Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131919
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 11 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.919, "Yáñez, Héctor Gastón s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 87.472 y su acum. 87.473 del Tribunal de Casación Penal Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 13 de marzo de 2018, rechazó -con costas-, en lo que interesa, el recurso de casación interpuesto por el señor defensor oficial de Héctor Gastón Yáñez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que condenó al nombrado a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser demostrada y en poblado y en banda (arts. 40, 41, 45, 166 inc. 2 última parte, 167 inc. 2 y concs., Cód. Penal; v. fs. 123/140).
La señora defensora oficial adjunta ante la mencionada instancia -doctora Ana Julia Biasotti- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 151/179 vta.), el que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 186/189 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 217/219), dictada la providencia de autos (v. fs. 223) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa cuestiona el proceder de la Sala II del Tribunal de Casación en cuanto a la participación de su asistido, por haber realizado, a su juicio, una errónea revisión de la sentencia de condena, mediante una exploración formal de las constancias de la causa, sustrayéndose de ese modo del examen integral que garantizara el doble conforme (v. fs. 169; arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP).
Denuncia la desnaturalización y aparente tarea revisora en la valoración probatoria que acreditó la participación de ambos coimputados en forma conjunta, cuando, a su juicio, debió efectuarse separadamente, dada la diferente situación y el trámite para Yáñez y para Velozo, en pos de garantizar el debido proceso, defensa en juicio y el principio in dubio pro reo.
Luego de transcribir lo resuelto por el tribunal intermedio, afirma que más allá de haber rechazado los agravios esgrimidos por considerarlos dogmáticos, debió cumplir de todos modos su tarea revisora con mayor profundidad, aun respecto de los agravios tangenciales; sin embargo, se limitó a reproducir la sentencia de primera instancia, reeditando el análisis de las pruebas colectadas en autos y de diversas circunstancias que rodearon al suceso, de las que concluye avalarían la inocencia de su defendido (v. fs. 169 y vta.).
Entre ellas, la presencia de Yáñez en su domicilio en el momento del hecho; los dichos de Viannini (víctima de autos) quien aseveró que no vio al imputado en su domicilio ni escuchó su voz, que en razón de sus funciones (defensora oficial) había escuchado en reiteradas ocasiones; la ausencia, por parte de Yesari, de aportar datos fisionómicos antes del reconocimiento fotográfico; la omisión por parte del representante público de practicar otras diligencias (cotejo de rastros papilares, secuestro de la moto de Yáñez y cotejo del perfil genético de la muestra sanguínea), de las que concluye avalarían la inocencia de su defendido (v. fs. 169/176).
Estima que no se cumplieron los estándares fijados por esta Corte y por la federal en el precedente "Casal", desde que el a quo no dio respuesta concreta a porqué no se transgredió el principio de inocencia e in dubio pro reo traído en el recurso de casación (v. fs. 177 y vta.).
Invoca, en sustento de su queja, los fallos "Decole", "Martínez Areco", "Silva" y la causa C.927.XLIV –de 5 de junio de 2012- de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros, y las causas P. 96.240 y P. 110.354 de este Tribunal (v. fs. 178/179).
Concluye que, en el caso, la tarea realizada por el a quo no constituye la revisión exigida por los arts. 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, motivo por el cual solicita que el fallo sea casado y se reenvíe a efectos de dictar uno nuevo (v. fs. 179 vta.).
II. Coincido con el dictamen del señor Procurador General: el recurso no prospera.
III. El Tribunal de Casación, en primer lugar, describió el hecho que se tuvo por corroborado: que "...el 10 de noviembre de 2015, aproximadamente a la hora 21, con el concurso de al menos cuatro personas, previo abrir violentamente la puerta de acceso a la vivienda, ingresaron en el domicilio de Christian Alberto Yesari, sito en calle Lucas Abad 3426 de Bahía Blanca, portando armas de fuego en sus manos, y luego de reducir al nombrado, a su esposa Fabiana Vannini y a su hija menor [...], atando a los dos primeros con alambres, al tiempo que les exigían que les entreguen dinero y dólares, amenazándoles con secuestrar a su hija, se apoderaron de bienes completamente ajenos pertenecientes a los damnificados, [...], para luego darse a la fuga en una motocicleta y en el auto propiedad de la víctima Renault Clío rojo dominio LGA 2 95" (fs. 127 vta. y 128).
Al fiscalizar el fallo de la instancia a tenor de los agravios formulados por la parte, en cuanto a la participación de los imputados en el hecho descripto, juzgó que se encontraba sustentado en fundadas razones que no habían recibido crítica suficiente por parte de la defensa y convalidó la condena de Yáñez -entre otros elementos- a partir no solo en "...la denuncia efectuada por Yesari, sino el sostenimiento de su deposición por reconocimientos practicados -fotográfico y en rueda de personas- y en el marco de inmediación, procediendo a individualizarlo también en dicha ocasión" (fs. 131).
En punto a los agravios relacionados con los testimonios de descargo y la omisión de practicar otras diligencias en la investigación, el tribunal intermedio afirmó que en "...orden a los testigos que depusieron en sostenimiento de la versión del imputado Yáñez, sus manifestaciones no lograron modificar la convicción a la que arribó el juzgado en el punto pretendido. Es dable indicar que aludieron a la presencia de Yáñez en su propia casa, pero en horario distinto y posterior al de comisión del hecho. Tampoco le permitió al a quo cambiar su parecer la filmación de las cámaras de seguridad, alegada por la defensa de Yáñez [...] no desvirtuaron las manifestaciones indicativas y precisas que a su respecto adujo la víctima Yesari [...] respecto de la crítica vinculada con que debieron practicarse otras diligencias -cotejo de rastros dactilares, secuestro de motocicleta de Yáñez, convocar a deponer al debate a la niña víctima, hija de la pareja damnificada, y al testigo Díaz-, no se constata vulneración de garantías constitucionales ni perjuicio posible consecuente, por cuanto -finalmente- fue a partir de omisiones de las partes que a todo evento no se practicaron" (fs. 131/132).
Analizando el contenido de lo reseñado se advierte que el órgano casatorio convalidó el pronunciamiento del tribunal de juicio, abordó los agravios planteados en oportunidad de interponer el recurso de casación, y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte -ni la recurrente ha logrado evidenciar- la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita (art. 495, CPP).
La afirmación de la defensa en torno a que, en dicho escrutinio, la casación se limitó a responder mediante afirmaciones que no se condicen con las constancias de la causa, considerando además el tránsito por esa instancia como "aparente", resulta huérfana de todo sustento argumental y, por tanto, indemostrada.
A tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis -que fueran aquí transcriptas- para arribar a la confirmación del fallo, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal", en tanto incluyó -además de la mención de los presupuestos valorados por el sentenciante para arribar a la sentencia condenatoria- un juicio crítico de esas constancias.
Y si bien el tribunal intermedio, para arribar al grado de certeza necesario, analizó la participación de ambos imputados en forma conjunta, diferenció los testimonios que incriminaban a cada uno, sin que la parte haya demostrado el perjuicio que le habría ocasionado tal proceder (v. fs. 128 vta.).
En rigor, los planteos de la defensa están dirigidos a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido- y de los elementos de convicción tenidos en cuenta y por ello, escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia