Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131297
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.297 , "M., F. A.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 86.405 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 21 de diciembre de 2017, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de F. A. M. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Mercedes que, en el marco de un proceso de juicio abreviado, condenó al nombrado a la pena de ocho años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima por las circunstancias de su realización, agravado por el vínculo de parentesco reiterado -tres oportunidades- (art. 119 párr. 1, 2 y 4, inc. "b", Cód. Penal; v. fs. 39/44).
La señora defensora oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 56/61 vta.), el que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 62/65 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 77/79), dictada la providencia de autos (v. fs. 80) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora defensora oficial adjunta de F. A. M., denunció la violación de la utilidad de la defensa en juicio en el contexto de la obligación a la revisión amplia del fallo de condena (arts. 18, Const. nac.; 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP).
Allí explicitó la cuestión federal que estimó comprometida, la que -a su entender- surgió a partir del dictado de la sentencia del a quo que rechazó por extemporáneo el planteo que la defensa realizó ante esa instancia (v. fs. 58).
Le achacó al revisor una interpretación formalista y desconsiderada del servicio de la defensa pública, al anteponer las prescripciones del Código adjetivo respecto a la temporaneidad de los planteos y no realizar el máximo esfuerzo de revisión posible, estando en juego garantías constitucionales (v. fs. cit.).
Entendió que dicho proceder atentó contra la utilidad de la defensa pública y afectó de modo directo el deber de realizar el esfuerzo máximo de revisión. Trajo a colación los fallos "Casal", "Martínez Caballero" y "González Arroyo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los casos "Herrera Ulloa" y "Mohamed" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo decidido por este Tribunal en las causas P. 92.143 y P. 117.659 (v. fs. 59 vta. y 60).
Manifestó que el Tribunal de Alzada no realizó esfuerzo alguno a favor del ejercicio de su competencia de conformidad con el nuevo cuarto párrafo del art. 451 del Código Procesal Penal. Destacó que "...al omitir el tratamiento de las cuestiones planteadas durante el trámite del recurso se estaría haciendo caer en letra muerta la oralidad en la revisión, alterando lo normado por el art. 458 del CPP y llevando a la inutilidad de pedir una audiencia ante el Tribunal pues la función de la defensa se debería limitar a 'reiterar' lo manifestado por el recurrente por escrito, ya que, desplazada por ritualismos, nada más puede decir y/o hacer" (fs. 60 y vta.).
Expuso que lo decidido desnaturaliza "la utilidad del trámite del recurso" y "desconsidera la reforma del art. 451 del C.P.P., 4° párrafo", convirtiendo el acto en un mero proceso formal que lleva a la frustración de la defensa (v. fs. 60 vta.).
Consideró que atenta contra el debido proceso, la respuesta meramente formal otorgada por el sentenciante al planteo vinculado a la extinción de las acciones penales por prescripción, desde que su tratamiento debió tener procedencia por sobre cualquier otra cuestión tanto sustantiva como procesal (v. fs. 60 vta. y 61).
Concluyó que las limitaciones adjetivas a las que acudió el Tribunal de Casación para desoír lo dicho por la defensa pública ante dicha instancia y limitar el esfuerzo revisor fragmentando los agravios de una institución creada por el Estado local para brindar una defensa especializada, limitan el razonable esfuerzo revisor peticionado, y le restan utilidad tanto al derecho de defensa en juego, como a las importantes organizaciones estatales destinadas a mejorar la amplitud revisora (v. fs. 61).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del remedio intentado (v. fs. 77/79).
III. Estimo que el planteo es deficitario y por lo tanto no prospera (art. 495, CPP).
Para comenzar, cabe precisar que F. A. M. fue condenado a ocho años y ocho meses de prisión (dos meses menos que la pena acordada por las partes en el marco del procedimiento abreviado pactado). En consecuencia, en virtud del incumplimiento del recaudo del monto de pena impuesto (conf. art. 494, CPP), el margen de conocimiento de esta Corte ha quedado acotado únicamente al análisis de cuestiones federales.
III.1. Dicho esto, el único agravio de la defensa que fuera admitido gira en torno a la restricción del derecho a una revisión amplia del fallo de condena, que la recurrente estima infringido merced al criterio del Tribunal de Casación de no abordar los planteos novedosos incluidos en la oportunidad del art. 458 del Código Procesal Penal, lo que -a entender de esa parte- llevó a desvirtuar la utilidad de la defensa pública.
Del voto del doctor Fernando Luis María Mancini (al que adhirió su colega el doctor Martín Manuel Ordoqui) surge que los planteos "acerca de la determinación del monto de pena" recibieron como respuesta, la desestimación por extemporáneos de conformidad con la regulación del art. 451 del Código Procesal Penal (v. fs. 43 parte final).
Al respecto, esta Corte tiene dicho que el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término "... el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos ". Las posteriores ocasiones procesales (como las previstas en el art. 458, CPP) están contempladas para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad (doctr. art. 451, tercer párr., CPP; conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 99.549, sent. de 8-VII-2008; e.o.).
Por lo demás, el argumento referido a que la postura criticada atenta contra la "utilidad" de la defensa pública ante el Tribunal de Casación no es de recibo, pues también tengo dicho que más allá de reconocerse el importantísimo desarrollo de la actividad de la defensa oficial, su sistema de trabajo interno o el modo de organización jerárquica en que se estructura ese cuerpo no son parámetros vinculantes a la hora de interpretar la normativa que se critica. Y que ese razonamiento colocaría en una situación desigual a quien es asistido por la defensa oficial respecto de quien es defendido por un abogado de la matrícula, siendo que la normativa no permite deslindes de ese tenor (conf. causas P. 124.480, sent. de 15-XI-2016; P. 129.498, sent. de 17-IV-2019; e.o.).
Asimismo, cabe señalar que lo resuelto por la Corte federal en el precedente "Casal" (CSJN Fallos: 328:3399), no derogó -aún de manera implícita- las normas adjetivas que reglamentan la oportunidad procesal para introducir los agravios ante las instancias revisoras, y al fijar la doctrina de la capacidad de revisión o del máximo rendimiento lo hizo en función de la profundidad de la revisión, mas no respecto de la extensión de los agravios llevados, obligando a los tribunales intermedios a revisar aspectos consentidos por las partes o remediando -fuera de los supuestos de indefensión del imputado- las omisiones de aquellas, y este criterio fue en definitiva ratificado por el Superior Tribunal de la Nación en el caso "Godoy, Gustavo Ezequiel y otros s/ causa nro. 1499/1514", sentencia de 22-XII-2008, conforme fuera citado por el Tribunal de Casación (conf. causa P. 129.498, sent. de 17-IV-2019).
En cuanto a la cita de los precedentes P. 92.143 y P. 117.659 me remito por razones de brevedad a los argumentos que indica el señor Procurador General en su dictamen (v. fs. 78 y vta.).
III.2. Finalmente, lo referido a la supuesta prescripción operada respecto de alguno de los delitos que integran la condena, no se dirige contra una decisión de Casación que hubiese abordado y descartado la extinción de la acción penal por prescripción, cuyo -eventual- desacierto intente ahora revertirse por la vía elegida (arg. art. 494, CPP).
Tampoco las argumentaciones de la parte (expuestas en el punto I) se dirigen a impugnar el pronunciamiento en razón de haberse dictado una sentencia en infracción a la doctrina que impone la declaración oficiosa de prescripción de la acción penal cuando estuvieran satisfechos todos sus presupuestos, en su caso en razón de la aplicación de la ley más benigna -ley 25.990- (conf. doctr. causas P. 83.722, sent. de 23-II-2005; P. 99.504, sent. de 20-V-2009; e.o.).
De manera que el recurso también es impróspero en este aspecto (art. 495, CPP).
Por lo demás, si eventualmente se pretendiera la indagación sobre el cumplimiento o no de los presupuestos de la prescripción de la acción penal conforme lo expuesto, ello ha quedado fuera del margen de admisibilidad recursiva decretada oportunamente y, por lo tanto, se trataría de un planteo originario que como tal excede la competencia de este cuerpo establecida en los arts. 161 de la Constitución provincial y 479 y concordantes del Código Procesal Penal.
Por último, y aun cuando lo dicho abastece para el rechazo, no puedo dejar de advertir que los hechos materia de juzgamiento dan cuenta de que A. C. M. -quien padece discapacidad intelectual- entre los trece (13) y hasta los veintiséis años (26), es decir en el lapso del 18 de agosto del 2000 al 30 de septiembre del año 2013, resultó víctima de conductas abusivas en -al menos- tres oportunidades por parte de su progenitor, el imputado F. A. M., hechos que fueron calificados como abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y agravado por el vínculo de parentesco, reiterado (conf. art. 119 párr. 1, 2 y 4, inc. "b", Cód. Penal).
Tales circunstancias de vulnerabilidad en razón de la edad, género y discapacidad de la víctima (conf. Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, incorporadas mediante la adhesión efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Acordada 5/2009) merecen particular atención a la hora de examinar la vigencia de la acción penal pues conllevan al necesario análisis de la aplicabilidad al caso de las reformas de los plazos de prescripción para esta clase de ilícitos que introdujeran las leyes 26.705 (B.O., 5-X-2011) y su modificatoria 27.206 (B.O., 10-XI-2015), discusión que aquí ha sido abiertamente soslayada.
Con todo lo dicho, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Negri, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia