En esa dirección, explicó que "...los regímenes legales de ejecución penal vigentes tanto en el ámbito nacional como provincial desarrollan un programa caracterizado por una progresiva flexibilización del tiempo y las condiciones del encierro carcelario para permitir su adecuación a la situación concreta del penado. De manera que los alcances de las limitaciones a la libertad ambulatoria y hasta la propia duración del encierro carcelario, aún en los casos de penas denominadas 'perpetuas', podrán variar por decisiones que se adopten en la etapa de ejecución atendiendo a los fines preventivo especiales o de resocialización, mediante la libertad condicional, las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, y otras posibilidades de f
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