Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132491
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.491, "Moreira, Martín Ezequiel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 36.958-RE de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de abril de 2019, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la señora defensora oficial contra la sentencia dictada por el Juzgado Correccional n°4 departamental, que condenó a Martín Ezequiel Moreira a la pena de dos años y seis meses de prisión, de efectivo cumplimiento, costas y declaración de reincidencia por resultar coautor penalmente responsable del delito de hurto agravado por el uso de llave verdadera; revocó la libertad condicional concedida en el incidente de ejecución de sentencia n° 3040 del Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial de Morón y condenó, en definitiva, al nombrado a la pena única de once años y seis meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, omnicomprensiva de la sanción impuesta en la presente causa y de la dictada en la causa n° 2775 del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Morón por ser coautor de los delitos de robo agravado por el uso de ama de fuego -dos hechos- y privación ilegal de la libertad calificada por ser cometida con el uso armas de fuego, y autor de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra, todos en concurso real entre sí (v. fs. 40/47 vta.).
La señora defensora oficial del Departamento Judicial de Mercedes interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 2/11), el que fue concedido por la misma sala interviniente (v. fs. 55/56 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 63/67), dictada la providencia de autos (v. fs. 71) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa denunció absurdo en la valoración probatoria, violación al principio de legalidad y al debido proceso adjetivo por haberse computado como elemento de cargo la declaración brindada por el imputado (v. fs. 6 y vta.).
Se disconformó con el mérito otorgado a las declaraciones prestadas por los testigos Omar Vernet y Héctor Osvaldo Guillin.
Entendió que no se acreditó, con el grado de certeza que requiere un pronunciamiento condenatorio, que se haya configurado "...la agravante prevista por el art. 163 inc. 7 [ rectius : inc. 3], es decir, que alguno de los autores del hecho haya usado una llave verdadera (retenida)" (fs. 7).
Adunó que para aplicar esta severizante es necesario que la llave haya sido sustraída, hallada o retenida (v. fs. 7 vta. y 8). Solicitó, a todo evento, que el hecho sea calificado como hurto simple y la conducta de Moreira sea encuadrada como partícipe secundario.
En segundo término, se quejó de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y de arbitrariedad en la imposición de la pena (v. fs. 8 y vta.).
Aseveró que debió meritarse como atenuante de la sanción el comportamiento del imputado, quien aportó datos que contribuyeron a la investigación y se presentó a todos los requerimientos judiciales.
Se quejó del cómputo como agravante de la condena penal que registra Moreira, por violación al principio del derecho penal de acto y de culpabilidad por el hecho (arts. 18 y 19, Const. nac.; v. fs. 8 vta.). Entendió que, al haber sido declarado reincidente, no puede volver a computarse dicha condena para aumentar el quantum punitivo.
Afirmó que la imposición de pena es arbitraria, requirió se imponga el mínimo de la escala penal aplicable al caso; sea respecto al delito de hurto agravado o hurto simple (v. fs. 9).
En tercer término, señaló que "...no corresponde la unificación de la pena impuesta en la presente con la recaída en la causa n° 3040 del Juzgado de Ejecución Penal n° 2 del [Departamento] judicial de Morón, toda vez que la misma había sido agotada cuando se dictó la sentencia en la presente. De modo tal que no se da la circunstancia preceptuada en el art. 58 del Código de fondo en cuanto establece que 'Las reglas precedentes se aplicarán también en el caso en que después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que está cumpliendo pena por otro hecho distinto'" (fs. 9 vta.).
Adunó que tampoco debió revocarse la libertad condicional, pues el fallo dictado en la presente causa se dictó "...pasados 2 años y 7 meses del vencimiento de la pena anterior (20/1/2016)" (fs. 10).
Si se entendiera que procede la unificación, solicitó se la efectúe con la sanción que corresponda a la presente (ya sea como hurto agravado o hurto simple, como coautor o partícipe secundario) con el remanente de pena que le faltaba cumplir de la condena anterior "...a partir de la fecha de comisión del delito de autos (25/11/15)" lo que determinaría un monto menor al impuesto (fs. 10).
II. Liminarmente es necesario aclarar que el auto que admitió la vía de inaplicabilidad de ley sólo lo hizo por denuncia de errónea aplicación al caso del art. 58 del Código Penal, así como por el ataque a la revocatoria de la libertad condicional efectuada (v. fs. 56 vta.). Con esos lindes serán abordados los agravios.
III. Coincido con el dictamen de la Procuración General en que el recurso debe ser rechazado por insuficiente (v. fs. 63/67).
IV. La defensa, en su recurso de apelación, planteó en el punto VI. "Revocatoria de libertad condicional y pena única" similar agravio al aquí traído (v. fs. 36 vta./39).
IV.1. El tribunal impugnado, en primer término, expuso que el juzgado de origen tomó en consideración que el delito motivo de esta causa fue cometido el 25 de noviembre de 2015, en el tiempo que el encartado se encontraba gozando de libertad condicional, antes de que se cumpliera el vencimiento de la pena impuesta en la causa n° 2775 (20 de enero de 2016). Ello así, la situación de Moreira se encontraba contemplada dentro de los parámetros establecidos por el art. 15 del Código Penal, por lo cual correspondía revocar la libertad condicional concedida al nombrado en el incidente de ejecución de pena n° 3040 del Juzgado de Ejecución Penal n° 2 del Departamento Judicial de Morón y proceder a la unificación de la pena que le restaba cumplir, con la que se aplica a la presente causa (v. fs. 46).
De seguido abordó y rechazó la queja incoada por la defensa. Para así decidir señaló que el posicionamiento adoptado por el sentenciante de grado es correcto, dado que es innegable que Moreira cometió el segundo hecho mientras se hallaba bajo el régimen de la libertad condicional, por lo cual quebrantó las condiciones establecidas por el art. 13 del Código Penal, a lo que sumó que la sentencia condenatoria es por definición declarativa y no constitutiva de culpabilidad.
Con cita de doctrina, destacó que deviene más justo tomar como punto de partida para la unificación el momento de comisión del nuevo delito, que puede determinarse con precisión en el tiempo; lo que resulta coherente con el texto del art. 58 del Código Penal que "...alude al caso en que después de una condena por sentencia firme 'deba juzgarse' a la misma persona por otro hecho distinto, y no que se 'sentencie o condene' por ese hecho. La obligación de juzgar nace con la comisión del hecho, en tanto que la de dictar sentencia surge una vez tramitado y concluido el proceso [...] la obligación de unificar pena surge desde la comisión del delito y dicha obligación no puede tornarse ilusoria por la demora en el trámite del proceso, lo que ocurriría [...] si al momento de la sentencia la pena impuesta por la condena previa se hallara íntegramente cumplida" (fs. 46 vta.).
Precisó que esta interpretación resulta coherente con el sistema del Código Penal que toma el momento de comisión del nuevo hecho como determinante de la revocación de la condena de ejecución condicional y de la calidad de reincidente (arts. 27 y 50, Cód. Penal; v. fs. 47).
IV.2. Frente a ello, el recurrente se limita a insistir con los mismos argumentos llevados ante el Tribunal de Alzada, oponiendo a lo decidido su opinión contraria, desentendiéndose de los concretos argumentos que sobre el punto brindó aquél, sin evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas (art. 495, CPP).
Cabe agregar que, conforme fuera señalado en la causa P. 126.665, sentencia de 6-XII-2017, la doctrina mayoritariamente ha interpretado esta cuestión del mismo modo en que lo han hecho ambas instancias, esto es, que la regla del art. 58 exige "...que la condena no esté cumplida o extinguida en el momento de la comisión del hecho por el que se debe juzgar nuevamente a la persona" (Núñez, Ricardo, Manual de Derecho Penal Parte General, 4ta. ed., 1999, Marcos Lerner Editora, Córdoba, pág. 268).
Ello resulta coherente con la propia letra del art. 58, "...que alude al caso en que después de una condena por sentencia firme deba juzgarse a la misma persona por otro hecho distinto, y no que se sentencie o condene por ese hecho. La obligación de juzgar nace con la comisión del hecho, en tanto que la de dictar sentencia surge una vez tramitado y concluido el proceso" (conf. Caramuti, Carlos S. en Código Penal de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y Jurisprudencial. Coordinado por Marco Antonio Terragni; dir. Baigún y Zaffaroni, 2da. ed., Hammurabi, 2007, T. 2 B, pág. 65).
No parece lógico hacer depender el principio de unidad de la pena del momento en que se dicte la segunda condena como lo pretende el recurrente, pues ese momento "...es incierto, variable conforme a múltiples factores, e incluso supeditado a la eventual duración irrazonable del proceso. Más justo y razonable parece tomar como punto de partida para la unificación el momento de comisión del nuevo delito, que puede determinarse con precisión en el tiempo" (ob. cit.).
Estos sólidos fundamentos por los que la doctrina generalmente sostiene que la obligación de unificar pena surge desde la comisión del delito y no desde el momento en que se dicte la segunda condena, no han sido desvirtuados con la argumentación ensayada por el impugnante (art. 495, CPP).
Voto, entonces, por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud , Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N°32
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2020 12:41:55 - KOGAN Hilda -
Funcionario Firmante: 27/05/2020 12:55:03 - TORRES Sergio Gabriel -
Funcionario Firmante: 27/05/2020 13:33:17 - PETTIGIANI Eduardo Julio -
Funcionario Firmante: 27/05/2020 15:01:55 - GENOUD Luis Esteban -
Funcionario Firmante: 28/05/2020 08:48:35 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel -
Fin de la sentencia