Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132402
En la ciudad de La Plata, a 18 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 132.402-RC, "Ponce, Luis Raúl s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 84.010 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 23 de abril de 2019, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad y concedió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, todos ellos presentados por la defensa particular de Luis Raúl Ponce contra la sentencia de dicho órgano que, a su vez, confirmó el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata que lo condenó a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas e inhabilitación absoluta perpetua, por encontrarlo coautor funcional penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada en concurso real con torturas seguidas de muerte, hechos cometidos entre los días 27 y 28 de septiembre de 1990 en la ciudad de La Plata del que resultara víctima Andrés Alberto Núñez (v. fs. 219/228).
Oído el señor Procurador General a fs. 245/251 vta., dictada la providencia de autos a fs. 252 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Conforme surge de los antecedentes sólo corresponde abordar los agravios articulados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, único admitido, dos de ellos por ser propios de la vía intentada: los dirigidos contra la vigencia de la acción penal, con sustento en la inobservancia de los arts. 55, 67, 142 inc. 1 y 144 tercero inc. 2 del Código Penal y sobre la inconstitucionalidad de la pena de reclusión prevista en los arts. 5 y 24 del mismo cuerpo legal; y, los otros, porque si bien conciernen a cuestiones ajenas, por regla, a los recaudos del art. 494 del Código Procesal Penal, tales las pretendidas nulidades procesales y la alegada arbitrariedad en la valoración de la prueba en la que se habría incurrido en el fallo impugnado, involucran reclamos de pretenso cariz federal susceptibles excitar la competencia del Tribunal, de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" –Fallos: 308:490- y "Di Mascio" –Fallos: 311:2478- (v., en esp. fs. 225 vta./228).
I.2. En lo que atañe al rechazo del pedido de prescripción de la acción penal, los abogados defensores del imputado objetan la asignación de efecto interruptor de su curso a un acto que -según entienden- en modo alguno constituye el llamado a prestar declaración indagatoria al que alude el art. 67 del Código Penal -según texto ley 25.990-, más que la expresión en una orden de detención -que carece de ese efecto- de que, una vez habido el aquí imputado, debería cumplimentarse esa diligencia. Sostienen, entonces, que rigiendo, por aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna (art. 2, Cód. Penal), el referido precepto que "ha despejado toda duda en cuanto a los actos que interrumpen el curso de la prescripción", siendo que el hecho investigado ocurrió, según acusación del fiscal, entre la noche del 27 al 28 de septiembre de 1990, a la fecha de notificación de la causa y llamado a prestar declaración indagatoria -del 7 y 8 de septiembre de 2012, respectivamente- el plazo de prescripción establecido para los delitos de que se trata (quince años) había sido ampliamente superado, debiendo considerarse extinguida la facultad persecutoria (v. fs. 152/153), incluso tomando como dies a quo enero de 1995 cuando Ponce fue exonerado de la policía (v. fs. 153 vta.), sin la existencia de otros actos susceptibles de enervar el curso de la prescripción ni la comisión de otro delito (v. fs. 154).
Critican, además, que se haya invocado lo resuelto por esta Corte respecto del coimputado Gerez en el entendimiento de que su situación procesal difiere de la de Ponce; y que la doctrina de los fallos "Bulacio" y "Bueno Alvez" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se reputó aplicable para aquel "deviene inapropiada" respecto de este interviniente, a quien los testigos "han sindicado de distinta manera", sobre "su intervención de acuerdo a la descripción de la plataforma fáctica indicada en la orden de detención y la presentación de Ponce al proceso", contraria a la condición de prófugo de Gerez, todo lo cual realza, según los presentantes, un distingo entre ambos que no ha sido debidamente atendido (v. fs. 153 y vta.). Más allá de recordar que el caso no está "abarcado por el derecho de gentes", según refieren lo resolvió esta Corte (v. fs. 154 vta.).
Finalmente, entienden que la cuestión de fondo sobre este tópico no fue tratada por los máximos tribunales de la Provincia y la Nación en razón de la suerte que corrieron algunas de las impugnaciones, al ser declaradas inadmisibles, reputando un desacierto lo decidido en contrario, porque, afirman, el planteo realizado ante el juez garante y apelado ante la Cámara respectiva "con resultado desfavorable no impide la reedición del mismo en Tribunales superiores" (fs. 154 in fine).
I.3. En otro orden de cosas, denuncian afectación del derecho de defensa y el debido proceso por no haberse declarado la nulidad absoluta del acta de aceptación del cargo del entonces defensor, doctor Casal, y por haberse desestimado el pedido de exclusión probatoria de las declaraciones de los coimputados incorporadas al debate por lectura (conf. arts. 203 y 211, CPP -v. fs. 155 y vta.-).
Argumentan que el referido letrado asistió a coimputados que tenían intereses contrapuestos con Ponce dejando a este último en estado de indefensión; así, traen a colación fragmentos de la testimonial de Fraga que incriminaban a su asistido; y tachan de arbitrario su descarte con sustento en la preclusión pues cuando asumieron la defensa de Ponce, "en el primer auto de mérito (el juicio oral) formularon los planteos nulificantes" precitados (arts. 18, Const. nac.; 94, CPP -v. fs. 156/157-).
I.4.a. Por otra parte, denuncian que no se acreditó la participación de Ponce en la detención, imposición de tormentos y muerte de Núñez, y que la afirmación contraria en el fallo es "un absurdo jurídico" (fs. 157 vta.).
Resaltan que su asistido no fue visto en el lugar de los hechos ni por los familiares ni por los amigos de la víctima, pues en el momento en que estaban torturando a Núñez con el resultado letal verificado, Ponce estaba en Punta Lara (v. fs. 157 vta. y 158).
Refieren que en la sentencia se valoró que su defendido estuvo de servicio desde las 20:00 hs. del día 27 de septiembre de 1990 hasta las 7:00 del 28 de septiembre, revistiendo cargo de jefe de turno y que comandaba el Grupo Operativo n° 5 que integraban González, Dos Santos, Gerez y Ramos (v. fs. 158), sin que tales circunstancias permitan demostrar la participación de Ponce en el concreto suceso atribuido, aun cuando el juzgador citó prueba documental y el testimonio de Visconti para concluir del modo que le reprochan, pues, insisten, ninguna prueba acredita lo afirmado en cuanto a que era el jefe de ese Grupo Operativo, ni que hubiera impartido la orden de privar ilegítimamente de la libertad a Núñez y a Guebara (v. fs. 158 y vta.).
En refuerzo, sostienen, que "sin perjuicio de no encontrarse probado que Ponce haya torturado a Nuñez o dado la orden para ello, tal circunstancia no lo convierte en autor del homicidio. En definitiva, y aún en la alocada hipótesis de que su defendido hubiera cometido los ilícitos contra Guebara, nada tiene que ver con lo ocurrido con Nuñez" (fs. 158 vta.); sin perjuicio de criticar la ponderación del testimonio del sindicado Guebara para justificar la participación de Ponce, al que tachan de mendaz; al igual que los dichos de Norma Beatriz Ordaz (madre de Guebara), porque, dicen, esta última nunca pudo haber visto a Ponce -como lo afirmó- ya que para ese entonces estaba en Punta Lara. Exponen que tampoco resulta creíble que Ponce llevara en su uniforme un cartel con su nombre, tal como lo afirmó la citada Ordaz. En apoyo de estas consideraciones traen a cuento un tramo del fallo de Cámara y al acta de debate (v. fs. 159/160).
Alegan que los jueces del tribunal oral condenaron a pesar del estado de duda que amparaba a su asistido (v. fs. 160); y que, contrariamente a lo expuesto por la Casación, de los dichos de los detenidos Décima, Gubia, Lijavesky y Gardes que estaban en la brigada el día de los hechos, tampoco se puede sostener la participación de Ponce en tanto al momento en que dicen haber escuchado los gritos que dan cuenta del inicio de las torturas que epilogaron en la muerte de Núñez, su asistido ya no estaba allí (v. fs. 160 vta.).
Por todo lo expuesto, señalaron que se incurrió en arbitrariedad al condenar por tratarse de una causa política, lo cual reporta gravedad institucional (v. fs. 158 y 161).
Reiteran, asimismo, su crítica a la valoración como elementos de cargo de las declaraciones de los coimputados Fraga, González y Santos incorporadas por lectura, sobre lo que habían efectuado su oportuna protesta, peticionando la nulidad (v. fs. 161 vta.); y en referencia al voto del juez Delbés, se agravian del modo en que valoró los dichos de la exesposa del coimputado Ramos, Alicia Laura Visconti y la mujer del aquí imputado, en cuanto no señalaron la existencia de problemas o conflictos serios dentro del ámbito laboral susceptible de explicar la sindicación del imputado que efectuaron los arriba citados (v. fs. cit.).
Concluyen al fin que la valoración de la prueba es arbitraria al no haber surgido del juicio oral que Ponce hubiera torturado a Andrés Núñez ni dado la orden para ello (v. fs. 162); y que del hecho que se hubiera fugado, establecido en otra provincia, y cambiando su identidad, no puede extraerse un indicio de su culpabilidad, cuando actuó así por consejo de su entonces defensor de confianza (v. fs. 162).
Luego, cuestionan que la Casación convalidara la coautoría funcional sostenida por la jueza Oyhamburu, con adhesión del juez Bernard. Porque suponiendo que el hecho planeado, según los testimonios citados por los propios magistrados, fue el de "detener aÑúñez y hacerlo confesar" y, por otro lado, Visconti declaró que su marido Ramos le dijo: "...al flaco González se le fue la mano", en alusión a que mataron a una persona, a la poste el indicado Andrés Núñez, se evidencia que este no era el suceso que había pergeñado Ponce y que daba sustento al plan común, no debiendo en consecuencia responder por su muerte (v. fs. 162 vta.).
Y añaden que, a su entender, de la prueba producida en el debate surge claramente que si Ponce estaba o no en la Brigada en el momento de los hechos, lo que ocurrió hubiera sucedido igual, porque la determinación de los que actuaron -en particular González- de aplicarle "submarino seco" a Núñez hasta que no respirara más, conllevaba a que iba a morir indefectiblemente (v. fs. 162 vta. y 163).
Insisten con cuestionar que tuvieran por probado que la muerte de Andrés Núñez ocurrió cuando Ponce estaba en la Brigada; que se haya ponderado como prueba de cargo la pericia caligráfica y el hallazgo de los restos de Núñez en el sitio en que aparecieron, pues dichos elementos -dicen- nada aportan para demostrar la participación del nombrado (v. fs. 163).
Concluyeron que los jueces de Casación fundaron su sentencia con remisiones a lo dictaminado por el órgano de juicio y con desconocimiento de la ley aplicable (v. fs. 163 in fine y vta.).
I.4.b. En suma, invocan la aplicación del beneficio de la duda en lo que hace a la autoría por no existir certeza suficiente (v. fs. 164 y vta.).
I.5. También critican que no se haya valorado como pauta atenuante del reproche la falta de antecedentes condenatorios.
I.6. Por último, reclaman la declaración de inconstitucionalidad de la pena de reclusión a la que fuera condenado (v. fs. 164 vta.).
Una vez más, con cita de extractos del voto del juez Delbés en cuanto afirmó que la defensa no hizo ninguna manifestación frente al pedido de condena a reclusión, replican el contenido y alcance de esa respuesta, con alusión a lo expuesto por los restantes camaristas (v. fs. 165 y vta.); y merced a lo decidido en el precedente "Méndez" de la Corte federal, entre otra jurisprudencia invocada, aducen que no se dieron motivos que justifiquen la aplicación de este tipo de sanción que -a su entender- está virtualmente derogada, correspondiendo descalificar por inconstitucional los arts. 5 y 24 del Código Penal, en el entendimiento de que la pena de reclusión es cruel, inhumana y degradante (v. fs. 165 vta./167 vta.).
Refieren que los jueces de Casación al desestimar dicho agravio incurrieron en un excesivo rigor formal (v. fs. 169).
Por otra parte, indicaron que la imposición de este tipo de pena únicamente a Ponce viola el principio de igualdad ante la ley (art. 16, Const. nac.) pues al resto de los coimputados se los condenó a prisión perpetua pese a que fueron los autores materiales de las torturas y de la muerte de Núñez (v. fs. 168 vta. y 169).
A su vez, se agraviaron de la afectación de los derechos de revisión amplia, defensa y debido proceso por no haberse tratado debidamente cuestiones esenciales y denunciaron la violación de la presunción de inocencia y del derecho a permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso (arts. 18, Const. nac.; 8.2.h. CADH; 14.5., PIDCP -v. fs. 170-).
II. Coincido con el dictamen del señor Procurador General de fs. 245/251 vta., que aconseja el rechazo del recurso deducido.
III.1. En primer orden de cosas, cabe señalar que la declaración de prescripción de la acción penal pretendida -tal como se puso en evidencia en las sentencias de Casación y de Cámara; ver reseña a fs. 22/24 y 132/134- ya fue resuelta por esta Corte en causa P. 121.814 (resol. de 3-IV-2014), adquiriendo firmeza lo allí decidido.
En efecto, en la citada causa se desestimó el planteo de prescripción de la acción penal formulado por la defensa de Ponce en el marco de un pedido de sobreseimiento en base a fundamentos similares a los que ahora reedita.
En dicha oportunidad esta Corte resolvió que aun "...marginando cualquier consideración que pudiera efectuarse sobre la renovación del incidente de prescripción en el sub-lite, luego de que el imputado y la representación técnica de Ponce desistieran de la impugnación en la causa P. 111.858 [sent. de 12-III-2014] que contiene idéntico thema decidendum [...], cabe señalar que lo fallado por esta Corte el 12 de marzo de 2014 en la causa de mención, proyecta sus efectos en la presente en función de la naturaleza de los delitos imputados y de los deberes asumidos por el estado argentino en este tipo de casos".
Asimismo, allí se afirmó que "...-siguiendo los lineamientos efectuados al considerar la impugnación presentada por la particular damnificada señora Mirna Gómez en relación con otros consortes de causa, por los hechos que aquí se investigan, en el marco del legajo P. 109.447, sent. de 8/V/2013- este Tribunal resolvió en aquél precedente -en el que sólo se juzgaba al co-imputado Gerez- el mantenimiento de la decisión impugnada y la desestimación del recurso en cuanto desechaba el planteo de prescripción, ya que pudiendo considerarse el ilícito de torturas seguidas de muerte por parte de agentes policiales perpetrado contra Andrés Nuñez como 'grave vulneración de derechos humanos' en el contexto establecido en los casos 'Bulacio' y 'Bueno Alves', cabe extremar la diligencia judicial en procura de la identificación y sanción de sus posibles responsables"; siendo lo así decidido trasladable a la situación causídica del coimputado Ponce (conf. art. 481, CPP).
Si bien contra lo así resuelto, la defensa dedujo recurso extraordinario federal, este fue desestimado por esta Corte (causa P. 121.814, resol. de 18-VI-2014), siendo rechazada la vía de hecho formulada por el Máximo Tribunal nacional (v. "Ponce, Raúl Luis s/ causa n° 121.814", sent. de 30-XII-2014), poniendo final al punto en disputa.
III.2. De lo expuesto, surge que la denegatoria del planteo de prescripción de acción adquirió firmeza pese a lo cual la parte pretende volver sobre aquel sin evidenciar un cambio en la situación que amerite que esta Corte se expida nuevamente respecto del mismo asunto (conf. arts. 161, Const. prov.; 421, 479 y concs., CPP). Lo allí resuelto ha devenido inconmovible, no siendo posible sobre igual tramo temporal renovar idéntica petición.
La parte tampoco controvierte idóneamente la imprescriptibilidad derivada de tratarse de un supuesto de graves violaciones a los derechos humanos, en el marco de la doctrina de las causas "Espósito" ("Bulacio", CSJN Fallos: 327:5668) o "Derecho" ("Bueno Alves", Fallos: 334:1504), una vez descartado que dicha solución derivara de la tipificación del caso como delito de lesa humanidad, de cuyas sustanciales diferencias no se ha ocupado. Así como ha prescindido de explicitar acabadamente qué contingencias de la situación procesal del imputado y de la responsabilidad que se le atribuye justificarían, a su criterio, el diverso trato que pretende se le dispense en relación con el coimputado Gerez en lo concerniente a esta parcela del pronunciamiento.
IV.1. Los reclamos de nulidad del acta de aceptación del cargo del entonces defensor de Ponce, doctor Casal, y de las declaraciones de los coimputados incorporadas por su lectura al debate y respecto de las cuales se requirió la exclusión probatoria, son igualmente imprósperos.
IV.2. En rigor, se trata de cuestiones de eminente carácter procesal, ajenas -por vía de principio- a la materia revisable por esta Corte, salvo demostración de una directa vinculación con garantías constitucionales que imponga sortear esa valla (doctr. art. 494, CPP), que, en el caso, no ha sido evidenciada.
IV.3. Por otra parte, la defensa no atacó eficazmente los fundamentos brindados por el tribunal revisor vinculados a que tales planteos resultaron extemporáneos (el sentenciante indicó que precluyó la oportunidad para plantearlos por ser propios de etapas anteriores y agregó que tampoco se denunciaron en la apertura del juicio -v. fs. 134 vta./135 vta.-).
IV.4. A su vez, el recurrente no se hizo cargo del tramo de la sentencia que descartó dichas denuncias por considerar que las argumentaciones de la parte configuraban una reedición de las llevadas ante la Cámara (v. fs. 135).
En conclusión, la defensa formuló consideraciones genéricas que no logran conmover lo resuelto ni acreditar que las cuestiones procesales hubieran configurado la infracción de garantías constitucionales (v. fs. 134/135 vta.; doctr. art. 495, CPP).
Es doctrina de esta Corte que las nulidades no tienen por fin satisfacer pruritos formales sino enmendar perjuicios efectivos que pudieren surgir de las desviaciones procesales, cada vez que estas desviaciones supongan una restricción de la garantía de defensa en juicio o del debido proceso, y en la especie, no concurren estas circunstancias (arts. 203, 205, CPP y concs.; doctr. causas P. 96.779, sent. de 17-VIII-2007; P. 103.649, sent. de 13-V-2009; P. 94.876, sent. de 10-VI-2009; P. 72.430, sent. de 7-X-2009; P. 98.769, sent. de 3-III-2010; P. 103.201, sent. de 28-V-2010; P. 109.062, resol. de 18-V-2011; P. 109.012, resol. de 6-VII-2011; P. 108.312, resol. de 3-X-2012; P. 111.879 y P. 113.311, resols. de 19-XII-2012; P. 113.098 y P. 113.947, resols. de 10-IV-2013; P. 114.236 y P. 117.397, resols. de 3-VII-2013; P. 114.637, resol. de 25-IX-2013; P. 113
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.