Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128821
En la ciudad de La Plata, a 16 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.821, "Suánes, Jorge Alberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 69.400 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 17 de septiembre de 2015, rechazó por improcedente el recurso deducido por la entonces defensa particular de Jorge Alberto Suánes, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por su comisión con alevosía en concurso real con amenazas -arts. 45, 55, 80 inc. 2 y 149 bis primer párrafo del Código Penal- (v. fs. 88/107).
Esa decisión fue impugnada por la señora defensora oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, quien impetró recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 140/163, siendo admitido por el tribunal casatorio a fs. 168/171 vta.
Oído el señor Procurador General a fs. 175/181, dictada la providencia de autos (v. fs. 182) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La recurrente denunció, en primer orden, la arbitrariedad de la sentencia por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del Superior Tribunal federal, con afectación de la defensa en juicio -derecho a ser oído- y el debido proceso legal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1. y 8.2., CADH; 14.5., PIDCP; 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 142 vta.).
Sostuvo que la revisión del a quo constituyó un tránsito aparente, frustrando el doble conforme respecto al tratamiento brindado al agravio relativo a la absurda valoración probatoria, con la cual se tuvo por acreditada la materialidad ilícita y la autoría responsable de su pupilo, así como la calificación asignada al hecho (v. fs. cit.).
Consideró absurda la interpretación de la prueba destinada a acreditar que el imputado colocó a la víctima en estado de indefensión y luego se aprovechó de esa situación para darle muerte. Esto es, el elemento subjetivo que particularmente exige el tipo legal aplicado (v. fs. 143). Reprodujo fragmentos del fallo cuestionado (v. fs. cit./149), y sostuvo que no se llevó a cabo una evaluación objetiva de la prueba, a fin de arribar a la certeza necesaria sobre la responsabilidad que en el evento le correspondió al imputado, como también respecto a la configuración de la calificante en el delito contra la vida (v. fs. 149).
I.2. Como segundo motivo de agravio, la recurrente denunció la desnaturalización de la tarea revisora con afectación de las garantías del debido proceso, defensa en juicio y el principio in dubio pro reo (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2. apdo. "h", CADH y 14.5., PIDCP; v. fs. 151); sustrayéndose del examen integral que se le impone por la garantía convencional al doble conforme (v. fs. 151 vta.).
Efectuó diversas apreciaciones sobre el mérito de la prueba reunida (v. fs. cit./152 vta.), y consideró que el tribunal revisor no se detuvo a explicar cómo y con qué prueba se infirió la materialidad ilícita, la cual -a su entender- solo pudo confirmarse por medio de una errónea revisión (v. fs. 152 vta.).
Similar cuestionamiento efectuó respecto de la convalidación de la autoría del imputado en el hecho (v. fs. 153 vta./155).
I.3. De seguido, denunció la errónea revisión de la sentencia en el tramo correspondiente a la calificación legal (arts. 8.2. apdo. "h", CADH y 14.5., PIDCP; v. fs. 155), con puntual enfoque en la acreditación de la alevosía (v. fs. cit. y 156).
I.4. Subsidiariamente, denunció afectación de los principios de culpabilidad por el acto, pro homine , proporcionalidad y razonabilidad de la pena. Abogó por la declaración de inconstitucionalidad de la pena a prisión perpetua (v. fs. 157 vta.); sostuvo que -a su juicio- no se puso en marcha el cuadro de exigencias que sobre el punto se desarrolló en el precedente P. 87.172, de esta Corte.
Con cita del referido fallo, afirmó que existió una interpretación restrictiva en materia de ponderación de atenuantes y agravantes a los fines de la determinación de la pena -arts. 40 y 41 del Código Penal-, afectando el derecho a obtener una plena revisión de la sentencia de condena, a tono con la doctrina del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal" y el caso Herrera Ulloa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 159 vta.).
Sostuvo que el art. 80 del Código Penal no permite al juzgador diferenciar entre sujetos ni hechos de diversa característica o envergadura al imponer la aplicación a ciegas e indiferente de una pena a perpetuidad. Sumó en apoyo de su prédica lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hilaire vs. Trinidad Tobag o (v. fs. 160 vta. y 161).
Propuso una interpretación constitucional del citado artículo fondal, según la cual la pena no podría superar los veinticinco años de prisión, en especial teniendo en consideración el Estatuto de Roma implementado por la ley 26.200 (v. fs. 161 vta.).
Finalmente, para el supuesto de no receptar esa postura, dejó planteada la inconstitucionalidad de la norma por resultar contraria a los arts. 1, 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 5.5. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 162).
II. Coincido con la Procuración General en cuanto dictamina que el recurso debe ser rechazado (v. fs. 175/181).
III.1. En primer lugar, la decisión del a quo cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal" y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncian, en tanto abordó y se expidió en lo relativo a la prueba de la materialidad ilícita y de la autoría de Suánes, conforme los motivos de agravio que habían sido sometidos a su conocimiento.
En tal sentido, corresponde revelar que los hechos por los cuales recibiera condena el imputado Jorge Alberto Suánes, dan cuenta que "...pasadas las 21:30 horas del día 25 de febrero y 26 de febrero de 2010, María Luisa Carmona, de 66 años de edad, se hallaba en el interior del galpón que le alquilaba a un sujeto de sexo masculino, [...], oportunidad en la que resultó ultimada de un certero y salvaje golpe concretado desde atrás, aprovechando un ocasional descuido o falta de atención de la mujer, utilizando una maza de generosas dimensiones, que impactó en la región occipital derecha y penetró el cráneo con fractura y hundimiento de dicho sector, ocasionando el óbito en forma instantánea por paro cardio-respiratorio. Que tras ello, y con el propósito de ocultar el cuerpo de la víctima, quien la ultimara, con la ayuda de otro individuo, al que interiorizó de lo ocurrido, introdujeron el cuerpo de la infortunada mujer en el interior de la cámara séptica existente en el predio mencionado, al que cubrieron con cal viva, para luego cerrar la tapa de la misma y echar tierra sobre ella, colocando encima una pileta de fibra de vidrio, para disimular la excavación efectuada con tal fin, hallándose el cuerpo el 15 de junio de ese mismo año, con motivo de concretarse la orden de allanamiento dispuesta por el Magistrado interviniente" (fs. 91 vta.).
Frente a los planteos llevados en el recurso de casación, dirigidos a cuestionar la existencia del hecho y la autoría, el a quo , por intermedio del voto inaugural del doctor Mancini, que concitó la adhesión simple del doctor Celesia, adelantó que el razonamiento del tribunal de mérito fue expuesto en términos lógicos, observando las normas correspondientes.
Sostuvo que aquél explicó los diversos elementos de juicio utilizados, la inferencia que obtuvo de cada uno de ellos, y su integración armónica para sustentar la convicción alcanzada, "...motivando debidamente la formación del juicio acreditativo". Así señaló que el tribunal de primera instancia expuso sobre lo que la testigo Leonor Esther Carmona declaró en forma anticipada y destacó "...que desde el mismo 26 de febrero de 2010, la desaparición de María Luisa Carmona, fue advertida por su descendiente" (fs. 92); y los intentos -sin éxito- que efectuara para su ubicación o hallazgo, con la colaboración de su marido -Néstor Gabriel Videla-, y la errónea información vertida por el locador del galpón contiguo sobre el paradero de la señora Carmona, para despistar sobre su búsqueda y alejarlos del lugar del hecho (v. fs. 92 vta.), hasta que, merced a su inexplicable ausencia decidieron radicar la denuncia pertinente (v. fs. cit.).
Valoró que en la fecha indicada la testigo Leonor Carmona constató que en el domicilio de su madre faltaban algunos objetos y documentos, y -además- que la puerta que comunicaba con el galpón lindero se hallaba desamurada, y que junto a la misma se hallaba una masa con un peso importante y mango aproximadamente de 1 metro que entregó al locador del galpón a su requerimiento, atento que "...éste le expresó que pertenecía a un vecino, que se la había prestado a su madre, aunque sin poder precisar con qué finalidad" (fs. cit. y 93).
Tuvo presente lo declarado por la testigo en cuanto a que Roberto Raúl Barrientos se había presentado a cobrar un trabajo que ejecutase el día anterior "...a pedido del locatario del galpón, y según éste por indicaciones de María Luisa Carmona y que el trabajo había consistido en retirar un tanque de agua instalado sobre el local"; y que el citado Barrientos, en la audiencia de debate, al respecto precisó que "...el tanque se hallaba en buenas condiciones y que el individuo que le encargó la tarea, le hizo verter el agua que contenía sobre el predio que él ocupaba y no sobre la propiedad de Carmona" (fs. 93).
Al igual que el tribunal de grado hizo mérito de que "...el matrimonio Carmona-Videla se abocó a las averiguaciones en pos de hallar a la desaparecida Carmona aunque sin recibir eco suficiente de parte de las autoridades hasta que hicieron notar las inconsistencias en la versión del imputado, logrando así que se practicaran las órdenes de allanamiento, resultando relevante y trascendente el practicado en el local que arrendaba Suánes en cuya cámara séptica fue hallado el cuerpo sin vida de María Luisa Carmona" (fs. cit.).
El tribunal intermedio analizó los datos surgidos de esa diligencia de allanamiento, el informe planimétrico de fs. 455/461 y las manifestaciones de José Luis Arboleda, que en su condición de bombero voluntario fue requerido a participar en la tarea de acceder y descubrir la cámara séptica del local arrendado por Suánes, y remover el cadáver de ese lugar (v. fs. 93 vta.), así como el informe de rastros efectuado en el lugar, por el cual se constató la presencia de manchas hemáticas en la pared, piso y silla de la oficina, pared y piso del baño, y en la pared de la sala de espera.
Señaló que con el informe médico de fs. 424, el de autopsia de fs. 446/450 y el informe pericial médico de la Asesoría Pericial Dental de fs. 1.455/1.457 se tuvieron por verificados las lesiones infringidas a la víctima, su mecanismo de producción y por establecidas las causales del óbito. Finalmente, también se pudo verificar que "'...la maza incautada en el domicilio que ocupaba uno de los imputados [...], resultaba ser el elemento con el que la víctima fue ultimada' y que la acción pudo ser concretada por un solo individuo"; dando cuenta el a quo de que, de los informes de fs. 1.200/1.201 y 1.203, se constató la presencia de rastros de sustancia hemática en la herramienta incautada (v. fs. cit.).
Consideró que de los contenidos del fallo surge claro que la prueba invocada para acreditar la intervención de Suánes en el homicidio juzgado fue conformada a partir de una serie de indicios.
Y aunque, como refiriera la defensa, sobre dicho extremo no medió prueba directa, no obstante, el Tribunal de Casación juzgó que ella fue corroborada sin "absurdo o arbitrariedad en la evaluación de las constancias arrimadas a la causa. Por el contrario, dijo que para arribar a tal conclusión el a quo se valió de una serie de inferencias que fue enlazando con precisión lógica y mediante un procedimiento inobjetable que la defensa no consiguió desvirtuar" (fs. 94).
Sobre la tarea llevada a cabo por el recurrente, apreció que ella procuró restar valor acreditante a las circunstancias del hallazgo del cuerpo de la víctima, empero "...lo hizo sin evaluar la incidencia que el tribunal asignó a esos elementos en el conjunto de indicadores ponderados. Resulta así que el ataque parcial y sin la directa vinculación establecida en el fallo con los restantes elementos, dejó a la impugnación en el mero terreno de la insuficiencia"; a la par que advirtió que del contenido del decisorio el dato del hallazgo del cuerpo encuentra ilación con deducciones del sentenciante, como la que surgió a partir del informe de levantamiento de rastros aludido, lo cual no fue debidamente contrarrestado (v. fs. cit.).
Desechó lo alegado por la defensa en cuanto a que no se pudo determinar con certeza el lugar de comisión del hecho, en tanto "...dejó sin cuestionar la ponderación de tal informe el cual como se vio arrojó resultado positivo, tras la aplicación del reactivo químico 'Luminol', a la presencia de manchas hemáticas '...en la pared, piso y silla de la oficina, pared y piso del baño, y en la pared de la sala de espera...', con lo que se mantiene inalterada la conclusión del sentenciante por la cual, con apoyo en esa prueba se afirmó que 'la víctima fue ultimada en ese lugar y luego ocultada en la cámara séptica en cuyo interior fue hallado el cadáver...'" (fs. 94 vta.).
Respecto de lo aducido por el recurrente en cuanto a que su defendido no vivía allí, que solo lo utilizaba para trabajar, y acerca del fácil acceso al lugar desde el domicilio de la víctima, entendió el a quo que ello no conmovió lo expresado en el fallo respecto a que "...el lugar del hecho tenía acceso 'exclusivo y excluyente' quien rentaba en el lugar -esto es, el imputado" (fs. cit.).
Con lo expuesto, descartó la hipótesis relativa a la intervención de una tercera persona colocando el cuerpo en la cámara, lo que fulminó como meras especulaciones que -como tales- "...no alcanza a conmover el cúmulo de evidencias que han sido invocadas por los magistrados" (fs. cit.).
Seguidamente, desestimó las apreciaciones defensistas contra los indicios que dieron convicción a que la maza incautada en el domicilio que ocupaba uno de los imputados resultó ser el elemento con que la víctima fue ultimada al haberse constatado "...la presencia de rastros [de] sustancia hemática en la herramienta sometida a peritación". A ello aditó la valoración del informe médico de la Asesoría Pericial de fs. 1.455/1.457, el cual no fue refutado ni cuestionado por la defensa, y -además- fue tildado de "sumamente esclarecedor" en punto a dicha determinación (v. fs. cit.).
El Tribunal de Casación sumó otro indicio de autoría, merituado por el sentenciante, emergente del análisis de la versión que brindó el propio imputado, que sostuvo durante la audiencia de debate, de la que dieron cuenta la hija de la víctima en su declaración de fs. 1.442/1.445, como su cónyuge, además de los testigos Robles y Giangrasso (v. fs. 95).
En tal sentido, refirió lo destacado por el tribunal de mérito en cuanto a que "'...fue el propio encartado el que aseguró que el 26 de febrero de 2010 había visto a la nombrada e instaló la idea que había partido con rumbo a la localidad de Mariano Acosta o Merlo...'", lo cual -meritó la instancia-, no se ajustaba a la realidad de lo acontecido, en tanto "...nadie más avistó a la mujer aquella mañana, siendo el último que la vio con vida Barrientos, el día anterior en horas de la noche" (fs. cit. y vta.); además, señaló que el imputado "'...no contaba con el rápido descubrimiento de la ausencia de la víctima [...], de ahí pues la historia ensayada [...], exitosamente al principio pero que, con el tiempo, se fue desdibujando, exclusivamente por la conducta que fue revelando con el devenir de los días y la persistencia en las averiguaciones del matrimonio [...] en la búsqueda de la desaparecida'" (fs. 95 vta.).
El a quo consideró que la inclusión de los componentes -analizados- en la construcción probatoria no fue objetada en el recurso por lo que concluyó enhiesta en la aludida cimentación otra de las inferencias que el sentenciante elaboró a partir de lo citado: "...que el imputado había instalado aquella hipótesis 'para ganar tiempo y deshacerse del cadaver'"; y paralelamente, valoró lo acreditado por el tribunal de primera instancia, en cuanto al cambio de actitud que Suánes evidenció pasado los días ante las averiguaciones de los familiares, mostrándose fastidiado por la presencia de la hija y su marido en la vivienda de aquella, "...e instando a que se orientara la búsqueda en el entorno familiar haciéndolos responsables de la desaparición" (fs. cit.).
A su vez, ponderó sin reproche de la defensa que "el pedido de restitución" de la maza utilizada para golpear mortalmente a la víctima, perseguía alejarla del alcance de los familiares, a fin de no dejar rastros de lo ocurrido (v. fs. 96).
Analizó que dicho acopio de acciones, sin merecer reproche suficiente por parte de la defensa, fueron consideradas por el sentenciante para concluir en la autoría reprochada, sumando en esa dirección las amenazas que el imputado dirigió contra Barrientos y el matrimonio Carmona-Videla, especialmente por la fecha en que fueron cumplidas, esto es a dos semanas de verificada la desaparición de la víctima, en cuanto "patentiza la intranquilidad de quien las profirió, ante la eventualidad de ser descubierta su conducta homicida" (fs. cit.).
El tribunal intermedio tuvo en cuenta el dato revelador e indicativo de la directa vinculación de Suánes en la muerte de Carmona, el rechazo hacia los derechos a favor de la hija de aquella del inmueble que ocupaba, resistencia que "...solo se justificaba teniendo en conocimiento del boleto de compraventa en favor de María Luisa Carmona [...] que se hallaba en poder de la nombrada y desapareció junto con otra documentación que jamás fue hallada...'" (fs. cit. y vta.).
Señaló que de las pretensiones de Suánes sobre la propiedad, el sentenciante ponderó que "...si bien fueron sobrevinientes a la muerte de [la] víctima 'sólo podía considerarlas teniendo en conocimiento certero y cierto de la suerte corrida por aquella" (fs. 96 vta.).
Computó también las manifestaciones del testigo de actuación Carlos Peralta, quien dio cuenta del nerviosismo que evidenció Suánes durante el allanamiento, cuando los funcionarios de la policía pidieron la presencia de personal de bomberos al advertir que había tierra movida, lo cual resultaba comprensible en cuenta del inminente hallazgo y dio lugar, válidamente, a que el sentenciante formulara otra inferencia: "que Suánes sabía bien que había en el local que alquilaba", sumado a la valoración de las manifestaciones autoincriminantes del acusado ante el testigo de actuación Peralta, el cual admitió haber escuchado al imputado atribuirse la comisión del homicidio. En tal sentido, se valoró la declaración de fs. 472/473, reproduciendo la parte pertinente (v. fs. cit. y 97).
Destacó que el tribunal de juicio descreyó de la versión del imputado en cuanto a
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