Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131928
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.928-RC, "Abraham Ricardo Alberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 82.926 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 11 de diciembre de 2018, concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Ricardo Alberto Abraham contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de San Martín que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como autor responsable del delito de homicidio agravado por alevosía, cometido el 17 de abril de 2009 en perjuicio de Esteban Recalde, dictando pena única de prisión perpetua comprensiva de la presente y de la impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 6 en causa 2.281 en orden al delito de homicidio en ocasión de robo, hecho del 27 de julio de 2009, en perjuicio de Cristian Fernando Garcete (v. fs. 230/232).
Oído el señor Procurador General a fs. 239/247 vta., dictada la providencia de autos a fs. 248 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial, Daniel Aníbal Sureda, desarrolló los siguientes agravios.
I.1. En primer lugar, tildó de arbitrario el fallo y alegó la infracción de los derechos de defensa en juicio, debido proceso, presunción de inocencia y revisión amplia de la condena (arts. 18, Const. nac.; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP) ante la confirmación del rechazo del planteo de nulidad de la incorporación de prueba de cargo por lectura y de los actos derivados de ésta (v. fs. 213 vta.), vinculado con la declaración testimonial de cargo de César Yamil Recalde sin que la defensa haya podido controlarla (v. fs. 213 vta. y 214).
Agregó que se realizó una revisión formal de la petición y se invirtió la carga de la prueba al sostener que la defensa era la encargada de resguardar la validez de dicho acto cuando ello correspondía al Fiscal. Trajo a colación el fallo "Benítez" de la Corte nacional que estimó aplicable por haberse afectado el derecho de defensa y el debido proceso (v. fs. 214/215 vta.).
Por otra parte, indicó que en su oportunidad se planteó la nulidad absoluta de la exhibición de la videofilmación por haberse realizado sin notificación previa a la defensa y del reconocimiento practicado a partir de ello; siendo desacertado reputar -como lo hizo el Tribunal intermedio- que tales diligencias resultaban "...un acto informativo y orientador..." pues ello contraviene el debido proceso y la defensa en juicio (v. fs. 215 vta. y 216).
Por último, alegó que todo lo expuesto puso de manifiesto la afectación del derecho a la revisión integral del pronunciamiento de condena (conf. CSJN "Casal" y "Martínez Areco"; arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP), pues se afirmó "...implícita y dogmáticamente..." que la nulidad planteada era extemporánea al considerar saneado el procedimiento a pesar del carácter absoluto de aquella (v. fs. 217 y vta.).
En definitiva, solicitó se case el fallo en crisis por falta de fundamentación en el tratamiento de los agravios referidos; se asuma competencia positiva y se decrete la nulidad de la declaración testimonial incorporada por lectura y la exclusión de los actos derivados de ésta como así también del reconocimiento efectuado a partir de la irregular exhibición de la videofilmación, absolviendo a su asistido sin previo reenvío, para evitar el doble juzgamiento y la prohibición de reformatio in pejus (v. fs. 217 vta. y 218).
I.2. En segundo lugar, tachó de arbitraria la valoración de la prueba y denunció la afectación de la garantía in dubio pro reo por haber desestimado el pedido de absolución sin cumplir con la revisión amplia, pues el a quo se remitió a los elementos probatorios colectados sin examinar los planteos llevados. A su entender, la decisión incumplió las exigencias de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 218/219).
I.2.a. En función de ello, solicitó se aplique el beneficio de la duda y se absuelva a su asistido ante -a su criterio- el endeble marco probatorio y con sustento en el art. 34 del Código Penal, solicitó "...la remisión al Tribunal a quo para su tratamiento..." (v. fs. 219).
Explicó que existen dudas en cuanto a la capacidad de culpabilidad de su asistido sumado a "...las plurales incertidumbres evidenciadas en autos..." que dan cuenta de la imposibilidad de condenar. En tal sentido, refirió que se inobservó el citado art. 34 como consecuencia de una ponderación arbitraria de la prueba, habiendo la defensa puesto de manifiesto el cuadro de esquizofrenia paranoide que padecía Abraham, por el cual no pudo comprender la criminalidad de sus actos (v. fs. 219 vta.).
I.2.b. Por otro lado, sostuvo que los planteos vinculados con la agravante de la alevosía respecto del homicidio no fueron debidamente abordados, habiendo controvertido su aplicación con fundamento en la mera ubicación física del sujeto pasivo al momento del hecho (v. fs. 219 vta. y 220).
Indicó que en este aspecto tampoco se logró el grado de certeza necesaria por lo que solicitó la aplicación de la garantía in dubio pro reo, derivada de la garantía de presunción de inocencia (arts. 18, Const. nac.; 14.2., PIDCP -v. fs. 220/221-).
En suma, consideró que se efectuó una errónea revisión del fallo condenatorio, mediante una exploración formal de los elementos probatorios valorados, sustrayéndose del examen integral que se impone por la garantía convencional al doble conforme (v. fs. 221).
Peticionó la absolución fundada en el estado de inocencia y en la ausencia de elementos probatorios de cargo para conmoverlo. En subsidio, solicitó la recalificación legal del hecho en la figura de homicidio simple del art. 79 del Código Penal (v. fs. 221 y vta.).
I.3. En tercer término, criticó la revisión efectuada en materia de determinación de la pena y alegó que se incumplieron las pautas fijadas por esta Corte en la causa P. 87.172 (v. fs. 221 vta.).
Postuló que la confirmación de la pena de prisión perpetua inobservó los arts. 1, 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 57 de la Constitución provincial (v. fs. 221 vta.), reiterando la cita de los fallos "Casal" de la Corte nacional y "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 222).
Sostuvo que la pena regulada en el art. 80 del Código Penal no permite diferenciar entre sujetos ni hechos de diversas características o envergadura por lo que no resguarda las garantías de culpabilidad y proporcionalidad. Trajo a colación el precedente "Hilaire c. Trinidad y Tobago" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (art. 4, CADH -v. fs. 222 vta./223 vta.-).
En suma, peticionó se "...desaplique la pena de prisión perpetua..." o, en su defecto, se la declare inconstitucional (v. fs. 223 vta.).
I.4. Finalmente, ante el supuesto de que se confirme el veredicto condenatorio y la calificación legal solicitó se realice una "...interpretación constitucional de la pena de prisión perpetua..." fijando una sanción numérica que no podrá superar los veinticinco años de prisión, de conformidad con lo regulado en el Estatuto de Roma (v. fs. 224), a efectos de cumplir, entre otros principios que enuncia, con la reinserción social del condenado (v. fs. 224 y vta.).
II. Del juicio de admisibilidad se desprende que el a quo únicamente admitió la impugnación en orden al planteo de errónea aplicación de los arts. 34, 79 y 80 inc. 2 del Código Penal y a las denuncias de arbitrariedad, violación de los derechos de defensa en juicio, debido proceso e inconstitucionalidad de las penas de prisión perpetua (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional -v. fs. 230/232-).
Ninguna consideración efectuó respecto a los agravios de errónea revisión y afectación de la presunción de inocencia.
III. En el dictamen de fs. 239/247 vta., el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido.
IV. Coincido con lo dictaminado en cuanto a que el recurso no puede prosperar, quedando ceñida la competencia de esta Corte al alcance con que el carril extraordinario fue admitido por el Tribunal a quo (v. fs. 230/232; conf. art. 486, CPP).
V. Sentado ello, la denuncia de arbitrariedad y afectación de los derechos de defensa en juicio y debido proceso por haberse confirmado la incorporación por lectura de la declaración testimonial de César Yamil Recalde y el rechazo del planteo de nulidad absoluta de la exhibición de videos y de los reconocimientos practicados a partir de ellos no proceden.
V.1. De la lectura de la sentencia en crisis surge que el Tribunal de Casación Penal estimó que la parte reeditó los agravios llevados a conocimiento del órgano de primera instancia sin hacerse cargo de los argumentos en que se fundó el rechazo.
En tal sentido, recordó que se tuvo por debidamente probado que "...el día 17 de abril de 2009, siendo alrededor de las 22:25 horas, en la intersección de las arterias Los Eucaliptus y 8 de Mayo del asentamiento denominado 'Costa Esperanza' de la localidad de Billinghurst, Partido de San Martín, el aquí imputado Ricardo Alberto Abraham junto a otro masculino prófugo, tras interceptar a la víctima Esteban Recalde [en] un lugar descampado, frente a un arroyo, lo obligaron a arrodillarse, y mientras era sujetado por uno de ellos, el otro le efectuó varios disparos con el arma de fuego que portaba con intenciones de darle muerte, lesionándolo muy gravemente (impactándolo seis proyectiles en su región abdominal, torácica y miembro superior izquierdo) produciendo de inmediato su deceso..." (fs. 194).
Puso de manifiesto que el Tribunal en lo Criminal n° 3 de San Martín juzgó acreditada la materialidad ilícita y la autoría responsable merced a los testimonios de Javier Beltrán, Mónica Montiel, Adriana Rosario Salazar, Analía Lorena Gómez y Julio Guarriello que fueron contestes entre sí (v. fs. 194 vta. y 195). Adunó que dicho plexo probatorio también fue corroborado por el precario médico, la operación de autopsia, el certificado de defunción, el estudio histopatológico, como así también por los elementos que ubican el escenario de los hechos (croquis ilustrativo, placas fotográficas de la pericia de levantamiento de rastros y pericia planimétrica -fs. 195-).
A tales elementos de convicción, el órgano revisor adunó los dichos de Gabriel Vera, respecto de quien la defensa -al igual que en esta oportunidad- solicitó la nulidad de la exhibición de la videofilmación en la cual éste reconoció a Abraham como uno de los autores (v. fs. 195). En lo que aquí respecta, el sentenciante sostuvo que la parte se limitó a reeditar lo planteado en el juicio, sin replicar los fundamentos de su rechazo; ni demostrar un agravio o menoscabo al derecho de defensa. Recordó que Vera fue un testigo presencial del hecho que realizó un relato detallado de lo acontecido y visualizó a los autores. Luego de reseñar tramos de su declaración, estimó que "...fue contundente en cuanto a que de acuerdo a la contextura física y la similitud del rostro, Abraham es la persona que le efectuó el disparo a la víctima..." (fs. 195 vta.).
Frente a ello, en lo que respecta al pedido de nulidad de la videofilmación exhibida por parte del personal policial, afirmó que "...tal acto se encuentra acotado al encauzamiento de una pesquisa como simple medio de investigación, previo a los actos estrictamente probatorios, sin configurar ninguna violación constitucional al derecho de defensa en juicio y al debido proceso...", resultando lógica "...la falta de notificación a la defensa...", teniendo en cuenta la inexistencia de individualización de los posibles autores del ilícito. Puso de manifiesto que este tipo de procedimientos constituyen un recurso útil para la policía en la tarea de prevenir y colaborar en el esclarecimiento de los delitos donde se ignora la identidad de los posibles autores. Destacó que "...antes que medios de prueba, constituyen más bien actos introductorios informativos y orientativos de la investigación que encuentra respaldo en las atribuciones conferidas por el art. 294, inc. 7°, del [Código Procesal Penal] que habilita a la policía a dirigir interrogaciones a los testigos, como contrapartida en la obligación de la policía de investigar que se desprende de la doctrina del art. 293 del [citado cuerpo de leyes..." (v. fs. 196 y vta.).
Por otra parte, en lo que atañe a la incorporación por lectura de la testimonial de Recalde indicó que luego de acreditar su fallecimiento se actuó de conformidad con el art. 366 del Código de forma. Destacó que el eventual detrimento del derecho garantizado en el art. 8 inc. 2 "f" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 3 "e" del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se produce cuando es recibida la declaración o denegada la petición de la defensa de interrogar al testigo y no en el debate cuando, habiéndose tornado ya imposible el ejercicio de aquel derecho, se decide la incorporación por lectura de la diligencia por fallecimiento, inhabilitación o ausencia del órgano de prueba (v. fs. 197 vta.).
En definitiva, consideró que el art. 366 del Código Procesal Penal es compatible con los arts. 8 inc. 2 "f" y 14 inc. 3 "e" previamente citados y puso de manifiesto que la parte no demostró que la declaración en cuestión adoleciera de irregularidades que pudieran derivar en su nulidad o exclusión probatoria (v. fs. 198 vta.) y que se hubiera visto imposibilitada en la etapa procesal anterior de controlarla (v. fs. 199).
Concluyó que el modo en que se tuvo por demostrado el fallecimiento de Recalde no merece reproche alguno y refirió que, aun prescindiendo de sus dichos, la autoría de Abraham se encontraba correctamente acreditada, pues -a su entender- el Tribunal de instancia ponderó correctamente otros elementos de prueba que evidencian su participación en los hechos (v. fs. 199 vta.). Frente a ello, consideró que las críticas de la defensa oficial no trascienden una mera discrepancia con la valoración e interpretación de la prueba.
V.2. Ahora bien, sin perjuicio del acierto o error de lo decidido, la defensa formuló afirmaciones genéricas que no controvirtieron eficazmente los argumentos expuestos en el fallo en crisis.
En efecto, la parte se limitó a criticar dogmáticamente la exhibición de la videofilmación objetando que haya configurado un mero "...acto informativo y orientador...", en contradicción con el debido proceso y la defensa en juicio. Sin embargo, no explicó siquiera mínimamente de qué manera tales garantías se verían afectadas ni su vinculación directa e inmediata con las particulares características del caso. Tampoco hizo ningún esfuerzo por evidenciar que dicho accionar se encontrara excluido de las atribuciones conferidas por el art. 294 inc. 7 del Código Procesal Penal (v. fs. 196 y vta.).
De la misma manera, no se hizo cargo del tramo de la sentencia que resolvió que la incorporación por lectura de la testimonial de Recalde fue conforme el art. 366 del Código de forma y que no entró en tensión con los arts. 8 inc. 2 "f" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 3 "e" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tampoco rebatió el argumento referido a que aun prescindiendo de sus dichos la autoría de Abraham se encontraba correctamente acreditada en base a otros elementos de convicción independientes (v. fs. 199 vta.).
De este modo, no demostró la relación directa e inmediata entre las cláusulas constitucionales invocadas como transgredidas y la resolución adoptada en la causa (arts. 15, ley 48 y 495, CPP, cits.).
V.3. La denuncia de violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso por apartamiento del fallo "Benítez" de la Corte nacional también debe ser desestimada, pues el recurrente no dio acabada cuenta de la atingencia al caso de la doctrina invocada a tenor de las concretas circunstancias del presente.
En efecto, según afirma el Tribunal de Casación Penal, la autoría del encausado se acreditó no sólo en virtud de los dichos de Recalde sino con sustento en otros elementos de convicción independientes que no fueron correctamente controvertidos.
En suma, no se demostró de qué manera dicho precedente resultaría aquí aplicable a pesar de las marcadas diferencias (doctr. art. 495 y concs., CPP).
V.4. La denuncia de arbitrariedad tampoco procede porque las diversas aseveraciones formuladas por la parte no logran evidenciar en lo resuelto la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.), más que la mera expresión de su oposición a la actividad valorativa merced a la cual se tuvo por debidamente acreditada la autoría del encartado. Cabe recordar que el objeto de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado..." (CSJN Fallos: 310:234), y, en el presente caso, el señor defensor oficial no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado (art. 495, CPP).
VI. Igual suerte corresponde a la denuncia de inobservancia del art. 34 del Código Penal y errónea aplicación del art. 80 inc. 2 del mismo cuerpo normativo, ambos vinculados con planteos de arbitrariedad (v. fs. 219/221 vta.).
VI.1. En lo que concierne al pedido de inimputabilidad, el Tribunal de Alzada lo rechazó por entender que la aplicación del art. 34 del Código Penal fue debidamente descartada por el órgano de mérito (v. fs. 201).
Explicó que se analizaron las pericias e informes practicados y que los puntos controvertidos se examinaron en dos oportunidades, "[l]a última, por la Junta Médica que involucró a tres expertos, por fuera de los otros dos que habían dictaminado con anterioridad..." (v. fs. 201 y vta.).
Estimó que se expidieron, en forma concordante, los peritos de la especialidad, doctores Vera Celina Lipovetzky y Eugenio Camino, en el informe psiquiátrico de la Asesoría Pericial de La Plata "que fuera solicitado como medida de instrucción suplementaria, tras entrevistas con el imputado y teniendo en cuenta su internación psiquiátrica en la Unidad 34, quienes describieron que 'tras resaltar la reticencia, mendacidad y sobresimulación del examinado, dictaminan: que no surgen elementos que al momento actual y al momento de los hechos investigados, el nombrado Abraham presentara signos de descompensación psíquica que alteren el gobierno de su conducta ni la comprensión o dirección de sus acciones. El nombrado es portador de una personalidad de tipo antisocial, con rasgos psicopáticos, donde el abuso de sustancias puede presentarse'" (v. fs. 201 vta.).
A su vez, aludió a otro informe psiquiátrico de la Asesoría Pericial en el que dictaminó una junta médica solicitada por la defensa en el cual los peritos psiquiatras Vera, Fortes, Capurro y Rodr
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