Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131371
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.371, "Paz, Julio César s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 79.146 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de la ciudad de Tandil que condenó a Julio César Paz a la pena única de treinta y siete años de prisión y accesorias legales del art. 12 del Código Penal, manteniendo su declaración de reincidencia, en los términos del art. 58 del Código Penal y 18 del Código Procesal Penal (v. fs. 340/349).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco- articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 406/411) el que fue concedido merced a la resolución de fs. 413/415.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 420/422), dictada la providencia de autos a fs. 423 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal alegó la violación al art. 55 del Código Penal por haber resuelto el a quo "...que el máximo de la pena privativa de la libertad prevista por la ley aplicable al caso resulta ser de treinta y siete años y seis meses de prisión, por aplicación de lo normado en los arts. 79 y 227 ter..." (fs. 407 vta.) del digesto sustantivo, en el texto que rige este juicio, anterior a la ley 25.928.
Consideró que "...si bien es determinante para la aplicación de las reglas del art. 55 del Código Penal aplicable al caso que el Tribunal de Casación recurra a la pena más alta que contenga la parte especial del Código Penal a fin de determinar el máximo de la pena aplicable, esto es, el art. 79 del C.P., la interpretación que, respecto del art. 227 ter de la ley 23.077 se vierte en la sentencia recurrida para aumentar el tope punitivo [...] a 37 años de prisión, resulta contraria a los principios de legalidad, racionalidad y proporcionalidad mínima de la pena, subvirtiendo la sistemática del Código, al convertir a la reclusión y prisión perpetuas en una penalidad de menor gravedad que las penas privativas de libertad divisibles en razón del tiempo transgrediendo lo normado en los arts. 5, 6 y 57, lo que contraría la lógica diferencia cuantitativa que existe entre una y otra categoría punitiva" (fs. 408 y vta.).
Resaltó que el órgano intermedio se desentendió de interpretar la citada ley 23.077 en armonía con el cuerpo normativo al que se incorporó, dado que la interpretación adoptada no se ocupó de abordar las graves incongruencias que generaba en la sistemática del Código Penal.
En esa tarea, señaló que, en el caso de la libertad condicional, que conforme el art. 13 del Código Penal, podrá concederse, -en el régimen anterior a la ley 25.928- para los condenados a reclusión o prisión perpetua a los veinte años, a los condenados a una pena temporal de treinta y siete años y seis meses de prisión o reclusión les correspondería una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena, esto es, a los veinticinco años (v. fs. 409). Asimismo, puso de manifiesto dicha contrariedad al considerar que un penado a reclusión o prisión perpetua podría cumplir su pena a los veinticinco años (veinte para obtener la libertad condicional más cinco en libertad cumpliendo las restricciones impuestas), mientras que un condenado a la pena temporal máxima aludida, recién en ese momento estaría en condiciones de solicitar su libertad condicional (v. fs. 409 vta.).
Agregó que también resultaría modificada la escala penal de la tentativa que disminuye la pena para los delitos que prevén reclusión perpetua de quince a veinte años y para los de prisión perpetua de diez a quince años, "...sanciones que resultarían inferiores a la de veinticinco años que resulta de la reducción de un tercio, del monto punitivo de treinta y siete años y seis meses, conforme el criterio de disminución de la pena de la tentativa consagrado por esa Suprema Corte" (fs. cit.).
A ello, sumó las penas aplicables a las reglas de la participación (art. 46, Cód. Penal), pues un cómplice secundario sancionado con prisión o reclusión perpetuas cargaría con una pena inferior que el que padeciera una pena temporal divisible. Finalmente, explicó que algo similar se verifica con la estructura de las penas de inhabilitación absoluta perpetua e inhabilitación especial perpetua (v. fs. 410).
En definitiva, señaló que los defectos hermenéuticos que exhibía la interpretación efectuada en la sentencia impugnada, lo llevaba a sostener que lo normado por el art. 227 ter del Código Penal resultaba aplicable a las escalas penales que no llegaban a veinticinco años, por constituir lo allí normado una agravante genérica, dado que no tipificaba ninguna conducta ni conminaba su correspondiente pena, lo que evidenciaba que se encontraba erróneamente ubicada en la parte especial del digesto sustantivo, "...defecto que no le quita su naturaleza de norma general y que acota su ámbito de aplicación a los delitos del título en el que se encuentra inserta" (fs. 410 y vta.).
Por todo ello, consideró que el máximo de la pena privativa de la libertad divisible debía ser establecido en veinticinco años, dado que las penas perpetuas, por estar reservadas a los delitos más aberrantes, debían necesariamente resultar más graves que las temporales. De ahí que lo resuelto en sentido contrario por el Tribunal de Casación, atentaba contra el principio de proporcionalidad de las penas y de razonabilidad (art. 28, Const. nac.).
En consecuencia, solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto, se case la sentencia recurrida y se establezca que el monto punitivo máximo de prisión que podía imponerse a Paz resultaba ser de veinticinco años de prisión, por aplicación de lo normado por los arts. 55, 58 y 79 del Código de fondo.
II. Al igual que el señor Procurador General estimo que la impugnación deducida debe ser rechazada (v. fs. 420/422).
III. En lo que aquí interesa, el Tribunal de Casación resolvió que el caso bajo estudio se hallaba regido por el texto anterior a la sanción de la ley 25.928, reforma que terminaba con la discusión planteada, toda vez que el tope máximo de pena a imponerse en el supuesto del concurso real se fijaba en cincuenta años de pena privativa de la libertad, modificación no aplicable aquí en razón de la mayor benignidad contenida en el anterior cuerpo normativo (art. 2, Cód. Penal). Estimó que el art. 55 del Código de fondo es una disposición de carácter general cuyo enunciado (previo a la sanción de la citada ley que data de 2004) no determinaba con precisión cuál era el máximo de las penas privativas de libertad, limitándose a establecer un enunciado general consistente en que el máximo de la escala punitiva aplicable en caso de concurso real de delitos no podía exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trataba (v. fs. 344).
Explicó que para ello debía recurrirse a las figuras penales previstas en la parte especial del Código Penal y en las leyes que en ese aspecto lo complementaban, para establecer así ese tope a aplicar en el caso concreto, acudiendo -además- a una interpretación globalizada de la legislación vigente para lograr la determinación aludida. "Es cierto que en tiempos pretéritos se consideraba que el máximo de la pena privativa de la libertad temporal era de veinticinco años -en atención a la pena que específicamente prevé el artículo 79 del C.P.-, pero ello no autoriza a concluir que cualquiera sea la variación que se opere en las penas previstas en la parte especial del código ese monto no puede mutar o, como en el caso analizado, superarse. En efecto, el criterio entonces aplicado y el que corresponde ahora utilizar también, de acuerdo a la clara disposición en cuestión, es el de que tanto para el concurso de delitos como para la unificación de penas conforme a una interpretación sistemática, dicho límite podrá variar cada vez que se modifiquen en la parte especial las escalas penales correspondientes a la especie de pena (prisión o reclusión) de que se trate -cuando los legisladores así lo consideren necesario por razones de política criminal-" (fs. 344 vta.).
Sentado ello, entendió que lo antedicho era lo que ocurría con la reforma instrumentada por la ley 23.077 que introdujo al Código Penal el art. 227 ter que dispone que "el máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentada en un medio" , por lo cual estimó que el máximo de la pena de veinticinco años de prisión, prevista para algunos delitos de la parte especial del Código Penal, acrecía en un medio cuando se trata del supuesto del art. 227 ter del citado Código sustantivo, que se refería a la de "cualquier delito" , y en consecuencia alcanza los treinta y siete años y seis meses de prisión, sin hacer mención a aplicaciones en casos concretos (v. fs. 345).
Destacó que la distinta naturaleza de los delitos que componían el libro segundo, en nada cambiaba la operatividad del art. 55 del libro primero en el sentido ahora sostenido, y que "...ni del debate parlamentario ni de la letra de la reforma operada puede extraerse la intención del legislador de evitar estas consecuencias sistemáticas que eran previsibles al alterar ostensiblemente los máximos de las penas privativas de la libertad; aspecto este último en el que cabe tener presente que no es dable presumir la imprevisión o inconsecuencia por parte del legislador..." (fs. 345 vta.).
Indicó que -al margen del acierto o desventaja de lo establecido con relación a la pena prevista en el art. 227 ter del Código Penal y de lo que pudiera considerarse deseable en cuanto a la precisión de la que adolecía la norma genérica del art. 55 de ese mismo cuerpo normativo- al momento de comisión de los hechos enjuiciados, no era posible concluir de otra forma distinta a la que se propugnaba, es decir, tomando como delito más severamente penado con pena divisible por el Código Penal al homicidio cometido en las circunstancias previstas en el art. 227 ter, máxime si además no se había cuestionado la constitucionalidad de la citada norma (v. fs. 345 vta. y 346).
IV.1. Frente a lo resuelto por el a quo , la impugnación no ha sido articulada con la suficiencia y la carga técnica necesaria para evidenciar su pretensión (conf. causa P. 107.756, sent. de 4-V-2016).
El impugnante pone su acento en que el art. 227 ter del Código Penal solo resulta aplicable a las escalas penales de aquellos delitos que no superan los veinticinco años de pena privativa de la libertad, y considera que se trata de una agravante genérica que ha sido mal ubicada en el Código sustantivo, sin aportar mayor desarrollo argumental ni legal que acompañe esta inteligencia.
Tales consideraciones vertidas en la impugnación dejan al descubierto que la respuesta dispensada por el sentenciante fue desatendida por la defensa, que no se ocupa de confrontar y así desarticular los distintos elementos en los cuales sustentó su decisión y, de esa forma, no puede justificar que el examen del a quo haya importado un menoscabo a los principios de proporcionalidad y razonabilidad que invoca (art. 495, CPP).
IV.2. En lo que hace a las inconsistencias que se generarían con algunos institutos de la parte general, la defensa no explica cuál sería la afectación en el caso en concreto. Pues de las asimetrías que le achaca a la interpretación legal que cuestiona, la única con relevancia práctica para su asistido es aquélla por la cual postula que, a los fines de acceder a la libertad condicional, un condenado a una pena divisible superior a veinticinco años de prisión debe sufrir un encierro mayor que el que requiere un penado a prisión perpetua -veinte años, conforme art. 13, vigente al momento del hecho- (v. fs. 409 vta.; conf. causa P. 116.101, sent. de 12-III-2014).
Pero dada la calidad de reincidente que ostenta su asistido y la que en principio se erige en un impedimento legal (conf. art. 14, Cód. Penal) en orden al acceso a dicho beneficio, nada alega.
IV.3. Por otro lado, el límite de veinticinco años que el recurrente insiste que debe regir el supuesto de autos, aun sin desconocer que dicha tesis comulga con la opinión razonada de una amplia corriente del pensamiento doctrinario especializado, nunca ha sido expresamente reconocido por nuestro legislador (conf. causa P. 107.756, sent. de 4-V-2016).
Por lo demás, hace más de una década que el Congreso nacional definió como pena máxima de prisión divisible la de cincuenta años (art. 55, Cód. Penal.; conf. ley 25.928, B.O., 10-IX-2004).
IV.4. Finalmente, el postulado de la defensa según el cual la interpretación del a quo transgrede el principio de legalidad tampoco es de recibo, pues la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que "...el propio art. 55 -en la redacción que aquí interesa- exige al intérprete indagar en la parte especial a fin de establecer el máximo legal previsto para la especie de pena de que se trate. Por sí misma, ésta sola circunstancia no basta para considerar violado el mandato de certeza (art. 18 de la Constitución Nacional), toda vez que el establecer los alcances y matices de los textos legales frente al caso concreto constituye una característica propia de la tarea de aplicación del derecho" (CSJN in re "Estévez", sent. de 8-VI-2010; voto de la mayoría; conf. causa P. 127.708, sent. de 13-XII-2013).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Negri , y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia