Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129898
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado por la defensora particular de Chungao Lin (arts. 486 -t.o. según ley 14.647-, 494 y concs. CPP).
"CHUNGAO, LIN S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY, EN CAUSA N° 25.902 DE LA CAMARA DE APELACION Y GARANTIAS EN LO PENAL DE LA MATANZA".
La Plata, 16 de mayo de 2018.
La presente causa P. 129.898-RC, caratulada: "Chungao, Lin s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 25.902 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de La Matanza",
I. El señor Juez doctor Genoud dijo:
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, mediante el resolutorio del 6 de septiembre de 2017, rechazó los planteos de inconstitucionalidad articulados por la defensa particular de Chungao Lin, declaró la inconstitucionalidad en el caso concreto de la pena de inhabilitación prevista en el art. 6 in fine de la ley 13.178, y confirmó parcialmente la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 4 de ese Departamento Judicial que había condenado al nombrado a la pena de multa de pesos treinta mil ($ 30.000) y clausura de sesenta días, respecto del local ubicado en la calle Las Heras n° 2701 de localidad de Lomas del Mirador, del rubro autoservicio, e inhabilitación por el término de diez años para solicitar licencia provincial en relación a la falta que se le condena; con costas del proceso que se establecen en la suma de pesos cuatro con cuarenta centavos ($ 4,40), por resultar autor responsable de la infracción prevista en el art. 2 en función del 6, ambos de la ley 13.178.
En consecuencia, disminuyó la pena aplicada a la de multa de $20.000,00 (pesos argentinos veinte mil) y la clausura por el término de diez días respecto del local aludido, a la cual deberá descontársele los días de clausura preventiva, y costas (arts. 6, 7 y cc. de la ley 11.825; 6 de la ley 13.178; 3, 144, 145 y cc. del decreto ley 8031/73; 439, 440 y cc. del Código de Procedimiento Penal, según ley 11.922 y modificatorias; 39, 47 y 48 de la ley 5.827) (v. fs. 121/128).
II. Frente a lo así resuelto, la señora defensora particular dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 137/146 vta.), el que fue admitido por el tribunal recurrido (v. fs. 173/176 vta.).
Para así decidir, luego de reseñar los agravios formulados por la recurrente, sostuvo que "...el presente remedio extraordinario resulta formalmente improcedente, por cuanto ninguno de los dos supuestos previstos en el art. 494 del ritual para su pertinencia se encuentran abastecidos, esto es, que aquél sólo podrá interponerse contra la sentencia definitiva que revoque una absolutoria o imponga una pena de prisión o reclusión superior a diez años..." (fs. 175), hizo mención a la doctrina de este Cuerpo por la que se estableció que "...aun cuando no estén satisfechos los requisitos de admisibilidad propios de la vía impugnativa intentada... el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14 de Ley 48), conforme lo [decidido por] la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de los precedentes 'Strada' (Fallos 308:490), 'Di Mascio' (Fallos 311:2478) y 'Christou' (Fallos 310:324), entre otros (conf. doc. Ac. 80570, res. de 17-VII-2003; Ac. 87.203, res. de 22-IX-2004; Ac. 96.735, res. del 24-V-2006; Ac. 101.238, res. de 5-XII-2007, entre otros). Y la admisibilidad del reclamo en ese marco no se satisface con la mera invocación de una cuestión federal, sino que deberá ser planteada de manera correcta, a fin de impulsar la intervención del Máximo Tribunal provincial" (v. fs. 175 y vta.).
Sentado lo anterior, entendió que en el caso se advertía la presencia de la excepción señalada que posibilitaba eludir las formalidades prescriptas para abrir la instancia extraordinaria perseguida. En esa senda, dio cuenta que la parte había expuesto "...de manera concreta la existencia de conculcación de garantías de raigambre constitucional, tales como el debido proceso y defensa en juicio por cuanto sostuvo que el decreto 8031/73 no prevé los recaudos necesarios para el desarrollo del proceso en paridad de condiciones, por cuanto la defensa sólo interviene una vez dictada la sentencia condenatoria emitida por el mismo juez que realizó la investigación, sin intervención del ministerio público fiscal" (fs. 175 vta.).
En consecuencia, precisó que "...lo que se cuestiona es el resultado de la aplicación de normas de procedimiento penal que se consideran en franca contradicción con garantías constitucionales reconocidas, vislumbrándose [...] como causal suficiente para admitir la excepcionalidad que el art. 494 del rito requiere..." (v. fs. 176).
III. Previo a analizar los requisitos de admisibilidad propios de la vía intentada, es necesario considerar si el pronunciamiento cuestionado proviene del órgano habilitado por la ley para su revisión como instancia anterior a la intervención de esta Corte.
Sobre el punto, se dijo en numerosos precedentes (P. 106.977, P.107.269 y P. 107.267, resol. todas de 14-VII-2010; P. 106.161, resol. de 22-XII-2010; P. 108.505, resol. de 6-X-2010; P. 113.217, resol. de 16-II-2011; P. 111.939 y acum. P. 111.940, resol. de 30-III-2011; P. 110.194, resol. de 6-IV-2011; P. 110.302, resol. de 13-VI-2012; P. 114.999, res. de 12-IX-2012; P.115.559, resol. de 21-II-2013; P. 115.256, resol. de 11-IX-2013; P. 117.023, resol. de 4-XII-2013; P. 117.433, resol. de 5-II-2014; P. 117.209, resol. de 16-IV-2014; P.119.788, resol. de 21-V-2014; entre otros) que a partir del dictado de la ley 13.812 (BO 21-IV-2008) ya no puede ser considerado el órgano casatorio como el Tribunal de instancia al que alude el art. 161 inc. 3 apdos. "a" y "b" de la Constitución provincial, en los casos que son ajenos a su competencia material, como ocurre con las decisiones adoptadas por los organismos de alzada en materia de faltas y contravenciones (conf. Ac. 104.667, resol. de 29-XII-2008).
De este modo, se estableció que el rol de órgano intermedio de ineludible intervención previa a esta Suprema Corte, correspondía -en dicho esquema- a las Cámaras de Apelación Departamentales.
Entonces, teniendo en cuenta que el pronunciamiento que se recurre ante esta sede fue dictado por la Cámara de Apelación y Garantías de La Matanza, y conforme lo dicho en los párrafos anteriores, es que debe procederse a su análisis.
IV. La impugnación ha sido mal concedida, pues no concurren "…todas las circunstancias necesarias al respecto…" (conf. art. 486 CPP. to. ley 14.647).
En efecto, en relación a la admisibilidad del conducto impetrado, cabe recordar que si bien es cierto que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el carril idóneo para habilitar el tránsito recursivo por ante la Corte nacional -en los términos de la doctrina de Fallos 308:490; 310:324 y 311:2478, y su progenie- a fin de dar tratamiento a los agravios de índole federal que se articulen, ello es así "cumplidos ciertos recaudos" (v. P. 126228, resol. de 11-XI-2015).
Es que, en el marco de la doctrina aludida no cualquier planteo habilita la competencia excepcional de este Tribunal, pues frente a las limitaciones adjetivas del carril escogido sólo la introducción tempestiva de un agravio federal articulado con la suficiencia y cargas técnicas pertinentes, vincularía a esta Suprema Corte a intervenir como máximo tribunal de la causa, a efecto de habilitar el tránsito recursivo por ante la Corte federal, conforme la doctrina fijada en los precedentes de Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478 (conf. doctrina causas P. 125.834, resol. de 9-IX-2015; P. 120.984, resol. de 2-IX-2015; P. 121.818 resol. de 26-VIII-2015 e/o).
Pues bien, en el caso, de la lectura del remedio extraordinario incoado surge que la defensa edificó sus planteos en torno a la invalidez constitucional del procedimiento contravencional, en el entendimiento de que la intervención del Ministerio Público no puede ser subsanada por la actuación policial o de otro cuerpo de seguridad que no fuera específicamente acusatorio previsto por la ley, así como en la vulneración del principio constitucional de inocencia, con cita de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2 CADH; 14.2 PIDCP; el in dubio pro reo y el onus probandi , y en subsidio, en la declaración de inconstitucionalidad del art. 74 inc. "a" del decreto ley 8031 (v. fs. 137/146 vta.).
En puridad, en relación con el agravio principal sus reclamos trasuntan una mera transcripción literal de los llevados ante el tribunal intermedio en el recurso de apelación, con lo que la parte se ha desentendido palmaria y absolutamente de la decisión del tribunal recurrido, omitiendo así hacerse cargo de lo resuelto, lo que traduce una técnica inidónea para demostrar que la sentencia controvertida conlleve la transgresión de las garantías constitucionales genéricamente invocadas.
V. Cabe recordar que el Tribunal de Alzada, en oportunidad de resolver dichos agravios, en lo que aquí interesa destacar, descartó el planteo de inconstitucionalidad del procedimiento contravencional con sustento en lo resuelto por ese mismo Cuerpo en el expediente 23.246. En ese discurrir, expresó que el Código de Procedimiento Penal rige de manera supletoria en el juicio contravencional frente a la falta de regulación de algún supuesto, lo que no sucede en punto a la titularidad de la acción. Y expresó que el a quo no revistió simultáneamente las calidades de acusador y juzgador, sino sólo esta última, pues la primera se halla reservada ordinariamente en materia contravencional (v. fs. 123 y vta.).
Asimismo rechazó los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 2 de la ley 13.178 y 134. En concreto, sostuvo que la defensa no demostró de qué manera la regulación del citado art. 2 afecta principios constitucionales, pues el mismo establece la obligatoriedad de inscribirse en un registro provincial para poder comercializar bebidas alcohólicas -facultad que le compete a cada provincia- al tiempo que describe de manera clara y precisa la conducta típica y su correspondiente sanción en el art. 6° de la ley en trato. Con relación al art. 134, destacó que el código de faltas regula su propio proceso en materia contravencional, adecuándolo a uno sumarísimo en el cual se resguardan las garantías del presunto infractor, y que en el caso, el Magistrado de grado no ha sentenciado a partir de un mero documento sino a cuenta de un cúmulo probatorio coherente entre sí, descartando fundadamente en tal determinación todas y cada una de los embates que la hoy impugnante presentó ante sus estrados (v. fs. 123 vta./124 vta.).
Por otra parte, brindó las razones por las cuales tampoco podía prosperar el reclamo por el cual la impugnante intentó señalar que el comercio en cuestión se encontraba fuera de servicio (v. fs. 124 vta./125 vta.).
VI. De lo reseñado, se observa que la Cámara -al emitir su juicio positivo de admisibilidad- no realizó un análisis circunstanciado de los reclamos con lo efectivamente fallado, pues los planteos de pretensa naturaleza constitucional no se formularon con la suficiencia y carga técnica necesarias para que la pretensión sea considerada en esta sede, conforme lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" ("La Ley", 1987-D, 156).
VII. Finalmente, el planteo de inconstitucionalidad del art. 74 inc. "a" del decreto ley 8031/73, es fruto de una reflexión tardía, situación que obsta a su atendibilidad.
En efecto, como fue adelantado, la parte prescindió de someterlo a la decisión de las instancias previas cuando ello era posible, articulando el reproche recién en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio.
Conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las cuestiones federales, aun las de repercusión constitucional, deben ser introducidas en la primera oportunidad disponible para el litigante (CSJN, "Fallos" 328:4755; 331:419 y 2561; id., causas F.274.XLIII, "Fontenova", sent. de 3-VII-2007; doctr. T.400.XLIV, "Trova", sent. de 10-XI-2009), sin perjuicio de la potestad que asiste a los judicantes de inspeccionar la validez de las leyes a la luz de la Constitución.
Cabe agregar que en esa línea, más recientemente, dicha Corte ha reafirmado que "el reconocimiento expreso de la potestad del control de constitucionalidad de oficio no significa invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal a lo largo de su actuación institucional relativas a las demás condiciones, requisitos y alcances de dicho control" ("Rodríguez Pereyra", sentencia de 27-XI-2012) -conf. P.114.481, res. de 24-IV-2013; P. 114.941, res. de 2-V-2013; P. 114.582, res. de 8-V-2013; P. 114.515, res. de 22-V-2013; P. 110.912, res. de 29-V-2013; entre otros-.
Así lo voto.
II. El señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en igual sentido.
III. El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
III.1. Concuerdo con el doctor Genoud en que la Cámara de Apelación y Garantías de Mercedes -que emitió el pronunciamiento que ahora se cuestiona ante este Cuerpo- resulta el tribunal de instancia al que alude el art. 161 inc. 3 apdos. "a" y "b" de la Constitución provincial, cuya intervención es previa a la de esta Suprema Corte (conf. P. 110.307, res. de 10-X-2012; P. 110.793, res. de 28-XI-2012; P. 114.361, res. de 10-VII-2013; P. 114.388, res. de 7-VIII-2013; P. 118.297, res. de 20-XI-2013; P. 117.721, res. de 19-II-2014; P. 118.729, res. de 9-IV-2014; P. 120.071, res. de 28-V-2014; entre otras).
III.2. Sin embargo, disiento, en lo que hace a la solución del caso, pues más allá de no estar abastecidos los presupuestos que el art. 494 del Código Procesal Penal exige para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación bajo estudio porta planteos de pretensa índole federal (inconstitucionalidad del decreto ley 8031/73). Y al respecto, tales recaudos deben ceder, dado que esta Corte constituye el Superior Tribunal de la causa, al menos, a efectos de resolver este tipo de cuestiones (art. 494, CPP y su doctrina, a tenor de los fallos de la CSJN "Strada" -308:490-; "Di Mascio" -311:2478- y "Christou" -310:324-; conf. P. 116.544, res. del 5-III-2014).
De este modo, y no obstante lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, considero que la vía impetrada debe ser admitida para garantizar el adecuado tránsito de la causa a la competencia del máximo Tribunal nacional, en el marco de los arts. 31, Const. nac. y 14, ley 48 (conf. doctr. CS cit.).
Así lo voto.
IV. El señor Juez doctor Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó en igual sentido.
V. El señor Juez doctor Soria dijo:
V.1. Preliminarmente, estimo necesario traer a colación -en lo que es de interés para el caso- lo expuesto según mi voto en los precedentes P. 103.889 y P. 91.887, sents. de 4-XI-2009; P. 91.457 y P. 94.594, sents. de 11-XI-2009; P. 95.219, sent. de 3-III-2010.
Si bien allí se debatía la intervención del Tribunal de Casación -en un supuesto de faltas y contravenciones- como órgano previo a esta instancia extraordinaria (ello en el esquema anterior a la sanción de la ley 13.812) se dejó establecido que las cuestiones federales a que hubiere lugar, podrían hallar en los recursos extraordinarios locales contra el fallo del juez correccional -o del juez de paz letrado-, en particular el de inaplicabilidad de ley, un cauce disponible para el interesado, que a la vez que observa el régimen adjetivo de aplicación al caso, le permite cumplir con el tránsito exhaustivo por las instancias pertinentes, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48) conforme lo establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes ‘Strada’ (Fallos 308:490) ‘Di Mascio’ (Fallos 311:2478) y ‘Christou’ (Fallos 310:324) y en el marco de consolidada doctrina de esta Corte.
V.2. Dejando a salvo mi opinión sobre la temática previa, dada la doctrina inveterada del Tribunal sobre el punto, postulo mi adhesión al juez del primer voto.
Ello pues, la cuestión de la naturaleza federal traída por la parte no reúne la suficiencia necesaria. Pues, tal como afirma el doctor Genoud, los planteos de pretensa naturaleza constitucional traídos a estudio, completamente desentendidos de lo efectivamente debatido y resuelto sobre el punto por el tribunal intermedio, no se formularon con la suficiencia y carga técnica necesarias para que la pretensión sea considerada en esta sede, sin demostrar que se encuentre involucrada de manera directa e inmediata una cuestión del tenor indicado.
Por la otra, simplemente destaco que el pedido de inconstitucionalidad del art. 74 inc. a) del decreto ley 8031/73 -tal como se señala en el voto inaugural- no fue sometido a la decisión de las instancias previas cuando ello era posible, articulándose recién en oportunidad de interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio; y la extemporaneidad del planteo del caso constitucional resulta suficiente para su desestimación (conf., entre otros, CSJN, Fallos: 330:1759, sent. de 17-IV-2007) de conformidad con las consideraciones vertidas en mi voto en P. 107.711 -sent. de 6-X-2010, entre muchas otras- a las cuales en honor a la brevedad me remito.
En consecuencia, el remedio articulado debe declararse mal concedido (art. 486, CPP).
Así lo voto.
VI. La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en igual sentido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Por mayoría, declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado por la defensora particular de Chungao Lin (arts. 486 -t.o. según ley 14.647-, 494 y concs. CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°708
Fin de la sentencia