Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129542
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Guillermo Juan Almaraz (arts. 486 -t.o según ley 14.647-, 494 y concs. del CPP).
"ALMARAZ, GUILLERMO JUAN S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY, EN CAUSA N° 30.175 DE LA CAMARA DE APELACION Y GARANTIAS DE MAR DEL PLATA, SALA II".
La Plata, 3 de mayo de 2018.
La presente causa P. 129.542-RC, caratulada: "Almaraz, Guillermo Juan s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 30.175 de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, Sala II"
I. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, mediante el resolutorio del 15 de Agosto de 2017, declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el defensor oficial de Guillermo Eduardo Almaraz -doctor Eduardo Carmona- contra la decisión de ese mismo órgano que confirmó la sentencia del Juzgado de Paz Letrado de General Alvarado que impuso al nombrado la pena de multa de pesos dos mil trescientos noventa y cuatro ($ 2.394), suma equivalente al 20% del haber que percibe un Oficial de la Policía de la Pcia. de Bs. As., autorizando su pago en tres cuotas, en orden a la infracción al art. 74 inc. a) del decreto ley 8031/73 (v. fs. 80/81 vta.)
Para así decidir, reseñó los agravios formulados por la recurrente, recordó los presupuestos objetivos del art. 494 del Código Procesal Penal y juzgó que ellos no se hallaban abastecidos en la especie.
No obstante, a tenor de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio", señaló que el medio escogido constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones de naturaleza federal que podrían encontrarse involucradas. En ese discurrir, entendió que la denuncia de afectación a la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable y los principios de igualdad ante la ley y legalidad "a partir de la concreta interpretación y aplicación que este Tribunal ha hecho del art. 67 del Código Penal, conlleva el suficiente planteamiento de una cuestión federal que permite sortear el límite objetivo de recurribilidad establecido en el art. 494 del CPP" (fs. 80 vta./81).
II. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe declararse mal concedido.
1. De la lectura del remedio incoado (v. fs. 70/74) surge que la defensa denunció que en autos se efectuó una errónea interpretación del art. 67 inc. 2 sexto párrafo del Código Penal (v. fs. 71 vta.).
Señaló que en autos el primer llamado a prestar indagatoria fue realizado por la señora jueza de Paz con fecha 4 de marzo de 2016, siendo ese el único acto con efecto interruptor conforme la ley. De tal modo sostuvo que la Cámara amplió indebidamente el alcance de la mentada norma al asignar carácter interruptivo a la segunda notificación cursada el encartado, confundiendo claramente la decisión de llamar a prestar declaración indagatoria con las sucesivas disposiciones de citación (v. fs. 71 vta./72). En base a ello concluyó que la sentencia pronunciada por el Juzgado de Paz con fecha 29 de marzo de 2017 fue dictada cuando la acción contravencional ya se encontraba prescripta "y así debió declararse" (v. fs. 72 vta.).
Adunó que la postura adoptada por la Cámara conlleva a considerar que cada reiteración de llamado o su notificación al encartado "renovaría la capacidad interruptiva de aquel ‘primero’ lo que parece no ser la interpretación correcta de la ley" y destacó que se "ha forzado una interpretación que no surge de la ley", forzando el criterio restrictivo y por homine que se imponía en el caso (v. fs. 73/74).
Argumentó que se advierte claramente que "si tal como lo dice [el a quo ] debe aplicarse la ley 25990 por ser más beneficiosa que la ‘secuela de juicio’ […] mal podría luego hacerse la interpretación más restrictiva y en contra de los derechos del encartado" (v. fs. 74 vta.).
Alegó, en definitiva, que se encuentra en discusión el alcance de los principios de legalidad y plazo razonable (v. fs. 75).
2. Cabe indicar que, si bien esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye el carril idóneo para habilitar el tránsito recursivo por ante la Corte nacional -a fin de dar tratamiento a los agravios de índole federal que pudieran estar involucrados-, ello es así "cumplidos ciertos recaudos" (conf. P. 126.228, res. del 11-XI-2015).
En efecto, en dicho marco no cualquier planteo habilita la competencia excepcional de este Tribunal, pues frente a las limitaciones adjetivas del carril escogido sólo la introducción tempestiva de un agravio federal articulado con la suficiencia y cargas técnicas pertinentes, vincularía a esta Suprema Corte a intervenir como máximo tribunal de la causa -en los términos indicados en el párrafo que antecede-, conforme los precedentes de Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478 (conf. doctrina causas P. 125.834, res. 9-IX-2015; P. 120.984, res. 2-IX-2015; P. 121.818, res. del 26-VIII-2015; e/o).
En ese contexto, debe señalarse que la huera mención del principio de legalidad, y del derecho a ser juzgado en un plazo razonable -a contrario de lo concluido en la instancia intermedia- no abastece aquel estándar, habida cuenta que, en rigor, trajo a consideración denuncias concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho sustantivo (art. 67 del Cód. Penal) cuestión propia de los jueces de la causa y ajena al escenario de análisis delineado a partir de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se mencionaron en el párrafo anterior.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Guillermo Juan Almaraz (arts. 486 -t.o según ley 14.647-, 494 y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°663
Fin de la sentencia