Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131026
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.026, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 80.272 y su acumulada n° 80.296 del Tribunal de Casación Penal -Sala III-, seguida a Aguirre Pared, José Luis" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Pettigiani, Torres.
La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora mediante el pronunciamiento dictado el 30 de junio de 2016 -por mayoría- resolvió fijar como límite de duración de la pena de reclusión perpetua con declaración de reincidencia impuesta al condenado José Luis Aguirre Pared, el plazo de treinta años (v. fs. 1/9).
Frente a lo así resuelto, interpusieron sendos recursos ante el Tribunal de Casación Penal, el señor fiscal general departamental (v. fs. 15/21 vta.) y la defensa oficial (v. fs. 17/22 vta. -causa n° 80.296-).
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el decisorio dictado el 24 de octubre de 2017, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por la fiscalía, sin costas, declaró procedente el articulado por la defensa de José Luis Aguirre Pared, casó la resolución impugnada y devolvió los autos a la Cámara interviniente a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme lo allí considerado (v. fs. 55/57 vta.).
El señor fiscal ante dicho órgano, doctor Carlos Arturo Altuve, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 59/64 vta.), el que fue concedido (v. fs. 72/73 vta.).
El señor Procurador General, sostuvo el recurso y aconsejó su procedencia (v. fs. 81/84 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 85), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal formula dos agravios.
I.1. En el primero, denuncia la errónea interpretación del art. 55 del Código Penal en su versión anterior a la reforma introducida por la ley 25.928 del año 2004 (v. fs. 61 y vta.).
Refiere que habiendo efectuado el Tribunal de Casación una interpretación diferente a la realizada por la instancia anterior, así como con la pretendida por la fiscalía, resulta necesario determinar cuál es el límite de duración de las penas perpetuas, en aquellos casos como en el presente, en donde no le es permitido al causante acceder a ningún beneficio liberatorio por haber sido declarado reincidente (v. fs. 61 vta.).
Explica que se encuentra fuera de discusión que la perpetuidad de las penas no era literal, toda vez que ello atentaría contra el principio de dignidad humana, como fue señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Arriola" y prohibido por nuestra Constitución nacional (art. 18).
A efectos de establecer un límite temporal al quantum punitivo, expresa que el art. 55 del Código Penal en su versión anterior, determinaba que no podía "...exceder el máximo legal de la especie de la pena de que se trate...", remitiendo así a figuras penales previstas en la parte especial del Código de rito. Señaló entonces, que en función del juego armónico de lo dispuesto por los arts. 79 y 227 ter del mismo cuerpo legal, debía determinarse que el límite de encierro es de treinta y siete años y seis meses de prisión como fuera peticionado por el señor fiscal general en su reclamo ante el tribunal intermedio (v. fs. 62 vta. y 63).
Destaca que dicha postura no resulta violatoria de derechos ni garantías constitucionales, y que fue avalada por el fallo "Estévez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
I.2. Como segundo agravio, el señor fiscal tacha a la sentencia de arbitraria por fundamentación aparente por déficit de motivación (v. fs. 63 vta.).
Sostiene que el argumento en el que se funda el órgano casatorio es ineficaz y absurdo, al señalar que la pena perpetua en todos los casos tiene un máximo de duración de veinticinco años, con o sin declaración de reincidencia. Radicando la diferencia en la posibilidad de acceder al beneficio de la libertad condicional, cinco años antes del vencimiento de la pena (v. fs. 64).
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso y aconsejo su acogida (v. fs. 81/84 vta.).
III. A su turno el señor defensor oficial del Tribunal de Casación, doctor Mario Coriolano, requirió que se rechace el recurso deducido y se fije doctrina sobre la cuestión expuesta (v. fs. 90/92).
IV. En tal sentido, y adentrándome al estudio del primero de los agravios, corresponde efectuar una breve reseña de lo ocurrido en las instancias anteriores.
Tal como se adelantó en los antecedentes, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, por mayoría, entendió que el agotamiento de la pena sería a los treinta años, al realizar un análisis en conjunto de los arts. 13, 16 y 53 del Código Penal y descartar la aplicación del art. 227 ter en el marco de las reglas del art. 55, ambos del digesto penal, por interpretar "...que el aumento de pena establecido en [...dicha] norma [...] lo es sólo para los delitos comprendidos en el título que la contiene..." (fs. 4) y que "...solo debe aplicarse cuando no modifique el máximo de la especie de pena" (fs. 4 y vta.).
Ante ello el señor fiscal general interpuso recurso de casación en el que se agravió de la inobservancia de las formas esenciales del proceso al no habérsele corrido traslado previo a la imposición del monto de pena y, de la errónea interpretación y aplicación de los arts. 55 y 227 ter del Código Penal (v. fs. 15/21 vta.).
En respuesta, el Tribunal de Casación al rechazar el recurso del señor fiscal y acoger el de la defensa (expuesto en los antecedentes); con el voto inicial del señor juez doctor Violini, refirió que "...si en el caso de los condenados no reincidentes era posible (antes de la sanción de las leyes 25.892 y 25.928), la obtención de la libertad condicional a los veinte años de cumplimiento de la pena, y las reglas de conducta se extendían por un período de cinco años más, entonces la pena prevista en el artículo 80 del Código Penal, pese a su calificación de 'perpetua', tenía en realidad un plazo máximo de duración de 25 años" (fs. 56). A lo que añadió que "...entonces, la pena perpetua aplicada a quien reviste la condición de reincidente no tiene más diferencia que la prohibición de conceder la libertad condicional, pero en cuanto a su monto, también se la debe considerar cumplida una vez cursados veinticinco años de encierro" (fs. 56 y vta.).
Finalmente cabe recordar que llegó incontrovertido a esta instancia que José Luis Aguirre Pared, ha sido condenado a la pena de reclusión perpetua con declaración de reincidencia, encontrándose detenido desde el 3 de febrero de 1999 (v. fs. 10), lo que le impide acceder a beneficio liberatorio alguno. Tampoco ha sido cuestionado que, pese al calificativo de "perpetua" que el legislador le ha dado a algunas penalizaciones, nuestro sistema constitucional no admite el encierro de por vida, lo que se compadece con la doctrina de esta Corte, que siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que aun para el caso de las penas perpetuas estas no son realmente tales -porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana-, por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (causas CSJN "Ibañez", sent. de 4-VII-2006; SCBA, P. 84.479, sent. de 17-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007 y P. 126.330, sent. de 29-III-2017).
V. Coincido con el dictamen del señor Procurador General, el reclamo procede.
VI. En primer lugar, es dable destacar que el art. 55 del Código Penal -en su redacción aplicable al caso, anterior a la reforma de la ley 25.928- establecía que el máximo de la escala penal en los casos de concurso "...no podrá exceder del máximum legal de la especie de pena que se trate".
Es así que para la determinación del tope máximo previsto para las penas privativas de libertad, remitía a las escalas penales correspondientes a los delitos de la parte especial, sin realizar distinción o exclusión alguna. Por lo cual la reforma de la ley 23.077 "Defensa a la democracia", que introdujo al Código Penal, entre otros, el art. 227 ter el que refiere que "El máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentado en un medio cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional...", es plenamente aplicable al caso con relación al art. 79 del Código Penal.
Como fuera reseñado por el señor fiscal y el señor Procurador General, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en un caso similar ( mutatis mutandi ) al desestimar que se hubiera producido una extensión analógica de la pena prevista para el art. 227 ter del Código Penal: "En efecto, el propio art. 55 -en la redacción que aquí interesa- exige al intérprete indagar en la parte especial a fin de establecer el máximo legal previsto para la especie de pena de que se trate. Por sí misma, esta sola circunstancia no basta para considerar violado el mandato de certeza (art. 18 de la Constitución Nacional), toda vez que el establecer los alcances y matices de los textos legales frente al caso concreto constituye una característica propia de la tarea de aplicación del derecho" ("Estévez", sent. de 8-VI-2010; voto de la mayoría; conf. causa P. 127.708, sent. 13-XII-2017).
Sobre la especificidad de las penas en los delitos contra el orden constitucional, el señor defensor ante el Tribunal de Casación espeja tan sólo una opinión dogmática, mas no explicita por qué debería dejarse de lado la aplicación del art. 227 ter del Código Penal.
Como ya lo expuse en mi voto (conf. causa cit.) si bien hay una amplia corriente del pensamiento doctrinario especializado que entiende que el límite temporal debe ser el de veinticinco años, nunca ha sido expresamente reconocido por nuestro legislador.
Por el contrario, hace casi una década que el Congreso nacional definió como pena máxima de prisión divisible la de cincuenta años (art. 55, Cód. Penal; conf. ley 25.928, B.O., 10-IX-2004), por lo cual el incremento del monto de pena privativa de libertad temporal para el caso de unificación y concursos, a treinta y siete años y seis meses de prisión (arts. 55 -según versión anterior ley 25.928-, 79 y 227 ter ; Cód. Penal) no vulneraría precepto constitucional alguno (art. 18, Const. nac.).
VII. En función de lo expuesto en el punto anterior, no corresponde tratar el embate que denuncia la arbitrariedad por fundamentación aparente.
VIII. Por lo tanto, propongo al acuerdo casar parcialmente el pronunciamiento impugnado, devolver los autos a la instancia de origen, para que se dicte una nueva resolución de conformidad con lo que antecede (art. 496, CPP).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Al igual que el colega preopinante, señor Juez doctor de Lázzari, considero que corresponde acoger el recurso del representante fiscal con el alcance que sigue.
II. Para dar fundamento a la solución que propicio es menester efectuar un repaso circunstanciado de las constancias relevantes del caso.
II.1. Del presente legajo surge que José Luis Aguirre Pared se encuentra condenado a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, con más declaración de reincidencia, por resultar coautor responsable de los delitos de robo doblemente agravado por el uso de armas y su comisión en banda, en concurso real con homicidio calificado cometido para asegurar el resultado de otro delito y procurar su impunidad (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 50, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 y 167 inc. 2, todos del Cód. Penal; de la causa n° 30.005 del registro de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora).
II.2. A fs. 1.719/1.720 del expediente principal consta que el condenado solicitó que se compute la pena de conformidad con las previsiones de la ley 24.390, estableciéndose el límite de duración de la condena impuesta.
II.3. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cuya disposición el condenado se halla detenido, señaló -en lo que importa y mediante el voto mayoritario de los jueces Rolón y Tristán Rodríguez- que "...hasta que el condenado a prisión [...o reclusión] perpetua no haya cumplido el requisito temporal fijado por la ley para la obtención de la libertad condicional, no es necesario fijar la fecha en la que podrá reintegrarse al medio libre, ya que de obtener dicho beneficio, si cumple con las obligaciones impuestas y no le es revocado, la pena se extinguirá en el plazo estipulado en el art. 16 del C.P." (fs. 2).
Ahora bien, si cumplido el requisito temporal fijado por el art. 13, "...no acced[iere] al beneficio por cualquier razón (dictámenes inconvenientes, conducta irregular, inexistencia de un domicilio que le permita cumplir con las obligaciones previstas por el art. 13 del C.P., etc.), debe establecerse la fecha en la cual operará el agotamiento de la pena impuesta" (fs. 1 vta.). Ello, en el entendimiento de que "...es necesario fijar un límite al encierro indefinido" (fs. 2). Y del mismo modo debe procederse respecto del condenado a prisión o reclusión perpetua, que a su vez ha sido declarado reincidente, ya que no puede en razón de esa circunstancia acceder a la libertad condicional (art. 14, Cód. Penal), por lo que "...deberá cumplir la totalidad del término que se fije como límite del encierro" (fs. cit.).
Con cita del precedente "Giménez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fuera aplicado por esta Corte en la causa P. 84.479, sentencia de 27-XII-2006, recordó que "...las penas 'realmente' perpetuas resultan incompatibles con el art. 18 de la Constitución nacional que prohíbe toda especie de tormento, vulnerando el principio de resocia[lización] de la pena..." (fs. 3); y siendo que a semejanza de aquel, el aquí condenado a reclusión perpetua carece de la posibilidad de acceder a la libertad condicional por haber sido declarado reincidente, estimó que concierne al órgano jurisdiccional, "...en relación complementaria entre el principio de legalidad y el de judicialización" determinar la fecha de vencimiento de la pena "atemporal" impuesta, a través de determinados parámetros (v. fs. 3 vta.).
El primer votante, doctor Rolón, por reputar que "...la interpretación del art. 227 ter en el marco de las reglas del art. 55 de la parte general [del Código penal] confronta con los principios de legalidad, racionalidad y proporcionalidad mínima de la pena..." (fs. 4), alterando la sistemática del régimen al convertir las sanciones temporales en más severas que las indivisibles, verbigracia: en lo que respecta a la libertad condicional y el agotamiento de pena, concluyó que dicho precepto "...sólo debe aplicarse cuando no modifique el máximo de la especie de penal", siendo este el de veinticinco años de prisión, a tenor del régimen normativo vigente en oportunidad de los hechos aquí en ciernes (v. fs. 4 vta.). También dijo que ante la necesidad de fijar el máximo de la pena a perpetuidad con reincidencia, "...evaluando las pautas que el sistema penal ofrece para concluir las condenas aplicadas, ya sea en el artículo 16 como en el 53 del código Penal" (fs. cit.), correspondía prolongar por cinco años más el máximo referido (para las temporales) y "...encontrar en tal límite la extinción de la pena aplicada" (fs. cit.). Asimismo, en razón del fallo dictado por esta Corte en la causa P. 106.416, sentencia de 1-IX-2010, descartó la aplicación del "computo privilegiado" establecido para la pena de prisión (según ley 24.390), luego de los dos años de detención en prisión preventiva, respecto de la de reclusión, vigentes las diferencias entre ambas especies (v. fs. 4 vta. y 5).
Dejando a salvo su opinión contraria sobre la necesidad de individualizar la extinción de la pena a perpetuidad, el juez Little adhirió al voto del ponente respecto a que el límite para el caso opere a los treinta años de cumplimiento de pena y también acerca de la no aplicación del art. 7 de la ley 24.390.
Por su lado, el juez Tristán Rodríguez, en minoría, sostuvo que la denominada como pena perpetua no podía ser cuantitativamente inferior al máximo de la pena divisible, que, en caso de concurso real de delitos, por imperio de los arts. 55 y 227 ter del Código Penal, puede extenderse hasta los treinta y siete años y seis meses, con cita del fallo "Estévez" de la Corte federal. A su criterio ese es el máximo de la pena temporal que debía fijarse en el caso. En los demás, adhirió a lo dicho por los colegas precedentes en torno a la inaplicabilidad del art. 7 de la ley 24.390 a la pena de reclusión.
Establecido así el sentido del fallo, se ordenó que se practique por secretaría el respectivo cómputo de pena a fin de determinar la fecha de vencimiento de la impuesta a José Luis Aguirre Pared.
II.4. El 30 de junio de 2016, el actuario estableció que el condenado Aguirre Pared se encontraba detenido en la presente causa desde el 3 de febrero de 1999, fecha en que fue anotado a disposición conjunta con el Juzgado nacional de Menores n° 6, habiendo permanecido privado de su libertad, para entonces, durante diecisiete años, cuatro meses y veintiocho días, restándole cumplir doce años, siete meses y dos días para agotar la pena de reclusión perpetua, con más la declaración de reincidencia cuyo límite se determinó -por mayoría- en treinta años. En consecuencia, según el cómputo de pena que se aprobó en la fecha indicada, aquella vencería el 2 de febrero de 2029 (v. fs. 10 y 11 vta. del presente legajo).
II.5. Contra el pronunciamiento reseñado, interpusieron recurso de casación ambas partes.
El señor fiscal general del Departamento Judicial de Lomas de Zamora objetó que previo a fijar el referido límite temporal no se hubiera requerido la opinión de su Ministerio a fin de garantizar la vigencia del principio de contradicción (v. fs. 17 vta.). Además, reclamó que aquel se fije en treinta y siete años y seis meses de prisión, pues en función del juego armónico de los arts. 79 y 227 ter del Código penal y la regla del art. 55 del mismo cuerpo normativo vigente al momento de los hechos (art. 2, Cód. Penal) que establecía que el encierro en caso de concurso real de delitos no podía exceder "...del máximum legal de la especia de pena de que se trate", que estimó en el tope antes indicado, la determinación de la pena a perpetuidad no podía quedar por debajo de aquel (v. fs. 15/21 vta.). Estos agravios fueron mantenidos por el representante fiscal ante el Tribunal de Casación (v. fs. 29/30, legajo n° 80.272).
La defensa del condenado, por su lado, abogó que el máximo de duración de la pena se enmarque en veinticinco años de encierro (v. fs. 17/22 vta., legajo n° 80.272).
II.6. Atento la conexidad objetiva y subjetiva se procedió a la acumulación de ambos incidentes (v. fs. 36, legajo n° 80.272), y previa vista a las respectivas partes (v. fs. 38/40 vta. y 42/43), se procedió el 24 de octubre de 2017 a dictar la sentencia que aquí se fiscaliza (v. fs. 45/47 vta.).
II.7. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal rechazó por improcedente la queja del fiscal sobre la violación al principio de contradicción y la pretensión de nulidad que la acompañaba, ante la falta de acreditación de prejuicio concreto derivado de la resolución impugnada (v
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