Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131028
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.028, "Aquino, Francisco; Galleguillo, Elías José; Aquino, Juan Carlos y Quiñones, Jonathan Alejandro. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 75.680 y sus acumuladas n° 75.684, 75.688, 75.690 y 76.115 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 23 de marzo de 2017, rechazó los recursos homónimos interpuestos contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, que -en lo que interesa destacar- condenó a Francisco Alberto Aquino, Juan Carlos Aquino, Jonathan Alejandro Quiñones, Emiliano Román Lizarraga, Sabrina Yaqueline Lizarraga, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia del nombrado Quiñones, por resultar coautores penalmente responsables de homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y con armas de fuego. Asimismo, condenó a Elías José Galleguillo a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y con armas de fuego en concurso real con robo agravado por el uso de armas (v. fs. 190/214).
Contra ello, el defensor particular de Sabrina y Emiliano Lizarraga interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 263/265 vta.); el defensor de confianza de Francisco Alberto Aquino dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. fs. 298/312); la entonces defensa particular de Jonathan Alejandro Quiñones articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 331 y vta.); e hizo lo propio el señor defensor de casación adjunto respecto de Elías José Galleguillo y Juan Carlos Aquino (v. fs. 338/353 vta.), quien además asumió intervención respecto del coimputado Quiñones dado que éste había revocado el mandato oportunamente conferido al defensor particular (v. fs. 336 y vta.), solicitando la aplicación de efecto extensivo del recurso aludido (v. fs. 354/355 vta.).
El Tribunal de Alzada declaró admisibles los remedios de inaplicabilidad de ley deducidos por las defensas en favor de Elías José Galleguillo, Juan Carlos Aquino y Jonathan Alejandro Quiñones, y de Francisco Aquino, respectivamente; e inadmisible el de nulidad respecto del último nombrado y los de inaplicabilidad de ley en favor de Sabrina Yaqueline Lizarraga y Emiliano Román Lizarraga (v. fs. 358/365).
Frente a lo así decidido, la defensa de los últimos nombrados dedujo recurso de queja (v. fs. 443/444), siendo que esta Suprema Corte hizo lugar a la misma, declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, y lo concedió (v. fs. 446/447 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 452/460 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 461), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el defensor particular de Sabrina Yaqueline Lizarraga y Emiliano Román Lizarraga?
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el defensor particular de Francisco Aquino?
3ª) ¿Lo es también el articulado por la defensa oficial de Elías José Galleguillo y Juan Carlos Aquino?
4ª) ¿Es aplicable el efecto extensivo de los recursos solicitado por el señor defensor oficial respecto del coimputado Jonathan Alejandro Quiñones a fs. 354/355 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurrente adujo que el pronunciamiento en crisis frustró el derecho al doble conforme de sus asistidos con relación a la acreditación de su participación en el hecho (v. fs. 264).
En lo que toca a Sabrina Yaqueline Lizarraga, afirmó que no existen pruebas para vincularla como integrante del grupo agresor, y que "...aun aceptando la posibilidad de que se encontrara en las inmediaciones del lugar [...] que pudiere haber 'arengado' a su padre para que dispare contra la víctima, no puede con ello -sin más- hacerla partícipe de los hechos formando parte de un concierto de voluntades para matar a Villagra" (fs. cit.). Agregó que tres hermanas de la víctima dieron versiones distintas sobre la participación de la nombrada en el hecho (v. fs. 264 vta.).
Luego, con relación a Emiliano Román Lizarraga, adujo que se le ha negado la instancia revisora de su reclamo referido a que este no habría participado de los hechos, máxime cuando se habría probado testimonialmente en el juicio que aquel no se encontraba presente en el lugar al momento de los mismos (v. fs. cit.).
II. Tal como lo dictamina la Procuración General, el remedio extraordinario en trato debe ser rechazado (v. fs. 452/453).
III. El Tribunal de Casación dio tratamiento conjunto a los cuestionamientos de las defensas de los siete imputados involucrados en el hecho "I" del que fue víctima Villagra, con fundamento principal en que todos invocaban absurdo valorativo en la acreditación de la participación de sus defendidos y contenían una crítica inicial muy similar sobre la valoración probatoria de los testigos de cargo, a los que añadió ciertos planteos específicos presentados en favor de algunos de los imputados (v. fs. 194 y vta.).
Llega firme a esta instancia extraordinaria en lo que respecta al referido hecho "I", que "...el día 18 de marzo de 2013, siendo aproximadamente las 16:30 hs., un grupo de por lo menos catorce personas, dos de ellas del sexo femenino, algunas de las cuales se encuentran aún prófugas y/o no han sido identificadas a la fecha, previo acuerdo de voluntades y respondiendo a un plan común para terminar con la vida de Javier Emir Villagra, se constituyeron todos portando armas de fuego en la tira 29, casa 451 del barrio de emergencias San Petersburgo de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, donde encontraron al mismo y, luego de reducirlo en el piso, le efectuaron por los menos quince disparos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo provocándole múltiples heridas, las que por su magnitud le ocasionaron su fallecimiento por un shock hemorrágico a raíz de una descompensación por la pérdida brusca y masiva de sangre..." (fs. 198 y vta.).
Sostuvo el tribunal intermedio que los planteos de los recurrentes "...se erigen como discrepancias personales sin apoyo probatorio suficiente, ineficaces para desvirtuar el razonamiento seguido por el a quo [...] ajustado a las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común" (fs. cit.).
En ese discurrir, destacó que el tribunal de grado ponderó como principal prueba de cargo la declaración de Eliana Micaela Villagra, hermana de la víctima que dijo conocer a todos los imputados del barrio, que ello le facilitó su reconocimiento (v. fs. 198 vta.). Continuó señalando que la nombrada "...afirmó con seguridad que los que habían matado a su hermano en el pasillo de su casa fueron todos los imputados, señalándolos uno por uno en la sala y repitiendo que 'todos' tenían armas y le dispararon" (fs. cit. y 199), y que despejó toda duda sobre el rol activo de la aquí imputada en cuanto dijo que "...llevaba puesta una campera color rosa con algo negro debajo, y que le disparó a su hermano con un arma que llevaba envuelta en un trapo negro" (fs. 198 vta. y 199). Que la testigo "...pudo escuchar al grupo agresor proferirse arengas [...] que le hicieron percibir que todos los agresores compartían el mismo designio homicida" (fs. 199).
Adunó a ello, que las hermanas de la víctima Celeste Betzabé Díaz y Ailén Shirley Díaz también fueron contestes con la declaración de Villagra, y que si bien la primera nombrada no pudo ver si las mujeres intervinientes en el hecho efectuaron disparos contra la víctima, recordó que Sabrina arengaba a su padre en tal sentido (v. fs. 199 vta. y 200).
Por otra parte, expresó que la misma secuencia fáctica fue narrada por Ailín Díaz y por Karen Ailén Palomeque quien dijo haber estado junto a Eliana y Celeste presenciando el hecho. En concordancia con el tribunal de grado, señaló que aun cuando las testigos se encuentran inmersas en una gravísima disputa entre grupos "...no le parecieron estar contaminadas por la mera necesidad de culpar a 'los otros' de la muerte de un familiar directo, dejando impunes a los verdaderos autores del crimen, lo que a la vez resultaría contrario a la lógica y el sentido común" (fs. 200).
Con relación al cúmulo de contradicciones o diferencias marcadas en los distintos recursos, consideró razonable el argumento del tribunal de juicio en cuanto a que "...la inexistencia de un discurso uniforme les otorgaba mayor credibilidad a sus dichos, puesto que si cada una de las testigos dijo haber visto una parte de los sucesos, e incluso nombrar a sólo algunos de los autores, ello se presenta como fidedigno de lo que realmente vieron y oyeron en cada caso en particular, ya que pudiendo haber agregado personas o circunstancias para asemejar sus declaraciones, no lo hicieron" (fs. 200 vta.).
Añadió que "...el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada por la ley para los Magistrados del juicio [...] no siendo posible por la vía casatoria invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquéllas que rigen el entendimiento humano, circunstancias que no se advierten en este caso" (fs. 200 vta. y 201).
Por último, en respuesta a los recurrentes que intentaron ubicar a los imputados en otro sitio al momento en que se produjo el homicidio de Villagra, sostuvo que "...el a quo repasó con extrema minuciosidad el contenido de los testimonios propuestos por la defensa, y fue uno a uno demostrando que en realidad se referían a otras fechas, o bien no resultaban eficaces para derribar el cúmulo probatorio cargoso, edificado esencialmente por el testimonio directo de las cuatro testigos presenciales del hecho" (fs. 201).
Concluyó que la convicción alcanzada "...sobre la base de los plurales, contestes y categóricos elementos de cargo reunidos en el juicio más aquéllos incorporados válidamente por su lectura, han posibilitado al a quo tener por inequívoca la responsabilidad criminal de [los] incuso[s] en los sucesos que se le enrostran, sin que se advierta en el razonamiento del juzgador transgresión alguna a los parámetros previstos por los artículos 210 y 373 del CPP" (fs. 201 y vta.).
IV. Así, el órgano intermedio dio respuesta a análogo embate al aquí traído -ver fs. 98/99 vta. legajo n° 75.688-; se ocupó del cuadro fáctico y el plexo probatorio tenido en cuenta por el inferior, dando las razones que lo llevaron a confirmar la participación y coautoría de -en lo que aquí importa- Emiliano Román Lizarraga y Sabrina Yaqueline Lizarraga en el aludido hecho "I", y descartar la arbitrariedad alegada en la valoración probatoria.
Por lo demás, aun cuando el sentenciante omitió mencionar a Emiliano Lizarraga entre los imputados cuyos defensores intentaron ubicar en otro sitio al momento en que se produjo el homicidio (v. fs. 201 -segundo párrafo-), lo cierto es que lo resuelto en la instancia intermedia acerca de que los testigos "...se referían a otras fechas", se corresponde precisamente con lo expresado por el tribunal de grado con relación al nombrado y lo declarado por sus compañeros de trabajo.
En el caso, el quejoso reedita los mismos planteos llevados a conocimiento del Tribunal de Casación, ahora bajo el ropaje federal, por no haberse revisado correctamente lo decidido por la instancia de grado. Empero, en dicha tarea, se desentiende de lo efectivamente resuelto, sin evidenciar -tal como se adelantó más arriba- la restricción cognoscitiva alegada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita (CSJN in re "Casal" Fallos: 328:3399).
En definitiva, la disconformidad de la parte con la solución adoptada por el a quo no es eficaz para demostrar la violación al derecho al recurso, con los alcances que la Corte nacional le otorgara, a partir del ya citado precedente "Casal" -que este Tribunal también ha hecho propios- (conf. causas P. 91.308, sent. de 3-V-2006; P. 86.183, sent. de 12-VI-2006; e.o.).
V. Con relación a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido, la defensa de Francisco Alberto Aquino cuestionó la respuesta conjunta dada por el tribunal intermedio a las críticas comunes de las defensas intervinientes en la acreditación de la autoría responsable de sus defendidos (v. fs. 307 vta.).
Alegó que el tribunal revisor omitió tratar en profundidad las contradicciones de las testigos de cargo y que incurrió en absurdo al restarle importancia a sus discrepancias acerca de la hora en que ocurrió el hecho (v. fs. 308 y vta.).
Señaló que se infiere que aquellas se pronunciaron con la verdad porque cada una habría visto una parte de los sucesos, mas ello -en su parecer- es una falacia que fue planteada por esa parte y no ha tenido respuesta (v. fs. 308 vta.). Adujo que el acometimiento y los disparos han sido relatados por las testigos como que sucedieron sin solución de continuidad "...en un mismo momento", de allí concluyó que "...la única explicación posible y razonada es que las mismas narraron un suceso que no han presenciado" (fs. 309).
Asimismo, halló discordancias entre el informe de autopsia y los dichos de las testigos con relación al impacto de perdigones en el rostro de la víctima. En tal sentido, criticó que ante la constatación por autopsia de equimosis y escoriaciones en el rostro de la víctima, el sentenciante conjeturó que las mismas podrían provenir de un presunto enfrentamiento que ésta habría mantenido en horas de la mañana con su defendido. De allí, cuestionó que se construyó certeza a partir de una conjetura y que no existe ningún elemento probatorio que sostenga la afirmación del a quo en cuanto a la existencia de la herida que pudo inferirle su defendido a la víctima en horas de la mañana (v. fs. 309 y vta.).
Por último, en el nivel de la calificación legal, denunció que tampoco se acreditó la elaboración de un plan previo al suceso criminoso, ni división de tareas, ni asignación de roles. Concluyó que la calificación legal en los términos del art. 80 inc. 6 del Código Penal deviene arbitraria, pues su fundamento es meramente conjetural (v. fs. 310 vta.).
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto también aconseja el rechazo del presente recurso (v. fs. 230/234).
III.1. Para dar respuesta al planteo precedente, por razones de brevedad, corresponde remitirse -por ser plenamente aquí aplicable- a lo dicho en la primera cuestión planteada en el presente acuerdo.
En efecto, si bien el defensor de Francisco Alberto Aquino cuestiona que a partir del tratamiento conjunto dado a los reclamos de los recurrentes, habrían quedado sin respuesta cuestiones vinculadas con la existencia de contradicciones de las aludidas testigos con relación a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como discordancias entre sus dichos y lo que surge del informe de autopsia, lo cierto es que los postulados que allí resalta, no aparecen como verdaderos planteos desatendidos o repelidos por Casación en virtud de una irregular tarea revisora, o por una ilegítima restricción del ámbito de conocimiento amplio que le compete, o merced a la anteposición de pruritos formales o de índole ritual frustratorias de la garantía del recurso contra la sentencia condenatoria. Se trata en realidad de la invocación de la misma postura que trasunta la del recurso casatorio (v. fs. 93 vta./102), aunque aquí puesta en jaque a partir de la aludida crítica al tratamiento conjunto dado a los reclamos.
A todo evento, tampoco demuestra la defensa que analizada la sentencia como acto complejo (causa P. 90.257, sent. de 19-IX-2007), no se hayan abordado, al menos, implícitamente los agravios que denuncia omitidos.
Conforme lo decidido, el quejoso, más allá de expresar su oposición a la actividad valorativa tenida en vista o, por el contrario, desconsiderada por el juzgador, no demuestra que lo decidido sea fruto de la mera voluntad de los jueces o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia. En definitiva, no pone en evidencia que la sentencia padezca de algún vicio que, desde la óptica de la pretoriana jurisprudencia del Máximo Tribunal federal, encasille en el elenco de supuestos que quedan incluidos en el amplio catálogo de la arbitrariedad denunciada.
Cabe recordar que "El objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
III.2.a. En cuanto la acreditación del elemento subjetivo -premeditación y plan común- de la figura legal calificada, cabe señalar que el tribunal intermedio, en respuesta a similares planteos a los aquí traídos, resolvió que "...ha quedado fehacientemente probado que, a raíz de un conflicto previo, un grupo de alrededor de 15 personas se dirigieron a la vivienda de Javier Emir Villagra, con el objeto de atacarlo, y el modo en que se llevó a cabo esa agresión evidencia una voluntad concordante hacia el resultado letal, pues una vez que el grupo logró advertir donde se estaba escondiendo la víctima, voltearon el chapón de ingreso de esa vivienda y una vez en el interior lo arrastraron entre todos hasta el pasillo donde una vez rendido en el piso y previo a rodearlo, comenzaron a dispararle a mansalva" (fs. 242 vta. y 243). Adunó a ello, que conforme lo declararon diversos testigos el fin de darle muerte le fue anunciado a la víctima "...a viva voz desde antes del ingreso a la casa" y que "...los siete formaron parte del grupo que se dirigió a la finca de la víctima con claras intenciones de darle muerte, participaron allí en el ataque masivo y finalmente concretaron el homicidio" (fs. 243).
Sostuvo que ese actuar concluyente es demostrativo del pacto celebrado y solo el accionar mancomunado permitía vencer la resistencia del inmueble y de los familiares de la víctima para ingresar a la casa en busca del objetivo
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