Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132568
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 2971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.568, "Araujo, Rubén Darío. Cozzarín, Carlos Enrique s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 83.577 y su acumulada n° 83.578 del Tribunal de Casación, Sala I" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud .
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 26 de marzo de 2018, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la defensa contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes, que condenó, en lo que interesa, a Rubén Darío Araujo y a Carlos Enrique Cozzarín, a la pena de once (11) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautores penalmente responsables de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y abuso de arma de fuego, este último, doblemente agravado por haberse cometido para lograr la impunidad y por haberse dirigido contra personal policial en ejercicio y con motivo de su función, y autores del delito de portación ilegal de arma de guerra, agravado por registrar antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas, todos en concurso real entre sí, manteniendo la declaración de reincidencia a Araujo (arts. 40, 41, 45, 50, 55, 104, 105 en función del 80 inc. 7 y 8, 166 inc. 2, segundo párrafo y 189 bis inc. 2, párrafos cuarto y octavo, Cód. Penal). En consecuencia, casó el fallo, acogió la atenuante referida al buen concepto presunto y redujo la pena impuesta a diez (10) años y diez (10) meses de prisión, manteniendo la declaración de reincidencia, accesorias legales y costas, con excepción de las irrogadas en esa instancia atento al resultado parcialmente favorable (v. fs. 113/131 vta.).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 159/166 vta.), el que fue declarado admisible por la citada Sala (v. fs. 179/185).
Oído el señor Procurador General a fs. 207/211, dictada la providencia de autos (v. fs. 212), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La defensa denuncia la errónea aplicación del art. 55 del Código Penal, pues sostiene que existe un concurso ideal entre el robo agravado por el empleo de arma de fuego y la portación ilegal de arma de guerra (v. fs. 162 vta.).
Luego de reseñar los fundamentos expuestos por el tribunal de casación, alega que la aplicación de las reglas del concurso material (art. 55, Cód. Penal) entre ambas figuras exige que la detentación del arma se haga con autonomía respecto del delito contra la propiedad en cuestión (v. fs. 162 vta. y 163).
Alega que el suceso histórico que reseñó, da cuenta de un único hecho "...-el robo que incluye la huida-" en el cual la portación del arma no muestra autonomía en el sustrato fáctico con respecto al proceso ejecutivo del robo, y que tal simultaneidad temporal de las conductas típicas atribuidas a sus pupilos impide considerar a un segundo hecho -distinto del robo- "...que derive en la aplicación de las reglas del concurso real" (fs. 163 y vta.).
Por lo demás, la interpretación que cuestiona desconoce que el tipo del robo agravado por el uso de armas se integra con el elemento de portación de arma (v. fs. 163 vta.).
Entiende que la portación del arma en el momento previo al robo podría ser considerada como una conducta coetánea con el momento de ejecución que se agrava por ser cometido con arma de fuego, por lo que la concurrencia sería aparente, o bien como un acto preparatorio del robo calificado que denotaría una concurrencia ideal (v. fs. cit.).
Asevera, a su vez, que la portación durante la fuga es una conducta que queda abarcada por la figura del robo simple (art. 164 in fine , Cód. Penal) "...de cuyas características participa el robo agravado que aquí nos convoca" (fs. cit.).
Sostiene que no se ha verificado una portación del arma autónoma e independiente de su detentación para lograr intimidar en los robos, por lo cual solicita que se declare la errónea aplicación del art. 55 del Código Penal y se reenvíen los autos al a quo para fijar la nueva pena a imponer (v. fs. 164).
I.2. En segundo lugar, el señor defensor denuncia la inobservancia del art. 41 inc. 2 in fine del Código Penal y la vulneración del derecho del condenado a ser oído conforme los arts. 8.1 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 164/166 vta.).
Sostiene que el órgano intermedio incurrió en la violación de dicho precepto del Código de la materia al fijar una pena sin tomar conocimiento del condenado en la " audiencia de visu " previo al dictado de la sentencia (v. fs. 164). Para fundar lo expuesto, cita el precedente "Maldonado" (Fallos 328:4343) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 165 y vta.).
En esa línea argumental, tilda a la sentencia recurrida de arbitraria e infundada, con infracción al derecho de defensa (art. 18, Const. nac.), porque sin esa previa información "carece del soporte fáctico indispensable" para arribar a la conclusión que consagra en la individualización del monto punitivo (v. fs. 166 y vta.).
En conclusión, solicita se declare la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 41, Cód. Penal) y, en consecuencia, se anule parcialmente la sentencia recurrida y reenvíe para un nuevo pronunciamiento acorde a derecho.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General. Los reclamos no prosperan.
III.1. En cuanto al primer agravio, el Tribunal de Casación consideró que "...sin perjuicio de la superposición material parcial que pudo existir entre ambos tipos penales en discordia, la secuencia fáctica probada en el fallo remite a que existieron 'hechos independientes y escindibles' que justifica la solución del caso en los términos del artículo 55 del C.P., toda vez que dicha pluralidad delictiva configuró una diversidad de lesiones a bienes jurídicos que excedió el derecho a la propiedad e integridad física (robo con armas) y trascendió también con puesta en riesgo a la seguridad pública (portación ilegal de arma de guerra)". Resaltó que en principio "...no hay identidad típica entre ambas figuras delictivas, aún bajo la hipótesis de una coincidencia temporo-espacial, pues no debe soslayarse que, en la generalidad de los casos y por una cuestión lógica, existe una secuencia previa al hecho contra la propiedad en donde el sujeto ya se encuentra portando el arma que luego utiliza en el atraco, como tampoco aquellos otros casos en los que el asaltante, tras haber logrado el apoderamiento ilegítimo y alcanzando el estado de la consumación formal de dicho tipo, comienza su fuga llevando consigo el arma -previamente utilizada- en condiciones de inmediato uso. Lo cierto es que un tipo penal no abarca ni consume 'totalmente' el contenido prohibitivo del otro. Es decir, el robo descripto en el artículo 166 inc. 2° párr. 2do. del Código Penal, si bien requiere como medio comisivo que el sujeto activo utilice un arma de fuego, ello no exige que dicho empleo lo sea en su carácter de 'usuario registral' de la misma. Al contrario, de así no serlo, se incrementa un mayor injusto penal que es precisamente lo que justifica la aplicación de una escala compuesta que es agravada ante la pluralidad delictiva que importa un mayor grado de culpabilidad por los múltiples injustos cometidos (art. 55 CP)" (fs. 125 vta. y 126).
A ello sumó que "...la parte no refuta la particularidad de este caso en tratamiento, visto que la portación ilegítima del arma como medio utilizado en este hecho de robo, no configuró una parcialidad de actos materiales que puedan ser solapados bajo un hecho único ni superpuesto, sino que de acuerdo al fallo de condena -lo cual no fue disconformado por la impugnante- se transcribió una secuencia fáctica que prueba la independencia entre ambos ilícitos, ya que una vez agotado el delito contra la propiedad, el causante Rubén Darío Araujo se dio a la fuga, disparando el arma de fuego que portaba en la vía pública, la cual fuera secuestrada por el personal policial interviniente al ser aprehendido en un terreno baldío en las cercanías [...] la mera y transitoria superposición temporo-espacial entre ambas figuras delictivas deviene anecdótica en la especie, toda vez que ambos comportamientos disvalorados por la ley penal resultaron independientes, escindibles y autónomos, tampoco existe un correlato valorativo material que permita concluir que un ilícito atrape en su contenido el total disvalor prohibitivo de otro, pues si bien ambos cruzan en su estructura típica la descripción de un mismo elemento normativo (arma de fuego), ello no basta para que se configure una total relación de identidad material típica entre ambos" (fs. 126 y vta.).
III.2. De la reseña efectuada, se advierte que el tribunal a quo justificó -al igual que su antecesor- el concurso material que concurría en el caso, rechazando el agravio de la defensa. Así, se ocupó de individualizar los bienes jurídicos que se hallaban protegidos por las figuras en cuestión y también la autonomía de cada uno de ellos. Además, resaltó que ello importaba la reedición de los reclamos efectuados por la defensa los cuales habían sido desechados por los sentenciantes con ajustados argumentos.
El recurrente se desentiende de lo resuelto acerca de las particulares circunstancias consideradas por el a quo , en especial, la distinción efectuada en cuanto a que la portación ilegal del arma fue posterior al atentado contra la propiedad, limitándose a formular distintas consideraciones dogmáticas sobre el tema, pero sin brindar una vinculación que avale su postura de que se trató de un hecho "único", más allá de haber realizado una breve reseña del hecho histórico acreditado (v. fs. 163). Es decir que sus argumentos no pasan de ser una oposición personal divergente a la del juzgador (art. 495, CPP).
Con tal perspectiva, no advierto que la parte haya logrado demostrar la errónea aplicación de la ley sustantiva a cargo del tribunal recurrido (art. 55, Cód. Penal).
No obstante, cabe recordar que, ante casos similares, esta Corte ha dicho que "Es legalmente admisible la integración de un concurso real entre robo calificado [...] y tenencia de arma de guerra [y en el caso, mutatis mutandis , portación ilegal de arma de fuego], dado que esta última conducta, que configura delito de peligro abstracto de carácter permanente, es independiente del uso que antes o después puede hacerse de ella para configurar otro suceso, o sea que tiene momento consumativo propio y distinto del tipo anteriormente mencionado" (conf. causa P. 123.674, sent. de 11-IV-2018). De modo que la solución dada por Casación se condice con la doctrina de esta Corte de mención.
IV. El segundo motivo de agravio, tampoco es de recibo.
El pretendido planteo constitucional traído por la parte -derecho del condenado a ser oído- intenta poner en evidencia un supuesto déficit procedimental anterior al dictado de la sentencia, que -además de vincularse con cuestiones típicamente procesales- impide tener por demostrada la afectación de la mencionada garantía; pues no ha sido articulado con una específica descripción del concreto gravamen irrogado a la parte.
Por lo demás, resulta de interés señalar que la cuestión es sustancialmente análoga a lo resuelto por esta Corte en la causa P. 110.005 (resol. de 7-IX-2011).
En este sentido, en cuanto a la imposición de la pena sin tomar previamente conocimiento de visu del procesado basta establecer que ni los imputados, ni su defensa, manifestaron la intención de comparecer ante el Tribunal revisor, en los términos de lo establecido en la parte final del mentado segundo apartado del art. 41 del Código Penal, con antelación a que revisara sus condenas: ninguna petición al respecto fue articulada en el recurso obrante a fs. 63/72 vta., ni en la presentación de fs. 85 y vta., por la cual la defensa desistió de la audiencia de informes (v. fs. 73 del legajo casatorio).
Asimismo, lo decidido en el precedente "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que el impugnante menciona) no resulta aplicable a lo ocurrido en este expediente. En el mismo -y en lo que aquí interesa-, la importancia de la audiencia de visu a la que alude el art. 41 del Código Penal fue puesta de relieve en el contexto normativo del Régimen Penal Juvenil (conf. ley 22.278, esp. art. 4) y al abordar la cuestión relativa a la validez de una pena perpetua impuesta por la Cámara Nacional de Casación Penal a un menor punible en virtud de un recurso interpuesto por la Fiscalía, agravando así la pena temporal (catorce años de prisión) establecida por el tribunal de grado.
Acaso sobra señalar que las circunstancias tenidas en cuenta por la Corte nacional en el precedente de mención no se configuran en la especie, toda vez que -en lo medular- no se trata aquí del juzgamiento de un menor punible sujeto a un régimen normativo específico (como en "Maldonado").
Por ello, tampoco advierto que la parte haya logrado demostrar no sólo la errónea aplicación de la ley sustantiva a cargo del tribunal recurrido (art. 41 inc. 2, Cód. Penal), sino tampoco el supuesto de arbitrariedad que alega.
En consecuencia, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N°
Firmas
Funcionario Firmante: 03/06/2020 12:17:22 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 03/06/2020 12:19:46 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 03/06/2020 12:25:16 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 03/06/2020 13:10:20 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 03/06/2020 14:55:00 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia