Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132066
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.066, "V., A. R. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 89.566 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani .
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 28 de noviembre de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensora particular de A. R. V., contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que lo condenó a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con promoción de la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante -dos víctimas- (v. fs. 124/138).
Contra esa decisión, la defensora particular del imputado, doctora María Virginia Stacco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 146/156), que fue concedido por el órgano interviniente (v. fs. 166/168).
Oído el señor Procurador General a fs. 174/182, dictada la providencia de autos (v. fs. 183), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La defensa denuncia errónea calificación legal en tanto la conducta imputada a V. fue encuadrada en el delito de corrupción de menores, pues -en su opinión- no se acreditó la concurrencia de todos los elementos tipificantes de la figura.
Pone de manifiesto, luego de transcribir los agravios llevados ante el órgano casatorio, que en ningún momento, siendo esa su principal crítica, se determinó concretamente el tipo de conducta desplegada con entidad para constituir el delito de corrupción y diferenciable de los de abuso sexual enrostrado. Pues, sostiene, no se identifica el plus que diferencia la corrupción del abuso sexual gravemente ultrajante (v. fs. 148 vta.). Aparte de la ausencia de la determinación específica de la conducta corruptora, también hace foco en el componente subjetivo, porque, más allá de la realización de actos objetivamente idóneos, debe probarse la intención del sujeto activo (v. fs. cit. y 149).
Afirma que debe acreditarse la desviación del normal desarrollo de la sexualidad, que no basta con determinar la aptitud del acto corruptor, debiendo estarse a los efectos ciertamente producidos, extremos que no se han constatado en autos (v. fs. 150 y vta.). Señala que la corrupción de menores "...es una figura dolosa (dolo directo) y por tanto exige para su configuración que el autor tenga conocimiento y voluntad de realizar actos de entidad corruptora" (fs. 151 y vta.).
Se disconforma con el mérito otorgado a la declaración de la menor Y. T. en Cámara Gesell y señala que si bien la efectivización de dicho acto procesal fue notificado a la defensa, esta no concurrió en esa oportunidad generando una situación de indefensión.
Por otra parte, se queja por la negativa del tribunal a que la menor declare en el debate (v. fs. 152 vta.).
Se agravia del contenido de las manifestaciones de la joven pues su relato resultó confuso y contradictorio; no detalló siquiera una ocasión en la que pudiese describirse el modo, tiempo y lugar del hecho, no fueron espontáneas sino inducidas. Apunta una contradicción entre lo declarado por la joven y su primo A. I., quien según los dichos de la primera habría participado en los actos obscenos que eran obligados a realizar por el encartado.
Señala que, pese a que la menor indicó que el imputado le exhibía fotos y videos pornográficos y hacía que sacara fotografías con el teléfono móvil, no se secuestró ninguna computadora ni celular, tampoco los testigos G. G., A. I., A. V. y L. T. mencionaron la existencia de videos o imágenes con contenido pornográfico (v. fs. 153 y vta.).
Solicita la nulidad del pronunciamiento en lo tocante al delito de promoción de la corrupción de menores, en tanto el a quo se limitó a enumerar las circunstancias tenidas en cuenta para calificar el hecho, mas no realizó una justificación apropiada de los motivos para adecuar la conducta del incuso en el delito de mención.
I.2. En segundo término denuncia ausencia de fundamentación en la determinación de la pena, pues solo hay una mención respecto a las pautas atenuantes y agravantes, sin especificar el modo en que han influido concretamente en la selección del monto de la sanción (v. fs. 153 vta. cit./154 vta.).
Se queja de la valoración como agravante de pena de "...la escasa edad de las víctimas" ya que no se acreditó con la certeza requerida el inicio de la conducta ilícita respecto de cada una de ellas.
Entiende que hubo una superposición de circunstancias agravantes en la medida que el abuso de menores de trece años de edad ya se agrava por sí solo y se utilizó, también, la edad de las víctimas para sustentar el delito de corrupción de menores agravado (v. fs. 155).
En orden a la severizante referida a "...las secuelas producidas en las víctimas", precisa que los peritos fueron contestes en afirmar que los traumas tienen multicausalidad, es decir, no se deben a una causa específica y mucho menos en el caso en particular (v. fs. cit. y vta.).
Concluye que debería modificarse el quantum punitivo aplicándose el mínimo legal.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 174/182).
Coincido en que el recurso no prospera.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por debidamente acreditado que A. R. V. resultó autor responsable de los siguientes sucesos: Hecho 1: "Haber abusado sexualmente de la joven L. L. T. -de 22 años de edad- desde sus cinco años hasta que tuvo 20 años de edad, tanto en el domicilio del sindicado en Pablo Lejarraga n° … de[Bahía Blanca], como en los sucesivos domicilios de su progenitora –S. d. C. M. Y.- sitos en: Necochea n° … de [Bahía Blanca], el primero de ellos, desde que la joven tenía cinco años hasta sus nueve años, luego [...] el de la calle Los Naranjos n° … de [Bahía Blanca] -desde los 9 hasta los 13 o 14 años de la misma- y, finalmente, en el domicilio de Pablo Lejarraga n° … de [la misma ciudad]. Dichos abusos consistían en tocamientos por debajo y por arriba de la ropa y le practicaba sexo oral a la joven, ello ocurría por la mañana cuando la Sra. S. d. C. M. Y. se iba a trabajar y dejaba a la joven al cuidado del sindicado" y Hecho 2: "Haber abusado sexualmente de la joven Y. T., de actuales 16 años de edad, desde que la misma tenía, aproximadamente, cinco años hasta sus trece años [...] inclusive, en el domicilio del sindicado y en el de su progenitora, S. d. C. M. Y., sito en Pablo Lejarraga n° … de [Bahía Blanca] y Pablo Lejarraga n° … domicilio del causante, consistiendo los abusos en tocamientos por arriba y por debajo de la ropa en su zona vaginal y anal como en sus pechos. El sindicado, asimismo, se bajaba los pantalones y obligaba a la niña a tocarle sus partes íntimas, hacía que le saque fotos y le suministraba revistas y videos de contenido pornográfico. Estos hechos ocurrían en ocasión en que su madre se iba a trabajar, cuando la niña quedaba al cuidado del sindicado" (fs. 32 vta. y 33).
Consideró al imputado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con promoción de la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante (arts. 54, 55, 119 segundo párrafo y 125 segundo párrafo, Cód. Penal).
III.2. El Tribunal de Casación, en lo que importa, rechazó los agravios de la defensa encaminados a cuestionar la calificación legal del delito de corrupción de menores. En tal sentido señaló, que "... las prácticas llevadas a cabo por el encartado tuvieron lugar dentro del contexto propio de los abusos denunciados por Y. T., y que poseen la aptitud corruptiva que la ley impone para el tipo penal en cuestión", pues las mismas comparten objetivamente las características de idoneidad con potencialidad corruptora que entrañen peligro de desviar el comportamiento sexual de la víctima, y que dada la modalidad, reiteración y consecuencias de dichas prácticas, fue posible inferir que el imputado actuó con dolo directo (v. fs. 129 y vta.).
Con cita de autor indicó que "...para ser calificada de corruptora la acción debe tender a la alteración antinatural de las condiciones en que el acto sexual se realiza en sí mismo, ya sea por inculcarse a la víctima el hábito de prácticas puramente lujuriosas o depravadas, o por actuarse en forma prematura sobre la sexualidad aún no desarrollada. Debe tratarse, en definitiva, de un acto -o serie de actos- tendientes a dejar una huella psíquica de carácter deformante" (fs. 129 y 130).
Resaltó que "...el tipo penal de corrupción comprende aquellas acciones que sean idóneas para dejar una impronta en el psiquismo de la víctima, torciendo el sentido natural, biológico y sano de la sexualidad, no siendo necesario que tales prácticas logren de manera efectiva tales fines" y que "...el art. 125 del CPen., reprime tanto promover como facilitar la corrupción de menores de edad, y que tal utilización de dichos verbos pone de manifiesto que no se trata de un delito de resultado, ya que son suficientes las acciones desplegadas con ese objetivo" (fs. 130 vta.).
Descartó las manifestaciones de la parte relativas a la falta de acreditación de la conducta corruptora y de la desviación del normal desarrollo de la sexualidad de la menor señalando que el ilícito en trato "...no es un delito de resultado que requiera de una derivación material inmediata, sino que la figura exige que la conducta tenga capacidad para torcer la psiquis de la víctima" (fs. 131 vta.).
Adunó que el tribunal de mérito puso de relieve el testimonio de la menor Y. T. al que consideró "creíble y consistente" resultando su versión clara, precisa y detallada con relación a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos enrostrados (v. fs. cit.). Rememoró que la joven contó que como su mamá tenía varios trabajos dejaba al cuidado de sus hijas a su tío V., quien cuando llegaba a la casa y ella estaba durmiendo, "...se metía con ella en la cama y comenzaba los tocamientos". Que "...cuando se levantaba, V. la hacía sentarse arriba suyo tocándole la zona genital por encima y por debajo de la ropa [...] ocurrió desde que tenía cinco hasta los trece años de edad" (fs. 132).
