Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 125158
En la ciudad de La Plata, a 19 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 125.158, "Leiva, Javier Elías. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 42.694 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de noviembre de 2014, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa oficial de Javier Elías Leiva contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro que lo condenó a la pena de prisión perpetua por resultar coautor del delito de homicidio criminis causae y autor del delito de desobediencia, en concurso real (arts. 80 inc. 7 y 239, Cód. Penal).
No obstante ello, resolvió declarar prima facie prescripta la acción penal por el delito de desobediencia (v. fs. 121/144), y más adelante la prescripción definitiva por ese delito (v. fs. 167).
Contra dicho pronunciamiento el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación -doctor Mario Luis Coriolano- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 174/187). A fs. 197 y vta. el imputado formuló una presentación ante el citado Tribunal lo que se puso en conocimiento del mencionado defensor, quien solicitó que se tengan en consideración al momento de resolver el recurso. Esta Corte concedió el recurso (v. fs. 206/207).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 209/218 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 219) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación alegó la errónea revisión de la sentencia de condena, sin consideración de los argumentos expuestos por la defensa y la desnaturalización del derecho al recurso (arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 176).
Señaló que, frente a los diferentes planteos llevados, el Tribunal intermedio "...no efectuó su tratamiento a la luz" de las "...críticas concretas" efectuadas por la defensa (v. fs. 177).
Estimó útil referirse a cada uno de los planteos llevados y las respuestas obtenidas. En ese tren aludió en primer lugar a la valoración de las pruebas respecto de la presunta autoría de Leiva. Para ello mencionó los distintos testimonios de los que a su criterio se desprendía una situación de duda razonable, aseverando que el tribunal intermedio realizó "...una mera reenumeración de las pruebas tenidas en cuenta por el tribunal de juicio y una reedición superficial de la apreciación probatoria" (fs. 177/180).
En cuanto al cuestionamiento de la calificación legal, es decir la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, se refirió a la respuesta obtenida y alegó que lo fallado en torno a tal planteo "...contiene afirmaciones dogmáticas sobre la finalidad del imputado al cometer el homicidio y la valoración del resultado muerte como querido y no contingente o no esperado, pero no se explicitan las razones de cómo se llegó a tal conclusión", por lo que "...se trata [...] de una aseveración genérica e infundada, y como tal aplicable a cualquier caso indiscriminadamente" (fs. 180 vta. y 181). En síntesis, se quejó en tanto el revisor no verificó si se encontraba debidamente probado el elemento subjetivo del tipo (v. fs. cit. vta.).
Añadió que dicho tribunal debió considerar los planteos de la defensa, pero por el contrario afirmó "...sin más [...] la existencia de la conexión entre los delitos cometidos" y, por consiguiente, no se satisfizo la garantía en cuestión (v. fs. 182).
Por último, recordó el planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua articulado en el recurso respectivo y lo resuelto por el Tribunal casatorio, alegando que lo hizo mediante una "...afirmación dogmática", pues a su criterio "...debió explicar" cuál era el "...vinculo racional que justifica" dicha sanción para el delito en trato (v. fs. 182 vta. y 183).
Estimó que por sobre todas las cosas, debió explicarse "...con el mayor de los esfuerzos cómo es posible compatibilizar la pena de prisión perpetua con los principios de razonabilidad y proporcionalidad", pues tal era la queja concreta de la defensa y "...el órgano revisor no se enfocó en ello sino que solo esbozó dos argumentos [...] endebles" (fs. 184).
En suma, alegó que el Tribunal casatorio rechazó la impugnación "...sin tratar los tres agravios desde los argumentos propuestos por la defensa", mediante "...afirmaciones dogmáticas y genéricas" (fs. cit.).
Citó en apoyo de su postura el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal" y los de este Tribunal en las causas P. 110.354 y P. 101.561 (v. fs. 186).
Remarcó que ante este proceder el fallo recurrido afectó las garantías constitucionales al debido proceso y a la defensa en juicio "...en su directa vinculación con el derecho del imputado a obtener un examen integral de la sentencia condenatoria" (fs. cit. vta.).
I.2. En la presentación que obra a fs. 197 y vta., el imputado realizó diversas consideraciones en cuanto a la actuación del órgano revisor en la valoración de la prueba. Expuso que ninguno de los testigos pudo asegurar ni afirmar su presencia en el lugar de los hechos, haciendo hincapié en la diferencia de contextura física y de la ropa utilizada por la persona que se encontraba presente en tal evento, conforme lo afirmado por algunos testigos; que el arma de fuego secuestrada en su vivienda resulta diferente a la utilizada en autos; que los efectivos policiales tomaron diversas declaraciones testimoniales en la comisaría, donde una persona mencionó que la moto sustraída estaba siendo transportada por los hermanos Acuña sin referirse al procesado, un remisero expuso que lo observó con una bicicleta, pero que no era la misma usada en el hecho, y que otro testigo afirmó que el imputado era jefe de una banda delictiva, mas basándose en comentarios.
II. El señor representante del Ministerio Público al emitir su dictamen, propició el rechazo del recurso interpuesto, conclusión con la cual discrepo.
III. El recurso es procedente.
III.1. La defensa cuestionó la autoría en el recurso de casación y en la memoria ante esa instancia amplió y justificó sus planteos. Explicó por qué consideraba que la prueba recogida no permitía atribuir con certeza a Elías Leiva la intervención en el homicidio criminis causae del cual fue víctima Juan Ignacio Mancuso.
III.1.a. Dijo que el testigo presencial Vergara afirmó no haber visto el rostro del agresor y que lo que añadió acerca de la similitud de la contextura física del mismo con la de Leiva fue en respuesta a una pregunta de la fiscalía: si "...alguno de los dos sujetos agresores guardaba similares características físicas" con el procesado. Por lo tanto, haber respondido a esa pregunta afirmativamente, cuando además se trata de rasgos comunes en la población, no podría -alegó- ser un elemento relevante (v. fs. 64 y 93 vta./95).
Frente a esta objeción la Casación se limitó a considerar "contundente" el aporte de Vergara, sin hacerse cargo del planteo.
Por otra parte, valoró conjuntamente los dichos de Vergara con los del otro testigo presencial, Allende, aun cuando este último nada aportó que señalara a Leiva como uno de los delincuentes (v. fs. 134).
III.1.b. Ante la instancia intermedia la defensa negó que las referencias recogidas por los preventores fueran en absoluto idóneas para enervar la presunción de inocencia (v. fs. 65 vta. y 95/96 vta.).
A ello la Casación contestó reseñando las declaraciones de personal policial que intervino en la investigación -Pereyra, Fernández Mamani, Ferradas- quienes relataron la información que pudieron recabar. El a quo también aludió a un acta según la cual una persona identificada solo como "N.N. 'Tita'" mencionó a un menor –B.- quien, a su vez, aseveró que Leiva era autor del ilícito (v. fs. 134 vta. y sigs.).
En esta parcela tampoco se cumplió con la función revisora asignada a la instancia intermedia pues la mera transcripción de las averiguaciones hechas por la policía, así como las referencias indirectas de "Tita" y el menor B. no constituyen una respuesta suficiente a los planteos de la parte y, en especial con relación a aquél último, no se explicó cómo era que sabría que Leiva fue el autor.
III.1.c. Similar objeción realizó el defensor en cuanto a los hermanos Acuña, en el sentido de que nada aportaban en materia de autoría (v. fs. 65 vta., 97 y vta.). Si bien la Casación se refirió a lo narrado por Lucas Acuña -en cuanto al intento de venta de la moto sustraída a la víctima-, entre sus manifestaciones no se advierte que incriminara a Leiva y el a quo no explicitó qué indicador de su participación podría extraerse de lo dicho por este testigo (v. fs. 137).
En función de todas sus críticas -más amplias, incluso, que las que aquí se han reseñado-, concluyó el letrado ante la instancia intermedia que la sola cercanía témporo-espacial de Leiva al lugar del hecho y una vestimenta nada especial -de color blanco- no permite atribuirle participación en el delito (v. fs. 66).
III.2. La impugnación debe prosperar pues el modo en que fueron abordados los planteos que se llevaron a la Casación, más la cita indiscriminada de pruebas como si toda ellas tuvieran aptitud para conducir a la demostración de responsabilidad, impide tener por cumplido el deber de revisión de la sentencia de origen, asegurado constitucionalmente en todos los casos de condena, pero cuya importancia es superlativa cuando, como en estos autos, se impuso una pena perpetua.
Entre otros puntos quedó sin explicar si el a quo computó, y en su caso en qué medida, una suerte de testigos de oídas (v. fs. 137) de segundo grado ya que algunos no depusieron sobre lo que otra persona directamente percibió sino sobre lo que a su vez oyeron de otros.
En suma, el "rompecabezas" al que aludió el Tribunal en lo Criminal como conjunto probatorio que sostendría el fallo (v. fs. 43 vta. in fine ) no tuvo asegurado el control delineado en el precedente "Casal" de la Corte Suprema.
Se encuentra pendiente, entonces, el abordaje adecuado de los reclamos planteados y decidir si el valor que cabe otorgar a los elementos de prueba -además de los ya mencionados, las declaraciones de los remiseros Motos Ledesma y Bordoy; de Mazzoni y Carabio, Torales y los dichos del propio imputado, entre otras probanzas consideradas en la instancia del debate- puede justificar, sin margen de duda, la imputación a Leiva.
Por lo que se viene señalando resulta que, al igual que en el caso "Casal", el a quo no agotó el esfuerzo de revisar todo lo que puede ser revisado ni se avocó a tratar las cuestiones planteadas por la parte, esto es, a determinar la validez de la construcción de la sentencia del tribunal oral y sus fundamentos (cons. 35 del voto de la mayoría).
Debe tenerse en cuenta que conforme dicho precedente "...en materia de prueba, la casación debe entender en todos los casos valorando tanto si se ha aplicado la sana crítica, como si sus principios se aplicaron correctamente ..." (cons. 28 del mismo).
Desde la perspectiva de la sana crítica, y en lo que atañe al presente caso, para el supuesto de que se conforme prueba indiciaria "...sólo podrá considerarse culpable al acusado cuando los elementos indiciarios, evaluados individualmente primero y luego en su conjunto, conduzcan a que, según el curso ordinario de las cosas, necesariamente así debe concluirse" (Jauchen Eduardo, Tratado de la prueba en materia penal , Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002, pág. 609)
Por último, corresponde indicar que la circunstancia de que el tribunal intermedio haya afirmado que el dictamen fiscal debía ser tenido como parte de su fallo (v. fs. 132 vta. y 127/130) no salva los déficits apuntados.
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la sentencia impugnada y reenviar los autos para que se dicte una nueva ajustada a derecho, lo cual acarrea la innecesariedad de abordar en esta instancia los restantes agravios formulados (arts. 481 y 496, CPP).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Para ser breve, me remito a la reseña de agravios efectuada por el doctor de Lázzari en su voto (v. supra apdo. I del mismo).
II. Al contrario de lo allí expuesto, coincido con el representante del Ministerio Público en cuanto propicia tanto el rechazo del recurso interpuesto como de la presentación efectuada por el imputado (v. fs. 209/218 vta.).
III. De modo preliminar, en cuanto a la presentación efectuada por el propio Leiva, obrante a fs. 197 y vta., la queja se ciñe a cuestionar la fijación de los hechos y la prueba, objetándose su ponderación, siendo ello materia ajena al ámbito de conocimiento de esta Corte en el marco del remedio incoado, salvo la cabal acreditación del excepcional vicio de absurdo o arbitrariedad, lo que en el caso no viene demostrado (doctr. art. 494, CPP).
IV. Según se verá, la decisión de Casación cumple con los estándares emergentes del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncian, en tanto abordó y se expidió en lo relativo a las críticas sobre la participación de Leiva en el evento, en cuanto a la calificación legal del mismo y a la petición de que se declare la inconstitucionalidad de la pena perpetua, conforme los motivos de agravio que habían sido llevados a su conocimiento.
En efecto, el Tribunal casatorio comenzó describiendo la materialidad ilícita (v. fs. 132 y vta.) y a continuación señaló que haría propio el contenido del dictamen del fiscal ante dicha instancia, el que debía considerarse como parte del sufragio (v. fs. cit. vta.). En el mismo se expresó que, tanto Vergara como Allende manifestaron que el autor del homicidio "...llevaba un buzo blanco con capucha", diciendo el primero que "...resultaba parecido al inculpado" y era "...de la misma contextura física", y que el sujeto activo "...arrinconó al conductor de la moto" y que como no se detuvo "...le descerrajó un disparo [...] a quemarropa"; que el oficial Mamani describió las medidas de investigación, en las que se "...manejaba que uno de ellos era Leiva"; que el teniente Ferradas contó que una mujer le señaló a un menor que tendría conocimiento del hecho, el cual fue identificado como L. B. y manifestó claramente al autor como "...el sindicado en la investigación"; que ello coincide con lo expuesto por el subcomisario Tisera y con el acta de fs. 30 incorporada por lectura al debate; que luego se dio con el paradero de los hermanos Acuña y "...se dirigió todo el cauce de la investigación" hacia Leiva; que conforme los dichos de Hernán Ledesma "...en el barrio se comentaba que los autores habían sido Elías y David, este último movilizándose en una bicicleta", siendo que el tribunal de juicio consideró que aquél había visto al acusado "...horas después del homicidio, con la misma vestimenta que la señalada por los testigos presenciales", es decir, "...un buzo color blanco o gris y capucha, con un jean color azul", todo esto más allá de los dichos de su vecina Mazzoni, su pareja Carabio o su amigo Torales quienes "...bien pudieron expresarse con un notorio tinte subjetivo"; que Vergara, Allende y Ledesma alegaron que la contextura física del sujeto era igual a la del acusado (v. fs. 127/128 vta.).
En el señalado dictamen, también se dejó sentado otro indicio, el que surgía del relato del remisero Bordoy, quien "...dijo haber trasladado al acusado a las seis de la mañana del día siguiente del hecho, enterándose luego por comentarios" que su autor había sido el imputado, quien huyó de su domicilio y desapareció de los lugares que frecuentaba; que no obstante las diferencias de ropa que expone la defensa, cierto es que "...los relatos de los testigos se condicen" con lo alegado por el remisero Ledesma "...que viera al acusado momentos después del homicidio", la vecina Mazzoni que mencionó que "...en el barrio se comentaba" que el procesado y Bustamante habían participado y el primero se había ido a Chaco o Rosario, en tanto que Carabio (novia del imputado) manifestó que se enteró por comentarios que el citado "...había matado a un chico"; que en el mismo sentido debe otorgársele validez a los testigos de oídas y lo declarado por el personal policial; que debe repararse en que el órgano de debate "...le resta virtualidad" a la versión de Leiva, y por el contrario toma su relato como un indicio más de autoría, pues afirma que cuando fue a un kiosko "...tomó conocimiento que a un sujeto le habían disparado en la nuca para robarle, lo que contó a su amigo Torales a las 19:30 horas", tal como éste lo expusiera, pues el juzgador manifestó que a esa hora el homicidio no había acontecido (fue a las 21 hs.) y que la circunstancia del tiro en la nuca sólo la puede saber con precisión quien lo cometió; que la prueba testifical y la incorporada por lectura permite sobradamente atribuir la autoría a Leiva (v. fs. cit. vta. y 129).
Por otra parte, en el mismo dictamen se sostuvo que el cambio de encaje legal no podía prosperar atento que del relato de Allende y Vergara surgía que el acusado le efectuó un disparo a la víctima "...a quemarropa [...] para así consumar el robo y procurar su impunidad, toda vez que huyó inmediatamente del lugar a bordo del ciclomotor"; que por ello advierte la ultraintención requerida por la figura en cuestión "...toda vez que cuando la víctima se halló arrinconada mientras conducía, el acusado le disparó a la cabeza a los fines de poder lograr sus designios"; finalmente, en lo tocante al planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua, consideró que debía ser rechazado, citando diversa jurisprudencia del tribunal intermedio (v. fs. 128 vta./130).
Así las cosas, y luego de expresar -como se dijo- que tal dictamen resultaba parte del sufragio, el a quo en respuesta a los planteos de la defensa mencionó que la coautoría de Leiva se encontraba acreditada más allá de toda duda razonable mediante prueba documental, indiciaria y testifical, incluyendo los testimonios de oídas (v. fs. 133).
Agregó que la defensa "...se vale de la crítica individual de cada prueba", apartándose de la forma fundada y razonable en que el órgano de debate entrelazó cada una de ellas para llegar a la conclusión final y que el fallo supera "...los dos test de validez que impone el ordenamiento vigente", es decir el de ausencia de absurdo y el de suficiencia del poder convictivo de los elementos que sustentan la condena con aplicación de la teoría del máximo rendimiento que impone la doctrina del precedente "Casal" (v. fs. cit. y vta.).
A continuación, refirió que el órgano de juicio había realizado un "...acabado y completo análisis de las testificales brindadas en el debate, sujetas al control de las partes que, a su vez ratificaron las vertidas en la I.P.P.", viendo cómo concordaban entre ellas y dando soporte a su vez a los indicios, sin perjuicio de la respaldatoria prueba documental, en especial el acta de allanamiento, "...que no fue redargüida de falsedad [...] por lo que tiene plena fe en su forma y contenido" (fs. cit. vta. y 134).
A ello adunó "...las contundentes declaraciones" de los testigos presenciales Vergara y Allende, quienes manifestaron en el debate "...que el sujeto que iba a pie extra[jo] un arma de fuego", vistiendo u
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