Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131429
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.429, "Zelaya, Julio Marcelo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 80.406 del Tribunal del Casacón Penal, Sala III" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 16 de julio de 2019, concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Julio Marcelo Zelaya contra la sentencia del citado órgano jurisdiccional (v. fs. 66/70) que, a su vez, confirmó la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón que, en el marco de lo dispuesto por el órgano casatorio en la sentencia del 14 de junio de 2016 -en copia a fs. 62/64- se expidió por la procedencia de la unificación de penas formulada por las partes, por la cual lo condenó a la pena única de diecinueve años, un mes y once días de prisión, accesorias legales, declaración de reincidencia y costas, comprensiva del remanente de pena de un año, un mes y once días de prisión de la condena oportunamente impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes en causa 669/2130 y de la condena a dieciocho años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, dictada por el mencionado Tribunal en lo Criminal n° 4 (causa n° 1995). En consecuencia, consideró abastecidos los recaudos del art. 494 del Código Procesal Penal y admitió la impugnación por haberse denunciado la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal, la violación a la doctrina legal y la afectación de los principios de legalidad y presunción de inocencia (v. fs. 113/118, 37/38 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 125/132), dictada la providencia de autos (v. fs. 133), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Teniendo en especial consideración el alcance con el que fue admitido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se reseñarán los agravios desarrollados (art. 486, CPP).
I.1. El señor defensor oficial ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, denunció la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal y la violación a la doctrina legal fijada en el precedente P. 117.966.
Luego de rememorar los antecedentes del caso, afirmó que no se violaron las reglas del concurso de delitos, debiendo encuadrarse el supuesto de marras en el primer párrafo del art. 58 del Código Penal pues, a su entender, se configuró un supuesto de unificación de penas y no de condenas (v. fs. 79 vta. y 80).
Indicó que rige el principio de acumulación jurídica; por lo cual habiendo la condena impuesta por la primera sentencia adquirido autoridad de cosa juzgada, en el proceso de unificación se debe tomar en consideración su monto total (v. fs. 81).
Puntualizó que la solución confirmada por el órgano intermedio agrava la situación de su defendido en tanto la pena única recién vencería en junio de 2023, obligándolo a cumplir las dos condenas de modo sucesivo, siendo precisamenteésto lo que la unificación de penas pretende evitar (v. fs. 81 y vta.).
Sostuvo que si se aplicaran correctamente las consecuencias normativas de la unificación y se contabilizara el encierro sufrido en la totalidad del proceso como único, resultaría aplicable el art. 7 de la ley 24.390 lo que conllevaría a que el agotamiento de la sanción total fuera anterior al 2023 (v. fs. 82 vta.). Aclaró que lo aquí planteado carecería de virtualidad al momento de practicarse el cómputo ya que si esta Corte confirmara la unificación por el remanente de la primera condena "...se sustraerían los efectos de ésta y la ley vigente al momento de su comisión" (fs. 83).
Asimismo, indicó que no surge de la letra del mentado art. 58 del Código Penal que la pena unificada deba consistir en la conjunción del tiempo que restaba por cumplir de la condena anterior y la impuesta por el delito motivo de nuevo juicio (v. fs. 83).
A su entender, al tomarse el remanente de pena por cumplir se confundió el efecto de la condena y el del cómputo. Destacó que sobre este punto, hubo acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (v. fs. 83 vta. y 84).
Por otra parte, sostuvo que la aplicación del art. 7 de la ley 24.390, contrariamente a lo manifestado por el Tribunal de Casación, no generaría "espacios de impunidad" sino que, por el contrario, la no aplicacíon de dicha norma provocaría la "expansión de espacios de punitividad ilegal e irrazonablemente por inobservancia del principio de ley penal más benigna". Aclaró que esta "...controversia pertenece al ámbito del cómputo de la pena unificada que excede la competencia del tribunal en esta sede, y por ello no es carga de la defensa rebatirla en esta instancia" (fs. 85).
En este contexto, denunció la violación a la doctrina legal fijada en la causa P. 117.966 (v. fs. 85 vta./89). Insistió en que se reunieron todas las condiciones para encuadrar los hechos en el primer párrafo de dicha norma en tanto se trata de un supuesto de unificación de penas pese a lo cual el a quo encuadró la situación en el segundo párrafo de dicha norma lo que derivó en la unificación únicamente del remanente de la primera condena.
I.2. De seguido, destacó que el modo en que se interpretó el tantas veces citado art. 58 y el impacto que ello tuvo en la aplicación del art. 7 de la ley 24.390, afectó los principios de legalidad e inocencia (v. fs. 89/91).
I.3. Por último, solicitó la aplicación del método composicional (v. fs. 91/92).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 125/132).
Coincido con lo dictaminado.
III. Previo a ingresar al fondo del planteo, resulta necesario efectuar una reseña de los antecedentes del caso.
III.1. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 14 de julio de 2016, revocó la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón que había rechazado el pedido de unificación de penas. En consecuencia, hizo lugar a la aplicación del art. 58 del Código Penal y reenvió las actuaciones para que se procediera a su cumplimiento (v. fs. 62/64).
III.2. Conforme lo fallado, el agente fiscal solicitó que se condene a Julio Marcelo Zelaya a la pena única de veintitrés años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y declaración de reincidencia, omnicomprensiva de la pena de cinco años y dos meses de prisión, dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes (causa 669/2130; sent. de 15-VIII-2002) y de la dictada por la Sala III del Tribunal de Casación Penal en las presentes actuaciones al readecuar la oportunamente impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón, fijándola en dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 32/33 vta.).
Por su parte la defensa oficial requirió que la unificación de pena se cumpla aplicando el método composicional (v. fs. 34/35 vta.).
III.3. El 15 de septiembre de 2016, el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón, aclaró que conforme lo resuelto por la Sala III del Tribunal de Casación Penal y el reenvío ordenado, lo único que debía resolver era el monto de pena única a imponer (v. fs. 37/38 vta. y 62/64).
En dicho marco, afirmó que teniendo en consideración que se trata de un supuesto de unificación de penas, a la condena final recaída en este proceso debe adunarse el lapso restante de la anterior penalidad incumplida (v. fs. 38).
Concluyó que el remanente de pena a cumplir de la condena de cinco años y dos meses de prisión impuesta en causa 669/2130 por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes es de un año, un mes y once días de prisión, por lo que unificando ésta con "...la recaída en autos (18 años de prisión), implica un total de diecinueve años, un mes y once días de prisión, con más las accesorias legales y las costas procesales y la declaración de reincidencia" (fs. 38).
III.4. En el recurso de casación, la defensa oficial, por un lado, se agravió de la unificación por el remanente de pena en lugar de la totalidad, advirtiendo que ello podría traer complicaciones en la aplicación de la ley 24.390. Por otra parte, cuestionó la utilización del método aritmético (v. fs. 44/49 vta.).
III.5. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 15 de agosto de 2017, rechazó la impugnación de la defensa oficial.
III.5.a. En primer lugar, recordó que las disposiciones del art. 58 del Código Penal tienen por objeto completar la regla del principio de unidad penal según el cual cuando medie un concurso real de delitos debe aplicarse una pena total conformada por el sistema de aspersión dentro de la escala prevista en los arts. 40, 41 y 55 del mismo código (v. fs. 67).
Luego, indicó que cuando el dictado de sentencias independientes viole dichas normas, corresponde que las penas impuestas en cada pronunciamiento se compongan en una pena única (v. fs. 67 vta.).
Agregó que el segundo supuesto previsto en el art. 58 del Código Penal prevé el dictado de una sentencia única, comprensiva de pronunciamientos firmes anteriores que inobservaron las reglas del concurso real de delitos, con el objeto de garantizar el principio de pena total. Destacó que, en estos casos, la cosa juzgada cede en favor de una única sentencia que aplica las reglas del concurso real inobservadas (conf. arts. 40, 41 y 55, Cod. penal -v. fs. cit.-).
III.5.b. Sentado ello, manifestó que es doctrina de esa Sala que "...la pena unificada consiste en la conjunción del tiempo que restaba por cumplir de la condena anterior y la impuesta por el delito motivo del nuevo juicio" (fs. 67 vta.).
Agregó que el recurrente va contra sus propios actos pues al corrérsele vista se limitó a pedir una pena menor a la solicitada por el fiscal (v. fs. 67 vta. y 68).
A continuación, señaló que la petición de la defensa genera espacios de impunidad en tanto pretende que se le otorgue al imputado un beneficio del que ya gozó en la condena anterior (cómputo privilegiado) al solicitar que se extiendan los efectos del art. 7 de la ley 24.390 a la nueva pena (v. fs. 68).
Finalmente, adujo que tampoco puede cuestionarse el método empleado por el Tribunal para fijar el monto de la condena. Ello en tanto los arts. 40 y 41 del Código Penal no exigen la aplicación del método de la composición a lo que agregó que la parte tampoco demostró que al realizarse la suma aritmética de ambas sanciones se hubiera violado norma alguna (v. fs. 68 vta.).
IV. Como se adelantara, el recurso no puede prosperar (art. 495, CPP).
IV.1. En primer lugar, resulta preciso aclarar que si bien asiste razón a la parte en cuanto -en el marco de la denuncia de errónea aplicación del art. 58 del Código Penal y de la violación a la doctrina legal de esta Corte en el caso P. 117.966- sostiene que, en el caso de autos, no se violaron las reglas del concurso de delitos sino que se configuró un supuesto de unificación de penas, ello no resulta suficiente para cambiar la suerte de lo fallado (v. fs. 81/89).
Se advierte que los hechos que dieron origen a las presentes actuaciones fueron cometidos entre el 24 de abril y el 16 de mayo de 2004, esto es, con posterioridad a la firmeza de la condena a cinco años y dos meses de prisión dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes en el marco de la causa 669/2130 (11-IX-2002) y previo al vencimiento de dicha pena (1-III-2005; v. fs. 2/15; 16 vta.; 30 y vta.; 37/38 vta.).
Establecido también que el caso de autos encuadra dentro del supuesto de unificación de penas (art. 58, primer párr., primera parte, primera disposición) -tal como lo advirtió el Tribunal de mérito; v. fs. 37/38 y la defensa en su impugnación- y más allá de las consideraciones desacertadas que efectuó el Tribual de Casación Penal en relación con la violación a las reglas del concurso de delitos (art. 58, primer párr., primera parte, segunda disposición -v. fs. 67/68-), la defensa oficial no logró evidenciar que ello tuviera como consecuencia necesaria la imposibilidad de que el procedimiento unificatorio sea por la parte aún no cumplida de la condena anterior.
En efecto, la defensa alega que "...no surge de la letra del art. 58 del Código Penal que la pena unificada deba consistir en la conjunción del tiempo que restaba por cumplir de la condena anterior y la impuesta por el delito motivo de nuevo juicio" (fs. 83), sin embargo, no se hace cargo de que dicha norma tampoco obsta a esa solución.
En suma, no se demostró que la determinación de la pena única bajo el sistema de unificación con el remanente por cumplir implique transgresión legal alguna, quedando sus argumentaciones como meras opiniones contrarias al criterio del juzgador (conf. causas P. 85.276, sent. de 22-X-2003; P. 99.966, sent. de 12-XII-2007; P. 105.351, sent. de 10-VI-2009; e.o.).
IV.2. Por otra parte, los cuestinamientos vinculados con la aplicación del art. 7 de la ley 24.390, teniendo en consideración que están directamente ligados a las criticas de unificación de penas con el remanente de pena por cumplir -descartadas en el punto anterior-, no porceden al quedar huérfanos de sustento argumental (v. fs. 82 vta./85).
IV.3. La denuncia de violación de los principios de legalidad e inocencia, vinculados con el pedido de aplicación del art. 7 de ley 24.390 (v. fs. 89/91), como bien lo advirtió el señor Procurador General, son producto de una reflexión tardía por lo que corresponde su rechazo (conf. causas P. 99.549, sent. de 8-VII-2008; P. 103.442, sent. de 29-XII-2008; P. 100.872, sent. de 15-IV-2009; P. 102.166, sent. de 22-VI-2009; e.o.).
IV.4. El pedido de aplicación del método composicional tampoco es de recibo.
Aun soslayando el modo genérico en el que se desarrolló el agravio, resulta pertinente recordar que lo resuelto por el Tribunal de mérito y luego confirmado por el órgano revisor en orden al método aritmético se halla en sintonía con la doctrina de esta Corte que en repetidas oportunidades decidió que la resolución que para unificar las penas respectivas las suma lisa y llanamente -aunque acá tampoco consistió la unificada en una suma de las penas impuestas en los diversos procesos, sino de una de ellas con los remanentes de otras dos-, no incurre por esa sola circunstancia en violación del citado art. 58 del Código Penal pues si bien esta disposición no impone dicha metodología, tampoco la excluye (conf. doctr. causas P. 97.971, sent. de 13-XII-2006; P. 104.743, sent. de 15-IV-2009; P. 105.351, sent. de 10-VI-2009; P. 109.229, sent. de 1-VI-2011; P. 118.606, resol. de 6-VIII-2014; P. 124.282, resol. de 26-VIII-2015; P. 126.750, sent. de 7-III-2018; P. 129.574, sent. de 6-VI-2018; e.o.).
En rigor, el agravio sólo representa una diferente visión sobre la manera en que debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, crítica ineficaz para intentar evidenciar que el juzgador hubiera incurrido en alguna transgresión al momento de fijar el monto de la sanción (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003 y P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; e.o.; art. 495, CPP).
IV.5. Por último, resulta pertinente aclarar que ninguna consideración corresponde efectuar en torno a la denuncia de arbitrariedad, vinculada con la violación de las garantías de defensa en juicio, debido proceso, estricta legalidad y presunción de inocencia (v. fs. 91 vta. in fine y 92) por no haber formado parte de los agravios por los que fue admitido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 91 vta.) quedando -por tanto- fuera del ámbito de competencia de esta Corte (conf. art. 486, CPP).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N°
Firmas
Funcionario Firmante: 26/05/2020 10:44:55 - SORIA Daniel Fernando -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 12:49:53 - KOGAN Hilda -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 13:53:44 - TORRES Sergio Gabriel -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 20:29:23 - GENOUD Luis Esteban -
Funcionario Firmante: 27/05/2020 08:56:32 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel -
Fin de la sentencia