Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132349
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 2971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.349, "C., H. M. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 86.064 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Soria.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 4 de abril de 2019, concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de H. M. C. contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Plata que lo condenó a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y por las circunstancias de su realización, agravado por ser cometido por el guardador y por haberse realizado contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, bajo la modalidad de delito continuado; y abuso sexual con acceso carnal vía oral, abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y por las circunstancias de su realización agravado por ser cometido por el guardador y por haberse realizado contra un menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, bajo la modalidad de delito continuado, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por la convivencia y la guarda (v. fs. 224/226 vta.).
En el juicio de admisibilidad, el a quo recordó las exigencias del art. 494 del Código Procesal Penal y afirmó que se cumplió con el recaudo del monto de pena, así como con la índole de los agravios. Puntualizó que la parte denunció la errónea aplicación de los arts. 40, 41 y 119 del Código Penal y la violación de las garantías de defensa en juicio, debido proceso y derecho a una revisión amplia de la sentencia, entre "otras cuestiones federales", que -a su entender- habilitan la vía en cuestión pues guardan relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto en el caso.
Oído el señor Procurador General a fs. 234/240 vta., dictada la providencia de autos a fs. 241, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la defensa oficial planteó los siguientes agravios:
I.1. En primer lugar, denunció la afectación al principio de congruencia y la violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso (arts. 18, Const. nac.; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 10, 11, 15, 57 168 y 171, Const. prov. -v. fs. 215 vta.-).
Explicó que en su oportunidad se denunció que el encuadre legal efectuado por la fiscalía fue sorpresivo y quebrantó el principio de congruencia al incorporar a la plataforma fáctica de imputación nuevos hechos respecto de los cuales no se pudo ejercer la defensa con antelación (v. fs. 215 vta. y 216).
Alegó que las excepciones previstas en los arts. 359 y 374 del Código Procesal Penal deben interpretarse restrictivamente en función de los principios de progresividad y preclusión (v. fs. 216).
Refirió que si bien la ampliación de la acusación a través de la incorporación de nuevos hechos y de la modificación del encuadre legal a uno más gravoso formalmente respetó los arts. 359 y 374 citados, se debió analizar si -pese a ello- no se quebrantaron las garantías de defensa en juicio y debido proceso (v. fs. cit.).
Frente a tal situación, sostuvo que más allá del traslado conferido al imputado y a su defensa sobre las circunstancias agravatorias y sus consecuencias, su incorporación tardía y sorpresiva efectivamente vulneró dichas garantías, por no haber contado con el tiempo necesario para contrarrestar la hipótesis de la acusación. Por tales motivos, requirió la anulación del fallo (v. fs. 216/217 vta.).
Por otra parte, denunció que el Tribunal de Casación Penal realizó una revisión formal del agravio, incurriendo en arbitrariedad. Explicó que no sólo debe apreciarse la correlación entre la acusación y el fallo sino que debe evaluarse si la oportunidad procesal donde se consolida ofrece la posibilidad de rebatir las circunstancias concretas en que se sustenta la ampliación (v. fs. 217 vta.).
Aclaró que si bien el defensor tiene el derecho de pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa, lo cierto es que esta posibilidad se encuentra limitada por el principio rector de continuidad de la audiencia (art. 344 inc. 7, CPP -v. fs. 218-).
En definitiva, entendió que "...corresponde analizar en esta instancia la cuestión federal oportunamente planteada y determinar con las constancias del expediente si se encuentra a resguardo la garantía de defensa en juicio" (fs. 218 vta.).
I.2. En subsidio, se agravió de la afectación del derecho de defensa (a ser oído) y de la garantía de revisión amplia e integral del fallo condenatorio (conf. "Casal", "Martínez Caballero", "Martínez Areco", CSJN; "Herrera Ulloa", CIDH, entre otros; arts. 18, Const. nac.; 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP -v. fs. 218 vta./219 vta.-).
Manifestó que de manera arbitraria se restó utilidad a la defensa pública ante el Tribunal de Casación Penal al haberse descartado los planteos llevados en esa instancia por extemporáneos, todo lo cual afectó las citadas garantías (arts. 458 y 451, CPP -v. fs. 219 vta./221-).
Para el supuesto que se desestime tal petición, dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal (v. fs. 221 vta.).
I.3. Finalmente, alegó que una interpretación sistemática de los arts. 435, 451 y 467 del Código Procesal Penal permitiría ampliar el margen de conocimiento del recurso de casación, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso (v. fs. 222 y vta.).
II. En su dictamen de fs. 234/240 vta., el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido.
Coincido con lo así dictaminado.
III. Previo a ingresar al fondo de los reclamos, corresponde aclarar que, si bien en el juicio de admisibilidad se admitió un supuesto planteo de errónea aplicación de los arts. 40, 41 y 119 del Código Penal, en rigor, la parte únicamente denunció cuestiones de pretensa índole federal -conforme surge de la reseña efectuada en el punto I. del presente- (v. fs. 212/223).
En razón de lo expuesto, a continuación, se examinarán únicamente las críticas de cariz federal por las que también fue admitida la impugnación.
IV. Sentado lo anterior, la denuncia de la afectación al principio de congruencia, vinculada con la violación de las garantías de defensa en juicio y del debido proceso, no puede prosperar (art. 495, CPP).
Cabe señalar que lo atinente al quebrantamiento del principio de congruencia constituye una típica cuestión procesal que -según la regla general- resulta ajena a la competencia extraordinaria de este Tribunal, a tenor de la doctrina del art. 494 del Código Procesal Penal.
Sólo en razón de que el punto involucraría una cuestión federal, y a fin de que esta instancia pueda constituir un tránsito adecuado para la posible articulación del remedio extraordinario previsto en los arts. 14 y 15 de la ley 48 (doctr. CSJN, fallos "Strada" y "Di Mascio") corresponde ingresar a su análisis.
Veamos.
IV.1. En lo que aquí importa, el a quo sostuvo que no se advierte violación del derecho de defensa en juicio por afectación del principio de congruencia (v. fs. 186 vta.).
Explicó que los hechos imputados al comienzo del debate se ampliaron luego de escuchar la declaración de las víctimas "...habiéndose cumplido legítimamente con la intimación exigida por la norma y por ende anoticiado el acusado de la expansión de la acusación, permitiendo a la contraparte la posibilidad de contrarrestarla, como efectivamente se verificó" (fs. 186 vta.).
Recordó que el art. 359 del Código Procesal Penal contiene un procedimiento especial para los casos en que el fiscal de juicio pretenda ampliar la acusación provisoriamente formulada en la requisitoria (v. fs. 187). Aclaró que para que proceda dicho mecanismo no es necesario que los elementos de prueba sean novedosos sino que puede aplicarse cuando existe una distinta apreciación de la prueba por parte de quien representa al Ministerio Público Fiscal en el debate (v. fs. 187). Destacó que, en estos supuestos, el derecho de defensa y la contradicción son resguardados con el procedimiento previsto en el art. 359 del Código Procesal Penal (v. fs. 187).
A continuación, indicó que C. fue condenado por dos hechos en concurso real, cada uno bajo la modalidad de delito continuado, por lo que las variaciones que la defensa señala como novedosas y sorpresivas no lo fueron, pues cada uno de esos delitos contenía la reiteración de conductas similares que ya eran conocidas por la defensa desde la primera intimación que se le formuló (v. fs. 188).
Por todo lo expuesto, aseveró que la ampliación efectuada durante el debate se realizó de conformidad con el art. 359 sin quebrantar la regla de correlación entre la imputación, el fallo de condena y el derecho de defensa (v. fs. 188 vta.).
IV.2. Frente a lo así decidido, la defensa oficial desarrolló argumentos genéricos que -como tales-resultan insuficientes para conmover lo resuelto (art. 495, CPP).
IV.2.a. En efecto, se limitó a realizar consideraciones dogmáticas vinculadas a la interpretación de los arts. 359 y 374 del Código Procesal Penal y a la necesidad de compatibilizar su aplicación con los principios de preclusión y progresividad (v. fs. 215 vta. y 216) sin hacerse cargo de los argumentos del a quo.
De este modo, no logró controvertir eficazmente la afirmación del sentenciante relativa a que no se violó el derecho de defensa ni el principio de congruencia pues las circunstancias que dieron sustento a la ampliación de la acusación -que la defensa calificó de novedosas y sorpresivas- fueron conocidas desde el inicio de las actuaciones. Tampoco pudo rebatir adecuadamente que, a criterio del a quo, el procedimiento previsto en art. 359 fue debidamente cumplido pues se posibilitó a la recurrente y a su asistido contestar la ampliación de la acusación, resguardando debidamente el derecho de defensa en juicio (v. fs. 186 vta./188 vta.).
IV.2.b. Para más, la parte tampoco acreditó la relación directa e inmediata entre la supuesta violación de los derechos de defensa y el debido proceso con las particularidades del caso.
Es que conforme surge del acta de debate (v., en especial, fs. 46/49), luego de la ampliación del requerimiento fiscal, se le explicó a C. lo sucedido y se le informó respecto de su derecho a solicitar la suspensión a los fines de ofrecer prueba o preparar la defensa. Ante tal situación, el imputado, luego de recibir asesoramiento de su asistencia técnica, renunció al derecho de solicitar la suspensión del juicio y en ese mismo acto hizo uso de su derecho a declarar (v. fs. 48 vta. in fine /49).
En definitiva, en el carril extraordinario se debió demostrar de qué manera, pese a la estrategia asumida durante el debate (renuncia al derecho a suspender el juicio y declaración de C. inmediatamente después de la ampliación de la acusación), el derecho de defensa y el debido proceso se habrían visto afectados por no haber "...contado con tiempo necesario para contrarrestar la hipótesis de la acusación" (v. fs. 217 vta.).
En suma, los reclamos de la parte no trascienden de la interpretación de normas procesales, en su concreta aplicación al caso, aspectos ajenos a esta instancia extraordinaria y, correlativamente, a la federal (conf. fallos: 313:253;321:3552 y 325:316), sin que la sola mención de los preceptos constitucionales que porta la pieza recursiva baste para la debida fundamentación del agravio, pues más allá de no haber demostrado que las normas aplicadas sean incompatibles con ellos, tampoco lo ha hecho en relación directa con su situación específica, según se ha explicado.
IV.2.c. Entonces, la insuficiencia recursiva hasta aquí expuesta se reafirma en cuanto el recurrente pretende que esta Corte, analizando las constancias del expediente, determine si se encuentra a resguardo la garantía de defensa en juicio (v. fs. 218 vta.) cuando ello -precisamente- debió demostrarse en la impugnación y no se hizo, ya que -como se advierte de lo señalado precedentemente- las argumentaciones de la parte no trascienden de una mera opinión discrepante con lo fallado y no demuestran la relación directa con las particulares características del caso (art. 495, CPP).
V. De la misma manera, la denuncia de revisión formal de dicho agravio tampoco procede (art. 495, CPP).
Sobre el punto, la defensa oficial se limitó a mencionar la violación de dicha garantía y a tachar de arbitrario el fallo de modo genérico (v. fs. 217 vta.). Ello en tanto, no puso mínimamente en evidencia que conforme las críticas oportunamente formuladas, la inspección efectuada por el Tribunal de Alzada adoleciera de alguna restricción cognoscitiva que pudiera considerarse incompatible con el estándar establecido al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Casal" (Fallos: 328:339) y su progenie.
En definitiva, -una vez más- se desentendió de lo efectivamente decidido, sin evidenciar la violación del derecho al recurso invocado (arts. 8.2.h., CADH y 14.5. PIDCP), a tenor de la doctrina y fallos que cita.
En razón de lo expuesto, la tacha de arbitrariedad quedó huérfana de sustento argumental.
VI. Por último, el planteo de afectación del derecho de defensa (a ser oído), revisión amplia e integral del fallo condenatorio y arbitrariedad tampoco puede prosperar.
VI.1. Frente a idéntico planteo al ahora traído, el Tribunal de Casación Penal, con cita de precedentes de esta Corte, afirmó que las cuestiones incorporadas por el doctor Sureda en torno a la determinación de la pena deben rechazarse por extemporáneas (arts. 451 y 458 CPP -v. fs. 199 vta./200 vta.-).
VI.2. Tal como lo puso de manifiesto el órgano revisor, esta Corte tiene dicho que el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término "...el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos". Las posteriores ocasiones procesales (como las previstas en el art. 458, CPP) están contempladas para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad (art. 451, tercer párr., CPP; conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 99.549, sent. de 8-VII-2008; e.o.).
Por lo demás, el agravio referido a que la postura criticada atenta contra la "utilidad" de la defensa pública ante el Tribunal de Casación no es de recibo, pues también tengo dicho que más allá de reconocerse el importantísimo desarrollo de la actividad de la defensa oficial, su sistema de trabajo interno o el modo de organización jerárquica en que se estructura ese cuerpo no son parámetros vinculantes a la hora de interpretar la normativa que se critica. Y que ese razonamiento colocaría en una situación desigual a quien es asistido por la defensa oficial respecto de quien es defendido por un abogado de la matrícula, siendo que la normativa no permite deslindes de ese tenor (conf. causas P. 124.480, sent. de 15-XI-2016; P. 129.498, sent. de 17-IV-2019; e.o.).
Asimismo, cabe señalar que lo resuelto por la Corte federal en el precedente "Casal" (CSJN Fallos: 328:3399), no derogó -aún de manera implícita- las normas adjetivas que reglamentan la oportunidad procesal para introducir los agravios ante las instancias revisoras y, al fijar la doctrina de la capacidad de revisión o del máximo rendimiento, lo hizo en función de la profundidad de la revisión mas no respecto de la extensión de los agravios llevados, obligando a los tribunales intermedios a revisar aspectos consentidos por las partes o remediando -fuera de los supuestos de indefensión del imputado- las omisiones de aquellas, y este criterio fue en definitiva ratificado por el Superior Tribunal de la Nación en el caso "Godoy, Gustavo Ezequiel y otros s/ causa nro. 1499/1514", sentencia de 22-XII-2008, conforme fuera citado por el Tribunal de Casación (conf. causa P. 129.498, sent. de 17-IV-2019).
VI.3. En función de lo expuesto en los puntos anteriores, corresponde descartar la denuncia de arbitrariedad fundada en que el sentenciante se desentendió de los agravios, en tanto quedó huérfana de sustento argumental.
VI.4. Finalmente, en lo que respecta al pedido de inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal (v. fs. 221 vta.) y al planteo de interpretación sistemática de los arts. 435, 451 y 467 del Código Procesal Penal (v. fs. 222 y vta.) -más allá de las consideraciones que podrían efectuarse sobre el cariz procesal de este último agravio- me remito, por razones de brevedad, a los argumentos que indica el señor Procurador General en su dictamen (v. fs. 240 vta.).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Coincido con los fundamentos y la solución propiciada por la distinguida magistrada ponente, doctora Kogan, con el alcance que seguidamente expongo.
En lo que respecta al planteo por el que la defensa oficial solicita que, subsidiariamente, se declare la inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal (v. fs. 221 vta.), el recurrente, en definitiva, se refiere a la inteligencia que debe otorgarse a una norma de carácter procesal, y la dada por el órgano casatorio (v. esp. fs. 199 vta./200 vta.), coincide con el alcance otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al derecho al recurso y la tempestividad de los planteos, a tenor de los fundamentos desarrollados en el precedente G. 1.363. XLIII, "Godoy, Gustavo Ezequiel y otros s/ causa nro. 1499/1514", sentencia de 22-XII-2008 -conforme la remisión a los argumentos y conclusiones expuestos en el dictamen del señor Procurador Fiscal-. De allí que el planteo resulte improcedente.
En suma, la reglamentación procesal del derecho al recurso contenida en dicho precepto no constituye una restricción indebida de la garantía aludida y, por ende, no puede reputarse contraria a la Constitución nacional o los pactos internacionales (conf. causas P. 112.744, resol. de 4-IX-2013; P. 115.394, resol. de 11-IX-2013; P. 115.057, resol. de 25-IX-2013; P. 115.236, resol. de 9-X-2013; P. 114.706, sent. de 10-IX-2014; P. 126.364, sent. de 7-II-2018, e.o.).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N°
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2020 13:14:46 - KOGAN Hilda -
Funcionario Firmante: 28/05/2020 14:43:14 - SORIA Daniel Fernando -
Funcionario Firmante: 28/05/2020 16:03:58 - PETTIGIANI Eduardo Julio -
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