Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131300
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Negri, Kogan, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.300, "Pintos, Mariano s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 87.224 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de febrero de 2018, rechazó el recurso interpuesto por la defensa particular de Mariano Pintos contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza, que en el marco de un juicio abreviado, lo había condenado a la pena de diez años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, por ser autor responsable de los delitos de homicidio simple y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real (arts. 40, 41, 41 bis, 45, 55, 79 y 189 bis inc. 2 párrafo tercero, Cód. Penal; v. fs. 34/37 vta. con relación a fs. 1/11 vta.).
Contra lo así resuelto, el imputado, por derecho propio y con el patrocinio letrado de la señora defensora oficial adjunta ante la instancia intermedia, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 45/48 vta.), el cual fue admitido por el a quo para el tratamiento de las cuestiones federales invocadas (v. fs. 54/57).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 62/65 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 66) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Denuncia el recurrente que en el caso ha sido vulnerado su derecho a contar con una defensa efectiva y eficaz que satisfaga la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución nacional, atento el estado de indefensión que le habría provocado la incuria con que sus sucesivos abogados particulares actuaron en el proceso, privándolo de la posibilidad de ejercitar de manera amplia y oportuna un descargo material respecto de la imputación formulada en su contra (v. fs. 45 vta./47).
Argumenta que en ocasión de prestar declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal puso de manifiesto que su conducta no estuvo dirigida a disparar el arma de fuego contra Facundo Tobías Flamenco, quien a resultas de ello padeció heridas de tal magnitud que le provocaron su muerte; y dado que su exposición no resultó del todo armónica con las conclusiones de las experticias practicadas sobre dicho adminículo y el automóvil en el que ambos se encontraban, ni con el resultado de la operación de autopsia sobre la referida víctima, entiende que esa situación ameritaba una ampliación de aquellos dichos por él vertidos, o bien el amplio debate propio del juicio oral que hubiese permitido contrarrestar las contradicciones entre la prueba científica y su versión de lo sucedido, a fin de consolidar la hipótesis de un homicidio culposo (v. fs. 47 y vta.).
No obstante ello, el imputado señala que el letrado que lo asistió en primer término resolvió pactar la abreviación del juicio conformándose con la calificación de homicidio simple a la que habría prestado acuerdo "...sin el debido asesoramiento en torno a las consecuencias", pues, según afirma, se le hizo creer que podría brindar explicaciones sobre el modo de ocurrencia del hecho puesto en crisis por la prueba pericial efectuada (v. fs. vta. cit.).
Aclara que por ello sustituyó al defensor que lo asistía por otro de su confianza, que tuvo la tarea de recurrir ante la Casación el fallo de condena (v. fs. 17/18), aunque la habría concretado con tal escasez de desarrollos y fundamentos que su derecho a una defensa eficaz resultó nuevamente cercenado (v. fs. cit.), gravamen que entiende reafirmado con el silencio de su letrado tras haber sido notificado de la radicación del recurso ante la sala del tribunal intermedio, soslayando de ese modo la oportunidad de presentarse ante los jueces a fin de exponer las razones que no pudo dar a lo largo del proceso (v. fs. 48).
II. En el acotado marco en que resultó admitida la impugnación, comparto el rechazo que propone el dictamen de la Procuración por no advertir configurada la infracción constitucional denunciada (v. fs. 62/65 vta.).
Surge de las constancias de esta causa, que una vez requerida por la fiscalía su elevación a juicio (v. fs. 251/259vta.), ello fue dispuesto por el juez de garantías ya que no mediaba petición alguna de la defensa en los términos del art. 336 del Código Procesal Penal, remitiendo las actuaciones para el conocimiento del "...tribunal oral en lo criminal con integración de jurados" (fs. 263 y vta. de la causa principal).
El 7 de agosto de 2017, el doctor Matías Jorge Rouco, en ejercicio de la presidencia del Tribunal Criminal n° 1 que resultó sorteado, al percatarse de que en el caso correspondía la intervención de dicho órgano "...con o sin jurados (Arts. 22 y 22 bis, C.P.P.), dependiendo de la voluntad del encartado", con el propósito de garantizar su derecho de defensa en juicio y la garantía constitucional del debido proceso, designó una audiencia que se efectivizó el 17 de agosto de 2017 (v. fs. 266 y vta.).
En dicha oportunidad, el imputado expresó su renuncia a la integración del tribunal con jurados, explicándosele por intermedio de su presidente, los alcances y consecuencia del proceso si es o no llevado a cabo con esa modalidad, a lo que el encartado refirió entenderlos y ratificó su renuncia con la ratificación también de su defensa; luego las partes acordaron la implementación del instituto de juicio abreviado, prestando el acusado conformidad con lo peticionado por la fiscalía respecto de la calificación de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil, y la pena, en caso de condena, de diez años y ocho meses de prisión. En consecuencia, se procedió al sorteo del magistrado bajo cuya órbita habría de continuar el proceso, quedando desasinculada la doctora Schiebeler (v. fs. 270 y vta.).
Dado que el acusado designó nuevo defensor particular, el propuesto como tal, doctor Luis María Igartua (v. fs. 271), el 22 de agosto de ese mismo año 2017 compareció ante la sede del tribunal y aceptó el cargo (v. fs. 272).
El 7 de septiembre la magistrada tuvo la audiencia personal con el acusado Mariano Pintos, en función de lo normado por los arts. 41 del Código Penal y 398 del ritual, haciéndole saber "...los alcances y efectos de la vía escogida, manifestando el nombrado incuso comprenderlas, tras lo cual prestó total conformidad con el acuerdo oportunamente realizado" (fs. 281).
Emitido el veredicto al día siguiente, la señora jueza resolvió de forma preliminar admitir el pacto de juicio abreviado presentado por las partes, por entender que no concurría ningún supuesto de los contemplados en el art. 398 inc. 1, del Código Procesal Penal que pudiera impedirlo; luego, en virtud del examen efectuado de los extremos pertinentes de la imputación, condenó a Pintos a la pena de diez años y ocho meses de prisión, por encontrarlo autor responsable de los delitos de homicidio simple y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real entre sí (v. fs. 282/292 vta.).
Del fallo se notificaron, el acusado, por el acta labrada el 11 de septiembre de 2017, que al firmar consignó la palabra "apelo" (fs. 293); y la defensa, el 13 del mismo mes, con reserva de recurrir ante Casación (v. fs. 292 vta. y fs. 294), la que efectivizó el día 29 siguiente, merced al escrito que luce a fs. 17/18 del legajo casatorio n° 87.224 por el que solicitó el cambio de calificación legal y la pena impuesta.
Adujo que en estos autos no estaba acreditado fehacientemente que hubiese sido su asistido quien portaba el arma, tildando de mendaces las declaraciones de los testigos que mencionó. Apuntó que la descripción de los hechos no permite demostrar el móvil del homicidio de Flamenco, ni el ánimo doloso endilgado, y que, por el contrario, daría cuenta que ese desenlace fatal resultó producto de una conducta propia del tipo culposo.
En tal sentido alegó que la jueza no hizo mérito de la actuación posterior de los protagonistas, quienes habrían actuado "desesperados", a la vez que el accionar de Pintos evidenciaría su intención de brindar auxilio a la víctima (v. fs. 17 vta.).
La concesión del recurso fue notificada a la defensa (v. fs. 20 y vta.), y al imputado a través del acta confeccionada el 2 de noviembre de 2017 (v. fs. 23).
El 28 de noviembre se anotició al señor defensor de la integración del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 32 vta.) que dictó sentencia el 15 de febrero de 2018, notificándose el letrado defensor el día 20 siguiente (v. fs. 40 y vta.), mientras que el 26 de ese mismo mes lo hizo el encausado desde su alojamiento en la Unidad n° 45 de Melchor Romero, presentando un escrito por el que manifestó su voluntad de revocar el mandato de su abogado, el doctor Igartua, y de que se le asignara un defensor oficial que diera curso a su intención de impugnar la sentencia intermedia (v. fs. 42 y vta.).
Cumplida la notificación a la defensa oficial (v. fs. 44 vta.), el encartado, por derecho propio, y con el patrocinio de la doctora Ana Julia Biasotti, en su carácter de defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación, dedujo el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio (v. fs. 45/48 vta.).
III. De las contingencias reseñadas se desprende que durante el desarrollo de este proceso en las instancias anteriores Mariano Pintos estuvo asistido en todo momento por profesionales de su confianza, sin que se perciban circunstancias de la entidad ahora afirmada por la defensora oficial que pudieran implicar un supuesto de violación al derecho de defensa con mengua del debido proceso.
Conforme quedó dicho, en las entrevistas con las partes, los jueces intervinientes proveyeron al imputado de la adecuada información sobre las consecuencias procesales inherentes a prescindir de la realización del juicio público a través de la elección de su tramitación abreviada; en particular, en la audiencia llevada a cabo por la magistrada de grado en cumplimiento de la manda del art. 398, inc. 2, párrafo segundo, del Código Procesal Penal, quien luego, al momento de dictar su veredicto, se pronunció por la ausencia de causal alguna de las previstas en el inc. 1 de aquella disposición que llevara a desestimar el acuerdo celebrado, decisión que no mereció objeción alguna del imputado al notificarse de la sentencia ni formó parte de los agravios llevados ante el tribunal revisor.
Con lo cual, la pretensión de la parte de poner en entredicho aquel temperamento originario recién en esta sede extraordinaria, refleja no sólo el intento tardío de mejorar su situación procesal adversa, como indica el señor Procurador a fs. 65 de su dictamen, sino la adopción de una conducta contraria a la propia ejercida, en las referidas condiciones de relevancia jurídica y plena eficacia, para acordar el juicio abreviado conformándose con las pruebas producidas en la investigación preliminar (conf. en lo pertinente causa P. 126.859, sent. de 19-IV-2017).
Ello sin perjuicio de coincidir con el dictamen antedicho en cuanto resalta la insuficiencia de la impugnación que no menciona las diligencias con eventual idoneidad para torcer el rumbo de la investigación que habrían sido omitidas por la defensa técnica, ni cuáles incidencias habrían jugado a favor del acusado en el marco de un debate oral; además de silenciarse toda reflexión sobre las falencias que en concreto exhibiría el recurso de casación, como respecto de los perjuicios concretos que pudieran haber derivado de la falta de celebración de la audiencia que faculta el régimen procesal ante aquella sede intermedia.
Por otra parte, tampoco ha reparado el impugnante en que el órgano revisor convalidó la condena originaria sobre la base de considerar que la disconformidad manifestada con el mérito que allí se hiciera de la prueba tenida en vista, no lograba justificar la existencia de vicios valorativos con aptitud para descalificar la sentencia como acto judicial válido; y nada de ello ha sido motivo de agravio por algún cauce de excepción que permita habilitar el conocimiento extraordinario de esta Corte en dicha materia (art. 495, CPP).
El tribunal del recurso, al margen de las deficiencias técnicas que atribuyó al llevado para su conocimiento, apreció válidamente acreditados los extremos discutidos, sin incursión en absurdo; tuvo en cuenta lo declarado por el testigo presencial Lucas Morinigo en cuanto "...puso en manos del encartado Pintos el arma de fuego utilizada en el evento que terminó con la vida de Facundo Tobías Flamenco, circunstancia que fue reconocida por el propio causante"; y que, de acuerdo con lo normado por los art. 210 y 373 del Código Procesal Penal, lo resuelto en la sentencia originaria hallaba sustento en las razones vertidas para otorgar preeminencia a la prueba de cargo por sobre el reclamo exculpatorio formulado por el acusado (v. fs. 35 vta. y 36).
También juzgó que la versión del acusado no resistía el "...contundente valor probatorio de la pericia balística llevada a cabo sobre el arma de causa (fs. 244/248vta.), la que dio cuenta en primer lugar, que el adminículo secuestrado resulta ser el arma de fuego con la cual se quitara la vida a Facundo Tobías Flamenco; y en segundo término, que para poder efectuar un disparo con dicha arma no es suficiente jalar el gatillo, sino que resulta necesario realizar toda una maniobra descripta en el peritaje referido, todo lo cual no se compadece con el disparo accidental alegado por el acusado"; como tampoco el resultado de la operación de autopsia realizada sobre el cuerpo de la víctima, en tanto detalló que "...la trayectoria del proyectil de arma de fuego que ingresara en la región dorsal derecha a nivel subescapular y la línea medioclavicular fue de atrás hacia adelante y ligeramente de arriba hacia abajo, dirección que no resulta compatible con la posición de Pintos en el interior del vehículo, toda vez que si se encontraba sentado detrás de la víctima y con el revólver entre sus piernas, plano que se encuentra por debajo del correspondiente a la región subescapular de Flamenco, [...] la dirección del proyectil debería haber sido al revés, es decir, de abajo hacia arriba" (fs. 8 y vta.).
Por consiguiente, en la comprensión del tribunal revisor, el cambio de encuadre legal pretendido estaba privado de sostén fáctico y elementos de prueba respaldatorios, permaneciendo en pie la calificación asignada a los hechos tenidos por acreditados, conclusiones que consideró válidamente fundadas a través de un razonamiento que permitía alcanzar certidumbre sobre tales extremos de la imputación.
En lo atinente al monto de pena determinado, el a quo puntualizó que su selección resulta facultad de los jueces de grado, siempre que se ajuste a los parámetros impuestos en la escala que corresponda y al tope punitivo acordado por las partes en supuestos como el presente de juicio de trámite abreviado; sin observar en la especie violación a tales límites ni desmesura arbitraria en la cuantía impuesta, a la luz de las circunstancias ponderadas.
Las razones que se llevan expuestas impiden tener por configurado en estas actuaciones un supuesto que se incluya entre los que este Tribunal, en sintonía con la doctrina acuñada por la Corte federal, ha apreciado de verdadero estado de indefensión. Por el contrario, en atención a las condiciones detalladas, acuerdo con el señor Procurador que el caso debe resolverse al amparo del criterio de esta Corte sentado en el precedente P. 122.357, sentencia de 15-VI-2016, cuyos fundamentos trascribe a fs. 65 vta. de su dictamen, a los que cabe remitir en razón de brevedad para rechazar el agravio constitucional examinado (arts. 495, CPP y 14, ley 48).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Negri, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia