Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131234
En la ciudad de La Plata, a 19 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Kogan, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.234, "Gallardo Neuch, Cristian Enrique; Iglesias, Gastón Rafael y Pino, Javier Alejandro. Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa nº 73.874 y sus acum. n° 73.877 y 73.954 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de septiembre de 2016 rechazó los recursos deducidos por las respectivas defensas de Gastón Rafael Iglesias y Javier Alejandro Pino, y la defensa oficial de Cristian Enrique Gallardo Neuch, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que los había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por encontrarlos coautores penalmente responsables de los delitos de robo agravado por su comisión en poblado y en banda y homicidio agravado por haber sido perpetrado para lograr su impunidad, en concurso real (v. fs. 113/129 vta. con relación a fs. 56/86 vta.).
Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto de Casación, Daniel Aníbal Sureda, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto de Cristian Enrique Gallardo Neuch (v. fs. 135/146 vta.); por su lado, el abogado particular de Gastón Rafael Iglesias dedujo recursos extraordinarios de nulidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 149/158); mientras que Javier Alejandro Pino, por derecho propio y con la asistencia de la defensa oficial ejercida por el doctor José María Hernández, articuló la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 176/179).
La citada Sala casatoria concedió los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y rechazó los de nulidad e inconstitucionalidad presentados en favor del imputado Iglesias (v. resol. de fs. 198/201 vta. y rectificatoria de fs. 203/204), sin que ello fuese objetado por la parte.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 229/237), dictada la providencia de autos (v. fs. 238), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa de Cristian Enrique Gallardo Neuch?
2ª) ¿Lo es el deducido en beneficio de Gastón Rafael Iglesias?
3ª) ¿Lo es el también presentado respecto de Javier Alejandro Pino?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa de Cristian Enrique Gallardo Neuch sostiene que el Tribunal de Casación incurrió en arbitrariedad, apartándose de los precedentes que citó de la Corte federal, por indebida fundamentación en la respuesta dada a la crítica de esa parte a la valoración probatoria que justificó la coautoría del acusado; y que la competencia revisora fue ejercida de modo que no satisfizo el derecho al recurso que asiste a su defendido a tenor de los lineamientos fijados por la Corte Suprema in re "Casal", tanto en el examen del extremo antes aludido como por haber omitido el tratamiento de los agravios formulados tardíamente ante esa sede, además de no observarse la doctrina sentada por esta Corte en la causa P. 87.172 en materia de revisión de la determinación de la pena.
Denuncia violada la garantía del debido proceso y el derecho a ser oído como derivación del derecho de defensa en juicio; invoca los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.1 y 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 137 vta./146).
I.1. Recuerda que en el recurso de casación adujo la ausencia de elementos demostrativos del conocimiento de su asistido de la existencia de un plan criminal de mayor envergadura al desapoderamiento; de allí que, ante el exceso de otro de los consortes de causa, y sin que concurriera prueba directa para sustentar su responsabilidad penal en términos de coautoría, había solicitado una condena en los parámetros del art. 47 del Código Penal.
No obstante, a su entender, la decisión del a quo de revalidar el mérito del plexo convictivo empleado para acreditar dicho rol coautoral de Gallardo constituye solo un tránsito aparente por esa instancia, pues se vale de la fundamentación de la condena originaria, desentendiéndose de las censuras desarrolladas al responder con meras afirmaciones dogmáticas.
I.2. Sobre la aducida violación a la garantía de la revisión amplia e integral de la sentencia de condena, por haber rechazado la Casación, por extemporáneos, los planteos introducidos novedosamente en el escrito cuya presentación faculta el art. 458 del Código Procesal Penal, el recurrente argumenta que lo así resuelto deviene arbitrario por menoscabar el debido proceso y restar utilidad al ejercicio de la defensa pública ante ese tribunal intermedio, cuya potestad de fiscalizar los agravios de esta parte "...no deberá restringirse", so pena de comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino, ya que no puede una disposición de derecho interno servir de fundamento para incumplir una norma de derecho convencional (v. fs. 141 vta.).
De tal forma entiende que el control de la sentencia de condena no abastece las exigencias que resultan de los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la interpretación que de ellos ha hecho la Corte federal a partir del precedente "Casal" (Fallos: 328:3399) en sintonía con lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos que menciona; por lo que solicita de este Tribunal una interpretación normativa superadora de la que cuestiona; en subsidio, que se declare la inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal en tanto veda la posibilidad de invocar otros motivos distintos, luego de vencido el plazo de interposición del recurso de casación (v. fs. 141/143 vta.).
I.3. En lo que atañe a la pena de prisión perpetua impuesta a Gallardo, la defensa alega que el extremo no fue objeto de la fiscalización que compete a la instancia casatoria, conforme los parámetros fijados en el precedente P. 87.172 de este Tribunal y por la Corte federal en el referido fallo "Casal", ya que teniendo su competencia abierta, se apartó de los alcances de los principios de culpabilidad por el acto, proporcionalidad e igualdad ante la ley, en cuanto a la imposibilidad de la existencia de penas fijas, sin ofrecer razones válidas para ello (v. fs. 145).
Con base en la relevancia que cabe asignar a la magnitud del contenido ilícito del hecho en el proceso mensurador, señala que el art. 80 del Código sustantivo no permite al juzgador diferenciar entre sujetos ni hechos de diversa característica o envergadura, trayendo a colación lo resuelto en la causa "Hilaire Constantine" por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros aludidos (v. fs. 145 vta.).
Por ello considera que al no evaluarse elementos atenuantes ni agravantes, la sanción es determinada siempre de forma arbitraria, con afectación del principio de culpabilidad por el acto, pues la judicatura se vio sometida a tratar a su defendido como una homogeneidad -y no como un ser único- mediante "...la aplicación ciega e indiferente de la pena", contraviniendo la prohibición de privar del derecho a la libertad en forma arbitraria , al no penarse en razón de las características del ilícito juzgado, la participación y la culpabilidad del acusado (v. fs. 146).
II. Coincido con el señor Procurador General. La impugnación no prospera.
Las instancias anteriores dieron por demostrado que "...el día 27 de agosto del año 2012, siendo aproximadamente las 18,45 horas, en las inmediaciones de la Avenida Montes de Oca y Suárez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuatro personas del sexo masculino, tres de ellos mayores de edad, en compañía del menor Sandro Albarado, coactuando al efecto, interceptaron con fines de apoderamiento ilegítimo a Nélida Albina Casagerone, a quien obligan a ascender a un automotor, en el que la trasladan por distintos lugares hasta llegar a la intersección del Pasaje Marini entre Bouchard y Bolaños de la localidad y partido de Lanús, despojándola en el trayecto de una cartera de cuero color negra, una billetera de color verde oscura con documentación personal, dos teléfonos celulares y las llaves del departamento. Una vez en el lugar, encontrándose inconsciente la víctima, la arrojan al descampado existente en el lugar, donde proceden a quemar el cuerpo de Casagerone, quien fallece como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio traumático, ocasionado por la carbonización de la totalidad del tronco, miembros superiores, pelvis y cráneo; intentando de esta manera lograr su impunidad, pues la damnificada conocía al menos a uno de los agresores" (fs. 51 vta. del fallo original y 119 y vta. del pronunciamiento recurrido).
Con la aclaración de que dicho extremo llegaba incuestionado a esa sede revisora y que habrían de analizar de manera conjunta los agravios sobre la prueba de la intervención atribuida a los acusados en que convergían todas sus defensas, los magistrados de casación coincidieron con los que llevaron adelante el juicio en que cada imputado había intentado mejorar su situación personal descargando mayor responsabilidad en otro, "...sea sosteniendo Gallardo Neuch que el homicidio lo cometieron sus consortes, o bien Iglesias y Pino planteando el engaño del primero (Gallardo), quien le había ocultado la verdadera finalidad de dar muerte a la víctima por ser conocida de éste" (fs. 122).
Igualmente justipreció que la cuestión debía ser examinada desde la perspectiva de la coautoría funcional, según la cual, "...el dominio completo reside en las manos de varios, de manera que estos sólo pueden actuar conjuntamente, teniendo cada uno de ellos en sus manos el destino del hecho global"; en ese entendimiento precisó que la coautoría exige dos presupuestos, por el primero de naturaleza objetiva, "...los sujetos se vinculan a través de una resolución conjunta, un acuerdo de voluntades donde aquellos pactan libremente la realización del hecho y en donde cada uno asume una función esencial e independiente"; y merced al restante, la aportación del interviniente al hecho "...debe representar un requisito de carácter indispensable para la realización del resultado pretendido" (fs. 122 vta. y 123).
Con ese marco teórico, el a quo estimó que en el caso los imputados "...pactaron -aun tácitamente- apoderarse de las pertenencias de la víctima que se encontraba en tránsito a su domicilio, ello se advierte en que los tres masculinos (y el menor) interceptaron juntos y en forma intimidante. Vale una aclaración: el acuerdo de coautoría no requiere premeditación, solo con que los sujetos pacten de alguna manera, ya sea expresa o en forma tácita, cometer el ilícito actuando mancomunadamente y asumiendo cada uno de ellos una función esencial y determinante para el éxito de la empresa criminal" (fs. 123).
Indicó que el intento exculpatorio ensayado por Gallardo -que en la primera declaración había ubicado a Rafael Iglesias, como coautor y planificador del hecho, y en las tres siguientes señalado a Javier Pino alias "Miky", y Martín Albarado también como coautores, procurando en todas ellas deslindar su responsabilidad en el evento- no hallaba sostén en las constancias de la causa; pues su versión de que durante el 26 de agosto de 2012 en que acaecieron los sucesos investigados se encontraba trabajando, fue desbaratada con la declaración de Víctor Hugo Domínguez que en sentido contrario afirmó que durante ese día 26 y los inmediatos posteriores 27 y 28 no había concurrido a trabajar a la remisería (v. fs. 120).
A tenor de los hechos probados, en la convicción del sentenciante, Gallardo había contado con sus coautores "...ya que arribaron juntos con el objeto de actuar mancomunadamente en donde cada uno tenía un rol protagónico, a fin de interceptar a la víctima sra. Nélida Casagerone, de modo que ese accionar, planeado en conjunto demuestra que los imputados conocían cada una de las circunstancias, entre ellas que Gallardo podría ser identificado por la víctima" (fs. cit.).
Tuvo presente la correlación existente entre la materialidad descripta y las filmaciones obtenidas "...del lugar de interceptación con la presencia de Gallardo al lado de un vehículo color claro, identificación que se condice con la compañera de la víctima (Sra. Sosa, cfr. fs. 58); luego los testigos Speroní y Billordo (fs. 58) por haber sido jefe de Gallardo en Sindicato de donde había sido expulsado. Ello también se corrobora con la declaración de los testigos del descampado y vecinos del lugar que sitúan ese auto y los sujetos expectantes mientras se incineraba el cuerpo, (fs. 52 vta. testigo Silvia Carbajal que ve cuando bajan un bulto del auto; fs. 53, testimonio de Antonella Irma Corradino que observa el incendio del cuerpo)" (fs. 123 vta.).
Hizo mérito de la prueba pericial con la que se estableció "...la significativa cantidad de llamadas entre los implicados del hecho, desde el momento previo a la interceptación hasta después de cometido el homicidio"; mencionando los planes de raid delictivos con posterioridad a este caso, ya avanzado el mes de octubre, que surgieron de las transcripciones radiales (cd del 1 al 10) efectuadas por la instructora judicial de la Unidad Fiscal de Instrucción n° 15; comunicaciones que permitían afirmar que los imputados conformaban una banda organizada a fin de ingresar a domicilios a robar las pertenencias de sus moradores (v. fs. 123 vta. y 124).
Apreció relevantes las declaraciones brindadas por Alejandro Salinas (cuñado de Gallardo) y de Andrea Magali Albarado (hermana del menor juzgado en el fuero respectivo), pues aun tratándose de testimonios de oídas, descartó que por esa sola circunstancia cupiera restarles valor como pretendían las respectivas defensas, excluyendo la posibilidad de apreciarlas y asignarles la credibilidad y conducencia correspondiente (v. fs. 124 vta.).
Destacó asimismo la fuerza que adquirían las conclusiones originarias en función del examen de las declaraciones de los imputados en el trámite de la investigación preliminar como durante el debate (a excepción de Iglesias que había hecho uso legal de no prestarla), dando cuenta del grado de mendacidad de las imputaciones cruzadas que los situaba en la coautoría.
En cuanto a la conducta típica del delito de robo, el tribunal revisor puntualizó que luego de "...'deshacerse' de la víctima, quedaba la tarea de ir con las llaves al departamento de la víctima al que intentaran ingresar. (Testimonio del Sr. Leonardo Carlos Levi (fs. 63) vecino del departamento de la víctima que los sitúa en la calle Montes de Oca 1.801 de Capital Federal. También corroborado por el portero del Edificio (fs. 52)" (fs. 125); habiendo quedado demostrado que desde el inicio de la acción disvaliosa, "...el objetivo era apoderarse de un dinero que tenía la damnificada en el departamento en el que residía y por esa razón regresaron al inmueble luego del homicidio; acta de allanamiento glosada a fs. 172/173 de la I.P.P. n° 07-00-055718-12, [de la que] surge que el dato que dio Gallardo a sus cómplices para perpetrar el hecho era cierto, pues en su domicilio Nélida Casagerone tenía la suma de dólares 29.095, [...] la suma de pesos 112.000 [...] y euros 230...'(fs. 62)" (fs. 125 y vta.).
En razón del mérito convictivo otorgado al conjunto probatorio, la Casación concluyó en la ausencia de motivos para apartarse de la coautoría afirmada en la sentencia de grado y de la determinación certera allí establecida de los elementos subjetivos de la figura actuada del art. 80 inc. 7 del Código Penal, encuadre que consideró debidamente motivado tanto desde el plano fáctico como jurídico, por lo que confirmó la condena de los imputados como coautores de los delitos de robo calificado por su cometido en poblado y banda y homicidio criminis causae en concurso real (arts. 167 inc. 2, 80 inc. 7 y 55, Cód. Penal).
Consecuentemente, tuvo por carente de todo andamiaje el pedido subsidiario de la defensa de Gallardo para que se disminuyera la pena (v. fs. 126).
Por otro lado, respecto de los nuevos motivos de agravio esgrimidos por la defensa oficial del imputado en el memorial que habilita el art. 458 del Código Procesal Penal, por los que a la recalificación de los hechos reclamada en el recurso de casación en la figura del robo calificado por su comisión en poblado y en banda agregó su concurrencia real con la de homicidio simple; así como que se declaren inconstitucionales los arts. 80 del Código Penal -por habilitar la imposición de una pena perpetua- y 451 del Código Procesal Penal; y el descarte de las agravantes computadas, en caso de que prosperasen alguno de sus planteos principales, el órgano intermedio resolvió rechazarlos con base en lo dispuesto por el mentado art. 451 y la jurisprudencia delineada al respecto por este Tribunal y la Corte federal en los precedentes que detalló, los que consideró daban igualmente respuesta a la cuestión constitucional planteada, sin perjuicio de recordar que una declaración de tal gravedad exige la demostración clara de la manera en que la norma contraría la Constitución nacional, causando de ese modo un gravamen, además de probarse que ello ocurre en el caso concreto.
III. De acuerdo con la opinión anticipada, la impugnación del señor defensor es insuficiente para evidenciar en el pronunciamiento impugnado los defectos que le atribuye (art. 495, CPP).
III.1. Los jueces encargados de la revisión dieron razones y argumentos que los determinaron a confirmar la condena, conforme su visión conjunta de los elementos tenidos en cuenta para probar la coautoría del acusado en los sucesos reprochados y su adecuación jurídica, sin que la defensa logre demostrar que el examen de sus agravios sobre tales tópicos hubiese sido efectuado con cortapisas formales frustratorias del derecho al recurso, ni que carezca lo fallado de la fundamentación necesaria para su validación judicial.
Tampoco lo resuelto en el terreno de los hechos y su prueba le ha merecido al recurrente cuestionamiento alguno que pudiera habilitar la competencia excepcional de esta Corte en cuestiones de esa índole.
III.2. Igualmente infructuosas son las alegaciones por las que la defensa cuestiona que se declarasen extemporáneos los agravios desarrollados en la memoria que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal. Dicha decisión del a quo se compadece con arraigada doctrina de esta Corte, conforme la cual la interposición del recurso de casación a la que alude el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del código citado, marca el límite temporal para expresar los motivos de casación que pueden ser revisados en esa sede. Vencido ese término, las posteriores ocasiones procesales -como las previstas en el art. 458 aludido-, están contempladas para que la parte complete el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro de material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad.
De modo tal que ninguna obligación tenía dicho órgano de abocarse al tratamiento de reclamos extemporáneos, sin menoscabo del derecho al recurso (art. 8.2."h", CADH), y sin que ello pueda atentar contra la utilidad de la defensa ante dicha instancia, según se invoca, atento las apreciaciones vertidas por esta Corte en las causas, entre tantas otras, P. 112.625, resol. de 29-II-2012 y P. 124.480, sent. de 15-XI-2016, las q
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