Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132207
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.207, "Camarero, Marcelo Fabián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 90.393 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Pettigiani , Torres , Kogan .
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de diciembre de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de Marcelo Fabián Camarero contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género -femicidio-, hecho cometido el 8 de junio de 2016 en perjuicio de María Liliana Díaz Benítez (arts. 40, 41, 45, 54, 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal) (v. fs. 147/166 con relación a fs. 44/88 -pie de página-).
El defensor particular del encartado, doctor Yamil Joel Castro Bianchi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; en ese escrito solicitó que los agravios contenidos en su impugnación sean tratados asimismo en los términos de los arts. 161 incs. 1 y 3 "a" y "b" y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 170/183 vta.). Por resolución del 19 de febrero de 2019, el tribunal intermedio concedió el de inaplicabilidad de ley y rechazó por inadmisibles los dos últimos (v. fs. 185/188 vta.), sin que por el tramo impugnativo denegado se haya articulado queja (v. fs. 206, 210 y 214).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 216/219), dictada la providencia de autos (v. fs. 220), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Inicialmente cabe señalar que, habiendo articulado la defensa los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, de nulidad y de inconstitucionalidad, sólo fue concedido el primero a los efectos de abordar aquellos agravios vinculados con la ley sustantiva y los de índole federal (v. fs. 185/188 vta.). Por lo que en ese marco serán abordados la totalidad de los planteos esgrimidos por la defensa.
I. El recurrente denunció la errónea aplicación de los arts. 106, 201, 202, 203, 210, 367, 373, 374, 375 y 461 del Código Procesal Penal y 34 inc. 1, 40, 41, 80 incs. 1, 11 y último párrafo del Código de fondo (v. fs. 171 vta.).
I.1. En primer lugar, cuestionó el rechazo del pedido de inimputabilidad de su asistido en los términos del art. 34 inc. 1 del Código Penal. Puntualmente, sostuvo que existió una errónea valoración de la prueba y que se invirtió la carga de la misma.
Alegó que a lo largo del debate intentó demostrar que Marcelo Fabián Camarero no había comprendido la criminalidad de los hechos imputados, en tanto -a su juicio- del conjunto de los relatos valorados surgiría que "...se encontraba pasando por una crisis en la que abusaba del consumo de[] alcohol y pastillas" y que además la noche del hecho se hallaba en estado de ebriedad (v. fs. 172/174).
I.2. En segundo lugar, cuestionó la calificación legal e invocó la violación del principio de legalidad y máxima taxatividad. Solicitó que el hecho sea tenido como homicidio simple (art. 79, Cód. Penal) y que se aplique el mínimo de pena que corresponda para ese delito (v. fs. 174 vta.).
En ese marco se quejó por la aplicación de las agravantes previstas en el art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal, y alegó infracción a los arts. 1 y 210 del Código Procesal Penal, pues a su juicio, la prueba analizada en su conjunto no permite llegar a un estadio de certeza como para derribar el estado de inocencia de su pupilo (v. fs. cit.).
I.2.a. En cuanto a la situación de pareja que se tuvo por configurada, expresó que en el caso no se acreditó que existiera esa relación con la víctima, ya que sólo se trató de "...una relación sexual remunerada". Agregó que a lo largo del debate logró demostrar que "...la Sra. Benítez, cuando vino del Paraguay ejerció la prostitución en un cabaret de Dorrego".
Asimismo, aludió a que la amplitud del concepto de "pareja" vulnera los citados principios, por lo que a su entender corresponde al juez arribar a una definición sobre la misma (v. fs. 175).
Adujo que el art. 80 inc. 1 del Código Penal es una norma penal en blanco y que para "darle contenido" se debe recurrir a los arts. 509 y 510 del Código Civil y Comercial de la Nación, con hincapié en que la convivencia no debería ser menor a dos años, extremo no cumplido en el caso (v. fs. 175 y vta.).
A todo evento, planteó que esta Corte debería avocarse al estudio de si la relación entre Camarero y Benítez era de carácter "...pública, notoria, estable y permanente", circunstancias que tampoco se habrían probado en el debate (v. fs. 175 vta.).
I.2.b. Con relación a la calificación prevista en el art. 80 inc. 11 del Código Penal, sostuvo que dicha agravante es imprecisa en su alcance y que en consecuencia afecta el principio de legalidad y lesividad consagrados en el art. 19 de la Constitución nacional (v. fs. 177).
En ese tramo del recurso denunció la violación al principio de la reformatio in pejus , en tanto en el fallo en crisis se sostuvo que Díaz Benítez sufría "...acoso psicológico y físico de Camarero", cuando ello -en su opinión- no ha sido probado con el grado de certeza necesaria. Además, consideró vulnerado el ne bis in idem porque se habría vuelto a valorar "...la situación de pareja para sostener que es un caso de violencia de género" (fs. cit.).
I.3. En subsidio, la defensa solicitó la aplicación de las circunstancias excepcionales de atenuación previstas en el art. 80 in fine del Código Penal, las que estimó basadas en el "exceso de consumo de sustancia y alcohol", en la "situación de vida del imputado" y en el "estado de crisis emocional antes de sucedidos los hechos", remitiéndose a los argumentos que esgrimió al alegar sobre la pretendida inimputabilidad de Camarero al momento de los hechos (v. fs. 178 vta.).
I.4. Denunció la arbitrariedad de la sentencia casatoria por haber seleccionado "únicamente" pruebas contrarias a los intereses de su pupilo. En sustento de su planteo, citó el precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 179 y vta.).
Concluyó en que el a quo hizo prevalecer la decisión del tribunal de grado con argumentos que no reposan en elementos de la causa y con fórmulas dogmáticas (v. fs. 179 vta.).
I.5. En el apartado V de su escrito se refirió a las nulidades que había postulado y cuestionó que hayan sido rechazadas. Denunció la violación de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso (v. fs. 180).
Alegó la nulidad de la acusación fiscal por estimarla imprecisa y por describir los hechos de manera "dogmática", de la declaración efectuada en los términos de los arts. 308 y 317 del ritual y de la prueba recolectada durante la instrucción (v. fs. 180 vta.).
Puntualizó su crítica sobre el rechazo de la nulidad de las pericias balística y telefónica (v. desarrollo de fs. 180 vta./182 vta.).
Respecto a la primera denunció la errónea aplicación del art. 247 del Código Procesal Penal, adujo que se había violado el plazo de tres días para proponer perito de parte y controlar la prueba de cargo; sobre la segunda hizo alusión a la falta de resguardo de la cadena de custodia de los efectos secuestrados -celulares-.
I.6. Finalmente, criticó que se desestimara el pedido de inconstitucionalidad de los incs. 1 y 11 del art. 80 del Código Penal y de la pena perpetua -allí prevista, por resultar contraria a los principios y garantías constitucionales de legalidad, máxima taxatividad, división de poderes y de igualdad- (v. fs. 182 vta./183 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación, temperamento que acompaño.
En estos autos ha quedado acreditado que "...el día 8 de junio de 2016 entre las 19,30 y las 21,00 horas, en el interior del automotor Peugeot 308 dominio OOI-656, que fuera hallado estacionado en el interior de la cochera situada en calle Irigoyen 735 de la ciudad de Coronel Dorrego, Provincia de Buenos Aires, se efectuó un disparo con un arma de fuego calibre 9 mm a muy corta distancia que impactó en el sector izquierdo de la sien de María Liliana Díaz Benítez, provocándole la muerte por destrucción de la masa encefálica, poseyendo orificio de entrada en el borde anterior de la sien izquierda y orificio de salida en la región occipital temporal derecho, por parte de una persona que mantuvo con la nombrada Díaz Benítez una relación de pareja y convivencia, en un contexto en el que se produjeron insultos, amenazas y degradación, haciendo[] uso [de] su posición de preeminencia por la condición de varón respecto de la condición de mujer de la víctima y su superioridad de fuerza" (fs. 66 y vta., sent. de condena).
El hecho descripto fue calificado como homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por violencia de género -femicidio-, en los términos de los arts. 54, 80 incs. 1 y 11 del Código Penal (v. fs. 77 vta.).
III.1.a. Frente a la alegación de la defensa sobre el supuesto estado de inimputabilidad de Marcelo Fabián Camarero, solicitado en los términos del art. 34 inc. 1 del Código Penal, el Tribunal de Casación Penal sostuvo que el sentenciante de mérito había considerado declaraciones de quienes tuvieron contacto con el imputado en un tiempo más próximo al hecho, y valorado elementos objetivos que le permitieron ilustrar "...el accionar del acusado y su estado de conciencia" (fs. 153).
En ese sentido, hizo alusión a la convicción arribada respecto a que Camarero pudo comprender el alcance de lo sucedido, ello a partir de las declaraciones de los testigos que depusieron sobre los momentos anteriores y posteriores inmediatos al hecho, como también de las diversas acciones efectuadas por el propio acusado: "...pasar a buscar a la víctima en su auto por el establecimiento educativo al cual concurría", "...tomar su arma la que llevaba a fin de usarla como lo hizo", "...disparar en la sien de la mujer", "...conducir el automóvil con la occisa ubicada en el asiento del acompañante hasta la cochera", "...abrir el portón de la misma con una llave de pequeñas dimensiones, y estacionar perfectamente el rodado a noventa grados, entre otros vehículos y columnas", y "...retirarse del lugar y comunicar lo que había hecho a sus amigos" (fs. 153 vta.).
El a quo consideró que frente a ese panorama la defensa no había logrado contestar a los interrogantes de "...¿cuán inconsciente estaba al momento del hecho?" o "¿Cuál era el estado confusional en el que estaba inmerso?" (fs. cit.).
Destacó la manera en que el tribunal de origen descartó la aplicación de la pretendida eximente, y afirmó que la prueba propuesta por la defensa para demostrar que Camarero se halló al momento del hecho en un estado de ebriedad, había estado limitada a las personas que concurrieron a la comisaría un tiempo después de ocurridos los sucesos (v. desarrollo de fs. 153 vta./158).
En ese sentido agregó que "...Camarero ingirió alcohol luego del homicidio, por lo que las declaraciones de las personas que dicen cómo llegó a la comisaría no quita ni pone a la cuestión, ya que las exposiciones de quienes tuvieron contacto con el mismo en un tiempo más próximo al hecho y otros elementos objetivos, se dan de bruces con el estado alegado por la defensa y permiten concluir que el acusado cometió la muerte en pleno estado de conciencia" (fs. 153 vta. y 154).
Concluyó que "...atendiendo al conjunto de hechos probados del veredicto está afamada la responsabilidad del imputado al no apreciarse una afectación de las facultades psíquicas que le impidiera actuar de manera distinta a como lo hiciera, sin que sea posible presumir su existencia, pues el tribunal fundamenta el rechazo de la eximente con un detallado análisis de la prueba, sobre cuya base es dable concluir que el imputado no es acreedor a que se aplique a su favor la eximente de mentas, ya que no se ha demostrado que hubiera obrado bajo los efectos de la ingestión citada por la defensa, que le hubiera ocasionado un deterioro psíquico que afectara sus capacidades intelectuales y de control inhibitorio de la conducta..." (fs. 158).
III.1.b. Ante la decisión del tribunal casatorio de descartar la eximente en examen, la defensa insiste a pie juntillas con los mismos argumentos llevados ante la instancia anterior (v. especialmente fs. 97 vta./99 vta. del recurso de casación), sin hacerse cargo de las razones que sellaron la suerte adversa de su pretensión, método ineficaz para conmover lo resuelto (art. 495, CPP).
En rigor, sus desarrollos se muestran más como una opinión discrepante que como una crítica razonada y concreta a lo puntualmente decidido por el a quo .
III.2. En cuanto a la calificación legal del suceso (conf. art. 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal), el tribunal revisor abordó su cuestionamiento y lo descartó por entender que la prueba rendida demostró la existencia de las agravantes típicas discutidas (v. fs. 158 vta.).
Sostuvo que en el caso se comprobó "la relación de pareja" entre Camarero y Liliana Díaz Benítez, y que incluso se verificó una corta convivencia en una vivienda en la ciudad de Coronel Dorrego (v. fs. cit.).
En prueba de ello aludió a lo declarado por Andrés Ranieri -amigo del acusado-, el cual refirió que "...a la víctima, a quien Camarero se refería como la 'Negra', la conoció en la casa del nombrado, que ellos estuvieron viviendo quince o veinte días, que por una discusión ella se fue, pero volvió y convivieron unos días más"; que -a su entender- los dos se encontraban en "concubinato", y que "...existía una relación sentimental, de pareja", y que "...supo de la existencia de unos videos en la que se veía a Díaz Benítez, desnuda en un hotel, y en la casa de Camarero", los cuales habrían sido difundidos por medio de WhatsApp, y que la propia víctima le había asegurado que el acusado la celaba, que estando peleados le había mandado bombones a la escuela (v. fs. 159).
El a quo agregó que en similar sentido se explayó otro amigo del imputado, Sebastián Bucciarelli, quien contó que estuvieron "...un tiempo corto juntos", que "...iban de allá para acá", y que "...fue a lo del acusado un par de veces y estaba ella, que la relación fue corta de cuatro o cinco meses, que cortaban y después volvían a empezar". También relató que ella había retomado una relación anterior pero Camarero quería regresar, y le pedía a él -a través de llamados y mensajes- que averiguara los movimientos de Díaz Benítez. Contó que la mujer tuvo que cambiar su celular debido a las llamadas por parte del imputado, y supo de la existencia de videos eróticos. Sostuvo que unos días antes de su muerte la víctima había decidido volver con su anterior pareja; que Camarero le debía dinero y que quería volver junto a la nombrada (v. fs. 159 vta. y 160).
El órgano revisor sostuvo que "...a través de la convincente prueba de cargo valorada por el tribunal, ha quedado debidamente comprobado que entre ambos existía una relación sentimental de pareja de cuanto menos un mes, como lo expresara Ranieri, llegando a cuatro o cinco meses con idas y vueltas como lo expuso Bucciarelli, situación ratificada también por Maximiliano González, compañero del Instituto donde la occisa cursaba Educación Física, el conocimiento de Ariel Fernández dueño de la confitería Plaza, y lo declarado por Ana María Ocampo quien relató que la víctima se había ido dos meses de El Perdido, contándole que le había dicho a su ex pareja que se iba a Paraguay a visitar a su familia, pero que en realidad estuvo con Camarero circunstancia que ratifica Jorgelina Ocampo" (fs. 160 y vta.).
Finalmente, sumó los dichos de Ariel Fernández, María de las Mercedes Cabrera y de Paulo Rodrigo D'Anunzio (v. fs. 160 vta.), para concluir que la relación de pareja existente antes del hecho entre María Liliana Díaz Benítez y el imputado había quedado suficientemente demostrada.
III.2.a. Por otra parte, el tribunal intermedio tuvo por comprobada la existencia de un "homicidio cometido en un contexto de violencia de género", y sostuvo que Díaz Benítez sufría el acoso psicológico y físico de Camarero. En ese sentido, memoró que en el veredicto se hizo referencia a los insultos de parte de aquel hacia la víctima a quien le decía "negra puta"; a la entidad de las molestias que confluyeron en el cambio de teléfono por parte de aquella para evitar ser contactada por el imputado; a la degradación y humillación pública a partir de las imágenes de la mujer desnuda que fueron "desparramadas" por el acusado; a la insistente averiguación de sus movimientos a través de terceras personas; a la interferencia en la intimidad del celular de la víctima en cuanto esta había comprobado a través de una aplicación que el imputado revisaba sus comunicaciones y la amenazaba mediante la exhibición de un arma de fuego (conforme lo declarado por D'Anunzio y Elvio Díaz Benítez) (v. fs. 161 y vta.).
Como prueba de lo expuesto y dentro del entramado que solventó la calificación elegida por el tribunal del juicio, también refirió que se valoró el testimonio de Ana María Ocampo, el de la expareja de Camarero la señora D'Anunzio, y el de los hermanos de la víctima, Esterlina y Elvio Díaz Benítez (v. fs. 161 vta. y 162).
Frente a ese cúmulo probatorio el tribunal a quo expresó que "...en la progresión que comienza con acoso, persecución y violencia psicológica, en la que se incluye el uso de un arma de fuego, el desenlace no podía ser otro que el ocurrido", más aún, teniendo en cuenta "...el innegable ataque que el imputado produce con una pistola 9mm. en un disparo certero hacia la cabeza de la víctima, quien en ese momento se encontraba dentro del auto del agresor, en el asiento del acompañante, con un celular en la mano, con un palito de chupetín que queda en su boca por la muerte espasmódica"; y agregó que la consideración del caso como un supuesto de violencia de género, no depende del contenido psíquico del autor, sino de especiales circunstancias objetivas de maltrato físico y/o psicológico del hombre hacia la mujer en la relación interpersonal que ubican a esta última en una situación de especial vulnerabilidad, que es en definitiva lo que se trata de prevenir, sancionar y erradicar a través de la ley 26.791, conforme el compromiso adoptado por el Estado al suscribir la Convención de Belem do Pará (v. fs. 162 vta. y 163).
III.3. Contra esa decisión del revisor si bien la parte cuestiona la aplicación de la ley sustantiva (art. 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal), lo cierto es que, en rigor, sus argumentos remiten a asuntos relativos a los hechos ocurridos y la prueba valorada en las instancias anteriores para tener por acreditadas las cuestionadas circunstancias típicas vinculadas con la "relación de pareja" y la "violencia de género".
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, empero, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XII-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; e.o.).
En el caso, en rigor, la defensa se limitó a exponer una opinión discrepante con el abordaje efectuado por el tribunal intermedio
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