Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 124010
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Negri , Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 124.010, "Guerrero, Luis Jhonatan. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 59.182 y acum. 59.783 del Tribunal de Casación Penal, Sala I" y su acumulada causa P. 124.732, "Valenzuela, Yamila Anahí. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 59.182 y acum. 59.783 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 15 de abril de 2014, rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Luis Jhonatan Maximiliano Guerrero, e hizo lugar parcialmente al deducido respecto de Yamila Anahí Valenzuela, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Zárate Campana, que había condenado al nombrado a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo coautor de los delitos de lesiones y homicidio simple, en concurso real; y a la referida imputada, a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, como coautora de los delitos de lesiones agravadas por el vínculo y homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, en concurso real. En consecuencia, el tribunal intermedio modificó la condena de Yamila Valenzuela únicamente en el segmento relativo a la determinación de la pena, en función de haber incorporado una circunstancia atenuante y de las razones que lo determinaron a readecuar la magnitud de la sanción en doce años de prisión. Sin costas en esa sede (v. fs. 148/167).
Contra esa decisión, interpusieron sendos recursos de inaplicabilidad de ley la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación, doctora Ana Julia Biasotti, con relación al enjuiciado Guerrero; y el señor defensor oficial ante ese mismo tribunal, doctor Mario Luis Coriolano, respecto de la procesada Valenzuela (v. fs. 201/206 vta. y 211/226 vta., respectivamente), los que fueron concedidos por esta Corte (v. fs. 231/233 vta.).
Habiéndose pronunciado el señor Subprocurador General (v. dictamen, fs. 235/243) y dictada la providencia de autos (v. fs. 244), el día 13 de setiembre de 2017 esta Corte tuvo por desistida la vía recursiva deducida en favor de Luis Jhonatan Guerrero con motivo de lo que en tal sentido manifestase con conocimiento de la defensa oficial (v. fs. 264 con relación a fs. 261 y 262).
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia respecto de Yamila Anahí Valenzuela, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Debe declararse de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito atribuido a la imputada en función de lo normado por los arts. 89 y 92 del Código Penal?
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El señor defensor oficial denuncia, entre otros agravios, la arbitrariedad de la sentencia del Tribunal de Casación por haber convalidado el mérito discutido por esa parte de la prueba empleada para acreditar la coautoría de Yamila Anahí Valenzuela en los hechos que se le reprochan en los términos de los arts. 55, 80 inc. 1 e in fine , 89 y 92 del Código Penal, y no fundamentado la pena determinada.
En ese marco, corresponde que esta Corte se expida sobre la vigencia de la acción penal correspondiente al delito de lesiones leves agravadas por el vínculo -arts. 89 y 92 citados-, pues es criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que -como tal- opera de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 50.959, sent. de 17-V-2000; P. 61.271, sent. de 23-VIII-2000; P. 62.689, sent. de 3-X-2001; P. 70.374, sent. de 28-IX-2005; e.o.).
La ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) que rige el caso, modificó los párrafos cuarto y quinto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo del primero de ellos la expresión "secuela de juicio" como causal interruptora de la prescripción de la acción penal, por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"). En el régimen actual, el último acto enunciado con tal entidad es "[e]l dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme" -inc. "e" citado-. De ese modo, la mentada ley modificó sustancialmente el instituto en juego, restándole virtualidad interruptiva a muchos actos que -según pacífica jurisprudencia- la revestían en la instancia recursiva (v.gr. el llamamiento de los autos para dictar sentencia; conf. doctr. causas P. 76.237, sent. de 19-III-2003; P. 83.147, sent. de 14-IV-2004; e.o.). También lo hizo respecto de los actos que consultaban esa aptitud en la instancia ordinaria, sea en la etapa preliminar o en la contradictoria.
A su vez, estableció en el quinto párrafo que la prescripción corre, se suspende o interrumpe "separadamente para cada delito", consagrando de manera expresa la denominada teoría del paralelismo para su cómputo en los supuestos de pluralidad de ilícitos, que en el caso concurren realmente (conf. causa P. 79.797, "Vasallo", sent. de 28-V-2003; en esa misma sintonía ver mi voto en la causa P. 64.341, sent. de 6-VIII-2003).
Con esas premisas, desde la sentencia del Tribunal de Casación Penal, pronunciada el 15-IV-2014 (v. fs. 148/167, legajo 59.182) transcurrió el término de dos años previsto para el delito de lesiones agravadas por el vínculo (arts. 89 y 92, Cód. Penal), sin que durante ese período se verifique la concurrencia de la restante causa del inc. "a", a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal agregados a fs. 254 y 257, respectivamente (v. también fs. 278 y 280).
En función de lo dicho, encontrándose prescripta la acción penal respecto de Yamila Anahí Valenzuela en orden al delito por el que venía condenada según las previsiones de los arts. 89 y 92 del Código Penal, junto con otro ilícito, tal es la declaración que compete efectuar en estas actuaciones (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67, 89 y 92, Cód. cit.), debiendo ser remitidas a la instancia de grado para que se individualice la pena que corresponda por el delito subsistente, conforme las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, atento lo que será resuelto en la cuestión siguiente.
Con el alcance señalado, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor oficial reputa arbitraria la sentencia de casación por apartarse de las constancias de la causa en cuanto a la acreditación de la coautoría de Yamila Anahí Valenzuela en los hechos por los que resultó condenada (v. fs. 214 vta./220).
Argumenta que la tarea revisora no tuvo en cuenta que según la prueba pericial y documental reunida, la muerte de la bebé obedeció al denominado síndrome de shaken baby , un sacudón fuerte "que basta que lo sea en cinco segundos", por lo que una acción de tal escaso tiempo solo pudo ser realizada por una sola persona, siendo que, en su decir, todos los indicios conducen a descartar que hubiese sido la enjuiciada, de modo que la condena a su respecto viola el principio de inocencia y la regla in dubio pro reo.
Afirma que el tribunal a quo desatendió los testimonios que durante el juicio ilustraron sobre la personalidad violenta de Guerrero, incluso con maltratos físicos y verbales a la imputada; también lo manifestado por la madrastra del nombrado acerca de la actitud cariñosa de Yamila con su hija, y de su permanencia siempre en la casa pues no salía nunca; así como las conclusiones de la pericia psicológica efectuada al acusado (v. fs. 217 vta.).
Con esa base, sostiene que la condena de Valenzuela fue ratificada mediante un pronunciamiento arbitrario por su desvío palmario de las constancias de autos, las leyes de la lógica y de la experiencia, con transgresión al principio de la duda. Citó en su apoyo precedentes alusivos a la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias elaborada por la Corte federal (v. fs. 219 y vta.).
Por lo expuesto reclama la anulación del fallo y el reenvío de la causa a la instancia anterior para que se dicte uno nuevo ajustado a derecho (v. fs. 220).
II. En cuanto aquí interesa para resolver la impugnación en virtud de lo dispuesto en la cuestión primera, las instancias anteriores tuvieron por acreditado que "...en el periodo comprendido entre el 8 de septiembre de 2011 y el 19 de septiembre de 2011, la niña Lucero Amparo Valenzuela, nuevamente fue agredida físicamente en forma sistemática, reiterada e ininterrumpida, por los imputados Maximiliano Guerrero y Yamila Anahí Valenzuela, quienes actuaron con evidente acuerdo implícito de lesionarla intencionalmente, mediante bruscos sacudones y zamarreos, no pudiendo dejar de representarse los sindicados que con este accionar le podían causar lesiones de una gravedad tal, suficientes para causar su muerte. Dichas agresiones provocaron a la niña múltiples lesiones en distintas etapas de evolución reparativa, a saber: fractura de parrilla costal izquierda a nivel del 4to, 5to y 6to arco costal, fractura de parrilla costal derecha a nivel del 5to y 6to arco costal, fractura de clavícula derecha tercio medio, fractura lineal de 7 cm. a nivel de hueso parietal derecho, hemorragia de tronco cerebral y cerebelo (fosa posterior), edema encefálico difuso, hemorragia retiniana con extensión a nervio óptico, infiltración hemática a nivel del tercio distal de tibia derecha, en región submaxilar izquierda sobre rama descendente, área equimótica difusa de 1,4 cm. x 0,7 cm.; lesiones que finalmente le ocasionaron paro-cardiorrespiratorio, deshidratación, bronco obstrucción, que requirió su ingreso al Hospital Virgen del Carmen de Zárate, para luego ser trasladada ante el cuadro de suma gravedad, a Terapia Intensiva del Hospital 'Juan Pedro Garrahan'. Allí, los profesionales de la salud que atendieron a Lucero, diagnosticaron que presentó a su ingreso traumatismo encéfalo-craneano, con fractura craneal y una importante hemorragia cerebral y hematoma, lesiones que produjeron la muerte de la niña el 25 de septiembre de 2011" (fs. 153/154).
Las críticas planteadas por la defensa de Valenzuela en torno de las probanzas apreciadas para tener por acreditada su coautoría en el hecho descripto, fueron examinadas y rechazadas por el Tribunal de Casación, con la aclaración de que la referida materialidad ilícita no había sido materia de cuestionamiento; de allí que se encontraba demostrado de modo indubitable que las lesiones y graves daños corporales que presentaba la niña, de pocas semanas de vida, eran resultado de una conducta prohibida "...que no encuentra ninguna cláusula de exclusión (principio de confianza, prohibición de regreso, autopuesta en peligro, etc)"; que de lo detallado por el informe histopatológico de fs. 347/354 se infería "...la multiplicidad de oportunidades en que la menor fuera sometida a maltratos físicos graves que dejaron secuelas en su estructura ósea (cfr. fs. 46 de este legajo recursivo)" (fs. 155).
Que, de igual modo, los informes socio-ambientales como los coincidentes relatos de los testigos que mencionó, daban cuenta de las condiciones de precariedad y aislamiento en que vivían la acusada y su pareja; que la beba tenía episodios de llanto prolongado que alarmaba a los vecinos y que a su lado estaba Valenzuela, que como madre tenía una especial relación de garante, mientras se desencadenaron los episodios que atentaron contra su integridad física.
Dicho esto, para los jueces de casación no había óbices, desde las reglas y la lógica de valoración probatoria, para que el tribunal de instancia acudiera a prueba indiciaria para determinar el alcance de la intervención de la imputada en el ilícito reprochado, situación que exigía del juicio de revisión una extrema prudencia en la consideración del mérito que determinara la enervación de la presunción de inocencia (v. fs. 156).
En ese cometido, pusieron de relieve que el ámbito en que fue realizada la conducta que culminara con el resultado fatal estuvo circunscripto espacialmente a la habitación que compartía la pareja, encontrándose la beba como de costumbre con su madre, siendo que Maximiliano Guerrero había regresado al mediodía, situación que se repetía con cierta habitualidad. Y que "...si bien no es posible determinar con certeza cuál ha sido estrictamente el comportamiento de uno y otro de los imputados, no es menos cierto que dada la secuencia témporo-espacial en que se desarrollaron, la reiteración de los episodios de agresión física sobre la menor y la situación de desamparo a la que fue sometida la beba, coloca a 'ambos' en un rol de coautoría toda vez que sobre 'ese minúsculo grupo' tal como lo advierte el veredicto, pesaba la carga de evitar resultados lesivos, consecuencias letales que es posible inferir de la actuación conjunta e indistinta de ambos" (fs. 158 y vta.).
En esa comprensión, el tribunal intermedio ratificó el mérito de la secuencia probatoria apreciada en la instancia de juicio por su coherencia interna y el apoyo de las pruebas de sustento. Así, que las lesiones y la muerte de la menor fueron producto de una conducta humana; que los mayores a su cargo convivían en una pequeña habitación, en que la madre y la niña permanecían prácticamente recluidas en su interior; que la pareja era disfuncional y abundaban episodios de violencia y discusiones, algunas referidas a la menor y su llanto; que existieron una pluralidad de episodios violentos de agresiones físicas sobre la infante desde sus primeras semanas de vida extrauterina (v. fs. 158 vta. y 159).
Sin que existieran motivos racionales para dudar de la conclusión probatoria alcanzada, el órgano casatorio tuvo por decaído el principio de presunción de inocencia en vista de la culpabilidad acreditada, con resalto de la evaluación que le merecieran las variadas declaraciones prestadas por los imputados a lo largo del proceso (v. fs. 159 y vta.).
Al respecto recordó que la estrategia de la defensa estuvo apoyada en lo expresado por la imputada durante la audiencia de debate, pues a diferencia del aval prestado en las primeras declaraciones al comportamiento de su concubino, en aquella ocasión se desdijo e introdujo una versión exculpatoria basada en la opresión de una vivencia rodeada de violencia en la que tanto ella como su hija fueran víctimas de su concubino. Según razonó el a quo , Valenzuela fue mutando su descargo en razón de la prueba que se iba colectando en la investigación, contexto en el que apareció el reconocimiento de la "sacudida de la bebé" como maniobra de salvataje, tras los informes médicos que hablaban de la probabilidad de ocurrencia del síndrome de shaken baby , para luego, en la última oportunidad cambiar radicalmente su relato y descargar toda la responsabilidad de lo sucedido en su concubino (v. fs. 159 vta. y 160).
En el entendimiento del tribunal revisor, aunque fuese probable que algunos ingredientes de violencia destacados por la encausada se ajustasen a lo que pasaba en esa pareja disfuncional, "...el efecto de la amenaza en que se pretende amparar la disparidad de sus anteriores versiones pierden sentido, desde que Guerrero ya se encontraba detenido, al igual que la imputada, en los momentos en que prestara declaración y no se explica en qué consistió concretamente la amenaza que le impedía explayarse como lo hizo en el juicio, máxime si se tiene en cuenta que la Fiscalía le recibió declaración toda vez que quiso hacerlo" (fs. 160 vta.).
De manera que justipreció que esa última versión exculpatoria de la procesada, en la que descargaba toda la responsabilidad en su concubino difiriendo de las anteriores en que lo explica desde lo accidental, no encontraba justificación racional y menos elementos objetivos que la amparasen; por el contrario, el contexto fáctico acreditado permitía inferir que ambos habían contribuido conjuntamente en la producción de la conducta criminosa, sea ejecutando personalmente los actos de violencia sobre el cuerpo de la niña, o bien, acompañando y apoyando tácitamente la decisión criminal del otro, revelando cualquiera de esos comportamientos una convergencia de voluntades en los maltratos infligidos a la niña.
Descartó por tanto la existencia del estado de duda alegado por la defensa que impidiera la atribución de intervención con la certeza propia de un veredicto condenatorio, ya que no había logrado justificar que no fuese la acusada culpable más allá de toda duda razonable, en la inteligencia que "...se puede ser sólo verosímilmente, probablemente culpable, nunca lógicamente" (fs. 161 vta. y 162).
III. Tal como dictamina la Procuración General, el agravio remite a la valoración de cuestiones de hecho y prueba que exceden la competencia de esta Corte reglada por el art. 494 del Código Procesal Penal, sin que se configure el supuesto excepcional denunciado que habilite apartarse de aquel principio general.
En efecto, el recurrente insiste con la tesitura de hacer recaer en el coimputado Guerrero -condenado en firme- toda la responsabilidad por el homicidio de la infante, sin que en ese discurrir haya dedicado argumentación concreta alguna dirigida a controvertir la respuesta fundada en sentido contrario por el revisor, en el marco de la motivación integral que sostiene la condena de Valenzuela; tanto en lo que atañe a la construcción indiciaria con la que se justificó su intervención -en grado de coautora- en la muerte de su pequeña hija, cuanto al convencimiento forjado sobre que el comportamiento asumido, fuese porque ejecutó la acción criminal, o la acompañó y apoyó tácitamente, revelaba "la convergencia de voluntades" respecto del hecho que culminó con el fallecimiento de la niña (art. 495, CPP).
De tal modo, la defensa resiste la decisión que impugna solo con su criterio discrepante, técnica insuficiente para evidenciar que el razonamiento seguido por la casación para confirmar el rol coautoral atribuido a la imputada en el delito contra la vida, no encuentre apoyo en las comprobaciones del expediente, ni haya incurrido en un desacierto palmario o en contradicciones de tal magnitud que invaliden el pronunciamiento en términos de arbitrariedad con aptitud para interesar la garantía que se dice afectada.
Si bien la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad de los acusados por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio in dubio pro reo, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de las probanzas en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el sentenciante- impide alcanzar ese grado de convicción, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva. Nada de lo cual se ha logrado aquí demostrar.
En contra de lo que se pretende en el recurso examinado con base solo en enunciados generales, no se percibe en este tramo de la sentencia ninguna de las anomalías atribuidas desde la vertiente de la doctrina de la arbitrariedad -sea por "apartamiento d
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