Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130414
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.414, "González, Miguel Ángel; Sepúlveda, Claudio Rene y Rizzelli, Cosme. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 68.920 y sus acumuladas n° 68.922 y n° 68.925 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, merced al pronunciamiento dictado el 4 de octubre de 2016, hizo lugar parcialmente a uno de los recursos de la especialidad interpuestos contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Matanza que había condenado a Miguel Ángel González a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa en concurso real con portación ilegal de arma de guerra (Hecho I, víctimas Cesar Eduardo Romero y su esposa María Asunción Guarachi), y autor responsable de tenencia ilegal de arma de guerra (Hecho II); a Claudio René Sepúlveda a la pena de veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa (Hecho I), en concurso real con homicidio calificado por la condición de policías de las víctimas en grado de tentativa (Hecho III), y autor responsable de portación ilegal de arma de guerra -dos hechos en concurso real- (Hechos I y III); y a Cosme Rizzelli a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas como coautor responsable de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa (Hecho I), en concurso real con robo calificado por el uso de arma, y autor de portación de arma de guerra (Hecho IV, víctima Roberto I. Gallo; v. fs. 77/118).
En consecuencia, la Casación excluyó circunstancias agravantes (pluralidad activa en el hecho I) y cambió la calificación en el hecho III por el de abuso con armas de fuego contra el personal policial, pues consideró que la acción del imputado estuvo dirigida a intentar escapar y no matar a los preventores. Así, fijó la sanción para Miguel Ángel González en diecisiete años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas, como coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa en concurso real con portación ilegal de arma de guerra y, como autor responsable de tenencia ilegal de arma de guerra; a Claudio René Sepúlveda a la de diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa, en concurso real con disparo de arma de fuego agravado por la causa, y como autor responsable de portación ilegal de arma de guerra, dos hechos en concurso real; a Cosme Rizzelli a diecinueve años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas como coautor responsable de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa en concurso real con robo calificado por el uso de arma y como autor responsable de portación ilegal de arma de guerra (arts. 40, 41, 45, 55, 80 inc. 6, 105 inc. 1 primer párrafo, 166 inc. 2 primer párrafo y 189 bis inc. 2 cuarto párrafo, Cód. Penal; v. fs.182/195).
Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación de González y Sepúlveda (v. fs. 197/201 y fs. 242/246) y el letrado de confianza de Cosme Rizzelli -doctor Marcelo Ernesto Ciarlantini- dedujeron a favor de sus asistidos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 218/222). Ambos remedios extraordinarios fueron concedidos por el tribunal intermedio, conforme resoluciones de fs. 207/208 y 225 y vta.; fs. 226/227 y 257/258.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 276/280 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 298) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación respecto de González y Sepúlveda a fs. 197/201 y fs. 242/246?
2ª) ¿Lo es la vía de inaplicabilidad de ley articulada por el letrado de confianza de Cosme Rizzelli -doctor Marcelo Ernesto Ciarlantini-?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Liminarmente cabe advertir, que se tratan en forma conjunta los recursos interpuestos por el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación respecto de González y Sepúlveda, en virtud del tenor prácticamente idéntico de los agravios formulados (v. fs. 197/201 y 242/246).
Atacó la decisión en crisis atribuyéndole violación al principio de congruencia, el debido proceso y la defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP) en cuanto a la novedosa calificación legal atribuida a los imputados en ambas instancias por uno de los hechos reprochados (art. 80 inc. 6, Cód. Penal), al exceder los límites propuestos por el titular de la acción penal (arts. 42 y 80 inc. 7, Cód. Penal), tanto en las indagatorias prestadas como en la requisitoria de elevación a juicio.
Como también lo expresara en el memorial presentado (v. fs. 168), las figuras del art. 80 del Código Penal, requieren -en el plano subjetivo- finalidades o momentos especiales de ánimo diferentes. Así en el art. 80 inc. 6, la intención de matar bajo el concurso premeditado de dos o más personas alude a un acuerdo para ejecutar el delito y el art. 80 inc. 7 del mismo cuerpo legal, el énfasis se coloca en la conexión ideológica con la comisión de otro delito, lo que habría generado la imposibilidad de defenderse de manera efectiva (v. fs. 199 y vta.).
Sostiene, que la decisión adoptada, excedió las normas del proceso penal afectando la garantía de imparcialidad judicial (v. fs. 200).
Solicitó se case la sentencia en crisis, por violación al derecho de defensa y debido proceso, y se reenvíe al a quo a fin de que -debidamente integrado- dicte nuevo pronunciamiento (art. 496, CPP).
II. Coincido con la Procuración General: el recurso no prospera.
II.1. El Tribunal de origen tuvo por acreditado -en lo que interesa destacar- que "...el día 30 de junio de 2012 aproximadamente a las 00.30 horas frente a la casa 123 del Barrio Democracia de Ciudad Evita, al menos cuatro sujetos del sexo masculino, actuando de consuno y respondiendo a un plan común previo, interceptaron a César Eduardo Romero y su esposa María Asunción Guarachi, quienes se desplazaban en un vehículo marca AUDI, propiedad del primero, intimidándolo con armas de fuego que blandían y exhibían, sin autorización legal para ello, comenzando a efectuar disparos, dirigidos clara y evidentemente hacia la humanidad de los ocupantes del rodado, con el claro destino de obtener la muerte de ambas personas, lo que no lograron por razones ajenas a su voluntad, sólo por azar, siendo que uno de los disparos impact[ó] en la zona toráxica de la Sra. Guarachi, lo que le provocó la pérdida del embarazo de 21 semanas de gestación que cursaba, y [le] ocasion[ó] graves heridas en su cuerpo que le provocaron una paraplejia..." (fs. 83 y vta. de la causa n° 3237).
II.2. Al interponer el recurso de casación, el señor defensor particular de Sepúlveda (v. fs. 47/54 vta. del legajo 68.922) denunció violación del principio de congruencia, ya que al momento de declarar fueron escuchados a tenor del art. 308 del Código Procesal Penal en orden al delito de tentativa de homicidio criminis causa y sin embargo, el Tribunal sentenciante condenó en orden al delito de tentativa de homicidio premeditado de dos o más personas, omitiendo analizar y fundamentar la conclusión del tribunal de origen de que lo resuelto no importó afectación al principio mencionado.
Solicitó la nulidad por ser sobreviniente y tildó de arbitraria la sentencia recurrida por incongruente.
En igual sentido, la señora defensora oficial de González, cuestionó la resolución recurrida por violación al principio de congruencia, por la calificación legal del hecho I. Con cita del fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Fermín Ramírez vs. Guatemala", la mención de los arts. 317 y 374 del Código Procesal Penal, propició la nulidad del fallo ante el cambio de calificación efectuado (v. fs. 123/132 vta.).
II.3. En respuesta a ello, el tribunal intermedio dejó sentado, en el punto, que no advertía la vulneración del principio de congruencia, y -en lo sustancial- estimó que todos los imputados en el hecho I habían actuado de consuno, durante la secuencia en que se damnificara a Romero y Guarachi, a quienes les dispararon con intención de matarlos y con división de tareas determinadas, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad (v. fs. 189).
Adelantó que con la solución apuntada, no se comprometió el principio de congruencia, por encontrar acogida en el art. 375 penúltimo párrafo del Código Procesal Penal en cuanto establece que "...el tribunal no podrá apartarse del hecho contenido en la acusación o en sus ampliaciones" (fs. 183 vta.); y que -en el caso- el de grado no había alterado "la base fáctica sostenida por el Fiscal al momento de alegar, en otras palabras existió identidad entre la selección de los hechos con relevancia jurídica, y la calificación tuvo la consiguiente correlación" (fs. cit. y 184).
Luego resolvió que, "...así como el veredicto es acto único e inescindible, y cada parte que l[o] integra no debe valorarse como un comportamiento estanco, no se puede caer en el absurdo de sostener lo contrario en lo que es materia de acusación, y en ese sentido, el titular de la acción pública circunscribió los hechos objeto de juzgamiento, los que en modo alguno fueron variados" (fs. 184).
III. Frente a lo así decidido, el aquí recurrente se desentiende de los argumentos brindados por el a quo para desestimar su planteo, expresando su opinión personal contraria a lo resuelto, sin adunarle ningún desarrollo que -controvirtiendo todos los fundamentos del fallo- evidencie la violación a las garantías constitucionales invocadas, o hayan sido revisadas sin el alcance debido (doctr. art. 495, CPP; conf. causas P. 75.261, sent. de 15-XII-2004; P. 90.723, sent. de 20-XII-2006; entre otras).
De igual modo, es dable destacar que en la supuesta violación constitucional esgrimida por el recurrente no consigue demostrar la existencia de una efectiva y trascendente variación en los hechos que constituyeron la materia del juicio, circunstancia que, en definitiva, decide la cuestión (conf. Fallos: 242:227 y 456, 310:2094, citados en causa P. 112.310, sent. de 24-X-2012).
Asimismo, debo recordar que la doctrina sostiene que "todo aquello que, en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, en el sentido de un dato, con trascendencia en ella, sobre el cual el imputado y su defensor no se pudieron expedir, cuestionarlo y enfrentarlo probatoriamente, lesiona el principio estudiado" (Maier, Julio B.J., Derecho Procesal Penal Argentino , Tomo I, vol. B, Ed. Hammurabi, pág. 336). Por ello es que la garantía en examen "...reclama que exista congruencia entre el reproche final que se le hace al imputado y los hechos concretos que motivaron su acusación" (Carrió Alejandro D., Garantías Constitucionales en el proceso penal , 5ta. Edición, 3era. reimpresión, Buenos Aires, Hammurabi, 2010, pág. 131).
En el caso de autos no advierto ni se ha demostrado la existencia de un estado de sorpresa por indefensión, tal como lo cataloga el recurrente. Debo traer a colación que similar plataforma fáctica fue descripta en los lineamientos de la requisitoria de elevación a juicio (v. fs. 1.915/1.937 vta. del legajo n° 3.237); de la acusación en el debate (v. fs. 69 y 72 vta. de la causa n° 68.920), y en la primera cuestión del veredicto (v. fs. 83 /84 de la causa n° 68.920).
Por lo dicho, sumo que es doctrina de esta Suprema Corte la que indica que la consideración jurídica que debe darse a un hecho conocido por la defensa, en tanto no resulte sorpresivo y se encuentre debidamente acreditado, es una atribución de los magistrados en ejercicio de su jurisdicción (conf. causas P. 59.972, sent. de 12-III-2003; P. 67.346, sent. de 23-IV-2003; P. 81.901, sent. de 3-XII-2003; P. 95.474, sent. 28-V-2008; P. 98.745, sent. de 1-IX-2010; e.o.).
Por otro lado, y como otro argumento a tener en cuenta para la solución del caso, cabe recordar la doctrina legal que establece que las nulidades no tienen por fin satisfacer pruritos formales, sino enmendar perjuicios efectivos que pudieren surgir de las desviaciones procesales, cada vez que éstas supongan una restricción de la garantía de defensa en juicio o del debido proceso (art. 203 y concs., CPP; conf. causas P. 79.268, sent. de 8-IX-2004; P. 65.404, sent. de 29-IX-2004; P. 96.779, sent. de 17-VIII-2007; P. 94.386, sent. de 20-VIII-2008; P. 107.767, resol. de 11-XI-2009; e.o.), los que en el caso no vienen demostrados.
En conclusión, no se evidencia a tenor del contenido de lo resuelto que el tribunal hubiera incurrido en las transgresiones de los preceptos constitucionales que vienen denunciados. Media, pues, insuficiencia en el ataque (conf. doctr. art. 495 del ritual). Decae, entonces, la petición de anular el pronunciamiento en crisis.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor particular tildó de arbitraria la sentencia recurrida al sostener que la valoración probatoria efectuada fue forzada desde que, en ambas instancias, tratan de colocar a Rizzelli en el lugar y el día del hecho (v. fs. 220 vta. y 221).
Cuestionó la calificación legal -art. 80 inc. 6 del Código Penal- en el entendimiento que la premeditación por sí sola no alcanza para agravar el delito. Entendió que si bien existió pluralidad de intervinientes no se encuentra probado el acuerdo previo para su ejecución.
Entendió, además, que tanto el tribunal de origen como el de Casación tuvieron por probada la portación de arma de guerra que se le endilga, cuando a su criterio no se demostró que Rizzelli la llevara consigo, por lo cual, su conducta no puede encajar en las previsiones del art. 189 bis inc. 2 cuarto párrafo del Código Penal (v. fs. 221 vta.).
II. Coincido con el señor Procurador General: el recurso no prospera (v. fs. 276/280 vta.).
III.1. Frente a similares objeciones formuladas oportunamente por la defensa, el tribunal de la instancia anterior analizó la prueba producida en el hecho I y convalidó lo actuado. En particular, ponderó los dichos de Camila Caffarena en cuanto relató que "...dijo conocer a los imputados por ser amigos de su ex novio -Juan Pablo Moreno- y de Cozzi, refiriéndose a Cosme Rizzelli," "...por ser tío de Pepi"; "...que todos ellos paraban en el kiosco de la calle 900 y Central, y que la última vez que lo vio a Pucho estaba en la rotonda con un Peugeot 307 gris". "Expresó que inmediatamente después de encontrarse con su novio vio pasar un auto por la calle 900 del Barrio Villegas, que dio vuelta la rotonda y se detuvo frente a Miguel, Cosí y Gus, ubicando en la noche del hecho a los nombrados en el lugar, y a bordo de un Peugeot 307 color gris" (fs. 188 vta.).
Agregó, que María Guarachi -víctima de autos- señaló que su esposo -Romero- le comentó que los autores del hecho habían sido cuatro o cinco y entre las personas se encontraba Cozzi, alias "el tuerto", quien fue el que "...conducía el auto" (fs. 187 vta.) y reputó que dichos testimonios coincidían con las imágenes brindadas por una de las cámaras de seguridad del Centro Operativo Municipal (v. fs. 189).
Asimismo que, "...conforme lo informado por el RENAR a fs. 901/902; 1.145/1.151 y 1.655/1.656" tuvo en cuenta que ninguno de los imputados se encontraban como legítimos usuarios de armas de fuego (v. fs. citada).
III.2. Los integrantes de la Sala III –doctores Violini y Borinsky- coincidieron en torno a la materialidad ilícita y a la coautoría atribuida al coimputado, extremos desarrollados por el segundo de los nombrados, al resolver que "...ha quedado probado con la certeza necesaria que un pronunciamiento de condena requiere, que tanto Miguel Ángel González, Claudio René Sepúlveda y Cosme Rizzelli, han actuado de consuno en el hecho que damnificara a Romero y Guarachi, a quienes le dispararon con intención de matar y división de tareas determinadas, no lograron su cometido por razones ajenas a su voluntad" (fs. cit.), de esta manera justificó la intervención de Rizzelli en el hecho cuestionado y la aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal.
IV. Ante los fundamentos empleados por la Casación para estimar adecuada la calificación legal discutida y su intervención en el denominado hecho I, en la medida de las impugnaciones esgrimidas y con referencia específica a las circunstancias de la causa, el señor defensor no procura evidenciar que esa motivación resulte incompatible con el debido proceso legal.
En lo que respecta a su intervención en el hecho IV, el uso de un arma de fuego en el delito de desapoderamiento violento (robo con armas) y su secuestro posterior en el interior del vehículo sustraído y que se encontraba en poder del imputado -como señala el Procurador en su dictamen- dan cuenta sin margen de dudas de la existencia de los presupuestos que abastecen, en carácter de autónomo, el delito contra la seguridad común que cuestiona.
V. La defensa si bien centra su crítica en la errónea aplicación de la norma de fondo, sus desarrollos dan cuenta de una interpretación de los hechos y un relato particular de aquellos distinto a cómo se los tuvo por configurados en las instancias anteriores para desestimar las pretendidas figuras en ciernes (conf. causas P. 104.926, sent. de 21-X-2009; P. 108.608, resol. de 17-II-2010; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 116.425, resol. de 10-X-2012; P. 111.758 y P. 116.681, ambas resols. de 19-XII-2012; P. 112.443, resol. de 30-X-2013; P. 117.877, resol. de 18-XII-2013; e.o.).
Y tales consideraciones, referidas a cuestiones relativas a la determinación de los hechos y la valoración de las pruebas, además de no ser propias del ámbito de conocimiento de esta Corte, no pasan de ser una oposición personal -divergente a la del juzgador- que no plasma la concurrencia de la arbitrariedad que invoca (doctr. arts. 494 y 495, CPP; conf. causas P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 105.012, sent. de 15-VI-2011; P. 102.300, sent. de 30-XI-2011; P. 97.262, sent. de 28-XII-2011; P. 110.446, sent. de 18-IV-2012; P. 109.534, sent. de 3-V-2012; P. 109.476, sent. de 22-VIII-2012; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 113.916, sent. de 20-III-2013; P. 119.412, resol. de 21-VIII-2013; P. 112.724, resol. de 30-X-2013; P. 117.588, resol. de 5-III-2014, entre muchas otras).
Las deficiencias apuntadas sellan la suerte adversa del remedio interpuesto, lo que conlleva invariablemente su rechazo.
VI. Sólo resta mencionar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que
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