Indicó también "...que las acciones se daban en la casa de su tío cuando la menor iba a aprender a tocar la guitarra [...] era obligada a que le tocara el miembro viril, a sacarle fotos, mirar revistas y videos pornográficos" (fs. cit.). Recordó el momento en el que comenzaron los tocamientos como así también en el que cesaron. Contó que el encartado le bajó el pantalón e intento penetrarla, lo que no se concretó porque la menor pudo zafarse e irse a la casa de la tía.
Especificó que la testigo G. G. declaró haber visto cuando V. tocaba a Y. T. en sus partes íntimas, y "...también avaló que el acusado tenía fotos y videos en su celular, como asimismo dio cuenta de la existencia de revistas pornográficas en su casa" (fs. 132 cit.).
Destacó que el a quo "...reparó y puso el acento en lo esencialmente prematuro de las conductas llevadas a cabo por el acusado y a las que fue sometida la joven, habida cuenta que es una característica propia para el desvío del normal desarrollo de la sexualidad de un menor de edad" (fs. 132 vta.).
Aseveró que las conductas efectuadas por el sujeto activo, resultan suficientes, idóneas y aptas al menos como para promover la corrupción de Y. T., ya que "...resulta un delito de peligro que como tal no requiere de un resultado efectivo sino, como en el caso, una conducta que ostente una potencialidad corruptora que entrañe un riesgo en distorsionar el comportamiento sexual de la menor" (fs. 133).
Coligió que "...la acción por la cual el imputado sometió a su sobrina efectuando tocamientos con connotación sexual (manoseos en pechos, vagina y cola), obligándola a tocarle sus partes íntimas, a que le saque fotos, suministrándole fotos y vídeos pornográficos, conductas que se dieron de manera reiterativa y con prolongación en el tiempo, resultaron todos actos anormales, prematuros e idóneos para promover la corrupción en los términos del artículo 125 del Código Penal", los que por la modalidad, reiteración y consecuencias de dichas prácticas, debieron necesariamente representarse en el intelecto del encausado como actos pasibles de perjudicar gravemente la sexualidad de la menor, eventualidad que hace a la configuración del tipo subjetivo de la norma penal en trato (v. fs. cit.).
Estableció que en un abuso sexual el agente procura satisfacer sus deseos, mientras que en la promoción de la corrupción, el sujeto además busca ese cambio en la estructura psicológica de la víctima.
Apuntó que "...la dinámica con la que se daban los abusos de forma sistemática, habitual y con una normalidad aberrante hicieron que sus actos tuvieran una potencialidad corruptora que se encuentra amparada por el tipo penal endilgado correctamente" (fs. cit. y vta.).
IV. El planteo referido a la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal es insuficiente.
Lo resuelto por el a quo no mereció por parte de la recurrente una crítica concreta y seria, desde que la impugnación reedita los agravios llevados en el recurso de casación y no se ocupa de los específicos fundamentos sobre los cuales el tribunal revisor convalidó el encuadre legal objetado, con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa.
En rigor, el cuestionamiento se centra en que las acciones descriptas en el fallo, la prolongación en el tiempo y la reiteración de la conducta, la exhibición de fotos, videos y revistas de contenido pornográfico, no resultan suficientes para tener por configurado el conocimiento y voluntad que exige la figura en ciernes para torcer el desarrollo sexual de la menor.
Pero, tal alegación no es más que una conclusión opuesta a la del sentenciante desprovista de toda relación con el contenido de esa figura delictiva, y sin ningún desarrollo idóneo que permita corroborar por qué los hechos -tal como fueron probados- no podían ser tipificados en el art. 125 del Código Penal (art. 495, CPP).
En tal sentido, cabe recordar que es doctrina de esta Corte que "...no teniendo el art. 125 del Código Penal por núcleo la referencia a quien corrompiere sino a quien 'promoviere' o 'facilitare' la corrupción, el tipo no requiere, entonces, que se produzca la concreta corrupción. Pero, en el otro extremo, no basta con la pura actividad de ejercitar actos idóneos para corromper. Promover significa 'iniciar', 'comenzar', 'empezar', 'dar principio a una cosa', 'adelantar' algo –'procurando su logro'-, 'mover', 'llevar hacia delante'. De modo que para perfeccionarse este núcleo no es necesario que se concrete la corrupción, pero no es suficiente que se realicen actos idóneos para ello: se requiere que el autor inicie (comience, empiece, dé principio, mueva, lleve hacia adelante) la corrupción del sujeto pasivo. Y facilitar significa crear las condiciones para que ello sea posible o pueda hacerse 'sin mucho trabajo' o pueda 'suceder con mucha probabilidad'" (conf. causas P. 117.524, sent. de 1-VII-2015; P. 131.393, sent. de 14-VIII-2019; e.o.).
Y según lo decidido, el órgano casatorio -confirmando lo resuelto en la instancia de mérito- tuvo por acreditado el aspecto objetivo y subjetivo del delito de corrupción de menores, al sostener que los actos practicados por el imputado sobre el cuerpo de la víctima contaron con la entidad suficiente para torcer el normal desarrollo de su sexualidad, y que "...debieron necesariamente representarse en el intelecto del encausado como actos pasibles de perjudicar gravemente la sexualidad de la menor, eventualidad que hace desde ya a la configuración del tipo subjetivo de la norma penal en trato" (fs. 133).
Así las cosas, la defensa no logra justificar la incorrección de la aplicación del tipo penal en ciernes, en referencia a que la interpretación que efectuó el sentenciante de sus presupuestos típicos se encuentre en contradicción con la doctrina de esta Corte.
La parte insiste con su tesis acerca de la necesidad de la efectiva lesión, dejando sin debida réplica lo dicho por el a quo en cuanto afirmó que las prácticas a que fue sometida la menor se adecuaban a aquellos presupuestos por tratarse de un delito de peligro, así como que se hallaba probado el dolo requerido por la figura (v. fs. 133). Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
V. El segundo reclamo tampoco puede prosperar.
Cabe destacar que, ante similares planteos a los aquí traídos, el órgano intermedio en lo atinente a la edad de la víctima como pauta agravante de la pena indicó que "...no constituyó una doble valoración de una misma circunstancia integrativa del tipo en cuestión, porque las diversas formas que puede presentarse la comisión de los ilícitos por las que viniera sindicado el acusado pueden resultar demostrativas de diferentes intensidades de contenido de injusto en cada conducta, siendo entonces adecuado y razonable valorar ese 'plus' como una pauta que implique un aumento del monto de pena a imponer" (fs. 134).
Así explicó que la edad de la víctima está por debajo de los trece años que presupone el primer párrafo del art. 119 del Código Penal y que son considerables sólo a la hora de determinar si pudo o no consentir la relación, por lo cual, "...siendo que los abusos comenzaron para ambas víctimas a los cinco años de edad, revela un mayor contenido de injusto que debe incidir en la pena a imponerse, dado el candor propio de la edad y la mayor vulnerabilidad que se tiene en esa etapa de la vida" (fs. cit.).
Por otra parte destacó que el concepto de "gravemente ultrajante" del abuso sexual, puede serlo tanto por su duración como por las circunstancias de su realización, es una figura intermedia, en su disvalor, entre el abuso sexual simple y el abuso sexual con acceso carnal. Apuntó que contempla abusos sexuales que, por aquellas dos circunstancias, contienen un plus de reprochabilidad respecto de los meros tocamientos corporales con significación sexual del primer párrafo del art. 119 del Código Penal pero que, a la vez, no son cometidos con acceso carnal, es decir, no hay penetración del miembro viril en el cuerpo de la víctima (v. fs. 134 vta.).
Resaltó que se está en presencia de actos de abuso sexual que, tomando en consideración las circunstancias bajo las que son realizados o el tiempo de su duración, "...resulten objetivamente desproporcionados con relación a las diversas formas del abuso sexual simple, e impliquen a su vez una degradación o humillación mayor para la víctima que la normalmente producida por aquellos" (fs. cit.).
Acerca de la severizante concerniente a "las secuelas producidas en las víctimas", resaltó que "...se tuvo por acreditado que los traumas efectivamente se produjeron, entre otras cosas, por las situaciones de abuso [...] corroborado a partir de las consideraciones efectuadas por el Lic. Daniel Canosa quien así lo expresara en el plenario cuando pusiera de relieve la situación de Y. T." (fs. 135).
Mencionó que no puede soslayarse las conductas abusivas del imputado "...como uno de los fundamentos por los cuales se generaron las derivaciones en las víctimas" y que, más allá de lo expuesto respecto a las secuelas producidas en Y. T., "...el lic. en psicología Jorge Daniel Rabadan también puso de relieve las consecuencias producidas en L.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.