Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131929
En la ciudad de La Plata, a 16 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Genoud, Kogan, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.929, "V., E. N.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 83.948 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del 22 de febrero de 2018, rechazó por improcedente el recurso de la especialidad deducido por la defensa oficial de E. N. V. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Morón que lo condenó a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por un ascendiente (cuatro hechos) en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ascendiente en grado de tentativa, todos en concurso real entre sí (arts. 40, 41, 42, 44, 45, 55, 119 primero, segundo, tercero y cuarto párrafo, acápite "b", Cód. Penal; v. fs. 378/393 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 405/415 vta.), el que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 426/428).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 438/442 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 443) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. El recurrente, en primer término, tachó a la sentencia de arbitraria por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte federal. Denunció afectación a la defensa en juicio -derecho a ser oído-, al debido proceso legal, al principio de inocencia y al derecho al recurso (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h., CADH; 14.5, PIDCP y 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 408).
Alegó que el tránsito de la causa por el tribunal intermedio resultó "aparente", frustrando -de ese modo- el derecho a la doble instancia, pues habiendo acudido en procura de la revisión de la condena, el a quo se limitó a efectuar un mero tránsito formal. Citó al respecto el precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. cit. y vta.).
Entendió que lo resuelto ha sido en violación del principio beneficiante de la duda, porque la condena se cimenta en la declaración efectuada por la menor, privilegiando sus dichos a los del imputado, con lo cual consideró conculcados los principios de unidad probatoria que exige una valoración integral y no parcializada, y del in dubio pro reo , pues por fuera de lo relatado por la víctima no existe otro canal de prueba independiente que acredite los hechos ilícitos, extremo indispensable para la aplicación del tipo penal cuestionado (v. fs. 409 y vta.).
I.2. En segundo lugar, se quejó de vulneración del principio de legalidad, alegando la vaguedad de la fórmula constitutiva del delito de abuso sexual gravemente ultrajante que emplea el tipo penal, a cuyos elementos hizo alusión para sostener que el caso debió quedar atrapado en la figura de abuso sexual simple, merced a los criterios de interpretación más restrictivos del poder coercitivo (v. fs. 409 vta./ 410 vta.).
A su decir, aun de considerarse probada la existencia de aquella conducta sexualmente abusiva corresponde evaluar si en las circunstancias de su realización importó un grave ultraje, y ante la duda, asignar operatividad a la analogía in bonam partem que determina la imposición de la forma básica del abuso (v. fs. 410 vta.).
Según opinó, si bien la conducta endilgada presenta un mayor grado de injusto que un simple tocamiento, en todo caso "...la sanción podría ubicarse en el extremo superior de la escala prevista para el primer párrafo del art. 119 del CP" (fs. cit.).
En suma, a criterio del señor defensor oficial, la figura agravada rige respecto de aquellos supuestos en que, a diferencia del presente, se encuentre acreditado "...un sometimiento prolongado en el tiempo o por una práctica degradante y humillante que exceda groseramente el vejamen propio del tipo penal" (fs. idem).
Reiteró que la calificante en cuestión fue ratificada por el tribunal intermedio con afirmaciones dogmáticas, sin un análisis pormenorizado de las constancias de la causa. Con invocación de la doctrina sentada en el precedente "Casal", tildó de arbitraria la decisión por haber prescindido del contenido del recurso, contraviniendo el derecho del acusado a ser oído, al dejar de lado las razones centrales por las que se denunciara la errónea interpretación del art. 119 del Código Penal en lo vinculado con el alcance que debe otorgarse a la expresión "abuso sexual gravemente ultrajante" (v. fs. 411/412 vta.).
I.3. Finalmente volvió a denunciar la arbitrariedad ahora en lo referido a la determinación del quantum punitivo (v. fs. 413).
Consideró que el fallo cuestionado desatendió el planteo formulado en cuanto "...a la desproporción de la pena en atención al grado de injusto, en virtud de que la pena de once años impuesta supera la de ocho años prevista para el delito de abuso sexual con acceso carnal, el que naturalmente importa mayor gravedad" (fs. 413 vta.).
Con cita del precedente de la Corte federal "Casal" enunció que la revisión de la sentencia debe ser amplia y que la falta de tratamiento antes denunciada no alcanza a satisfacer las exigencias que imponen los arts. 18 de la Constitución nacional; 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, apartándose de los principios de culpabilidad por el acto, proporcionalidad e igualdad ante la ley (v. fs. 414 vta.).
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso traído (v. fs. 438/442 vta.). Coincido en que el remedio no prospera.
III.1. El órgano de juicio tuvo por acreditado que "En fecha indeterminada, pero dable ubicar en el período comprendido entre el transcurso del año 2010 y el 5 de octubre de 2013, un sujeto varón, en la finca sita en la calle .. [...] del Barrio Pompeya, partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, abusó sexualmente de su hija N. V. -nacida con fecha 13 de mayo de 1999- en las visitas que la menor efectuaba en dicho lugar, toda vez que luego de quitarle sus vestimentas de la parte inferior, procedió en al menos cuatro oportunidades, en primer término a tocar con sus manos la vagina de la menor, para posteriormente besar dicha parte del cuerpo de la niña constituyendo dicho accionar, por las circunstancias de su realización, un sometimiento gravemente ultrajante. Que en otra ocasión el individuo ya mencionado además intentó con su miembro viril penetrar el orificio anal de su hija, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad" (fs. 247 vta. y 248).
Consideró a E. N. V. autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por un ascendiente (cuatro hechos) en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ascendiente en grado de tentativa, todos en concurso real entre sí.
III.2. En oportunidad de interponer el recurso de casación (v. fs. 318/337 vta.), luego de plantear la nulidad de la declaración testimonial brindada por C. F. V. -hermana de la víctima- bajo la modalidad prevista por el art. 102 bis del Código Procesal Penal, la defensa se disconformó con las pruebas meritadas para acreditar la materialidad ilícita y la autoría responsable de su pupilo, y adujo que la condena colisiona en forma directa con los principios de inocencia, legalidad, culpabilidad e inobservancia de las reglas del indubio pro reo y favor rei . Resaltó la versión brindada por el imputado y efectuó diversas críticas a la prestada por la menor N. V., en oportunidad de declarar bajo la modalidad de Cámara Gesell. Solicitó la absolución del encausado.
Subsidiariamente, se quejó de la calificación asignada a los eventos delictuosos, entendiendo que el encuadre legal no podía superar el umbral del abuso sexual simple del art. 119, primer párrafo, del Código Penal. Criticó el encaje como "gravemente ultrajante" y reclamó la exclusión del elemento típico fundado en la condición de ascendiente por parte del encausado.
Finalmente cuestionó la penalidad impuesta por excesiva y carente de motivación suficiente. Solicitó se aplique en orden al delito de abuso sexual simple el mínimo legal en función de la base concursal escogida (v. fs. 336/337).
III.3.a. A su turno, el Tribunal de Alzada, con voto del juez Ordoqui que concitó la adhesión simple del doctor Celesia, luego de rechazar el planteo de nulidad mencionado por no ser el momento oportuno para hacerlo (v. fs. 381/382 vta.), hizo lo propio con el remedio articulado.
Con relación al primer agravio repasó el plexo probatorio considerado por el tribunal de origen en particular los dichos de la menor víctima brindados con el mecanismo previsto en el art. 102 bis del Código Procesal Penal como los vertidos durante el debate, lo testimoniado por su hermana C. F. V., C. L. R. y E. B. V., preceptora y directora, respectivamente, del establecimiento educativo al que concurría la menor y J. C. S., madre de la damnificada; resaltó el enlace elaborado por el órgano de juicio entre todas ellas a fin de fundar la eficacia de las pruebas de cargo respecto de la acreditación de la materialidad ilícita y autoría responsable del imputado(v. fs. 383/385 vta.).
Asimismo, se ocupó de la versión exculpatoria ofrecida por el imputado y señaló que "...su ensayo evasivo de responsabilidad" no lograba destruir la versión dada por la damnificada en unión con las restantes pruebas antes citadas (fs. 386). Descartó "...por completo cualquier aproximación a una situación de duda insuperable" que habilitara la aplicación de los principios relativos al in dubio pro reo y favor rei (fs. 387) y concluyó que los elementos valorados que "...han sido asociados lógicamente a través de un razonamiento ajustado a las reglas de la experiencia y el sentido común y ajeno a arbitrio alguno, respetándose lo prescripto en los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal" (fs. 387 vta.).
III.3.b. En respuesta al planteo referido a la calificación legal escogida se refirió, con cita de doctrina de autores, a las características del abuso sexual gravemente ultrajante (v. fs. 388/389); destacó que "...teniendo en vista el contenido y la extensión de los comportamientos lascivos desplegados por [el imputado], consistentes -entre otros aspectos- en efectuar tocamientos con sus manos y su pene en la zona íntima de la menor N. V., besándole además dicha área, a lo que se adunaba la permanencia en el tiempo, la inmadurez sexual de la niña y los restantes datos computados por el a quo", concluyó que resultaban circunstancias de entidad suficiente para sostenerla (fs. 389 y vta.).
III.3.c. Por último, sobre la penalidad impuesta, señaló que llegaron firmes a esa instancia las dos circunstancias atenuantes meritadas (ausencia de condenas anteriores y buen concepto) y una agravante (la formación sociocultural del sujeto activo, quien posee instrucción, lo que torna más disvalioso su proceder en este tipo de hechos) y conforme la escala legal compuesta aplicable (arts. 40, 41, 42, 44, 45, 55 y 119, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto inc. "b", Cód. Penal) entendió que la pena determinada en once años de prisión "...no adolece de ninguna patología jurídica, sin advertirse, tampoco, desconocimiento alguno a los principios superiores que deben presidir la faena de mensuración punitiva" (fs. 392 y vta.). Descartó, finalmente, el reclamo relativo a imposición de la aludida figura legal fundada en la calidad de ascendiente de E. N. V. sobre la menor agredida sexualmente, al encontrar acreditada dicha circunstancia en las constancias comprobadas de la causa -subrayado presente en el original- (v. fs. 392 vta. cit. y 393).
IV. Frente a las respuestas dadas por el tribunal del recurso en el marco de los agravios llevados a su consideración, no demuestra la parte que la revisión emprendida haya importado un menoscabo de la garantía prevista en los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni que hubiese afectado el debido proceso y la defensa en juicio del acusado; tampoco pone en evidencia que el pronunciamiento del a quo incurriera en arbitrariedad por motivación aparente y con apartamiento de las constancias probatorias de la causa (art. 495, CPP).
De lo reseñado en los párrafos que anteceden emerge que la sentencia cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
Con la alegación de que a los efectos señalados se realizó una valoración fragmentada y parcial de la prueba, le agravia en rigor que la acreditación de la materialidad delictiva haya sido resultado de la decisión del sentenciante de justipreciar lo declarado por la menor víctima por sobre el descargo efectuado por el imputado y, en ese contexto, propone la aplicación de la regla in dubio pro reo con base en la descalificación de la convalidación del mérito probatorio que realizó la casación.
Por ello la inobservancia de tal principio de raigambre constitucional no es atendible. Pues habiendo declarado la menor ante el tribunal de juicio, del modo ya indicado, los magistrados dieron las explicaciones sobre el convencimiento certero al que arribaron para sostener ese extremo de la imputación, con expresa indicación que "...N. fue veraz en sus dichos, habiendo efectuado un relato acerca de los sucesos de connotación sexual que padeciera de manera circunstanciada, creíble y espontánea, el cual se encontraba reforzado con la comunicación gestual y conductual de la niña, el que además fue contado a muchas personas y en reiteradas ocasiones, ya sea a su entorno familiar, en el colegio, como ante distintas autoridades del Poder Judicial, todo ello en forma conteste, persistente y coherente pese al transcurso del tiempo" (fs. 263 y vta.); testimonio que fue enlazado con lo que surgía de las narraciones de su hermana C. F. V., su progenitora, la preceptora y directora de la escuela donde concurría; haciendo foco, asimismo, en las falencias advertidas en el relato que la parte señaló como favorable al imputado y en su versión exculpatoria (v. fs. 264/268).
Puesta la casación a examinar la preeminencia de esa ponderación, descartó que pudiera desbaratarse el valor convictivo alcanzado por los jueces en el marco de lo actuado en el debate, en condiciones de oralidad, que brindan un valor de percepción único e intransferible, sin que mediara razón objetiva alguna que habilitara poner en duda el impacto subjetivo que la víctima produjo en ellos; y sobre esa apreciación la defensa no evidencia desarreglo lógico ni quebranto constitucional alguno que permita desatenderla (doctr. art. 495, CPP y 15, ley 48).
De otra parte, esta Corte tiene dicho que no existe óbice alguno en tener por probado un determinado hecho o circunstancia, en virtud de un único testimonio -que en rigor de verdad va unido y concatenado con toda una secuencia que incluyó diversos testimonios corroborantes-, en la medida que no se verifique la presencia de alguna situación que provoque una merma en su credibilidad, o que el alcance otorgado a sus manifestaciones resulte arbitrario o absurdo, nada de lo cual se ha logrado justificar en este caso (conf. causas P. 126.185, sent. de 18-V-2016; P. 128.079, sent. de 13-XII-2017; e.o).
En efecto, no carece de fuerza probatoria la declaración de un testigo único por esa sola circunstancia, siempre que dicho testimonio resulte suficiente para causar convicción en el ánimo del juzgador que explica sus razones, con los límites que quedaran expuestos previamente, es decir, la exigencia de que las conclusiones a que se arribe en las sentencias sean el fruto racional de las pruebas, con el único pero infranqueable límite del respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, es decir las leyes de la lógica.
Por lo que, al no efectuar crítica alguna a las restantes piezas (testimonios antes mencionados) ponderadas por el a quo para acreditar el modo en cómo sucedieron los hechos y a quién corresponde atribuir su autoría responsable, deja enhiesto estos tramos de la decisión.
V. El planteo vinculado con la violación al principio de legalidad que sustentó en la vaguedad del tipo penal aplicado, que el impugnante pretende ahora traer a conocimiento de esta instancia resulta novedoso ya que no fue llevado en esos términos ante la instancia casatoria, por lo que su reclamo deviene inaudible por extemporáneo (doctr. art. 451, CPP).
En lo que concierne al reclamo dirigido contra el encuadre normativo de los eventos en reproche, la defensa no ha logrado controvertir eficazmente que, a tenor del cuadro de probanzas sopesado por el Tribunal revisor -en sintonía con la conclusión condenatoria a la que se arribó en la instancia de debate-, la pluralidad de conductas que han sido descriptas en la materialidad ilícita como atribuidas a E. N. V. en concurso real, puedan ser enmarcadas legalmente en la figura de abuso sexual agravado prevista en el art. 119, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, acápite "b", del Código Penal.
Ello así, puesto que deviene inconmovible que los hechos de los abusos sexuales en juzgamiento consistieron, luego de pedirle a la víctima que se sacara la vestimenta inferior -pantalón y bombacha-, en tocar con sus manos y besar la vagina de aquélla; apoyar y mover el miembro viril en esa zona corporal, dejándolo un momento allí y eyaculando afuera e intentar introducir el pene en la cola de la menor, en las circunstancias descriptas en la materialidad infraccionaría (v. fs. 382 vta./383 vta.), actos que per se exceden los meros tocamientos corporales con significación sexual alcanzados dentro de los contornos propios del tipo legal básico y configuran un plus respecto de la figura de abuso sexual simple descripto en el primer párrafo del art. 119 del Código sustantivo -citado-, ya que en sí mismos tienen un alto contenido vejatorio (conf. doctr. causas P. 123.760, sent. de 9-IX-2015; P. 117.708, sent. de 4-XI-2015; P. 120.152, sent. de 27-IV-2016, e.o.).
En efecto, tanto en lo que hace a la significación que otorga el diccionario del idioma al término "ultrajar", como particularmente oteando sus raíces, desde la perspectiva esencial que constituye la etimología del mismo, se advierte que la deleznable acción seguida en el hecho de marras por el encartado queda atrapada dentro de los confines de aquél.
El diccionario de la Real Academia indica que "ultrajar" es ajar o injuriar, despreciar, siendo que "ajar" importa maltratar, manosear, marchitar, hacer que alguien pierda su lozanía, circunstancia que resulta particularmente apreciable respecto de una niña sometida a quien lo utiliza para llevar a cabo sus perversos designios de violencia sexual.
Y la génesis del vocablo refiere que deriva del francés antiguo "outage" proveniente a su vez del latín ultraficum y en definitiva de las voces ultra y ultimus , que significan "más allá", y que indican categóricamente que se ha ultrapasado un límite, que no es otro que el de la consideración que todo ser humano merece como tal, y que hace a la dignidad que debe imperar en todo trato con un semejante, máxime cuando su corta edad lo hace objeto de miramientos especiale
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