Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 125100
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 125.100, "Gómez, Benicio Eusebio s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 54.351 del Tribunal de Casación Penal, Sala I" y su acumulada P. 124.585, "Brindo, Héctor Rubén s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa N° 54.351 del Tribunal de Casación Penal, Sala I" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres.
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de agosto de 2014, rechazó los recursos de casación planteados por las defensas particulares de Héctor Rubén Brindo y de Benicio Eusebio Gómez, contra la sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Nicolás que los condenó a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores penalmente responsables del delito de imposición de tortura agravada por el resultado de la muerte de la víctima, en los términos del art. 144 ter incs. 1 y 2 del Código Penal (v. fs. 117/125 vta. del presente legajo de casación).
Contra lo así decidido los defensores de confianza de los nombrados, doctores Gustavo Néstor Haure y Aquilino José Giacomelli, interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley -P. 125.100 y P. 124.585- a fs. 150/164 y 168/181, respectivamente, los que fueron concedidos por esta Suprema Corte mediante resolución de fs. 206/207 vta.
La Procuración General dictaminó a fs. 192/199 vta. Dictada la providencia de autos a fs. 131 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por las defensas de Benicio Eusebio Gómez y de Héctor Rubén Brindo?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Preliminarmente es necesario aclarar que como los dos recursos impetrados contienen iguales agravios e idéntica fundamentación (v. fs. 150/164 y 168/181, citas del legajo de casación), se los tratará conjuntamente.
II.1. Los recurrentes denunciaron la errónea aplicación del art. 144 ter incs. 1 y 2 del Código Penal "...debido a la falta de comprobación de la existencia de torturas por parte de los imputados hacia la víctima de autos" (fs. 151 y 169).
Luego de analizar las declaraciones de los doctoresÁvalos, Caro y Palonsky, quienes revisaron a la víctima ante el cuadro que presentaba, consideraron que fue clara la errónea aplicación de los preceptos legales referidos, y que en caso de condena, el correcto encuadre jurídico debió ser el de homicidio preterintencional previsto en el art. 81 inc. "b" del Código Penal (v. fs. 152 y 169 vta.). Alegaron que en la causa no pudo demostrarse la existencia de "dolo homicida" por parte de los acusados, "...y ni siquiera aún la de provocar un daño" (fs. 152).
Sostuvieron que las pericias anatomopatológicas debieron conducir al encuadre por ellos propugnado, pues el medio empleado con el cual se habría atacado a la víctima no podía razonablemente producir la muerte de un individuo, sin perjuicio de que, se insiste, "...no se apreciaron en su cuerpo evidencias de marcas, heridas, golpes[,] hematomas, etc.[,] como así tampoco la misma víctima no ha manifestado que su dolor [fuera] producto de una golpiza recibida de parte de los efectivos policiales" (v., en particular, fs. 170).
Agregaron que el tribunal no revisó la arbitraria fundamentación de la sentencia condenatoria dictada por la instancia basada en "...las declaraciones de oídas e interpretaciones parciales y por ende subjetivas, en las que construye gran parte de su convicción para dictar sentencia" (fs. 152 vta. y 170 vta.). Señalaron que tampoco se realizó pericia de ADN sobre las bolsas de nylon secuestradas en la comisaría (v. fs. 153 y 170 vta.).
Cuestionaron también la autoría adjudicada a sus defendidos pues, estiman, habría sido con vulneración del principio de in dubio pro reo ya que los imputados resultaron juzgados en base a presunciones, suposiciones y conjeturas, verbigracia: por ser el señor Brindo el encargado del servicio de calle de la Comisaría Primera de San Nicolás y quien llevó adelante la diligencia de allanamiento, mas sin ningún otro dato de relieve que lo vincule al hecho (v. fs. 170 vta.).
Indicaron que esta Corte en la causa P. 56.887 anuló la sentencia de la Cámara de San Nicolás, y en el ámbito del juicio de reenvío el Tribunal de Casación se apartó de lo allí decidido volviendo a considerar la declaración de Bouchón, pese a la nulidad declarada (v. fs. 155 y 172 vta.).
II.2. También denunciaron la violación del principio de congruencia y del derecho de defensa en juicio, toda vez que durante la totalidad del transcurso de la investigación penal sumarial se investigó e imputó a sus pupilos los delitos de apremios ilegales y homicidio preterintencional, sin embargo al momento de pronunciarse en el fallo sobre dicha cuestión, el tribunal sentenciante los condenó por el delito de torturas agravadas por el resultado de la muerte de la víctima (v. fs. 155 vta. y 173).
En definitiva, solicitaron la libre absolución de sus defendidos y, subsidiariamente, que se los condene conforme los delitos de apremios ilegales y homicidio preterintencional (arts. 144 bis inc. 2 y 81 inc. 1 punto "b", Cód. Penal).
II.3. Requirieron, asimismo, que se declare la prescripción de la acción penal, con independencia de la calificación legal que se adopte, pues el hecho por el cual se da inicio a la causa ocurrió el 11 de marzo de 1993, con una prescripción que habría sido interrumpida por un requerimiento fiscal del 22 de diciembre del mismo año, por lo que afirman que contando desde dicho momento hasta la actualidad ya ha transcurrido el plazo de quince años pautado por el art. 62 inc. 1 del Código Penal, para que opere la prescripción de la acción "...sin que medie una causal de interrupción de dicha acción penal, ya sea comisión de un nuevo delito o secuela de juicio, conforme artículo 67 redacción anterior a la ley 25.990 del Código Penal" (fs. 159 y 176 vta.).
Agregaron que el caso lleva más de veinte años de tramitación siendo ello una clara violación de garantías y derechos constitucionales y del art. 2 del Código Procesal Penal, toda vez que la persona que fuere sometida a proceso debe ser juzgada en un tiempo razonable (v. fs. 159 vta. y 176 vta.).
Ambos defensores abogaron por la declaración de la prescripción de la acción penal o la extinción del proceso por violación del plazo razonable. Ahora bien, el cómputo de la prescripción resulta dependiente del resultado que tenga el agravio -también formulado por ambas defensas- concerniente al encuadre legal del hecho. De manera que antes de considerar los planteos acerca de la subsistencia de la acción penal, resulta necesario analizar lo concerniente al hecho y la subsunción jurídica correspondiente.
III. En concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General, estimo que los planteos vinculados con la fijación de los hechos y sus pruebas, así como lo concerniente al significado jurídico que se les atribuyera, deben ser rechazados.
IV.1. Los recurrentes afirmaron que no se probaron las torturas y la muerte a la que condujo que se les imputara a sus asistidos. En defecto de la absolución requirieron que el hecho fuera encuadrado bajo la norma del art. 81 inc. "b" del Código Penal (v. fs. 152 -por Gómez- y 169 vta. -por Brindo-).
IV.2. Se sabe que, por regla, las cuestiones relativas a la determinación del hecho y la participación del acusado, junto con la valoración de los elementos de prueba que les da sustento, no son propias del ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo supuestos excepcionales que no han sido evidenciados (art. 494, CPP). Pues, le está vedado al Tribunal descender a la exposición, representación o valoración que de ellos hubiera realizado el a quo. Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal salvo los casos de absurdo, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a la Suprema Corte revisarlos, máxime cuando no se configuran algunos de esos supuestos de excepción, y se ha satisfecho el derecho a la revisión del fallo de condena (conf. causa P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido: causas P. 75.228, sent. de 20-X-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII-2007; P. 127.032, sent. de 17-V-2017; e.o.).
IV.3. Se advierte del resumen efectuado en los antecedentes del caso que los cuestionamientos referidos al encuadre jurídico son enteramente dependientes de la valoración de la prueba del hecho.
En rigor, las discrepancias de las defensas se refieren a la conclusión a la que llegaron ambas instancias precedentes según la cual Ramón Bouchón, en el interior de la Comisaría Primera de San Nicolás de los Arroyos, en la oficina que por entonces correspondía al servicio de calle -al que había sido ingresado indebidamente- fue sometido, por parte de tres efectivos policiales, a un fuerte castigo mediante golpes y maniobras de sofocación a través de una bolsa de plástico o nylon en su cabeza y como resultado de ese brutal ataque sufrió lesiones de distinta consideración, una de ellas en el músculo psoas y la arteria ilíaca primitiva, en la zona lumbo-ilíaca del lado izquierdo lo cual le provocó una oclusión arterial por disección de placas ateromatosas, trombosis e isquemia aguda que afectó la región y condicionó en forma severa la funcionalidad y vitalidad de la pierna izquierda; el daño causado, pese al tratamiento quirúrgico, obligó a la amputación del miembro, derivando horas después en su muerte -acaecida a tres días de la agresión- al no haber cedido la oclusión arterial y ante el deterioro progresivo de los órganos vitales, facilitado por una patología de base que comprometía su salud.
Se tuvo por acreditado que Ramón Bouchón, en el marco de un allanamiento en su domicilio fue trasladado a la referida comisaría -aunque, según un informe incorporado por lectura, la orden judicial refería a otra persona de nombre Carlos Bouchón, mientras se habría justificado por el comisario Martínez que este resultó detenido por averiguación de antecedentes en el ámbito de aquella otra investigación-, en circunstancias, según refirieron sus familiares: esposa, hijos y nuera, en que se hallaba vestido con un short y ojotas, y que no presentaba ningún problema de salud cuando se lo llevaron. Por eso, y las irregularidades constatadas respecto del horario asentado en el libro de guardias y demás circunstancias del procedimiento, el tribunal del juicio entendió que existían serias discordancias respecto de la detención de la víctima (v. fs. 16).
Del informe médico del doctor Zunino incorporado por lectura, en la anamnesis, que data del día siguiente a la detención, se transcribe que la víctima habría relatado al galeno la paliza recibida por el personal policial, con fuertes patadas, mientras le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico, habiendo sentido "...que se le paralizaba la pierna izquierda" (fs. 15), y que tras ser revisado por un médico de la policía donde se constató que cursaba una isquemia aguda, que le impedía movilizarse por sus propios medios, fue trasladado al referido nosocomio, con detalle del estado clínico del paciente que ya había sido sometido a cirugía. En el mismo sentido declaró el médico de guardia doctor Palonsky, quien relató que la víctima manifestó "...que nunca le habían pegado así", ante la presencia de un hematoma traumático y demás lesiones, incluso en zona abdominal (fs. 15 vta.).
El resto de la historia clínica, también incorporada por lectura al debate, ilustró sobre el estado de salud de Bouchón desde su ingreso a la unidad hospitalaria, de los tratamientos médicos efectuados, y del resultado mortal finalmente acaecido. El cirujano doctor Biurrum que lo operó dos veces refirió que al comenzar la intervención encontró mucha sangre en el psoas, que tenía una isquemia severa, grado cuatro, con impotencia funcional, sumado a la lividez que presentaba, indicaba una evolución de seis horas.
Entonces, de las diversas constancias y testimonios a los que aludió el sentenciante de grado infirió que Bouchón habría permanecido alrededor de tres horas en forma ilegal detenido en la comisaría, siendo que consta que a las 22:15 hs. una ambulancia del C.E.M. lo trasladó al hospital local (v. fs. 17), sin poderse determinar otras precisiones debido a la constatada alteración del libro de guardias, según dio cuenta la pericia caligráfica (v. fs. 18), ocasión en que recibió la brutal golpiza descripta, afectando la mentada arteria, que causó la trombosis, todo lo cual culminó con el conocido resultado letal, a consecuencia, según determinaron los médicos, del proceso traumático padecido, sin advertirse fallas en la intervención de los profesionales que actuaron en el nosocomio al que fuera derivado; porque, más allá de alguna predisposición clínica de la víctima, lo determinante fue el referido cuadro traumático.
Aunque ante casación la defensa cuestionó el nexo causal, el tribunal intermedio estimó que tanto los testimonios vertidos durante la audiencia de debate como los informes médicos incorporados al proceso abastecían la conclusión de los profesionales de la salud que se expidieron por el origen traumático de la lesión que desencadenó el resultado letal (v. fs. 120 y vta.) y la participación de los aquí imputados como autores de la golpiza propinada a la víctima de autos.
IV.4. Los argumentos contenidos en los recursos acerca de la acreditación de los hechos y la autoría de los encartados en modo alguno demuestran la arbitrariedad que invocan las defensas.
Se limitan a citar la regla de la duda (art. 1, CPP) y a destacar que no se hizo un examen de ADN sobre las bolsas de nylon secuestradas con las que se habría practicado tormento a la víctima (v. fs. 153 y 170 vta.). Nada dicen acerca de la prueba testimonial que tuvieron en cuenta tanto la instancia del juicio como la de casación (v. fs. 13/15 y 119 vta., respectivamente), junto con el reconocimiento del propio imputado Brindo en su declaración indagatoria, de haber sido quien interrogó a Bouchón -la víctima-, y que tanto el nombrado como Gómez "...tuvieron activa participación en el diligenciamiento de la orden de allanamiento y secuestro" en la que fuera aquel detenido y luego llevado a la comisaría, para ser alojado en la oficina correspondiente al servicio de calle (v. fs. 17).
En cuanto a Gómez, se indicó que entraba y salía de la oficina en la que era interrogado Bouchón (v. fs. 22). La sentencia citada descreyó de la afirmación de Brindo de no haber castigado a la víctima durante su interrogatorio (v. fs. 17 vta.). Con base en prueba indiciaria puso de resalto que Bouchón caminaba sin ninguna dificultad cuando fue detenido, tal como lo pusieron de resalto los testigos, habiendo ingresado sin lesiones constatadas y que luego del interrogatorio ya no lo podía hacer (v. fs. 22/23), detallando las dolencias que eran observables en el detenido y el traslado de urgencia a un centro médico que por ese motivo hubo de realizarse (v. fs. 17 vta. y 18 vta.). Frente a este estado de cosas, estimo que los recurrentes no han demostrado que el fallo que atacan adolezca de arbitrariedad en la evaluación de los elementos de convicción obrantes en la causa.
IV.5. Para revisar la prueba de los hechos y su valoración por la vía de la arbitrariedad, es preciso demostrar que las conclusiones que se impugnan son el producto de un error grave, grosero y manifiesto, que deriva en afirmaciones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa, que conducen irremediablemente a la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 337:1252; 321:507; 308:248; 306:1115, a contrario sensu).
En el remedio bajo estudio, los defensores de los imputados sólo exponen una opinión personal, divergente a la del juzgador, que no plasma la concurrencia de la arbitrariedad fáctica denunciada. Tampoco evidencian que el reproche practicado contra estos sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia. En suma, la arbitrariedad aducida no ha logrado ser patentizada a efectos de revertir la suerte de lo decidido (art. 495, CPP y su doctr.).
IV.6. Lo dicho es aplicable al planteo subsidiario acerca de si, por su entidad, los golpes propinados a Bouchón fueron los determinantes de su muerte. La sentencia del juicio tuvo en cuenta, entre otras pruebas, el informe del doctor Zunino -incorporado por lectura- al que se hiciera referencia, lo declarado por el doctor Biurrum, cirujano que operó a Bouchón y el testimonio de los médicos convocados para atender a la víctima en la comisaría. Resume la sentencia que estos manifestaron que cuando lo fueron a ver Bouchón "Estaba en la cocina, frente al consultorio médico, sentado, muy dolorido en su miembro inferior izquierdo, no podía pararse ni caminar. Con ayuda lo llevaron a un lugar con luz para poder revisarlo. Le sacaron el pantalón y le vieron una pierna cianótica, sin pulso. Advirtieron una isquemia aguda que podía traer males mayores. Dijeron que tenía que ser trasladado urgente a un centro médico para su atención. Que el cuadro era crítico, motivo por el cual se detuvieron en ese problema ya que la urgencia no daba para una revisión y anamnesia completa" (fs. 18 vta.).
El Tribunal de Casación se remitió a este análisis, transcribiendo parte de las consideraciones de la instancia del juicio a las que antes se hiciera mención (v. fs. 119 vta. y 120 y 122 vta.). De modo que, más allá de lo que se opine sobre el peso de estas pruebas, los fundamentos brindados para sostener el juicio de imputación objetiva entre los groseros castigos y la muerte, esto es que el resultado letal producido ha sido la concreción o realización del riesgo creado por la acción de los aquí imputados, descartan que la condena sea arbitraria, extremo que -como se anticipara- es el único que puede ingresar a la revisión extraordinaria.
Por lo demás, la parte no realiza ninguna explicación adicional que justifique que en la protección penal del homicidio (en el caso, derivado de -o, a consecuencia de- las torturas propinadas) el autor no deba cargar con la débil constitución física o, a veces, anímica del afectado, tal como pareciera surgir de su reclamo sin mayor consideración sobre el asunto. Media aquí también insuficiencia impugnativa (doctr. art. 495, CPP; causa P. 123.353, sent. de 13-XII-2017).
Se reitera entonces que como el pretendido cambio de calificación legal iba a remolque de las críticas a las cuestiones de hecho y prueba que se confirman, no pueden ser atendidos.
Como refiere el señor Procurador General en su dictamen, dicha queja reposa exclusivamente en el cuestionamiento de los extremos que exige la calificación endilgada, y a sostener dogmáticamente que no se ha acreditado ni el "dolo homicida" ni la intención de "causar un daño" para aplicar el precepto en cuestión (art. 144 apartado tercero incs. 1 y 2, Cód. Penal), sin intentar siquiera los recurrentes demostrar la existencia de un supuesto de excepción que habilite a esta Corte la revisión de cuestiones fácticas y valorativas en esta sede (v. fs. 196 vta.), postura que comparto.
V. Tampoco cabe acoger el agravio relacionado con la violación al principio de congruencia que portan lo
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