Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131620
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales de los doctores Gonzalo Falco y Joaquín Gabriel Casabayo por los trabajos desarrollados en esta instancia en la cantidad de … jus (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017), con más el 10% de la ley 10.268, para cada uno de ellos.
En la ciudad de La Plata, a 4 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Pettigiani, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.620, "Zárate Maldonado, Alexis Joel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 87.295 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de mayo de 2018, rechazó, en lo que aquí interesa, el recurso de la especialidad interpuesto por el defensor de confianza de Alexis Joel Zárate Maldonado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que condenó al nombrado a la pena de seis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de abuso sexual con acceso carnal (v. fs. 266/283).
Frente a lo así decidido, los defensores particulares -doctores Gonzalo Falco y Joaquín Gabriel Casabayo- interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 310/317), el que fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. fs. 323/325 vta.).
Por resolución del 28 de noviembre de 2018, esta Suprema Corte declaró la nulidad de la aludida resolución de fs. 323/325 vta., y devolvió las actuaciones para que, con carácter de muy urgente, se dicte una nueva decisión sobre el punto (v. fs. 340/343). En función de lo así decidido, el 4 de abril de 2019, la aludida Sala II declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. fs. 356/360).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 374/376 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 377) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Los letrados de confianza del imputado Alexis Joel Zárate Maldonado denuncian la errónea aplicación de los arts. 18 y 19 de la Constitución nacional; 15, 16 y 168 de su par provincial; 45 y 119 tercer párrafo del Código Penal y de las normas rituales que cita (v. fs. 313).
Cuestionan el reproche penal efectuado contra su asistido por el delito de abuso sexual con acceso carnal, cuando, insistiendo con los agravios formulados en las instancias previas, a su criterio, el hecho tal como ha sido intimado no ha podido acreditarse.
Sostienen que ante la anotada imprecisión y vaguedad del tipo inculpatorio en su forma comisiva se ha restringido el derecho de defensa y debido proceso legal a quien asisten; y que se han desoído ya desde la pretensión punitiva al momento de la elevación a juicio los argumentos esgrimidos por su parte sobre el punto (v. fs. 313 vta.).
Destacan que, en todo caso, lo único que quedó plasmado sin reproche alguno es que el imputado mantuvo una relación sexual con la víctima, y merced a la fragmentación -que reputa indebida- de la prueba producida en el caso, se ha avalado la premisa delictiva (v. fs. 313 vta. y 314).
Desde esa perspectiva, el tribunal intermedio al resolver acerca de la participación penalmente responsable del nombrado se limitó "...a enunciar las constancias que de algún modo vinieron a justificar la hipótesis acusatoria, sin rebatir los argumentos sostenidos por [esa] defensa [...] que apuntaba al cercenamiento de la prueba utilizada o la descartada y que no era superflua, sin ningún tipo de argumento válido que permitiera ensayar su descalificación"; ello -a su entender- con inversión de la carga de la prueba y compromiso del principio de inocencia (arts. 18, Const. nac. y 1, CPP), al verse compelido a su demostración (v. fs. 314 y vta.).
Finalmente, tildan de arbitrario el fallo impugnado pues, afirman, de "...la supuesta prueba utilizada" para arribar al veredicto emitido sólo "...se pueden rescatar dos premisas válidas", en alusión a los dichos de la víctima y del imputado, porque "...todo lo demás, en lo que se refiere a testimonios nada aportan e impiden arribar a la condena" (fs. 314 vta.). En particular, por tratarse -a excepción de los de B. y P., que tampoco contribuyen al esclarecimiento de la hipótesis fiscal, el primero al no haber visto ni escuchado lo ocurrido por hallarse profundamente dormido, mientras que el segundo dio razón al posible moretón en el brazo de la víctima- de "testimonios de oídas" (fs. cit.).
Insisten en que únicamente "...surge la posibilidad fáctica de haber recibido el consentimiento" de la joven para la relación sexual, tanto por la descripción de la posición en que aquella tuvo lugar, como por lo declarado por Munilla en virtud de sus conocimientos médicos (v. fs. 315); y que una correcta aplicación de las reglas de la lógica, beneficio de la duda mediante, debería conllevar a la absolución del imputado Alexis Joel Zárate (v. fs. 315 y vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 374/376 vta.).
III. Inicialmente, cabe destacar que corresponde el abordaje de los planteos de pretensa índole federal, a tenor del alcance del juicio de admisibilidad obrante a fs. 356/360.
IV. La materialidad ilícita que el tribunal de primera instancia tuvo por legalmente comprobada da cuenta que "...el día 16 de marzo del año 2014 y siendo alrededor de las 07:30 horas, en el departamento planta baja, sito en la calle … nro. …, de la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, un sujeto del sexo masculino mayor de edad, identificado como ALEXIS JOEL ZARATE, irrumpió en la habitación en la que se encontraba durmiendo P. U. G. B. y la accedió carnalmente vía vaginal contra su voluntad, eyaculando en el interior de la vagina de la aludida víctima" (fs. 139 vta. y 140; el destacado figura en el original).
En lo que resulta de interés, dicho órgano la consideró acreditada, al igual que la autoría del nombrado Zárate, con el testimonio de la víctima explicando en forma clara y contundente las circunstancias en que ocurrió el abuso sexual, así como la participación del imputado (v. fs. 177); el de M. B., aclarando que se despertó con los gritos de la víctima, quién además no paraba de llorar por lo sucedido, circunstancias en que pudo ver a Zárate frente a él desnudo en las condiciones que relató (v. fs. cit.); la declaración de N. P. también refiriendo que se levantó desde la habitación en que pernoctaba al escuchar los gritos e insultos que le realizaba la víctima al imputado, intentando tranquilizarla sin lograrlo (v. fs. 177 y vta.); de la licenciada Marilina Lozano, que trató a la víctima desde el momento del hecho, señalando que aquella durante la terapia mantuvo recuerdos angustiosos recurrentes e involuntarios acerca del abuso, cuyo relato evaluó verosímil (v. fs. 177 vta.); el del taxista M. D. N. quién relató que en una oportunidad llevó al padre de N. P. y éste le dijo que su hijo había escuchado todo y que realmente Zárate había violado a la joven (v. fs. cit.). Con relación a la declaración del doctor Horacio Munilla, destacó que si bien es cierto que declaró que la cópula en esa posición era imposible sin el consentimiento de la mujer, su intervención se limitó a conocimientos generales por su experiencia, sin llegar a efectuar en ningún momento un análisis sobre las concretas circunstancias de la causa (v. fs. 177 vta. y 178), lo que afeblecía esa genérica afirmación.
Continuó refiriéndose a las piezas incorporadas por lectura, como el informe psicológico efectuado por la licenciada María Inés Olivella, en el cual también se hizo hincapié en la credibilidad de lo narrado por la víctima, que se reputó consistente, verosímil y que no presentaba indicadores de fabulación, ni simulación en su discurso (v. fs. 178); se valoraron además los informes de la perito psicóloga oficial Luisa Rossenfeld, de la psicóloga Alicia Castro y del médico especialista en medicina legal, neurología y psiquiatría, doctor Enrique Da Rosa, por resultar contestes en su contenido (v. fs. 178 y vta.). Y, en adición, la actuación notarial realizada por el escribano Eugenio E. Cavanna que constató los mensajes de texto recibidos en el dispositivo móvil de la víctima por quienes figuran agendados como M. B. y N. P. (v. fs. 178 vta./179 vta.), así como las fotografías de fs. 31 en las que se constata el hematoma y rasguños que poseía la parte superior del brazo derecho de la víctima, y el informe pericial de análisis comparativo de ADN (v. fs. 179 y vta.). Por último, con relación a los dichos del imputado al momento de prestar declaración a tenor del art. 308 del Código Procesal Penal, destacó que aquel dio su versión situándose en el escenario de los hechos, al momento de su acontecimiento, incluso reconociendo la relación sexual, no logrando de ningún modo contrarrestar las demás piezas probatorias obrantes en su contra en lo atinente a que no fue de mutuo acuerdo (v. fs. 179 vta. y 180).
V. Por su parte, el tribunal revisor convalidó lo resuelto en la instancia de grado, dando acabada razón de sus dichos (v. fs. 272 vta./282 vta.).
V.1.a. En efecto, al dar respuesta a similares planteos a los aquí esgrimidos respecto a la invocada imprecisión y vaguedad del tipo penal intimado, sostuvo que no se advertía vicio alguno que justifique la nulidad requerida, con eventual compromiso al derecho de defensa en juicio del que goza el acusado, el debido proceso sustantivo y al principio de contradicción sobre el que se basa el plenario, ya que la defensa pudo conocer con suficiente detalle el hecho que tuvieron por probado las partes acusadoras y los elementos que les permitieron arribar a esa certeza (v. fs. 272 vta. y 273).
Aclaró que la acusación se edificó a partir de una descripción completa del quehacer endilgado al imputado, abasteciendo las exigencias rituales en la materia, sin evidenciarse ningún tipo de indefinición en la fijación del suceso que pudiera haber puesto al condenado en un estado de indefensión (v. fs. 273 vta. y 274).
V.1.b. El referido agravio no procede.
Si bien tengo dicho que la necesidad de la determinación concreta del hecho imputado integra el estándar constitucional del debido proceso y, específicamente, de la garantía de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.), que su jerarquización se encuentra intensificada por su reconocimiento en el art. 8.2 inc. "b" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conf. art. 75 inc. 22, Const. nac.), a la par de vincularse con la posibilidad de ejercer un adecuado control de la subsunción legal del hecho (conf. mi voto, por todos, en causa P. 61.409, sent. de 14-V-2003), coincido con el sentenciante en que de la narración de la materialidad ilícita y del detalle de la prueba que le da sostén surgen los rasgos relevantes del hecho atribuido al imputado, sin que se advierta una afrenta al debido proceso ni un déficit que hubiera obstaculizado el ejercicio del derecho de defensa, por lo que los reclamos de cariz constitucional que porta este tramo del recurso decaen.
El Tribunal de Alzada dio cuenta de las razones por las que entendía satisfechos tales parámetros. Se refirió al suceso descripto en la acusación y la sentencia, destacó que en dichos actos se especificó el lugar físico donde se produjo el abuso, las características de las afrentas sexuales y el marco temporal en que sucedió, sin encontrar ningún tipo de indefinición en punto a la fijación o determinación del objeto del proceso que pudiera haber puesto a Zárate en estado de indefensión. Todo ello sin que la parte logre demostrar absurdo o arbitrariedad en lo así afirmado, por lo que media insuficiencia impugnativa (arg. arts. 495, CPP y 15, ley 48).
Por lo demás, el a quo descartó cualquier posible violación al principio de congruencia, ligeramente anunciada a remolque de lo anterior, en tanto, sostuvo, que del repaso de las constancias del legajo se advierte inalterable la materialidad fáctica achacada, cuando, de su parte, el recurrente no se ha ocupado de apuntar alguna variación relevante susceptible de justificar la infracción alegada (v. fs. 274). Tal afirmación también llega sin réplica idónea susceptible de revertir tal aserto (arts. cits.).
V.2.a. En lo que atañe a la prueba del caso, el a quo ratificó la ponderación del juzgador de grado merced a un análisis global de la producida en el debate, sobre la cual no encontró errores, apreciando "...una unidad probatoria coherente, conteste y compacta" (fs. 274 vta.); y restó eficacia a los embates de la defensa al criticar aisladamente los elementos ponderados "...obviando de ese modo la conducencia que de su valoración conjunta emanan" (fs. 274 vta.).
Para dar cuenta de ello, sostuvo que el testimonio de la víctima se vio fortalecido y ratificado por numerosos elementos de prueba, los que reseñó en extenso a partir de lo resuelto en la sentencia de grado (v. fs. 275/279 vta.).
Asimismo, coincidió con la fundamentación propuesta por dicho órgano jurisdiccional en respuesta a la supuesta omisión valorativa sobre la versión de los hechos dada por Zárate, y descartó la aplicación al caso del principio in dubio pro reo, habida cuenta que el a quo "...explicó detalladamente y brindó acabada motivación sobre su convicción y certeza sobre las cuestiones a resolver, sin que existiera en tal contexto espacio para la duda, la que aparece como un estado del espíritu que no existió en el sentenciante, lo que hacía imposible su tratamiento" (fs. 280 vta.).
En suma, concluyó que la visión particular de la defensa "...no alcanzó para evidenciar que en la construcción del razonamiento del a quo haya estado presente algún vicio con virtualidad descalificante de su decisión, por lo cual tampoco resultaba de aplicación el beneficio de la duda en favor del imputado en los términos del art. 1 del CPP" (fs. 281).
V.2.b. Frente a lo así decidido, los recurrentes se desentienden de los argumentos brindados por el tribunal revisor expresando -en consecuencia- su opinión personal contraria a lo resuelto. Y es sabido que el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del remedio impetrado, cuando, por lo demás, la sentencia puesta en crisis cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada (doctr. art. 495, CPP; causas P. 130.775, sent. de 12-VI-2019; P. 130.614, sent. de 20-III-2019; P. 120.729, sent. de 21-XI-2018; P. 121.364, sent. de 11-VII-2018; P. 122.967, sent. de 28-VI-2017; P. 120.912, sent. de 14-XII-2016; entre muchas otras).
En particular, y acerca de lo testimoniado por la víctima, el sentenciante apuntó los criterios a los que echó mano para su adecuada valoración. Tales, la ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de un móvil espurio; la verosimilitud del relato con base en corroboraciones periféricas de las cuales dio fundadas razones, verbigracia: los dichos de B. y P., los informes periciales, la actitud posterior de las partes junto con los referidos testigos verificada a través de los mensajes de texto extraídos de los teléfonos móviles; y la persistencia en la incriminación de la damnificada, todo lo cual se compadece con doctrina de esta Corte (conf. causas P. 113.053, sent. de 18-IX-2013; P. 126.328, sent. de 11-IV-2018; e.o.).
Si bien los recurrentes formulan otras interpretaciones posibles respecto del valor de convicción de los indicios aislados, omiten hacer un análisis conjunto de todos ellos, tal como fueron considerados por el tribunal del juicio -y convalidado por el revisor- para fundar los extremos de la imputación y la autoría responsable (conf. doctr. causa P. 112.623, sent. de 6-VIII-2014 y su cita -CSJN Fallos: 326:8, a contrario sensu-; entre muchas otras).
Dadas tales circunstancias, no encuentro arbitrarias las formulaciones del tribunal casatorio con las que dio respuesta a cada uno de los reclamos de la defensa y expuso los argumentos y razones que confirman la falta de consentimiento de la víctima al momento del hecho, no desde la apreciación parcelada de los diversos elementos de prueba, sino con una visión de conjunto (conf., entre varias, causas P. 112.623, cit.; P. 117.109, sent. de 26-X-2016; P. 116.541, sent. de 7-VI-2017 y P. 128.872, sent. de 5-XII-2018).
Tiene dicho esta Corte que si bien es posible que numerosos indicios considerados cada uno individualmente no alcancen para probar la autoría, en su conjunto le pueden proporcionar al tribunal la convicción de la intervención y culpabilidad del acusado en el hecho (v. en el sentido indicado, por todos, Roxin, Derecho procesal penal, Editores Del Puerto, Bs. As., 2000, pág. 106 y doctrina citada; mi voto en el ya citado precedente P. 112.623), siendo de este tenor en definitiva lo acaecido en el caso.
V.3. Luego, la genérica enunciación de que hubo una inversión de la carga de la prueba, con afección del principio de inocencia, no aparece acreditada a partir de lo resuelto por el tribunal revisor, quien afirmó del modo indicado la corroboración del hecho y la autoría de Zárate, sin encontrar debida explicación en la versión que éste intentó proponer.
V.4. De igual modo, por estar imbricado con los anteriores reclamos que han sido rechazados, queda sin sustento la denuncia de afectación al principio de in dubio pro reo que los comprendía (art. 495, CPP).
VI. En lo tocante a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales de los doctores Gonzalo Falco y Joaquín Gabriel Casabayo por los trabajos desarrollados en esta instancia en la cantidad de … jus (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017), con más el 10% de la ley 10.268, para cada uno de ellos.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia