Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131716
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.716, "Pizzano, José Ignacio s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 36.865 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul".
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de abril de 2017, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el agente fiscal contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 del mismo Departamento Judicial, que había dictado veredicto absolutorio respecto del señor José Ignacio Pizzano por el delito de severidades (art. 144 bis, inc. 3, Cód. Penal). En consecuencia, lo condenó a la pena de un año de prisión de ejecución en suspenso y dos años de inhabilitación especial para ser miembro de fuerza de seguridad, por resultar autor penalmente responsable del delito de vejaciones, imponiéndole por el término de dos años reglas de conducta en el marco de lo previsto en el art. 27 bis del régimen de la materia (arts. 20, 26, 27 bis y 144 bis inc. 2, Cód. Penal; v. fs. 126/140 vta.).
Frente a lo así resuelto, el defensor oficial del imputado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 154/160 vta.), el que fue declarado admisible por el tribunal recurrido por contener planteos de pretensa índole federal (v. fs. 171/172 vta.).
Esta Suprema Corte, por aplicación del mecanismo revisor sentado in re "Carrascosa" (P. 108.199, resol. de 24-VI-2015), dispuso remitir la causa a la Cámara de Apelación y Garantías departamental para que se determine el órgano jurisdiccional que corresponde intervenir en el caso y desinsacule los jueces hábiles integrantes de la nueva Sala que, de acuerdo a los lineamientos trazados en dicha resolución, efectúen la revisión integral de la sentencia de condena (v. fs. 185/187).
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul -mediante el fallo del 24 de agosto de 2018, en trámite por ese Tribunal de Alzada bajo el n° 36.865/18- confirmó la sentencia condenatoria dictada en la causa 321/16 (3.908) por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, que como se adelantó había revocado el veredicto absolutorio de primera instancia y dictado la primera sentencia de condena, con el alcance antes señalado (v. fs. 225/231 vta.).
Contra este último pronunciamiento, el defensor oficial del imputado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 235/244 vta.), siendo concedido por el a quo para el tratamiento de los agravios federales formulados (v. resol. fs. 261/262 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 273/276), dictada la providencia de autos (v. fs. 277), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el juicio de admisibilidad al que se hiciera alusión en los antecedentes se señala que son tres los motivos de agravio de pretenso cariz federal contenidos en el recurso de inaplicabilidad cuyo tratamiento competería a esta Corte.
I.1. En primer lugar, el concerniente a la denuncia de violación al principio de congruencia y del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.), en el que el recurrente sostiene que hubo una mutación de la figura legal adoptada por el Tribunal de Alzada y confirmada por quien fiscalizó ese fallo, que no había sido postulada por la acusación, sin oportunidad de discusión por su parte, para quien resultó sorpresiva, viéndose privada de efectuar los planteos defensivos pertinentes, más aún cuando la variación de la subsunción jurídica se produjo en la resolución de un recurso deducido por el fiscal (v. fs. 237/238).
Critica lo resuelto por el Tribunal de Alzada en cuanto tuvo por acertada la sentencia de sus pares de Trenque Lauquen al sostener que, dada la misma base fáctica durante toda la imputación, es atribución de la jurisdicción "...determinar la adecuación jurídica al evento en análisis" (fs. 237).
Con apoyo en un precedente del Tribunal de Casación afirma que la variación de la calificación jurídica en la sentencia, aún dentro de los límites del hecho descripto en la acusación, podría conducir en determinados supuestos a colocar al imputado en una situación de indefensión, tal como -a su criterio- aconteció en este caso.
I.2. Como segundo agravio, y bajo el acápite de "Atipicidad del delito de vejaciones", denuncia la vulneración del principio de legalidad penal previsto en el art. 18 de la Constitución nacional (v. fs. 239/241 vta.), "...habida cuenta la ampliación del marco punitivo que intenta darle la Alzada al abarcar [una] conducta que no está prevista en la norma en estudio (art. 144 [bis] inc. 2 del CP)" (fs. 241).
Argumenta que siendo que está fuera de discusión que Castellanos no estaba detenido, sino que estando en libertad se presentó en la Comisaría a formular una denuncia "por la situación vivida en su casa", como la figura legal en trato "en su faz objetiva" requiere que el sujeto pasivo se encuentre en ese carácter o "similar situación de privación de su libre disponibilidad", a su criterio, la conducta que se le endilga al imputado es atípica, debiendo así resolverse (v. fs. 241 vta.).
I.3. Por último, en el acápite que titula "Impugnación sobre la autoría" sostiene que no se encuentra acreditado en el caso "...que su pupilo le haya aplicado un golpe [a Castellano] que le produjera las lesiones que se dicen provocadas" (fs. 241 vta.).
Aduce que el tribunal revisor le da crédito absoluto a los testimonios del denunciante y de Cañas, minimizando las contradicciones apuntadas por su parte, "...sin interpretar todo el material colectado" que, según afirma, descarta la participación de Pizzano (v. fs. 242). También añade que el informe del hospital acerca de la multiplicidad de lesiones que poseía Castellanos es compatible con la versión de su pupilo, lo cual sumado a la pelea previa que existió entre éste y Cañas y los golpes de su cabeza contra el móvil policial, conduciría a concluir que éstas se produjeron de un modo distinto del que se tiene por acreditado (v. fs. cit.). Entonces, si la prueba es, como afirma, endeble, contradictoria o falaz, se impone la absolución de su asistido (v. fs. 244).
Finalmente, refiere que el Tribunal de Alzada se limitó a señalar que lo resuelto por el a quo era correcto, con base en una fundamentación aparente, incumpliendo con los estándares de revisión que emergen del fallo "Casal" de la Corte federal, con menoscabo al derecho a la doble instancia (v. fs. 242 vta. y 243).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera (v. fs. 273/276).
III.1. Si bien lo atinente a la afectación del principio de congruencia constituye una típica cuestión procesal que -según la regla general- resulta ajena a la competencia extraordinaria de este Tribunal, a tenor de la doctrina del art. 494 del Código Procesal Penal, como el punto involucraría una cuestión federal, y a fin de que esta instancia pueda constituir un tránsito adecuado para la posible articulación del remedio extraordinario previsto en los arts. 14 y 15 de la ley 48 (doctr. CSJN causas "Strada" y "Di Mascio"), corresponde su abordaje.
En dicho marco, el recurrente no logra desbaratar la decisión del tribunal revisor que concluyó que el presente es un caso de adecuación del derecho aplicable al hecho imputado, sin que los extremos fácticos registraran modificación alguna y que la mutación de la calificación legal pretendida por el fiscal (severidades) por la establecida por el sentenciante (vejaciones), no podía reputarse sorpresiva ni susceptible de desbaratar la estrategia de defensa del imputado, ya que "...no conlleva[ba] la incorporación de nuevos aspectos imputativos y consecuentes puntos de discusión ajenos a la controversia delimitada por la imputación originalmente cursada" (fs. 133 y vta.).
Es menester señalar que de la materialidad ilícita reconstruida por el Ministerio Público Fiscal surge que "Siendo aproximadamente las 01:30 horas del día 3 de noviembre de 2012, el Sargento José Ignacio Pizzano en el garaje de la Comisaría de Daireaux [...] mientras custodiaba a Jorge Lucas Castellanos quien se encontraba en el interior del móvil nº 11480 para ser llevado al hospital, le efectuó un golpe de puño en el rostro, causándole edema en la nariz lado derecho y hematoma paraperbral" (fs. 89 y vta.).
En punto a la calificación legal del suceso intimado, el juez de mérito descartó que el mismo pudiera enmarcarse como severidades en los términos del art. 144 bis inc. 3 del Código Penal -tal como lo había requerido el fiscal- porque dicha figura legal solo puede tener como destinatarios de tales actos a personas privadas de la libertad, no siendo esa la situación del aquí denunciante. Y, desechó, a la par, el examen de otra posible subsunción jurídica (vejaciones o lesiones graves calificadas por ser el autor un funcionario público), en el entendimiento de que una variación de esas características en dicho momento procesal resultaría violatoria del derecho de defensa en juicio contenido en el artículo 18 de la Constitución nacional, dictando veredicto absolutorio para el acusado (v. fs. 95/98).
A su turno, la Cámara de Apelación y Garantías de Trenque Lauquen, a instancias del recurso deducido por el fiscal, resolvió que no habría de compartir el criterio absolutorio con el que se pronunció el juez de grado, y que si bien el cuadro probatorio no permitía amalgamar la situación recreada en autos en los términos del art. 144 bis inc. 3 del Código Penal, sí podía serlo en la figura del art. 144 inc. 2 del mismo plexo legal sin que se produzca la invocada lesión del principio de congruencia.
Señaló que nada impedía asignarle al hecho comprobado ese otro título, pues en el caso "...se determina con identidad en las acciones desplegadas por éste en tanto en su condición de funcionario policial y teniendo a su cargo la tarea de conducir a la persona que se hallaba en la dependencia policial de la ciudad de Daireaux, ejerció sobre el mismo acciones vejatorias, tales como la aplicación de un golpe de puño a fin de lograr que Castellanos ingrese y permanezca en el móvil policial a fin de ser conducido al hospital municipal de la citada localidad" y que la aplicación de dicha figura no importa un plus o una variación más gravosa para el imputado, o la existencia de modalidades comisivas o circunstancias típicas novedosas para la parte (fs. 139 y vta.).
Ahora bien, en el decisorio que ahora se impugna la Cámara recordó que el fiscal ha imputado el mismo suceso fáctico durante todo el desarrollo del proceso, el que se mantuvo sin alteración ni modificación alguna durante las instancias transcurridas, y que tanto la sentencia de primera instancia, como la aquí cuestionada, han mantenido incólume la materialidad ilícita que fuera la base de la acusación (v. fs. 227 y vta.).
En ese entendimiento, expresó que sin variar los hechos se los subsumió en una calificación legal de similar característica, que se corresponde "...a la misma connotación jurídica, sobre la base de los aspectos objetivos revelados a través de la prueba introducida y producida en el debate oral", por lo que no se afectó el principio de congruencia ni el derecho constitucional a la defensa en juicio (v. fs. 227 vta.).
Refirió que el Tribunal de Alzada al adecuar el mismo suceso a otra calificación legal, "...no aplicó una figura penal totalmente diferente, pues ambas poseen el mismo bien jurídico protegido, la libertad, siendo ambos delitos supuestos de un mismo artículo, donde la diferencia yace en la situación en la cual se encuentra el sujeto pasivo frente al igual actuar del sujeto activo, o sea, si el funcionario policial ejerce la agresión ilegitima sobre una persona privada o no de libertad" (fs. cit.).
III.2. Frente a los fundamentos reseñados, el recurrente reedita el mismo planteo sin hacer foco en lo resuelto acerca de que no hubo un cambio en los hechos intimados los que se mantuvieron sin alteraciones a lo largo de todo el proceso, que la calificación legal finalmente actuada refiere al mismo continente delictual que la que formaba parte de la acusación, puesto que ambas aluden al mismo bien jurídico protegido, descartando, en consecuencia, el argumento del factor sorpresivo invocado por la defensa. Media pues insuficiencia impugnativa (arg. arts. 495, CPP y su doctr.; 15, ley 48).
Esta Corte tiene dicho que el objeto procesal está constituido por la representación conceptual del acontecimiento histórico y por las pretensiones que respecto de él se hacen valer en juicio, debiendo la sentencia condenatoria mantener esa correlación, en resguardo del derecho de defensa del imputado. De ahí que esa identidad debe comprender todos los elementos suficientes para juzgar la conducta del imputado (conf. por muchas, las causas P. 70.190, sent. de 26-IX-2007; P. 74.235, sent. de 31-X-2007; P. 99.820, sent. de 11-III-2009; P. 93.751, sent. de 15-VII-2009; P. 92.824, sent. de 31-VIII-2011; P. 124.736, sent. de 5-VII-2017). Y el recurrente alega la afectación al principio de congruencia sólo con base en el cambio de calificación legal dispuesto por el sentenciante de grado y en el análisis que ese tribunal realizó acerca de ambas figuras penales: la propuesta por el fiscal y la decidida en el fallo que impugna, mas omite explicar y demostrar que los hechos que constituyeron la materia del juicio resultaron alterados, cuando es esta circunstancia la que importa y decide la cuestión (conf. CSJN Fallos 242:227 y 456, 310:2094; 330:4945, e.o.).
Es que si bien es cierto, según doctrina de la Corte federal, que se comparte, que en determinados casos la modificación de la calificación legal podría importar un agravio constitucional, en la medida en que dicho cambio provoque el desbaratamiento de la estrategia defensiva del acusado, impidiéndole formular sus descargos (Fallos: 319:2959, voto de los doctores Petracchi y Bossert), la parte no ha logrado demostrar que se hubiera visto impedida de articular otra estrategia defensiva con virtualidad para influir en la solución adoptada, a efectos de considerar la atingencia de su reclamo desde la perspectiva de análisis del derecho constitucional de defensa en juicio que -a remolque del principio de congruencia- también alega transgredido.
En razón de todo lo dicho, el señor defensor no logra demostrar la concurrencia de las vulneraciones constitucionales que alega (art. 495, CPP).
IV. El segundo de los reclamos no corre mejor suerte.
Se advierte inicialmente que si bien en el recurso en trato la defensa de Pizzano reitera la crítica relativa a la atipicidad del delito de vejaciones que fue introducida contra la sentencia que revocó el veredicto absolutorio (v. fs. 156 vta./158), la denuncia de violación al "principio de legalidad" dada la ampliación del marco punitivo al abarcar una conducta que no está prevista en la norma en estudio -art. 144 bis inc. 2 del Código Penal- no fue sometida, con este pretenso alcance de cuestión federal, tal como ahora se la intenta (v. fs. 241), a la decisión de la instancia anterior, a pesar de que tal planteo ya tenía actualidad a ese momento, de modo que es producto de una reflexión tardía (art. 451, CPP y su doctr. conf. causas P. 118.294, sent. de 9-XII-2015; CSJN, Fallos 342:744; 331:423; e.o.).
De cualquier forma, cabe señalar que el sentenciante al confirmar el encuadre legal aplicado (vejaciones, art. 144 bis inc. 2, Cód. Penal) tuvo en cuenta que el Tribunal de Alzada, por aplicación del principio iuria novit curia y los lineamientos formulados por la primera instancia absolutoria, resolvió que aquél era el adecuado, toda vez que la víctima no se encontraba privada de la libertad, extremo que sí resulta exigido en el supuesto del inc. 3 de dicha norma de fondo.
Explicó, además, que se requiere de un sujeto activo que ostente el carácter de funcionario público, y que la acción reprimida se contextualice en el desarrollo de su actuación. Con relación al sujeto pasivo, señaló que puede serlo cualquier "persona", aun en el supuesto que no esté privada de libertad, interpretación que surge de la letra de la ley, advirtiendo en tal sentido una nítida distinción en el modo de describir la situación en la cual debe encontrarse la víctima respecto del mencionado inciso 3 (v. fs. 228 vta.).
Luego de describir el contexto en que sucedieron los hechos, concluyó que "...no estamos ante una persona privada de su libertad sino a la que se trataba de salvaguardar su salud" y que "...el accionar que se le imputa a Pizzano que habría realizado contra Castellanos, en el marco de sus funciones, no puede ser abarcado por la figura penal del inciso 3º, pero sí, claramente, por el inciso 2 del art. 144 bis del Código Penal" (fs. 228 vta. y 229).
Frente a ello, las objeciones de la defensa se revelan como un criterio divergente al del sentenciante en materia de interpretación y alcance de derecho sustantivo, por lo que no sólo resultan insuficientes para conmover la calificación legal atribuida a su asistido (doctr. art. 495, CPP), sino que, al resultar tardío el agravio sobre el principio de legalidad material, este enfoque residual no logra franquear la competencia revisora del tribunal (art. 494, CPP).
V.1. Por último, la crítica relativa a la acreditación de la autoría de Pizzano, tampoco procede.
La decisión del a quo respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
Ante similares agravios a los aquí traídos por la defensa acerca de que no se encontraría acreditado que Pizzano hubiera aplicado un golpe de puño a la víctima, así como que las múltiples lesiones que aquel presentara se justificarían en otros sucesos previos protagonizados por Castellanos, y las contradicciones en que habrían incurrido Cañas y Castellanos, la Cámara de Apelación y Garantías de Azul resolvió, en lo medular, que los testimonios de los nombrados brindados durante el debate oral en cuanto expresaron que el señor José Ignacio Pizzano agredió con un golpe de puño en el rostro a Castellanos sin mediar motivo alguno que lo justificara "...no se vieron contrarrestados con ninguna otra prueba que determinara la inexistencia de la agresión realizada por el funcionario policial" (fs. 229).
Luego de reseñar el contenido de estos testimonios, destacó que "Si bien puede existir cierta confusión entre los testigos respecto al momento en el cual se produce la acción agresiva de Pizzano, lo cierto es que ambos son contestes en la existencia de la agresión y la identidad del agresor; describiendo, con mayor precisión el testigo Cañas, el contexto en el cual se produjo" y que "...los demás funcionarios policiales no expresaron la ausencia de la agresión por parte de Pizzano sino que adujeron no haberla visto" (fs. 230).
Por otra parte, descartó que existiera "...un móvil mendaz y espurio" en el relato de los mismos "...máxime cuando el testigo José Orlando Álvarez ubicó a Cañas, Castellanos y Pizzano en un mismo contexto fáctico, que aporta credibilidad", ello de conformidad con lo resuelto por el juez de primera instancia que allí transcribió (v. fs. 230 vta. y 231).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.