Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130648
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.648, "De Prado, Hugo Daniel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 74.605 y su acum. 65.132 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Torres, Pettigiani.
La Sala Segunda del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del 9 de marzo de 2017 -en lo que interesa destacar- casó parcialmente el recurso de la especialidad deducido por la defensa oficial de Hugo Daniel De Prado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Azul que lo había condenado a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por cometerse en despoblado y en banda y con el uso de armas de fuego con aptitud para el disparo, en concurso ideal de acciones. En consecuencia, incluyó como pauta atenuante de la pena las lesiones padecidas por el nombrado De Prado merced el disparo efectuado por Laura Mariela Cerega, y modificó la sanción aplicada a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, por los delitos mencionados (v. fs. 197/206). El mencionado fallo casatorio se integró con la aclaratoria dictada el 29 de junio de 2017, que luce a fs. 249/250 vta.
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor del nombrado (v. fs. 255/262), el que -también en lo que es materia de análisis- fue declarado admisible por el tribunal intermedio a fin de abordar las cuestiones federales planteadas (v. fs. 271/277 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 287/291), dictada la providencia de autos (v. fs. 292) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal denunció la violación a los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por exceso en la revisión de la pena (v. fs. 259 vta.).
Expresó que, si bien el tribunal intermedio incluyó como pauta atenuante las lesiones sufridas por su asistido y sostuvo las agravantes ya meritadas, de todos modos, mantuvo la pena en siete años de prisión, lo que constituía el tope permitido de la sanción a imponer. Agregó que, ante el planteo de aclaratoria de esa parte, considerando que existía un error material en esa determinación, dicho órgano jurisdiccional justificó que la cuantía obedecía a la valoración de las pautas apreciadas oportunamente por el tribunal criminal "...incorporándose la atenuante pena natural y atendiendo a la limitante emergente del pronunciamiento de la misma Sala de fecha 25 de noviembre de 2014" (fs. 259 vta.).
Alegó que, al asumir competencia positiva, el a quo realizó un nuevo proceso de determinación de la pena, excediendo así el marco de su intervención (v. fs. cit.).
Sostuvo que "...de haber hecho lugar a los agravios y efectuado un reenvío, el mismo tendría que haber sido a los fines, en primer término, de que se respete su anterior sentencia, bajándose la pena al límite establecido (7 años); para luego, meritar la pauta atenuante como consecuencia de lo cual se disminuiría aún más dicho monto" (fs. 259 vta. y 260).
Asimismo, manifestó que al invertir el orden lógico, jurídico y temporal en el tratamiento de los planteos se ocasionó un evidente perjuicio a su asistido "...puesto que, en los hechos, la pauta atenuante incorporada no tuvo efecto en la pena" (fs. 260 y vta.; subrayado en el original) y que lo así resuelto puede equipararse a una reformatio en perjuicio de De Prado (v. fs. 261).
Por ello, solicitó se case el fallo impugnado y se reenvíen los autos al inferior para que, debidamente integrado, dicte una nueva sentencia conforme a derecho y determine una pena inferior a su asistido (v. fs. cit.).
II. Coincido con el señor Procurador General, el recurso no prospera (v. fs. 287/291).
III.1. En primer lugar, el reclamo se vincula -en rigor- con una cuestión de neto corte procesal, referida a la interpretación y alcances de lo normado por los arts. 460 y 461 del Código adjetivo, en cuanto regulan en qué casos el Tribunal de Casación, luego de casar una sentencia, debe disponer el reenvío a la instancia de origen o, en su defecto, puede readecuar el pronunciamiento recurrido asumiendo competencia positiva, y como tiene dicho esta Corte, en principio, la interpretación de las normas procesales que determinan la competencia del órgano revisor escapan a la esfera de conocimiento de esta instancia por medio de la vía de inaplicabilidad de ley (conf. causas P. 101.036, sent. de 3-III-2010; P. 102.924, sent. de 24-X-2012; P. 118.470, sent. de 26-VIII-2015; e.o.).
III.2. El impugnante ha denunciado asimismo la violación al debido proceso, la defensa en juicio, la prohibición de reformatio in pejus y la garantía de revisión amplia del fallo, agravioséstos de naturaleza federal.
III.3. Ahora bien, para brindar respuesta a la crítica traída resulta necesario hacer una referencia a los antecedentes relevantes de la causa.
Por sentencia del 7 de mayo de 2014, el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Azul -en integración unipersonal y bajo el procedimiento de juicio abreviado, en el marco de la causa n° 559/3058- condenó a Hugo Daniel De Prado a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión en despoblado y en banda, y con el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo pudo ser acreditada, en concurso ideal; y respecto de la prisión domiciliaria solicitada por las partes, dispuso que no era competente en esa instancia para determinar la modalidad de la pena que debía cumplir el imputado (v. fs. 1/9 vta., leg. n° 65.132).
Ante el recurso de casación presentado por la defensa del nombrado, la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de noviembre de 2014, sostuvo -en lo medular- que la modalidad de prisión domiciliaria pactada en el caso no resultaba materia disponible para las partes en el acuerdo de juicio abreviado y resolvió declarar la nulidad del acuerdo de partes celebrado en los términos del art. 396 del Código Procesal Penal y la sentencia dictada en consecuencia del 7 de mayo de 2014; y devolver las actuaciones a la instancia de origen a fin de que continúe el trámite correspondiente (v. fs. 69/73 vta., leg. cit.). En su aclaratoria del 5 de febrero de 2015, resolvió tener como parte integrante de aquella sentencia que se disponía el reenvío "...sin que el tribunal oral pueda fijar una calificación más gravosa, ni un monto de pena superior al impuesto en la sentencia de condena de fecha 7 de mayo de 2014 (art. 435 del C.P.P.)" (fs. 78 vta., leg. cit.).
El 7 de septiembre de 2015, el aludido Tribunal en lo Criminal n° 2, con nueva integración, resolvió -en lo que importa- condenar a Hugo Daniel De Prado a la pena de diez años de prisión, por los ilícitos antes mencionados (v. fs. 46/60, leg. n° 74.605).
Frente a lo así decidido, la señora defensora oficial dedujo recurso de casación en el que solicitó, con relación a De Prado, se declare la nulidad de la sentencia por ausencia de fundamentación legal en el rechazo de su pedido de absolución en atención al padecimiento físico y psíquico de su asistido, lo que tornaría innecesaria la sanción en virtud de la pena natural; por la arbitraria desestimación de la atenuante de pena natural; por violación de la prohibición de reformatio in pejus, al no haberse dado cumplimiento a lo decidido por el Tribunal de Casación en cuanto a que no podía agravarse el encuadre legal ni la pena de siete años de prisión; y en subsidio que imponga una sanción acorde al grado de culpabilidad, debiendo ceder las agravantes impuestas y computarse como minorante la dolencia que padece Prado como consecuencia del hecho ilícito en juzgamiento (v. fs. 95/96, leg. cit.).
III.4. Así es que llegamos a la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Casación del 9 de marzo de 2017 (v. fs. 197/206 vta., leg. cit.), reseñada en los antecedentes.
En ese fallo -y su aclaratoria-, la Sala II del Tribunal de Casación, en lo que resulta de interés para el caso, resolvió incluir como pauta atenuante de la pena los acreditados padecimientos graves sufridos por De Prado como consecuencia inmediata de su accionar -daños físicos de por vida y psíquicos derivados- y, en consecuencia, consideró que correspondía "...disminuir la pena a imponer a De Prado pero no eximirlo de tal como requiere la parte" (fs. 203 y vta., leg. cit.).
Con relación a las pautas agravantes que resultaron motivo de agravio, recordó que "...el sentenciante apreció la nocturnidad, la especial mayor agresividad desplegada por los autores, y los antecedentes condenatorios que registran ambos imputados" y brindó las razones que lo llevaron a mantenerlas (v. fs. 203 vta./204 vta., leg. cit.).
Luego verificó que la imposición de una pena de diez años a De Prado, en el contexto precitado, daba cuenta de que el a quo no había ajustado su proceder a la garantía constitucional que ampara al imputado y que inspiró la manda emergente del pronunciamiento de esa Sala al disponer el reenvío, tras lo cual casó la sentencia en ese extremo, analizó la sanción que correspondía imponer y la redujo a siete años de prisión (v. fs. 205 vta. y 206, leg. cit.).
En la mentada aclaratoria, dispuso que: "...la pena finalmente establecida por [ese] Tribunal respecto de De Prado [...] lo ha sido atendiendo el elenco de pautas mensurativas apreciadas oportunamente por el a quo, incorporándose la atenuante expuesta y atendiendo a la limitante emergente del pronunciamiento anterior de [esa] misma Sala dictado en causa N° 65.132, con fecha 25 de noviembre de 2014 -registro N° 1024 [...]" (fs. 249 vta. y 250, leg. cit.).
IV.1. De lo expuesto se desprende que el recurrente no logra controvertir con suficiencia la respuesta dada por el Tribunal de Alzada a fin de conmover lo decidido (art. 495, CPP).
Ello así pues el señor defensor ha planteado dogmáticamente que se habría violado la prohibición de reforma en perjuicio del imputado, en infracción de la normativa constitucional y convencional citada en su presentación.
En efecto, el impugnante se atuvo a argumentar sobre la incidencia que debió tener la atenuante finalmente incorporada en el último fallo de la casación, circunstancia que -en su opinión- debió significar una estimación en un monto menor al establecido. Sin controvertir el elenco de pautas valoradas por el órgano de juicio a las que se refirió el órgano casatorio, en particular en la aclaratoria de fecha 29 de junio de 2017 (v. fs. 249/250 vta.), de entre las cuales las severizantes no habían recibido ningún embate de arista constitucional, sólo destinó sus esfuerzos para destacar que la pauta atenuante incorporada debió tener, según su particular interpretación, una incidencia mayor en la graduación de la sanción, pero ese concreto planteo exorbita la temática federal esgrimida para abrir esta instancia extraordinaria.
Para más, el recurrente no se hizo cargo del conjunto de fundamentos con los cuales el tribunal revisor justificó su decisión de mantener la pena en siete años frente a la específica situación que se tuvo por configurada en el caso.
Así entonces, en la medida del agravio traído, la alegada afectación de la reformatio in pejus no ha sido expuesta con la suficiencia requerida.
IV.2. Por último, tampoco se evidencia que el control llevado a cabo, aunque sin el resultado buscado, no constituya respuesta suficiente a los reclamos formulados en la materia, de modo que pueda decaer lo actuado por el tribunal intermedio por afectación al derecho al recurso (art. 8.2 "h", CADH) o la doctrina elaborada al respecto (conf. precedente "Casal", CSJN Fallos: 328:3399; causa P. 124.735, sent. de 5-XII-2018). Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el Nro.
Firmas
Funcionario Firmante: 15/07/2020 14:21:02 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 15/07/2020 15:12:00 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 15/07/2020 16:50:32 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 15/07/2020 18:08:08 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 15/07/2020 18:20:17 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia