Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130250
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial, con costas (art. 496, CPP).
Asimismo, se desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado in pauperis por L. O. F., con costas (art. cit., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.250, "F., L. O.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 80.027 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el día 24 de agosto de 2017, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes que condenó a L. O. F. a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por haberse dirigido contra una persona con quien el sujeto activo había mantenido una relación de pareja y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género (v. fs. 135/154 vta., con relación a fs. 44/70).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación -doctor Daniel Aníbal Sureda- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 175/182) y el imputado F. dedujo in pauperis la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 194/205); ambos recursos fueron declarados admisibles por el tribunal intermedio (v. fs. 207/208 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 215/220 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 221) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación?
2ª) ¿Lo es el formulado in pauperis por el imputado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa denuncia arbitrariedad de la sentencia por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afectación de la defensa en juicio, del derecho a ser oído, al debido proceso legal, al recurso y al principio de inocencia, así como también alega infracción a los arts. 80 y 84 del Código Penal (v. fs. 177).
Señala que la decisión del Tribunal de Casación constituye un tránsito aparente por dicha instancia que frustra el derecho al doble conforme. Cita el fallo "Casal" de la Corte federal (v. fs. cit.).
Aduce que el órgano intermedio descartó los planteos articulados por la defensa con fundamento en que constituyen una mera discrepancia subjetiva y que no redundan en indicios de descargo con fuerza de convicción suficiente, desconociendo de esta manera la vigencia del principio de in dubio pro reo (v. fs. 177 vta.).
Cuestiona que el a quo no "...reparó en elementos concretos como la dificultad de arrojarse de un vehículo en marcha circulando a gran velocidad y la posibilidad de que la maniobra haya sido una conducta temeraria, sin mediar la voluntad de realización y conocimiento de los componentes que hacen a la tipicidad subjetiva del art. 80 del CP" (fs. 178).
Refiere que no se verificaron "...los extremos de la imputación aludidos para acreditar de modo fehaciente y sin un margen de duda razonable, la configuración de una conducta destinada a tal fin. [Pues] aun cuando pueda representarse en el marco de la discusión una reacción desmedida como lo que pretende atribuirse, nada lleva al extremo de considerar la intención homicida por parte de [su] asistido" (fs. cit. y vta.).
Luego afirma que, en virtud del principio de unidad probatoria, resulta indispensable valorar con un espíritu crítico los dichos de la víctima a los efectos de corroborar los datos para reconstruir el escenario en donde se ventilaron los sucesos y su significación jurídica (v. fs. 178 vta.).
Finalmente, requiere el cambio de calificación de la conducta imputada a F. en los términos del art. 84 del Código Penal o en su defecto el reenvío de las actuaciones para el dictado de un nuevo pronunciamiento (v. fs. 181 vta.).
II. Coincido con el señor Procurador General, en cuanto propició en su dictamen el rechazo del recurso deducido por el señor defensor oficial adjunto de Casación (v. fs. 216 vta./219 vta.).
III. Entiendo que la decisión del a quo cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal" (CSJN Fallos: 328:3399), y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sin cortapisas formales sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
III.1. Frente a los cuestionamientos referidos a la existencia del dolo homicida, señaló que "...debe quedar en claro que de ningún modo es cierto que haya sido la maniobra de abandonar el vehículo voluntariamente antes del impacto el único dato a partir del cual el acusador y el juzgador han tenido por concurrente el dolo homicida". Cierto es que el testimonio de la víctima se convirtió razonablemente en el primer indicio al respecto, en tanto la señora C. contó que F. le anunció lo que iba a hacer, refiriéndole: "vas a morir, y de manera que parezca un accidente", para luego emprender la maniobra así preordenada "...que tanto los testigos presenciales como la prueba pericial, permitió al a quo confirmar que fue efectuada con la intención anunciada de terminar con la vida de la mujer", sin la existencia de elemento de prueba que conduzca a descreer del relato de la víctima acerca de lo ocurrido instantes previos al choque, cuando el resto de la prueba reunida es corroborante de su testimonio (v. fs. 145/147).
Además, por cuanto reforzó la valoración de ese privilegiado testimonio, con los elementos periféricos previos y posteriores al hecho, relativos a la violenta conducta del imputado con la damnificada que fue creciendo en el último tiempo hasta llegar la tentativa de homicidio aquí investigada.
Refirió a las demás testimoniales y pericial producidas en la causa, puntualizando que "...los testimonios de los sujetos que circulaban en ese momento cerca del vehículo que conducía el imputado, fueron claros en exponer una mecánica del choque que se compadece plenamente con un accionar intencional. El testigo A. por ejemplo describió que el auto conducido por F. encaró el carro, 'se tiró directamente al carro. Va directamente, no mordió la banquina ni nada'; y cuando se le preguntó si a su criterio y por lo que había podido observar el Renault Clio impactó el carro por un error de cálculo o porque quiso, respondió 'en mi opinión porque quiso', lo cual da cuenta que la impresión que causó la maniobra a quien la pudo observar claramente es absolutamente compatible con la intencionalidad que ha contado C. desde un primer momento" (fs. 148 y vta.).
Posteriormente, convalidó la decisión del a quo de descartar la alegada "imposibilidad física" de que el imputado haya abandonado voluntariamente el auto antes del impacto. Para ello tuvo en cuenta la pericia oficial realizada por el técnico de la Policía Científica Adrián Gabriel Pelle y el testimonio ampliatorio brindado por el experto, quien estimó "...altamente improbable que una persona que hubiese permanecido dentro de la cabina del vehículo, sin sujeción de seguridad al momento del impacto, sólo presentara lesiones por arrastre y ningún traumatismo de consideración, tal como fue el caso de F." (fs. 149).
Asimismo, ponderó el informe elaborado por el perito médico oficial doctor Oscar Rudoni quien señaló que "...de acuerdo a las lesiones constatadas en la historia clínica, las cuales son compatibles con las producidas por un mecanismo de arrastre sobre el suelo y además son de carácter leve, es muy probable que F. haya abandonado voluntariamente -y antes del impacto- el habitáculo del Renault Clío en movimiento a través de la puerta de dicho vehículo" (fs. 149 vta.).
Para descartar la hipótesis de la defensa, indicó que el tribunal intermedio se había ocupado de explicar la mayor credibilidad asignada a las afirmaciones de los peritos oficiales por sobre lo expuesto por el perito de parte, al manifestar que este último arribó a sus conclusiones "...a partir de anotaciones precarias y sin escalas confeccionadas por los policías que primero acudieron al lugar del choque, y no de las mediciones efectuadas por Policía Científica sobre el terreno", además de reconocer que "...no había tomado en cuenta los testimonios que se referían a la mecánica del accidente". Finalmente sostuvo que no resultaba razonable desde el punto de vista del sentido común la afirmación del ingeniero Irueta de que aun estando dentro del auto al momento del impacto era posible que no tuviera ninguna lesión producto de la desaceleración que necesariamente se produjo en un impacto de las características del aquí tratado (v. fs. cit. y 150).
Puntualizó que también el recurrente soslaya que -a mayor abundamiento- el a quo reputó que el dato de si F. salió del coche en forma inmediatamente previa, concomitante, o incluso posterior a la embestida final, no constituía un aspecto medular del caso a fin de determinar el dolo homicida que es lo que la defensa discute, en tanto "...se tuvo por probado más allá de toda duda razonable, en función de la prueba antes reseñada, que F. ubicó el Renault Clío en rumbo de colisión y provocó deliberadamente un choque" (fs. 150 vta.).
III.2. De lo expuesto, se advierte que el órgano revisor dio respuesta a los reclamos de la defensa referidos al dolo homicida tentado, brindando las razones que lo llevaron a confirmar el pronunciamiento atacado, respecto al encuadre legal y la autoría de F..
Bajo estas premisas, entiendo que el Tribunal de Casación agotó en el caso -en el marco de la competencia abierta y merced a los agravios llevados- su capacidad revisora, encontrándose ajustado a las pautas establecidas por la Corte federal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los citados precedentes "Casal" y "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", respectivamente, en lo que concierne al alcance que corresponde asignar al recurso de casación, sin que pueda afirmarse que se hayan inobservado los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En rigor, el recurrente se desentiende de los argumentos brindados por el a quo expresando -en consecuencia- su opinión personal contraria a lo resuelto, sin adunarle ningún desarrollo que, controvirtiendo todos los fundamentos del fallo, evidencie la violación de las garantías constitucionales invocadas (doctr. art. 495, CPP; conf. causas P. 75.261, sent. de 15-XII-2004; P. 90.723, sent. de 20-XII-2006; e.o.).
El recurrente formula otras interpretaciones posibles respecto del valor de convicción de los indicios aislados, pero omite hacer un análisis conjunto de todos ellos, tal como fueron considerados por el tribunal del juicio -y convalidado por el revisor- para fundar los extremos de la imputación (conf. doctr. causa P. 112.623, sent. de 6-VIII-2014 y su cita -CSJN Fallos: 326:8, a contrario sensu-; entre muchas otras). Por ello, no encuentro arbitrarias las formulaciones del tribunal casatorio en tanto brindó respuesta a cada una de las defensas de la parte recurrente y expuso los argumentos y razones para confirmar la condena, tal como se indicó, no desde la apreciación aislada de los diversos elementos de prueba, sino con una visión de conjunto (conf., entre varias, P. 112.623, cit.; P. 117.109, sent. de 26-X-2016; P. 116.541, sent. de 7-VI-2017 y P. 128.872, sent. de 5-XII-2018).
Tampoco demuestra la arbitrariedad que alega. Cabe recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
IV. En cuanto al principio in dubio pro reo, en atención a su eventual raigambre federal, cabe señalar que el reclamo se encuentra desprovisto de desarrollos argumentales que le den sustento. Tiene dicho esta Corte que, si bien la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del encausado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de ello el recurrente ha logrado aquí demostrar, de manera que justifique sortear el límite establecido por el art. 494 del Código Procesal Penal (causas P. 103.093, resol. de 14-VII-2010; P. 112.761, resol. de 19-IX-2012; P. 112.573, resol. de 19-XII-2012; P. 113.417, resol. de 10-IV-2013; P. 115.269, resol. de 27-XI-2013; e.o.).
Por último, los planteos referidos a la errónea aplicación de los arts. 42 y 80 inc. 1 del Código Penal y a la inobservancia del art. 84 del mismo cuerpo normativo se fundan, exclusivamente, en la referida divergencia valorativa que, en razón de la improcedencia antes decidida decae, imponiéndose también por ello su rechazo.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Negri, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El imputado presentó recurso in pauperis (v. fs. 184/205), en el que sustancialmente denuncia violación de los principios de legalidad y pro homine, señalando que para la fundamentación de la sentencia condenatoria se hizo énfasis en la relación violenta que mantenía con la víctima, sin tener en cuenta que, al iniciarse el supuesto maltrato de su parte, la ley 23.077 vigente no permitía tener en cuenta aquello que la actual ley permite considerar -ley 26.791-.
Luego, postula la configuración de un supuesto de mala praxis, ello a partir de que su defensor en la etapa investigativa le aconsejó que no declare, cuando él quería contar lo ocurrido frustrando de esta forma el derecho de defensa en juicio.
Finalmente, tacha de arbitraria la sentencia atacada por carecer de lógica y ser absurda su resolución.
II. Tal como lo sostiene el señor Procurador General en su dictamen (v. fs. 219 vta. y 220), los reclamos de F. no prosperan.
III. Los planteos de arbitrariedad de la sentencia y orfandad probatoria para demostrar su culpabilidad, no pueden ser atendidos por las razones expuestas en el apartado anterior, al tratar el recurso deducido por el señor defensor oficial adjunto.
El agravio en el que se denuncia la violación del principio de legalidad tampoco puede prosperar pues, más allá de la extemporaneidad del mismo por no haber sido planteado en las instancias anteriores (doctr. art. 451, CPP) considero que la aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal, en su actual redacción no puede ser objetada, por tratarse de la ley vigente al momento del hecho puntual y concreto sometido a juzgamiento ocurrido en un contexto de violencia de género que efectivamente tenía lugar por entonces.
La posibilidad de considerar aplicable una ley anterior a los hechos objeto del proceso, en los términos propuestos por el imputado, resulta, en consecuencia, inviable.
Por último, el agravio relacionado con la supuesta mala praxis del letrado que asistió al imputado en la etapa de instrucción, quien le habría aconsejado no declarar, tampoco puede ser atendido.
Al margen de la extemporaneidad del reclamo, no sometido a casación, surge de las constancias del acta de debate que la defensa técnica del imputado planteó una hipótesis fáctica diversa de la acusadora, concediéndose luego la palabra al propio F., quien optó por no formular manifestación alguna. En ese contexto, el reclamo que ahora se somete a consideración es manifiestamente insuficiente, pues no indica el recurrente el contenido de la versión de los hechos que, por una decisión estratégica del letrado que lo asistía, no pudo poner en conocimiento del juzgador ni qué evidencias puntuales podría haber aportado para sostenerla (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Negri, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial, con costas (art. 496, CPP).
Asimismo, se desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado in pauperis por L. O. F., con costas (art. cit., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia