Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132158
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Pablo Roberto Conti por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
En la ciudad de La Plata, a 16 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 132.158, "S., C. A.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa n° 30.675 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Sala III".
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, mediante el pronunciamiento del día 6 de febrero de 2019, rechazó el recurso de apelación deducido por la defensa y confirmó la sentencia dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental que condenó a C. A. S. –en trámite de flagrancia y por acuerdo de juicio abreviado- a la pena de un año y diez meses de prisión de efectivo cumplimiento, con costas y declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable del delito de amenazas calificadas por el uso de arma, en perjuicio de E. P. M., hecho acaecido el día 18 de mayo de 2018 (v. fs. 24/27 vta., incidente de apelación de la causa n° 30.675; 149 bis primer párr. segunda parte, Cód. Penal).
Frente a lo así decidido, el defensor particular, doctor Pablo Roberto Conti, interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 2/6 vta.), que fue concedido por el a quo únicamente este último (v. fs. 17/19).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 28/30 vta.), habiéndose dictado la providencia de autos (v. fs. 31) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes se alzó la defensa particular interponiendo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que planteó dos agravios:
I.1. Denunció errónea y arbitraria valoración de la prueba conforme lo dispuesto en los arts. 210, 373 y concordantes del Código Procesal Penal, determinante de la equivocada calificación legal endilgada (v. fs. 5 vta.). Reputó precaria e insuficiente esa prueba para condenar a su asistido con la sola denuncia de la propia víctima.
Tildó de arbitraria la sentencia recurrida al realizar un análisis parcializado de la declaración de la víctima, sin que se hayan valorado determinadas circunstancias de modo, lugar y tiempo, como el estado de ebriedad del imputado y que el arma utilizada estaba visiblemente oxidada y sin gatillo (v. fs. cit. y 6).
I.2. Invocó errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, y equivocada utilización de la doctrina legal para fundar el monto de pena (v. fs. 6).
Luego de transcribir doctrina de esta Corte acerca de la determinación de la pena, entendió que la misma resultó errónea desde que no se relacionó con el caso concreto, destacando que se trató de un caso sometido al procedimiento abreviado en el que el Ministerio Público Fiscal fijó un monto de pena considerando dos agravantes, una de las cuales fue a la postre desestimada, interpretando el recurrente que ello debió gravitar sobre el monto de pena finalmente impuesto (v. fs. 6 y vta.).
II. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso traído no prospera (v. fs. 28/30 vta.).
III.1. Ante los planteos acerca de la errónea y arbitraria valoración de la prueba llevados por la defensa del imputado, la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata, a través del voto del señor juez doctor Fernando Jorge Mateos (a quien adhirió el doctor Alejandro Gustavo Villordo), brindó los fundamentos por los cuales entendía que habían sido correctamente acreditados los extremos típicos del comportamiento atribuido a S. (v. fs. 25).
En particular, sobre el testimonio cuestionado, ponderó que la víctima –E. P. M.- refirió que C. A. S. se había presentado en su domicilio con el objeto "tipo revolver de coloróxido" con el cual la amenazó de muerte, manifestando "...'vos pensás que me voy a matar, yo te mato a vos' mientras blandía y apuntaba el objeto hacia su persona, 'lo que le causó sorpresa y temor, ya que desconocía si el objeto estaba funcional (sic), y si su marido tomaría alguna decisión drástica, más teniendo en cuenta su alto grado etílico" (fs. 25, incidente recursivo).
También tomó en consideración que, en un determinado momento, cuando a S. se le cae un proyectil, la testigo lo tomó y creyendo que era el único con el que aquel contaba, intentó quitarle el arma sin lograrlo "...ya que S. ganó por fuerza física" (fs. cit.).
Reputó relevante que, contrariamente a lo afirmado por la defensa, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar detalladas por M. "...las amenazas han tenido objetivamente capacidad para amedrentar" y la posterior inidoneidad del medio comisivo (arma de fuego sin aptitud funcional) no impidió tipificarlo dentro de la figura del art. 149 bis, primer párrafo, segunda parte del Código Penal, desde que dicho adminículo potenció la alarma del sujeto pasivo (v. fs. 25 vta. y 26).
III.2. El agravio relativo a la determinación punitiva también fue rechazado.
Sobre el punto consideró el magistrado ponente que la desconsideración de una de las pautas agravantes incluidas en el juicio abreviado en nada repercutía en el quantum punitivo acordado, fundamentando dicha postura, en que "...el sentenciante solo se encuentra legalmente impedido de imponer una pena superior a la solicitada por el Fiscal (art. 399, CPP), más conserva la potestad de dosificarla en el caso concreto respetando ese límite, tal lo acontecido en autos" (fs. 26 vta.).
En tal sentido trajo a colación fallos, que mutatis mutandi , se expidieron sobre el tema (v. causas P. 71.719, sent. de 2-II-2016; P. 56.481, sent. de 27-II-1996 y P. 38.661, sent. de 6-II-1990).
IV. Frente a lo resuelto, y en el acotado ámbito en que fue habilitada la vía ante esta sede, para el abordaje de las cuestiones de pretensa índole federal (v. fs. 146/148), se aprecia que las alegaciones de la parte se centran en cuestionar la declaración de la víctima, cuando -es sabido- que las consideraciones referidas a la valoración de las pruebas no son propias del ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo supuestos excepcionales que, más allá de ser denunciados en este tramo del recurso, no fueron evidenciados.
En efecto, la defensa del imputado tacha de absurda y arbitraria la ponderación de la prueba escrita -recordemos que se trató de un procedimiento abreviado- que llevó al a quo a decidir la calificación legal imputada.
Sin embargo, las escuetas aseveraciones formuladas no logran evidenciar en lo resuelto la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.).
Por el contrario, se advierte que el revisor fundó acabadamente el temperamento que la parte aquí ataca, explicando mediante un razonamiento adecuado y sustentado en pruebas objetivas del proceso, los motivos que llevaron al dictado de la sentencia impugnada, sin infringir criterios de la lógica y de la experiencia (v. fs. 25/26).
Las críticas esgrimidas no pasan de ser -además de una reedición de lo ya planteado- una opinión personal discrepante con el criterio sustentado por el sentenciante que desoye los fundamentos dados.
Y como es sabido, el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014 y P. 117.680, resol. de 26-III-2014).
V. En cuanto a la determinación de la pena, cabe señalar que el reclamo se encuentra desprovisto de desarrollos argumentales que le den sustento.
En efecto, los planteos suponen una confrontación con los fallos tenidos en vista en la sentencia, más tales contenidos quedan desvirtuados por el fundamento del tribunal intermedio acerca del rechazo de la reducción del monto penal, esto es el art. 399 del Código de Procedimiento Penal, en el que se marca el límite sobre la potestad dosificadora de la pena, que, en el caso concreto, respeta dicho límite y de lo que el apelante nada dijo.
Y tal déficit sella la suerte adversa de su embate por insuficiencia (doctr. art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Soria, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Pablo Roberto Conti por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia