Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131636
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.636, "Álvarez, Pablo Nicolás y Villarroel, Walter David s/ Recurso de inaplicabilidad de ley en causa n° 77.545 y su acumulada n° 77.547 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal mediante el pronunciamiento del 24 de octubre de 2017 -en lo que interesa en virtud de los coimputados que recurrieron- rechazó los recursos de la especialidad interpuestos por las respectivas defensas oficiales de Pablo Nicolás Álvarez y Walter David Villarroel contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Martín, que los había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autores de los delitos de triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas agravado por la participación de un menor de edad (siendo víctimas P. R., M. D. R. y la hija menor de la pareja L. G. R. de nueve años de edad), tentativa de doble homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas agravado por la participación de menores de edad (víctimas las otras hijas menores de la pareja, M. A. R. de dos años de edad y L. R. de once años de edad) y aborto en grado de tentativa agravado por la participación de menores de edad siendo que P. R. se hallaba cursando el octavo mes de embarazo, cuyas lesiones pusieron en riesgo la vida del feto, no produciéndose la interrupción abrupta de la gestación por razones ajenas a su voluntad, toda vez que se le llegó a aplicar una cesárea con asistencia mecánica por bradicardia fetal sostenida, naciendo un niño con vida, pese al fallecimiento de su madre (v. fs. 3/4); todos en concurso real (arts. 41 quáter, 42, 55, 80 inc. 6 y 85 inc. 1, Cód. Penal; v. fs. 189/205, con relación a copias de fs. 1/78).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de ambos imputados denunciando errónea aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal y arbitrariedad de la sentencia impugnada y violación del principio in dubio pro reo en el entendimiento de que la prueba colectada no permitía sustentar la verificación de las exigencias típicas objetivas y subjetivas de esa figura penal, reclamando la inobservancia del art. 186 inc. 5 o en subsidio del art. 79, ambos del Código Penal (v. fs. 229/236).
Por su lado, la citada Sala IV resolvió conceder el recurso extraordinario, siendo que de la lectura de la pieza impugnativa se desprende que el recurrente ha objetado el dispositivo previsto en el art. 80 inc. 6 del Código Penal, con sustento en la inobservancia de la ley sustantiva, lo cual habilita la vía intentada (v. resol. de fs. 247/248 vta.), quedando, entonces, con ese linde franqueada la instancia de fiscalización de esta Corte, sin objeción alguna de la parte interesada (v. fs. 252).
Habiendo dictaminado el señor Procurador General aconsejando el rechazo del recurso (v. fs. 254/257), dictada la providencia de autos (v. fs. 258) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Conforme al referido juicio de admisibilidad llevado a cabo por el Tribunal de Casación (v. fs. 247/248 vta.), en lo que resulta de interés, el recurrente denuncia la errónea aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal.
Sostiene que, frente a la plataforma fáctica que se tuvo por acreditada en las instancias previas, resulta claro que los extremos relevados por el órgano casatorio no permiten aplicar la figura agravada que se cuestiona ya que, a su juicio, no son siquiera demostrativos de una coautoría funcional respecto del delito tipificado en el art. 79 del Código Penal y, menos aún, aptos para afirmar el aspecto subjetivo del homicidio así calificado (v. fs. 231 vta.).
La defensa trae a colación los testimonios rendidos en la audiencia de debate, en particular, la declaración de Viviana Chazarreta, de Marta Quiroz, de Carlos Comba y de Silvina Centurión quienes, según sostiene, afirmaron, en líneas generales, que un grupo de personas se encontraba atacando la casa de la familia R. en diferentes formas, y que el objetivo perseguido por los agresores no era dar muerte a las víctimas, sino echar a M. D. R. del barrio (v. fs. 231 vta. y 232).
A su criterio, los hechos probados demuestran que la familia R. fue atacada con palos, piedras y mediante lanzamiento de pedazos de colchón prendidos fuego al interior de la casa, por un grupo indeterminado de gente que actuó en forma desorganizada y con el fin de echar a las víctimas del barrio, "no darles muerte", por lo que decae la acreditación de la voluntad homicida (v. fs. 232 vta.).
En subsidio, afirma que de juzgarse que los imputados se representaron la posibilidad de que las víctimas fallecieran, esa "dicha subjetividad" resulta incompatible con la reclamada por el art. 80 inc. 6 del Código Penal. Pues, el homicidio agravado exige un plus respecto de la mera convergencia intencional de llevar a cabo algo más que un homicidio simple.
Considera que para la aplicación de la norma en análisis es necesaria una especie de "confabulación", esto es que los agentes se hayan puesto de acuerdo para matar en concurso, no siendo suficiente "...con que se hayan puesto de acuerdo para matar", sino que "...se deben haber concordado para hacerlo de ese modo" y que es "...necesario que la realización del hecho a través del concurso de los intervinientes sea también confabulada" (fs. 233).
Refiere que esa es la interpretación adecuada conforme a los principios de legalidad, ultima ratio y pro homine (v. fs. cit. vta.).
Expresa que lo que se tuvo por acreditado en autos es "...un 'plan' para atacar la vivienda de la familia R. con el fin de expulsar a la misma del barrio donde tal vivienda estaba emplazada", el resto de las consideraciones relativas a un plan para matar con el concurso premeditado de dos o más personas son afirmaciones dogmáticas sin respaldo en las constancias de la causa (v. fs. cit.).
Solicita en consecuencia que se case el fallo impugnado, declarándose erróneamente aplicado el art. 80 inc. 6 del Código Penal y se califique la conducta en el art. 186 inc. 5, o subsidiariamente, se declare inobservado el art. 79, ambos del mismo cuerpo legal (v. fs. 234).
II. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso no es de recibo.
III. El tribunal intermedio, al momento de confirmar la calificación asignada a los hechos indicó que "...surge indubitadamente que los sujetos activos orquestaron la ofensiva en forma deliberada y con suficiente antelación, con el único fin de culminar con la vida de los miembros de la familia R.", acordando con el sentenciante de grado cuando expuso que "...la premeditación para actuar en concurso se encuentra probada, toda vez que los testigos fueron coincidentes en afirmar que desde la tarde estaban preparando los elementos para atacar la casa de R., la acción de ir a buscar nafta en bidones, armar botellas de gaseosa de 600 con nafta y alcohol y trapo atravesado, llamada bomba 'molotov', a los que todos los testigos aludieron y comprobada por la pericia de Beltrame y las placas fotográficas..." (v. fs. 197 vta.) sumado a la reunión en la esquina del grupo de atacantes con todos esos elementos, el acopio de piedras y palos, implicaron inequívocamente "...un obrar concertado para dar muerte de esa manera". A ello adunó que el dolo se verificaba no sólo por los propios "...anuncios homicidas" proferidos por los atacantes, según reprodujeran los testigos del hecho, referidos a que "...te vamos a prender fuego, te vamos a matar", "...vayan mátenlos, quémenlos vivos", y la amenaza declamada por uno de los coactuantes que atacara a A. R. amenazándola mientras atacaba su integridad con la expresión "...de acá no sale nadie vivo"; sino por la forma de utilización de los elementosígneos que manipularon contra las víctimas, dejándolas prácticamente sin escapatoria, sabiendo de la existencia de niños indefensos (v. fs. 199).
El haber arrojado esos elementos y "...cócteles molotov" a través de las ventanas cuyos vidrios habían previamente roto a piedrazos y del ventiluz del baño hacia el interior de la vivienda, el prender fuego la entrada o tapar la puerta con un colchón encendido para impedir que las víctimas pudieran salir, es claramente demostrativo del fin letal y la convergencia para ese cometido (v. fs. 197 vta. y 198).
IV.1. El reclamo del recurrente si bien discurre sobre la aplicación de la ley sustantiva por parte del Tribunal de Casación, lo cierto es que en rigor recala en cuestiones relativas a la determinación del hecho y la valoración de la prueba para dar por acreditados los extremos de la figura penal en ciernes, los cuales no son propios del ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo supuestos excepcionales que no han sido evidenciados (art. 494, CPP; conf. causas P. 85.598, sent. de 27-IV-2005; P. 93.468, sent. de 19-III-2007; P. 118.830, sent. de 18-III-2015; P. 121.495, sent. de 15-VIII-2018; e.o.).
La defensa, más allá de expresar su disconformidad con la subsunción legal que se aplicó al caso, no se hace cargo de contrarrestar la fundamentación brindada por el tribunal intermedio para sostener que la materialidad fáctica acreditada encaja en la calificación finalmente actuada ni patentizar su yerro o desacierto, quedando sus conjeturas en el ámbito de los hechos y sus pruebas sin que se verifiquen presupuestos que excepcionen la inabordabilidad que dichas materias presentan para esta Corte.
IV.2. Tampoco demuestra que el Tribunal de Casación resolviera de manera infundada la subsunción legal (art. 495, CPP).
Pues, habiendo el a quo confirmado lo actuado por el sentenciante de grado en cuanto a que surge indubitadamente que los intervinientes orquestaron la ofensiva en forma deliberada y con suficiente antelación, con el único fin de culminar con la vida de los miembros de la familia R. y frente a los pormenores fácticos comprobados -en particular, lo relativo a la existencia de una situación anterior entre uno de los encartados Pablo Álvarez y la víctima R.-, queda sin sustento la objeción respecto de la calificación legal actuada, en tanto dependía de esa diversa interpretación y determinación de los hechos del caso.
Repárese en que ha señalado esta Suprema Corte que para tener por satisfechas las exigencias subjetivas de la figura del art. 80 inc. 6 del Código Penal "...basta la planificación con cierta anticipación, aun en momentos previos o concomitantes a la comisión del hecho, ya que no es necesario que el acuerdo para matar en concurso haya sido objeto de una más o menos prolongada deliberación" (causa P. 119.086, sent. de 19-IX-2018), extremo que puede ser razonablemente inferido en los términos en los que lo hiciera el revisor a partir de las circunstancias objetivas probadas en autos.
Cabe agregar que la afirmación del defensor adjunto en cuanto a que "...el objetivo perseguido por los agresores no era dar muerte a las víctimas, sino echar a [M.] D. R. del barrio", ha sido descartada sin demostración de absurdo, frente a la constatación ya indicada de que un grupo de hombres munidos de piedras, bidones con combustible y otros elementos preparados como "cóctel molotov", palos y machetes, que se utilizaron en el hecho, agredieron a M. D. R. y a toda su familia (mujer embarazada en evidente y avanzado estado de gestación y varias niñas menores de edad), dejándolos sin posibilidad de escapatoria del fuego que ellos originaron, de modo que no pudo pasar inadvertido a los causantes que su conducta conduciría prácticamente de modo inexorable a los resultados fatales que produjeron en los integrantes de ese grupo familiar, salvo los que gracias a la intervención de algunos vecinos se salvaron, aun cuando también alternativamente aquella otra meta también formara parte de la ultrafinalidad de los actuantes.
El incendio en la casa de la familia R., con sus moradores adentro, estando ello en pleno conocimiento de los imputados, y con la obstrucción de la salida hacia el exterior que se encargaron de planificar, en el marco de la actividad desplegada de la que se diera acabada cuenta, no parecen comportamientos compatibles con la simple intención de "...echarlos del barrio", sin la aprehensión de otras consecuencias, que el defensor atribuye al grupo agresor en general y a sus defendidos en particular, sino antes bien una ofensiva deliberada para acabar de ese modo con la vida de los que allí se encontraban resguardados, pues, aun cuando pudieron hacer uso de un arma de fuego que se dice uno de ellos también poseía, se mantuvieron en ese orquestado quehacer agresivo plural, con potencialidad letal -tal como finalmente resultó-, sin que aparezca desprovista de andamiaje la calificación legal actuada con prevalencia a la de homicidio simple.
IV.3. La pretensión de que la figura penal del art. 186 inc. 5 del Código Penal, desplace a la aplicada, más allá de la única alusión que esboza a fs. 234 y en el petitorio de la pieza impugnativa, viene sin ninguna explicación que la sustente y, sobre todo, sin replicar los argumentos del a quo para su rechazo ni el alcance de aquella para operar en el caso (v. fs. 198).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia