Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131703
En la ciudad de La Plata, a 18 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.703, "Chávez, José Luis. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 88.068 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de mayo de 2018, admitió el recurso de queja y rechazó -por mayoría- el de casación interpuesto por la defensa oficial de José Luis Chávez, contra el decisorio de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de La Matanza que había confirmado la resolución del juez a quo en cuanto rechazó la solicitud de libertad condicional formulada a favor del nombrado y el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal, con costas (v. fs. 48/59).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 67/82), el que fue concedido por el Tribunal de Alzada (v. fs. 83/87).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 96/104), dictada la providencia de autos (v. fs. 105), presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal -en la que la defensa requirió que al momento de resolver se tenga en cuenta el actual contexto de superpoblación y hacinamiento carcelario-, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurrente solicitó que se declare la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal, en su segunda parte (conf. redacción dada por la ley 25.892; B.O., 26-V-2004), en cuanto dicha norma establecía que "la libertad condicional no se concederá en los casos previstos en los artículos 80 inc. 7mo., 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo párrafo [del citado Código]" -cursiva presente en el original- (fs. 71).
Señaló, en particular, que dicho precepto prohíbe la concesión de la libertad anticipada por el solo hecho de haber sido condenado por alguno de los delitos especificados en la norma legal -en este caso, homicidio en ocasión de robo tipificado en el art. 165 del Código sustantivo-, sin que resulte relevante el modo como se ejecutó la pena impuesta tanto en su aspecto objetivo como subjetivo (v. fs. cit.).
Entendió que esta forma de legislar violenta de modo directo y manifiesto principios contenidos en la Constitución nacional y en los Tratados internacionales incorporados a ella conforme el art. 75 inc. 12 de la carta magna, como son aquellos referidos a la igualdad ante la ley y la finalidad resocializadora de las penas privativas de la libertad (v. fs. ídem. y vta.).
De tal modo, sustentó su postura favorable a que se declare la inconstitucionalidad del mencionado art. 14 del Código Penal, se case el fallo casatorio recurrido y, en definitiva, se conceda la libertad condicional de su defendido, desde dos aristas (v. fs. 71 vta./82).
I.1. En primer lugar, denunció la afectación al derecho a la resocialización como fin de la pena impuesta (arts. 18, Const. nac.; 7 y 10.3, PIDCP y 5, CADH; v. fs. 71 vta. y 72).
Luego de efectuar diversas consideraciones teóricas acerca de la finalidad de la pena conforme los postulados de la teoría de la prevención especial positiva (v. fs. 72/75), adujo que "No resulta lógico que [su] asistido sea impedido de acceder a la última etapa del régimen de ejecución de la pena, pese a que se encuentra demostrado en la causa que adquirió todas las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad, basándose dicho impedimento en el mero hecho de haber cometido determinado delito, aspecto objetivo de la ley penal que de ningún modo puede prevalecer sobre el fin último de la pena privativa de libertad" (fs. 75).
Adunó a ello, que la interpretación del citado art. 14 efectuada por el tribunal intermedio "...se enfrenta a la engorrosa situación de ponderar una presunción anticipada y de naturaleza apodíctica respecto de la prognosis de reinserción del hombre penado, dejando de lado la posibilidad de evaluación empírica y concreta tras años de encierro" (fs. cit.).
Explicó que la variable para avanzar en la readaptación social del condenado no puede ser otra que las mejoras obtenidas en sus condiciones personales, con lo cual "...el tipo de delito por el cual se lo condenó nunca podrá constituirse en el dato definitorio para que se decida si se debe avanzar en el tratamiento o no. En todo caso será un dato más entre todos los que deberán tenerse en cuenta para definir el tratamiento más adecuado, pero nunca, podrá funcionar como única variable para quitar una de sus etapas fundamentales" (fs. 75 vta.).
Agregó, que "...este tratamiento diferente que [...] propone [la mencionada norma] incumple con la manda constitucional pues el fin de resocialización deja de ser el ‘esencial’, como marcan el [PIDCP] y la [CADH], ya que, como se ha demostrado resulta imposible lograr dicho fin desde una situación de encierro" (fs. 76).
Con relación a la reforma legislativa introducida al art. 14 del Código Penal por ley 25.892, destacó que "...el propósito del legislador no fue [...] para acentuar el derecho constitucional a la readaptación social sino, por el contrario, existió una clara intención de utilizar la pena sólo para excluir a los 'delincuentes' de la sociedad y así poder defender, proteger y amparar a las víctimas de las personas 'peligrosas', tal la propia palabra del legislador [expresada en los fundamentos de la referida ley]" (fs. 77).
Por último, cuestionó que el sufragio mayoritario del tribunal casatorio sostenga la constitucionalidad de dicho precepto a partir del criterio elaborado por la Corte federal en el precedente "L'Eveque" (CSJN Fallos: 311:1451), en el cual ese Alto Tribunal se pronunció en sentido favorable a la aplicación del instituto de la reincidencia en el sistema penal argentino por no afectar los principios de culpabilidad y ne bis in idem y -en función de esa justificación- consideró factible impedir la libertad condicional, puesto que -a su modo de ver- lo allí resuelto no sería trasladable automáticamente al supuesto aquí tratado en la medida que "...no existe [en el sub lite ] ese plus de culpabilidad porque el fundamento [para denegar el aludido beneficio liberatorio] es el haber cometido uno de los delitos enumerados en [el art. 14, cit.], que [...] no utiliza ningún criterio que justifique ese cambio de régimen de ejecución" (fs. 77 vta.).
I.2. En segundo término, denunció la violación al principio de igualdad ante la ley -art. 16 de la Constitución nacional- (v. fs. 78).
Inicialmente efectuó diversas consideraciones generales sobre los alcances de dicho principio (v. fs. 78/80).
Con relación al caso en estudio, razonó que "...restringir el régimen de progresividad en la ejecución de la pena a determinados ciudadanos [...], haciendo fincar tal restricción en el delito cometido, no sólo le quita a la pena el objetivo constitucional y convencionalmente asignado, sino que además, organiza la discriminación de un grupo de personas sobre una base no razonable " y que "La selección [de los destinatarios de la norma] es arbitraria porque no guarda ninguna relación con el derecho del que se priva a unos, y que se concede a todos los demás, ni con el sentido que pretende asignarse a esa privación" (fs. 80).
Adujo, que el grupo de delitos identificados en dicha norma "...no tiene sustento en ninguna circunstancia relacionada propiamente con la ejecución de la pena e incluso ni siquiera resulta ser homogéneo, esto es, no se le aprecian características comunes que justifiquen la agrupación" y que en cambio las disposiciones supralegales que establecen el fin de la readaptación social "...no prevén restricción alguna basada en el mero reproche o repulsa social que puedan tener determinadas conductas, por más graves que ellas puedan resultar" (fs. cit.).
Asimismo, en aval de su postura, invocó los precedentes "Nápoli" y "Veliz Linda Cristina s/ causa nº 5640" de la Corte federal (v. fs. 80 vta. y 81) y señaló que "...no se alcanza a comprender y el Tribunal de Casación no lo ha explicado, cuál es el criterio utilizado por el Congreso Nacional y la Legislatura bonaerense para agrupar los tipos penales enunciados en los arts. 14 del C.P. (como también [en] el [...] art. 56 bis de la ley 24.660, y que el legislador provincial ha recogido en el art. 100 de la ley 12.256)" (fs. 81).
Alegó que "Sólo se habla de gravedad de los hechos como factor común a todos los delitos, pero ese dato además de no resultar razonable para privarlos de la libertad condicional y del resto de los institutos del periodo de prueba [...,] la discriminación tampoco supera el filtro de razonabilidad debido a que sigue siendo violatorio del principio de igualdad ya que por más que todos ellos sean delitos graves no son los únicos que el Código [Penal] contempla" (fs. 81 vta.).
Concluyó que "...la discriminación realizada por la ley para brindarle a GONZALEZ TOLA [- rectius : CHAVEZ-] un régimen de ejecución de la pena distinto del universo de condenados a pena privativa de libertad, basado exclusivamente en el hecho de haber sido condenado por el delito de homicidio en ocasión de robo, es arbitrario, pues, el criterio de diferenciación no es objetivo y razonable, en consecuencia, es violatorio de los arts. 16 y 75 incs. 22 y 23 de la Const. Nacional, 24 de la Convención Americana [sobre] Derechos Humanos y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo se declare su inconstitucionalidad" (fs. cit. y 82).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 96/104).
III.1. Inicialmente, cabe destacar que corresponde abordar los planteos de pretensa índole federal, a tenor del alcance del juicio de admisibilidad (v. fs. 83/87). En dicho marco revisor, adelanto mi coincidencia con el dictamen de la Procuración General, en cuanto ha propiciado su rechazo.
III.2. Frente a los planteos de la defensa llevados a conocimiento del tribunal intermedio mediante el recurso de casación oportunamente deducido (v. fs. 14/25), la mayoría de dicho organismo rechazó el agravio referido a la tacha de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal.
En ese quehacer, partió de considerar que una declaración de tal naturaleza "...constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia [que] debe ser estimada como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella sino en casos de estricta necesidad"; de conformidad con la doctrina que citó de la Corte federal y en cuyo marco entendió que la defensa no había demostrado dicha incompatibilidad ni tampoco que la aplicación del art. 14 del Código Penal resultase particularmente problemática en el caso (v. fs. 54 vta. y 55).
Refirió que según los antecedentes del debate parlamentario de la ley 25.892 "...el legislador tuvo en cuenta, razones de política criminal para suprimir o restringir beneficios a quienes han cometido determinados delitos, lo que no ha sido arbitrario, sino por el contrario se han considerado aquellos hechos que por su entidad, gravedad y magnitud, conmueven a la sociedad. [Así] ha meritado la necesidad de que todo condenado por un delito grave no acceda a la libertad condicional, como un modo de propender a que internalice la gravedad de la lesión social que ha provocado su conducta ilícita, y de esta manera, lograr los fines de la resocialización de la pena..." (fs. 55 y vta.).
Destacó que en igual dirección la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...el distinto tratamiento dado por la ley a aquellas personas que cometen ciertos delitos, con respecto a otras cuyo accionar resulta violatorio de figuras penales diferentes, así como hacer una distinción entre quienes se conducen de una manera diversa en la comisión de un ilícito por el que son condenados, actuando con mayor violencia o provocando una lesión a un bien jurídico de mayor importancia, respecto de quienes no lo hacen, no es violatorio de las normas constitucionales, y tiene su fundamento razonable en la facultad del legislador de establecer, dentro del amplio margen que le ofrece la política criminal, las consecuencias jurídicas que estime para cada caso (cfr. CSJN causa 'L'Eveque, Ramón Rafael s/robo', rta. 16/8/88, Fallos 311:1451)" (fs. 55 vta. y 56).
Con relación al supuesto de autos, precisó que "...la gravedad del delito por el resultado lesivo de la conducta punida como dato objetivo [...] es un parámetro válido diferenciador que no trastoca el principio de igualdad, pues es una pauta indicativa de que ella se aplica no 'por lo que es', sino 'por lo que hizo', adecuándose así a un derecho penal de acto" (fs. 56 y vta.).
Por último, la Casación desestimó -por mayoría- lo aducido por la defensa en cuanto a la incompatibilidad de la norma cuestionada con la finalidad resocializadora delineada por el bloque federal constitucional. Razonó que "...la liberación anticipada del condenado no es un derecho absoluto, que debe otorgarse de manera automática sino que es uno de los tantos dispositivos que las normas que rigen la ejecución de las penas privativas de la libertad consagra a los efectos de alcanzar ese objetivo bajo el régimen de progresividad, pero no es el único. Es que frente a la imposibilidad de acceder a la especie no obstante se permite al penado la inclusión en otros beneficios que flexibilizan el modo de cumplimiento de la pena, como ser su ingreso en el régimen abierto o salidas transitorias, prisión discontinua o semidetención toda vez que el impedimento rige exclusivamente respecto del art. 13 del C.P., pero no es válido razonablemente hacerlo extensivo a aquellas otras hipótesis"; por tanto, "...si bien la ley intensifica el tratamiento resocializador al negarle la obtención de la libertad condicional a quienes cometieron ciertos delitos (art. 14 'segunda parte', C.P.); ello no impide al penado el avance en el tratamiento resocializador en aras de obtener su acceso al medio libre" (fs. 56 y vta.).
III.3. Como lo adelantara, el recurso debe rechazarse.
En primer lugar, porque "...según lo ha sostenido el Superior Tribunal federal, la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley" (CSJN Fallos: 226:688; 242:73; 285:369; 300:241, 1087; 314:424).
En dicha dirección recordó que en virtud de la facultad que le otorga el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, resulta propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas (CSJN Fallos 11:405; 191:245; 275:89), y asimismo y en su consecuencia, aumentar o disminuir la escala penal en los casos en que lo estima pertinente; de tal suerte que el único juicio que corresponde emitir a los tribunales es el referente a la constitucionalidad de las leyes, a fin de discernir si media restricción de los principios consagrados en la Carta Fundamental; sin inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (CSJN Fallos: 257:127; 293:163; 300:642; 301:341).
Siendo entonces, que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del ordenamiento jurídico (conf. CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 316:842 y 324:920; e.o.), no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca al derecho o la garantía constitucional invocados (conf. CSJN Fallos: 315:923; 321:441 y consid. 21° del voto en disidencia de los doctores Belluscio, Boggiano y Maqueda, in re "Provincia de San Luis v. Estado Nacional s/acción de amparo", sent. de 5-III-2003).
En tales términos, su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de modo tal que si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no cabe atenderlo (conf. CSJN Fallos: 306:1597 y, en especial 325:1201, in re "T.V. Resistencia S.A.I.F. v. L.S. 88 T.V. Canal 11 Formosa s/daños y perjuicios", sent. de 28-V-2002, disidencia del doctor Adolfo R. Vázquez, consid. 8°; P. 100.629, sent. de 6-V-2009).
En este orden de ideas, los cuestionamientos traídos por la defensa para confutar lo resuelto por el tribunal intermedio -por mayoría- no pasan de una interpretación distinta de la norma en trato, que no demuestran de modo inequívoco su contrariedad con la Constitución nacional (art. 495, CPP).
Cabe tener presente que el art. 14 del ordenamiento penal (texto según ley 25.892), en cuanto establece la pérdida de la posibilidad de acceder a la libertad condicional para el caso de los condenados por alguna de las cinco graves figuras del Código Penal allí previstas (arts. 80 inc. 7, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo párrafo) lo que hace, en palabras de la Corte, es determinar "...la sujeción de los condenados a un régimen más severo de ejecución de la pena en el que se los priva del derecho a obtener la libertad condicional..." (v. CSJN Fallos: 334:559).
En lo que atañe a la resocialización del penado, cabe mencionar aquí lo expresado por esta Corte en cuanto a que "La liberación anticipada sujeta a una serie de condiciones es una de las formas que eventualmente pueden ser útiles para la finalidad de la resocialización, pero también puede frustrarla. No es el único medio, ni necesariamente el adecuado en todos los casos. En particular, cuando se está frente a quien ha cometido un delito muy grave, no es arbitrario que el legislador limite el rango de las herramientas disponibles para la finalidad de la resocialización..." (conf. doctr. causas P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016; P. 127.567, sent. de 7-II-2017 y P. 129.332, sent. de 21-XI-2018).
Por último, en cuanto a la argüida violación al principio de igualdad ante la ley con sustento en los fallos de la Corte federal "Nápoli" y "Véliz" (v. fs. 80 vta. y 81), resta señalar que estos fallos fueron dictados en función del principio de inocencia que ampara a todos los procesados, lo cual es bien distinto a la problemática aquí planteada.
En definitiva, la parte no ha desarrollado argumentos suficientes que conduzcan de manera incontrovertible a una declaración de
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