Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131617
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 18 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Pettigiani, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.617, "Sartal, Claudio Antonio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 85.864 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
El 27 de marzo de 2018, la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal rechazó -por improcedente- el recurso interpuesto por el señor defensor oficial de Claudio Antonio Sartal, contra el pronunciamiento de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, que había rechazado el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 13 y 55 del Código Penal; revocado el cómputo practicado en origen de la pena de prisión perpetua que le fuera impuesta al nombrado como instigador del delito de homicidio agravado por el vínculo y el concurso premeditado de dos o más personas; y establecido, por mayoría, que la misma deberá tenerse por cumplida en cuarenta años, venciendo el 6 de julio de 2051 y caducando el 6 de julio de 2061 (v. fs. 94/98).
El señor defensor adjunto de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 103/112), el que fue concedido por la mencionada Sala interviniente (v. fs. 113/115).
La Procuración General dictaminó a fs. 121/123, aconsejando el rechazo del recurso. Dictada a fs. 124 la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Agravia al señor defensor oficial que el Tribunal de Casación haya convalidado la postura mayoritaria de la Cámara interviniente de fijar en cuarenta años el plazo en que resultará cumplida la pena de prisión perpetua impuesta al condenado Claudio Sartal.
Tilda esa decisión de arbitraria, pues entiende que una conjugación armónica de la normativa en juego que considere los principios de la ley más benigna, razonabilidad y buena fe, no permite establecer una sanción por encima de los treinta años, sin transgredir la ley 26.200 de jerarquía superior que implementa el Estatuto de Roma, como los criterios de mínima intervención penal y pro homine; de allí que, a su decir, la interpretación efectuada excede el marco de razonabilidad que delimita el principio de estricta legalidad consagrado en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; a la par que quebranta el derecho de defensa en juicio y el principio republicano de gobierno al ser infundada, por no constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias de la causa y desconocer jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 106 vta./107 vta.).
Líneas más adelante reafirma que el temperamento del órgano revisor de ratificar la constitucionalidad del art. 13 del Código Penal (en correlación con el art. 16 del mismo digesto), desatiende las previsiones del aludido Estatuto de Roma, porque la ley 26.200 vulnera el principio de legalidad y las reglas generales de aplicación de las normas, a su vez que las garantías constitucionales que de ellas derivan en beneficio del imputado (v. fs. 108 y vta.).
A partir de señalar que desde la reforma constitucional de 1994, en nuestro derecho interno rigen con la misma fuerza gravitatoria que el propio texto de la norma fundamental los tratados internacionales de Derechos Humanos mencionados en el inc. 22 del art. 75, y que principios allí contemplados fueron receptados por la Corte federal al fallar, por caso, la causa "Giménez Ibáñez" el 4-VII-2006, desestimando que pudiera existir una pena privativa de libertad realmente perpetua; el recurrente, no obstante reconocer la distinta situación jurídica del Estatuto de Roma pues no tiene igual fuerza normativa directa que la Constitución de la Nación, expresa que de todos modos "...encuadra dentro del plexo previsto en el art. 75 inc. 24, es decir aquellos tratados que tienen jerarquía superior a las leyes locales, siempre y cuando respeten [...] los derechos humanos"; por lo que su preceptiva debe aplicarse a la presente ya que "...consagra la menor injerencia del Estado sobre la libertad de las personas" (fs. 109 vta. y 110).
Por lo detallado, proclama que mantener la decisión que impugna entrañaría avalar "...una pena eliminatoria de la persona y la dignidad humana", contraria a los principios constitucionales de legalidad y de culpabilidad propios del debido proceso legal; pues, según afirma, la fijación de cuarenta años de encierro enmascara "...una perpetuidad [...] aun cuando se haya establecido un límite...", teniendo en cuenta que la edad cronológica del penado sumado al tiempo que debiera estar privado de su libertad, representa agotar prácticamente su expectativa de vida, sin contar con el efecto deteriorante casi irreversible que importa semejante grado de institucionalización, en contradicción con el fin resocializador que deben perseguir las penas privativas de libertad por mandato constitucional (v. fs. 110 y vta.).
Con el señalamiento final de que las sanciones de carácter perpetuo lesionan la intangibilidad de la persona humana al generar graves trastornos de la personalidad, resultando por tanto incompatibles con la prohibición de toda especie de tormento, la defensa solicita que se case el pronunciamiento recurrido y se reenvíen los autos a la instancia anterior para que se establezca que la condena impuesta a Claudio Antonio Sartal se tendrá por vencida al cumplir treinta años de encierro, es decir, el 6 de julio de 2041 (v. fs. 111).
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso con apreciaciones que comparto. Tanto puso de resalto la insuficiencia de la técnica impugnativa por apoyarse en similares argumentaciones a las esgrimidas ante la sede anterior, sin controvertir los fundamentos que cimentaron su rechazo en la sentencia casatoria; como resaltó la coincidencia del criterio del a quo con la doctrina legal de esta Corte, conforme surge del contenido de su dictamen que luce a fs. 121/123.
III. El Tribunal de Casación, en el marco que entendió circunscripta su tarea revisora, acordó con la postura mayoritaria de la Cámara actuante, en que la inconstitucionalidad pretendida por la defensa de los arts. 13 y 55 del Código Penal con base en que dichas disposiciones contradecían la normativa del Estatuto de Roma en tanto fija un tope inferior al estipulado por el mentado art. 13 (posibilidad de libertad condicional cumplidos treinta y cinco años de condena; v. fs. 79 vta. del recurso casatorio en relación con fs. 64 vta. del de apelación), no podía prosperar.
Descartó por un lado el pedido formulado respecto del art. 55 citado ya que dicha norma no había sido aplicada en el caso (v. fs. 96 vta.); punto no discutido en la pieza bajo estudio.
De otra parte, recordó que en virtud de la división de poderes establecida por el sistema constitucional, correspondía al Poder Judicial ejercer el control de constitucionalidad respecto de las leyes que debía aplicar; y que constituye tal función una de las más delicadas de la jurisdicción, toda vez que una declaración de la naturaleza de la procurada debe considerarse como ultima ratio , "...por cuanto las normas correctamente sancionadas y promulgadas llevan en principio la presunción de su validez (CSJN Fallos: 305:304, 263:309)" (fs. ídem).
En razón de apreciar que "...los regímenes legales de ejecución penal vigentes tanto en el ámbito nacional como provincial, desarrollan un programa caracterizado por una progresiva flexibilización del tiempo y las condiciones del encierro carcelario para permitir su adecuación a la situación concreta del penado", el a quo estableció que "...los alcances de las limitaciones a la libertad ambulatoria y hasta la propia duración del encierro carcelario, aún en los casos de penas denominadas 'perpetuas', podrán variar por decisiones que se adopten en la etapa de ejecución atendiendo a los fines preventivo especiales o de resocialización, mediante la libertad condicional, las salidas transitorias, el régimen de semilibertad y otras posibilidades de flexibilización al encierro" (fs. 96 vta. y 97).
Con referencia específicamente al reclamo de invalidar constitucionalmente el art. 13 del Código Penal, en virtud de la alegada falta de adecuación de la sanción determinada con las pautas contenidas en el Estatuto de Roma, reflexionó que el art. 12 de dicho instrumento deja a salvo la soberanía del legislador argentino para imponer penas más graves a las allí establecidas (v. fs. 97).
En suma, el tribunal del recurso juzgó que la pena impuesta no aparecía desproporcionada con relación a la conducta sancionada, ni lesiva del principio de culpabilidad por el hecho o del fin de la pena, desde que no implicaba el encierro de por vida del condenado, rechazando que a su respecto se verificasen las lesiones de garantías constitucionales alegadas (v. fs. cit.).
IV. Ante el contenido resolutivo antes reseñado, las alegaciones de la defensa resultan inidóneas para evidenciar que la sentencia recurrida padezca del vicio de arbitrariedad que le atribuye ni que proceda su invalidación por afectación constitucional alguna.
Tal como indica el dictamen de la Procuración, no basta a tales efectos con la dogmática insistencia de que la controversia debe dirimirse al amparo de la norma convencional pretendida, cuando no se justifica que la respuesta contraria fundada por el revisor en el propio texto del Estatuto de Roma haya significado un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso; más allá de la opinión personal discrepante expuesta, y la introducción intempestiva que da cuenta la lectura del recurso de casación de la crítica formulada desde la óptica que alude a la violación del principio de legalidad, siendo que tampoco ha merecido objeción idónea alguna la respuesta del sentenciante que sustentó el rechazo de las transgresiones constitucionales denunciadas (art. 495, CPP).
Por lo demás, en sintonía con lo decidido por el tribunal recurrido, esta Corte ha desestimado planteos de similar tenor sobre la base de considerar que, según dispone el art. 12 de la ley 26.200, "La pena aplicable a los delitos previstos en los arts. 8, 9 y 10 de la presente ley, en ningún caso podrá ser inferior a la que pudiera corresponder si fuera condenado por las normas dispuestas en el Código Penal de la Nación".
De tal forma, la mencionada disposición soluciona cualquier incoherencia que pudiera resultar de la incorporación de los delitos previstos en el Estatuto de Roma al ordenamiento interno, acudiendo a un criterio compatible con el carácter complementario de las jurisdicciones nacionales que el art. 1 del Estatuto asigna a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional -aprobado por ley 25.390; Boletín Oficial de 23-I-2001- (en particular, ver su art. 80: "El Estatuto, la aplicación de penas por los países y la legislación nacional. Nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas prescritas por su legislación nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las penas prescritas en la presente parte"; conf. doctr. causas P. 120.920, sent. de 11-V-2016; P. 130.343, sent. de 21-XI-2018; e.o.).
En cuanto a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el recurrente dice vulnerada, si con ello hiciera referencia a los precedentes que cita "Verbitsky Horacio s/ habeas corpus" y "Giménez Ibáñez", ninguna explicación ofrece que justifique que la decisión adoptada en este caso prescinda de los lineamientos fijados en los fallos referidos; por el contrario, en lo que concierne en particular al segundo mencionado, lo aquí tramitado se ajusta a la definición concluyente compartida por este Tribunal desde que sentenciara en dicha causa -P. 84.479, el 27-XII-2006- de que aun tratándose de la imposición de una pena no temporal corresponde determinar el momento de su agotamiento (plazo que allí no fuese estipulado por la jurisdicción con el argumento de que Antonio Fidel Giménez Ibáñez había sido condenado a la pena de prisión perpetua y declarado reincidente).
En las presentes actuaciones el cómputo originario de pena estableció que la prisión perpetua impuesta a Claudio Antonio Sartal vencía el 6 de julio de 2061 y su caducidad registral operaba el 6 de julio de 2071 (v. fs. 59/60); decisorio que, apelado por la defensa fue revocado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, aunque no con el alcance pretendido, ya que la postura mayoritaria de ese tribunal luego confirmada por la Casación, limitó a cuarenta años el plazo en que debe tenerse por cumplida la pena, venciendo por tanto el 6 de julio de 2051 y con fecha de caducidad el 6 de julio de 2061 (v. fs. 66/72 vta. y 94/98, respectivamente); de acuerdo con los parámetros tomados en cuenta a tales efectos que deben ser aquí mantenidos a resultas de lo que se lleva dicho.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Coincido con el Juez ponente en la insuficiencia del reclamo por las razones que expone. La solución que propicia la defensa importaría, en lo que resulta pertinente, según lo ha sostenido en un reciente fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "...una manifiesta prescindencia del régimen previsto por las disposiciones legales sobre libertad condicional aplicadas al caso [...], y de conformidad con las cuales la extinción de la pena de prisión perpetua presuponía el sometimiento al régimen de libertad condicional" bajo el cumplimiento de los presupuestos que gobiernan dicho instituto (conf. arts. 13 a 17 del Código Penal; conf. CCC 70150/2006/TO1/1/2/RH1, Álvarez, Guillermo Antonio y otro s/robo con armas , sent. de 22-VIII-2019, considerandos 8° y 9°; aunque en relación con el régimen anterior a la ley 25.892).
Sentado ello, en razón de la insuficiencia predicada y lo anteriormente expuesto, corresponde mantener lo decidido en el presente, si se considera muy particularmente la falta de objeciones del representante fiscal a la interpretación realizada por las instancias previas a las reglas que rigen el caso (arts. 13 y 16, Código Penal -según t.o. ley 25.892 cit.-) y lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 121/123.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia